RETOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO RICO

Ponencia de Santos Negrón Díaz, Economista,

 En el Congreso Laboral

Martes 5 de diciembre de 2006

       Me uno a los saludos protocolarios.

       Agradezco profundamente la oportunidad que me brindan ustedes de participar, en calidad de deponente en este panel y como asesor del sector laboral, tarea que inicié en el Pre-Congreso celebrado el 30 de noviembre y que continuaré en diversas fases de este Congreso Laboral.

       La Economía tiene fama de ser demasiado abstracta como para ser entendida por los no iniciados y de estar muy  alejada de los eventos reales. Así, los economistas (al menos ese es mi caso) solemos responder con entusiasmo a cualquier evento de análisis y discusión que nos permita demostrar no sólo que la teoría económica se puede explicar en términos francos y sencillos que guardan correspondencia con los principales hallazgos del sentido común sino también que el economista puede ofrecer análisis y guías prácticas a buena parte de los graves problemas que asedian a la sociedad. Tanto la gestión de organización laboral como el desarrollo de los negocios y la forja e implantación de la política pública pueden nutrirse de las aportaciones de los economistas, que en su turno son responsables de ofrecer  asesoramiento serio, científico, no sesgado, basado en las mejores y más confiables fuentes de información disponibles.

       Como dispongo de poco tiempo, iré al grano de mi presentación que consiste discutir, a grandes rasgos, los retos que afronta la economía de Puerto Rico. Por fortuna no me indicaron que señalara cómo deben resolverse, pero como buen practicante de la ciencia funesta siempre tengo en mi equipaje una buena de propuestas de solución que podría presentar en algún otro contexto de esta actividad.

       A corto plazo, el mayor reto que afronta la economía de Puerto Rico en la actualidad es la desaceleración de la actividad productiva, al punto de que ya se habla, tanto en la esfera de gobierno como en los círculos académicos y en la prensa de una coyuntura recesionaria.

       No se trata simplemente de un debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos y de los indicadores mensuales básicos, sino de una crisis de expectativas, de una incertidumbre generaliza causada por una gran variedad de eventos y tendencias, entre ellos:

·        el inicio de una supuesta reforma contributiva que ha generado más dudas que respuestas concretas en lo que respecta a su alcance, modo de implantación y capacidad para sostenerse en el futuro;

·        la aceleración del proceso inflacionario por causa del avance de los precios energéticos y por las medidas de ajuste de tarifas y precios adoptadas por el gobierno y el sector privado;

·        la necesidad de conciliar la postura gerencial de Gobierno Central y los reclamos de salario y mejores condiciones de trabajo de los sindicatos del sector público;

·        el conflicto entre el desarrollo de proyectos de vivienda y de inversión en edificios industriales y comerciales y la protección del ambiente;

·        la pérdida continua de empleos en el sector manufacturero y el desvanecimiento de lo poco que quedaba de los incentivos contributivos federales;

·        la expansión a pasos agigantados de la espiral de violencia, que se vincula mayormente con el tráfico ilegal de drogas, pero que también guarda correspondencia con una profunda crisis social;

·        y ante todo la confusión reinante en cuanto a las acciones y políticas que debe seguir el gobierno, en todas sus niveles, para afrontar la situación, particularmente en lo que resta de un cuatrenio en que no se logrado hasta ahora una gestión auténticamente compartida.

       A largo plazo, los retos no son menos angustiosos:

·        El imperativo de que Puerto Rico diseñe e implante un plan estratégico de desarrollo económico y social a largo plazo, y ponga a trabajar instituciones permanente que promuevan y vigilen la implantación del mismo.

·        En conjunción con lo anterior, urge el diseño de un plan de uso de terrenos que responda a las necesidades básicas de la ciudadanía, que armonice los objetivos de protección de las zonas con potencial agrícola y de las reservas de bosques y áreas verdes, con las necesidades de infraestructura y los planes de expansión del sector de la construcción en general.

·        La renovación del sistema educativo en todos sus niveles, con particular atención en los programas que impulsen la formación científica y tecnológica, la gerencia pública eficiente y el conocimiento sobre otras culturas y ambientes de negocio.

·        La infraestructura económica tradicional, especialmente en las dimensiones críticas de energía eléctrica, agua potable y manejo de desperdicios sólidos y tóxicos, exige asignaciones masivas de fondos y planificación inteligente en un periodo en que la capacidad de colocación de deuda en los mercados de capital es limitada por la propia condición estructural de la economía.

·        El fortalecimiento de nuestros sistemas estadísticos, que nos permita conocer más a fondo la evolución sectorial y dispersión geográfica de la actividad económica,  y sean la base para el  desarrollo de un sistema de inteligencia que nos permitan ayudar las empresas puertorriqueñas, especialmente empresas manufactureras privadas y cooperativas, a colocar su producción el mercado mundial.

·        El mejoramiento del servicio público tanto en el aspecto gerencial y técnico como en la dimensión ética, con ánimo de restaurar el espíritu de excelencia que una vez fue una realidad indiscutida en nuestro país.

·        Reducción de la crónica dependencia de los fondos federales—y mejoramiento del uso de los mismos--para apoyar económica e institucionalmente los esfuerzos del gobierno del ELA para proveer la infraestructura de apoyo social a la población indigente.

·        Ante todo, como trasfondo de toda discusión sobre el futuro de Puerto Rico y como correlato de cualquier solución real y permanente de nuestro destino como pueblo está la definición de nuestra estructura jurídico-política y del orden institucional que ha de regir la inserción efectiva de Puerto Rico en la dinámica, cambiante economía global.