Elementos Fundamentales de una Estrategia para la Salida de la Crisis

Consideraciones Generales

A continuación se propone una serie de medidas para comenzar a solucionar el problema fiscal del país y la recesión. La perspectiva central que las orienta  es de varias dimensiones.

• Primero,  la crisis ha sido una, fundamentalmente, autoinfligida. Los formuladotes de política pública han históricamente utilizado de forma indiscriminada la exención contributiva si medir, evaluar y fiscalizar el efecto de las mismas sobre el crecimiento y el desarrollo económico del país. Esta práctica  ha promovido la erosión de la base contributiva y  limitado la posibilidad de crecimiento al exigírsele a la parte beneficiada por la exención muy poca actividad económica a cambio. Además, persiste la dejadez e ineficiencia en la administración del sistema tributario con graves consecuencias para los recaudos por la evasión y la acumulación alarmante de deuda contributiva.

• Segundo, en Puerto Rico existen recursos para solucionar el problema fiscal de manera eficaz y progresiva. Estamos frente a un problema distributivo principalmente, de no fácil solución, que tomará tiempo en lo que paulatinamente se corrigen errores de larga duración, por la dimensión política que envuelve.

• Tercero, el trato contributivo a los ingresos procedente de la propiedad (ganancia, renta, dividendos, intereses) ha sido y continúa siendo preferencial en  relación al que recibe las compensaciones al trabajo (Cao: 2004). Esto, además de desalentar el trabajo, promueve la economía informal y la evasión contributiva, y debe ser factor principal a considerar en  la distribución del costo de la crisis por niveles de ingresos.

• Cuarto, la solución a la crisis debe ser paulatina y consensuada. Antes de adoptar medidas drásticas e  injustas que agraven la situación, el nuevo gobierno debe considerar la idea de un puente entre el plazo inmediato y los próximos meses, cuando con más tiempo e información se ponderen mejor las medidas a la vez que se inyectan fondos, como parte de las iniciativas de estímulo fiscal del nuevo gobierno federal. Para formular un plan inmediato ante la grave situación que minimice tensiones y conflictos sociales, el gobierno debe ampliar el ejercicio de formulación y análisis de propuestas para incluir sectores más allá del empresarial: la academia, cooperativas, sindicatos, grupos de base comunitaria, ecologistas y otros.

• Quinto, los funcionarios públicos deben exhibir máxima cautela en las expresiones sobre el estado de la economía.  No quepa la menor duda de que las expresiones y declaraciones sobre estados de emergencia fiscal y depresión han contribuido al deterioro de la imagen del país ante los inversionistas y el público en general con graves consecuencias para las finanzas públicas y el nivel de gasto de consumo e inversión.

• Sexto, la actual administración debe velar cuidadosamente toda propuesta que incline el peso de la solución a la crisis hacia los sectores que históricamente menos se han beneficiado del arreglo económico actual: asalariados y pobres. El gobierno no puede convertirse en instrumento de dominación de una minoría representativa de grandes intereses, que ve el mundo desde una óptica particular y limitada, y que erróneamente entiende que lo  que es bueno para sus empresas es bueno para el país.

En Puerto Rico contamos con recursos suficientes para lidiar con la crisis fiscal y la recesión sin necesidad de aumentos en las contribuciones y reducciones del gasto público como despidos, reducciones de jornadas, racionamiento de servicios públicos y otras medidas recesivas y regresivas. La salida consensuada y justa a la crisis es la principal garantía de que los nuevos arreglos productos de la reestructuración económica urgente y necesaria sean sostenibles.

Iniciativas Sugeridas para Enfrentar la Recesión y Crisis Fiscal en Puerto Rico

Plazo Inmediato

o        Incorporación inmediata de los sectores académicos, cooperativista, organizaciones de base comunitaria, ecologistas, sindicales, empresariales, religiosos y otros en el proceso de elaboración de la política pública para resolver la crisis de manera justa y  sin interlocutores, en relación directa con el gobierno electo y sus funcionarios.

