RETOS AL DESARROLLO
ECONÓMICO DE PUERTO RICO
Ponencia de Santos Negrón Díaz, Economista,
En el Congreso
Laboral
Martes 5 de diciembre de 2006
Me uno a los saludos
protocolarios.
Agradezco profundamente la oportunidad que me brindan ustedes de participar, en calidad de deponente en este panel
y como asesor del sector laboral, tarea que inicié en el Pre-Congreso celebrado el 30 de noviembre y que continuaré en diversas
fases de este Congreso Laboral.
La Economía tiene fama de ser demasiado abstracta como para ser entendida por los no iniciados y de estar muy alejada de los eventos reales. Así, los economistas (al menos ese es mi caso) solemos
responder con entusiasmo a cualquier evento de análisis y discusión que nos permita demostrar no sólo que la teoría económica
se puede explicar en términos francos y sencillos que guardan correspondencia con los principales hallazgos del sentido común
sino también que el economista puede ofrecer análisis y guías prácticas a buena parte de los graves problemas que asedian
a la sociedad. Tanto la gestión de organización laboral como el desarrollo de los negocios y la forja e implantación de la
política pública pueden nutrirse de las aportaciones de los economistas, que en su turno son responsables de ofrecer asesoramiento serio, científico, no sesgado, basado en las mejores y más confiables
fuentes de información disponibles.
Como dispongo de poco tiempo, iré al grano de mi presentación que consiste discutir, a grandes rasgos, los retos que
afronta la economía de Puerto Rico. Por fortuna no me indicaron que señalara cómo deben resolverse, pero como buen practicante
de la ciencia funesta siempre tengo en mi equipaje una buena de propuestas de solución que podría presentar en algún otro
contexto de esta actividad.
A corto plazo, el mayor reto que afronta la economía de Puerto Rico en la actualidad es la desaceleración de la actividad
productiva, al punto de que ya se habla, tanto en la esfera de gobierno como en los círculos académicos y en la prensa de
una coyuntura recesionaria.
No se trata simplemente de un debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos y de los indicadores mensuales
básicos, sino de una crisis de expectativas, de una incertidumbre generaliza causada por una gran variedad de eventos y tendencias,
entre ellos:
· el inicio de una supuesta reforma contributiva
que ha generado más dudas que respuestas concretas en lo que respecta a su alcance, modo de implantación y capacidad para
sostenerse en el futuro;
· la aceleración del proceso inflacionario por causa
del avance de los precios energéticos y por las medidas de ajuste de tarifas y precios adoptadas por el gobierno y el sector
privado;
· la necesidad de conciliar la postura gerencial
de Gobierno Central y los reclamos de salario y mejores condiciones de trabajo de los sindicatos del sector público;
· el conflicto entre el desarrollo de proyectos de
vivienda y de inversión en edificios industriales y comerciales y la protección del ambiente;
· la pérdida continua de empleos en el sector manufacturero
y el desvanecimiento de lo poco que quedaba de los incentivos contributivos federales;
· la expansión a pasos agigantados de la espiral
de violencia, que se vincula mayormente con el tráfico ilegal de drogas, pero que también guarda correspondencia con una profunda
crisis social;
· y ante todo la confusión reinante en cuanto a las
acciones y políticas que debe seguir el gobierno, en todas sus niveles, para afrontar la situación, particularmente en lo
que resta de un cuatrenio en que no se logrado hasta ahora una gestión auténticamente compartida.
A largo plazo, los retos no son menos angustiosos:
· El imperativo de que Puerto Rico diseñe e implante
un plan estratégico de desarrollo económico y social a largo plazo, y ponga a trabajar instituciones permanente que promuevan
y vigilen la implantación del mismo.
· En conjunción con lo anterior, urge el diseño de
un plan de uso de terrenos que responda a las necesidades básicas de la ciudadanía, que armonice los objetivos de protección
de las zonas con potencial agrícola y de las reservas de bosques y áreas verdes, con las necesidades de infraestructura y
los planes de expansión del sector de la construcción en general.
· La renovación del sistema educativo en todos sus
niveles, con particular atención en los programas que impulsen la formación científica y tecnológica, la gerencia pública
eficiente y el conocimiento sobre otras culturas y ambientes de negocio.
· La infraestructura económica tradicional, especialmente
en las dimensiones críticas de energía eléctrica, agua potable y manejo de desperdicios sólidos y tóxicos, exige asignaciones
masivas de fondos y planificación inteligente en un periodo en que la capacidad de colocación de deuda en los mercados de
capital es limitada por la propia condición estructural de la economía.
· El fortalecimiento de nuestros sistemas estadísticos,
que nos permita conocer más a fondo la evolución sectorial y dispersión geográfica de la actividad económica, y sean la base para el desarrollo de un sistema de inteligencia
que nos permitan ayudar las empresas puertorriqueñas, especialmente empresas manufactureras privadas y cooperativas, a colocar
su producción el mercado mundial.
· El mejoramiento del servicio público tanto en el
aspecto gerencial y técnico como en la dimensión ética, con ánimo de restaurar el espíritu de excelencia que una vez fue una
realidad indiscutida en nuestro país.
· Reducción de la crónica dependencia de los fondos
federales—y mejoramiento del uso de los mismos--para apoyar económica e institucionalmente los esfuerzos del gobierno
del ELA para proveer la infraestructura de apoyo social a la población indigente.
· Ante
todo, como trasfondo de toda discusión sobre el futuro de Puerto Rico y como correlato de cualquier solución real y permanente
de nuestro destino como pueblo está la definición de nuestra estructura jurídico-política y del orden institucional que ha
de regir la inserción efectiva de Puerto Rico en la dinámica, cambiante economía global.
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