o        Evitar reducciones del gasto público que exacerben la recesión económica y la crisis fiscal. Especialmente lo referente al despido de empleados públicos. Una de las variables que ha contribuido a esta recesión es la contracción del gasto público. Genera un efecto multiplicador a la inversa y una baja confianza en inversionistas y consumidores, con sus ramificaciones fiscales. Esto fue advertido por el informe de Standard & Poor’s del pasado 22 de diciembre de 2008. Dada la gran importancia del sector público en la economía de Puerto Rico la reducción del gasto público no puede darse en ausencia del aumento del empleo en el sector privado. El gasto público puede controlarse mediante medidas de sana administración y fiscalización que eliminen el gasto superfluo y antieconómico.

o        El sector empresarial debe tomar la iniciativa en el ofrecimiento de su aportación a la solución a la  crisis fiscal antes de exigirle sacrificios  a la gente trabajadora y humilde. Como ejemplo, una moratoria inmediata en las leyes de trato contributivo preferencial vigentes, en lo que se pondera el beneficio económico neto de cada una; eliminación de deducciones contributivas que reducen la tasa contributiva efectiva en los altos niveles de ingreso de individuos y empresas, y otras.

o        Fortalecer el Departamento de Hacienda, especialmente las áreas relacionadas con las recaudaciones: los distritos de cobro, evasión contributiva, auditoría fiscal, rentas internas para la fiscalización del IVU y los arbitrios existentes. Resulta contradictorio que en medio de una crisis fiscal y con una reforma contributiva recién implantada, al área de recaudaciones y rentas internas en Hacienda se le haya reducido personal y presupuesto. Además, la legitimidad de un estado de emergencia fiscal, en parte por un déficit de $3,200 millones, queda en entredicho al existir una deuda contributiva por cobrar en exceso de los $3,000 millones.

o        Formación de comités de empleados por agencias para discutir maneras de mejorar el funcionamiento de estas, los servicios que brindan y, en los casos que aplica, el cobro diligente de tarifas, multas, aranceles y todo tipo de fuente de ingreso disponible a nivel agencial. A tono con la plataforma de partido de reestructurar el gobierno con “nuestros empleados públicos”.

o        Articular una estrategia de crecimiento económico que maximice el efecto de los programas de incentivos fiscales que la nueva administración en Washington aprobará tan pronto asuma el poder. A parte de las asignaciones para mitigar la situación de los sectores más afectados por la crisis, los proyectos de infraestructura no pueden concentrarse en más de lo mismo. Tiene que pensarse en lo que serían proyectos de infraestructura que promuevan la productividad, eficiencia e innovación en las áreas de: salud, educación, acceso universal a la red de internet,  centros de investigación científica y social, planificación urbana, nuevas tecnologías de energía verde, reforestación y preservación natural, transporte colectivo y otros.

o        Detener las iniciativas que amenazan el patrimonio público (Privatizaciones de todo tipo) y el medio ambiente. Las experiencias de privatizaciones pasadas deben evaluarse rigurosamente antes de plantear esta línea de acción. De igual manera, la otorgación de permisos de manera acelerada para la construcción debe evitarse ante  la grave situación ambiental del país y la inconsistencia histórica en la otorgación de los mismos.

o        Eliminar las prácticas de Hacienda que resultan en trato preferencial para los grandes deudores y evasores, haciendo públicos los acuerdos de cierre. La máxima transparencia en este renglón aportaría significativamente a la transformación de la ética contributiva para mayor cumplimiento de la responsabilidad contributiva de todos.

A Corto Plazo (Medio Año)

o        Agilización de los pagos gubernamentales a suplidores y contratistas para eliminar el sobreprecio imputado por las demoras en pagos, de manera que el gobierno pueda ejercer su poder de compra y lograr ahorros significativos como lo hacen las grandes cadenas de distribución.

o        Promover prácticas competitivas en las asignaciones mediante subasta de los fondos para la inversión pública, atacando la colusión de los miembros de ciertas industrias que fijan precios y encarecen las obras gubernamentales.

o        Implantación de las medidas recomendadas por la Comisión para el Estudio de la Reforma de Salud de 2005. Especialmente el papel de las aseguradoras y el pagador único. Esta es, con toda seguridad, una de las medidas que más contribuiría a la solución de la crisis fiscal y el bienestar del país ya que asciende a $500 millones el déficit generado por la Tarjeta y se prevé que su costo seguirá aumentando, sin que se palpen resultados concretos y satisfactorios en los indicadores de salud pública.

A Mediano Plazo (Un año)

• Revisión exhaustiva de todas las leyes de exenciones contributivas vigentes para eliminar aquellas que no cumplen con sus objetivos y que contribuyen al deterioro fiscal y mejorar aquellas que si funcionan. Cabe observar que en la mayoría de los casos, el preámbulo de las leyes que otorgan las exenciones se aduce a la competitividad y los empleos que estos proyectos proporcionarán. Lo cual, obviamente, casi nunca ocurre.

o        Revisión de todos los decretos de exención contributiva (1,500 aproximadamente) para anular o revisar aquellos en que la parte beneficiada por las exenciones no esté cumpliendo con los objetivos económicos acordados

o        Establecer objetivos económicos claramente definidos y estipulados en los decretos de exención contributiva con poco margen para la discreción administrativa y fiscalización efectiva y continua de estos.

o        Considerar seriamente el cambio del Impuesto sobre la Venta y el Uso (IVU) al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

o        Adopción de estrategias para la profesionalización del servicio público a todos los niveles. Desde los municipios hasta la cúpula, mediante la educación continua y permanente de los servidores públicos. Además de mayor eficiencia y efectividad,  se minimizaría el gasto en demandas y multas que la falta de preparación, el desconocimiento y las conductas desaforadas conllevan.

o        Planificación y fiscalización efectiva del gasto público a tono con los preceptos de la gerencia pública científica.

A Largo Plazo

• Despolitizar el sistema de administración pública e impartirle una cultura institucional de servicio, eficacia y eficiencia a todos los niveles quizás sea el legado más duradero y efectivo que administración alguna pueda dejar. Con solamente reducir a seis (6) por ciento el nivel de  mal uso de de los fondos del presupuesto consolidado (10% de $26,300 millones) esto le representaría sobre $1, 000 millones adicionales al presupuesto para el gasto gubernamental adecuado y prioritario.

• Fomentar la cultura del diálogo y consenso para formular e implantar las políticas consonas con la visión de país y que, irrespectivamente de las fluctuaciones propias al ciclo político, estas iniciativas se evalúen de manera objetiva,  despolitizada y continuamente, mientras maduran y rinden sus frutos.

Origen  de los fondos disponibles para cubrir el déficit de presupuesto y evitar los despidos gubernamentales a corto y mediano plazo

1. Cobro acelerado de la deuda contributiva de más de $3,000 millones

2. Ataque frontal a la evasión contributiva, concentrada en los altos niveles de ingreso de la sociedad que resultaría en $500-$700 millones adicionales de recaudos (Estudios Técnicos: 2004)

3. Acabar con la sobrefacturación sistemática en las compras gubernamentales. Estimadas por el Licenciado Basilio Santiago Romero, ex contralor de Puerto Rico 1971-1977, en 25% de sobreprecio (equivalente a $300 millones en el gobierno central solamente en 1991)

4. Fortalecer los controles administrativos para minimizar el costo de la corrupción, estimada recientemente en unos $860 millones anuales por el FBI

5. Acabar con las prácticas de discrimen político que le llegan a costar $1,000 millones por cuatrienio al Gobierno de Puerto Rico (Licenciado Ruy Delgado Zayas)

6. Revisar toda la gama de subsidios directos e indirectos al sector privado. El número leyes de exenciones contributivas aumentó de 50 en 2004 a 70 en 2008. En 1989 el gobierno subsidiaba las operaciones del sector privado, de forma directa e indirecta, a razón de $900 millones anuales. Hoy alcanza y sobrepasa los $2,000 millones

7. Implantación de las medidas recomendadas por la Comisión para el Estudio de la Reforma de Salud de 2005. Especialmente el papel de las aseguradoras y el pagador único

8. Elaborar y legislar para el crecimiento y el desarrollo a partir del consenso y evitar el costo del ciclo político y de otras prácticas que resultan en la pérdida del 10% del presupuesto anual, según establecieron los pasados contralores de Puerto Rico: Basilio Santiago Romero, Ramón Rivera Marrero e Ileana Colón Carlo.