Creo que gran parte de las discusiones sobre la
condición fiscal del Estado Libre Asociado se iluminarían grandemente si los
participantes en las mismas leyeran los informes trimestrales del Banco
Gubernamental de Fomento (BGF). Felicito al querido amigo Manuel de J. González
por haber emprendido la magna tarea de reseñar un documento (publicado el 7 de
mayo de 2105) que tiene 69 páginas de densa e intrincada prosa, cuyo detalle y
profundidad de discusión desafía todo esfuerzo de síntesis y que hace
aseveraciones rigurosamente documentadas y de gran impacto sobre la gran
variedad de riesgos que afrontan el Gobierno Central, las corporaciones públicas
y los Sistemas de Retiro y discute la relación de los mismos con las
expectativas de recaudo del Gobierno y la trayectoria de la economía de Puerto
Rico durante los próximos años.
De paso, recuerdo que cuando los panelistas del
excelente programa radial Fuego Cruzado—Carlos Gallisá, Néstor Duprey e Ignacio
Rivera—discutieron el contenido del informe del pasado trimestre expresaron su
asombro no sólo en cuanto al rigor técnico del documento, sino en cuanto a la
franqueza del análisis. No es para menos: en este contexto hay que presentar la
verdad, con el máximo apoyo fáctico y aun las extrapolaciones y análisis de
riesgos prospectivos hay que expresarlos clara y abiertamente, aunque algunos de
ellos infundan pavor y se aparten drásticamente del lenguaje elíptico,
aterciopelado, que los altos oficiales del Gobierno usan para comunicarle estos
asuntos al pueblo.
Trataré de resumir los factores de riesgo que
considero más impactantes:
- El ELA podría verse obligado a implantar
medidas administrativas y de emergencia del año 2016 en adelante, que pueden
incluir una moratoria en el pago del servicio de la deuda o ajustes en la
deuda.
- Si la emisión de bonos propuesta o una
transacción financiera alternativa no se logra, la condición financiera y
liquidez del ELA y del BGF sufrirán material y adversamente y éstos se verán
obligados a implantar medidas de emergencia, que pueden incluir una moratoria en
los pagos del servicio de la deuda, ajustes de la deuda y otras acciones que
pueden influir sobre los derechos de los acreedores.
- Aún cuando se consuma la propuesta emisión de
bonos, la deuda del sector público del ELA y los servicios anuales de la deuda
aumentarán, y tan sólo proveerán un puente limitado de liquidez para el año
fiscal 2016 si no son acompañados por un plan de ajuste fiscal abarcador.
- Durante lo que queda del año fiscal 2015 y en
el año fiscal subsiguiente la liquidez del ELA estará en dificultades, y podría
implicar la incapacidad para cumplir con la totalidad de sus obligaciones a
medida que se presenten los vencimientos de éstas.
- Debido a su severo problema de liquidez, el
BGF podría verse imposibilitado para proveer financiamientos necesarios al
ELA.
- Los retos fiscales y económicos del ELA
impedirán que se logren presupuestos balanceados en 2015 y en 2016.
- Los costos del Programa de Salud representan
un alto por ciento de los gastos presupuestarios el ELA y es probable que éste
no pueda seguir sufragándolos.
- Los activos de los Sistemas de Retiro del ELA
podrían agotarse completamente dentro de los próximos tres a seis años fiscales
y el ELA tendría que hacer contribuciones significativas adicionales a los
mismos, viéndose obligado a darles prioridad a esos pagos sobre otras
obligaciones financieras o de otro tipo.
En cuanto al asunto relacionado con los TRANS,
verifico en la página 13 del texto que se señala que si no se logra ese
financiamiento interino (que consiste en recibir dinero para gastos
operacionales que luego el Gobierno pagará cuando fluyan más adelante en el año
los pagos de los contribuyentes), el Gobierno agotará por completo sus recursos
en efectivo durante el primer trimestre del año fiscal 2016 (julio a septiembre
de 2015), aun después de haber puesto en vigor medidas extraordinarias a corto
plazo para ahorrar efectivo.
En el documento se habla de medidas
extraordinarias que a todas luces sólo se pueden dar en el plano de ajustes
severos en los gastos, tales como la consolidación de agencias, reducciones en
los gastos de publicidad, suspensión de contratos de servicios, cierre de
escuelas, reducción de las asignaciones a entidades del tercer sector y otras no
menos significativas.
Hay que tomar en cuenta que todas las acciones
que contempla el Gobierno se dan dentro de una estricta camisa de fuerza o
restricción de política económica inalterable: no se puede despedir a nadie,
aunque algunos empleados podrían ser reubicados o sufrir cambios de diversa
naturaleza en sus funciones.
Sin duda, la renegociación de la deuda tanto
del Gobierno Central como de las corporaciones sigue siendo una alternativa
lógica, algo sobre lo cual hay precedentes históricos a nivel mundial que nos
pueden servir de referencia. Me temo, no obstante, que la pieza central de
estrategia económica (con fuertes implicaciones de orden político), la política
de no despidos, tendría que ser modificada o quién sabe si echada a un lado en
cualquier negociación a fondo con los acreedores.
La aprobación de la controvertible Reforma
Contributiva podría representar un cambio favorable en el cuadro de riesgos ya
señalados y podría mejorar la posibilidad de colocar los TRANS y la crítica
emisión que podrá ayudar a aliviar, aunque no a corregir del todo, los severos
problemas de liquidez del ELA y del BGF. El nuevo cuadro tendría que ser
complementado con una severa austeridad en los gastos del Gobierno.
La condición general de la economía no será de
gran ayuda para los menguados recaudos del Fondo General. El IVU agrandado
(tanto en la tasa como en la base) tal vez incremente los recaudos en las
primeras fases de su implantación pero en la medida que sus efectos
macroeconómicos comiencen a sentirse (alza en la inflación, respuestas de los
bienes y servicios de alta elasticidad en la demanda, cierre o reducción de
actividad de empresas que no puedan afrontar los costos de producción
incrementados), los recaudos podrían estancarse o incluso disminuir.
Quedó claramente establecido que en 2016 será
necesario introducir otras medidas impositivas para lograr balancear el
presupuesto. La lógica política tiene una ley de hierro: lo peor que puede hacer
un incumbente es aumentar los impuestos en un año eleccionario. El calvario que
tuvo que pasar la Administración García Padilla para aprobar el IVU agrandado
(aunque, por supuesto, prefería el IVA en su formulación original) es una clara
evidencia de que el País alcanzó un punto de saturación en este
terreno.
Se perfila, pues, una batalla asimétrica entre,
por un lado, las fuerzas objetivas, estructurales, del estancamiento económico,
la situación deficitaria del Gobierno, el crecimiento de la deuda y de su
servicio, y las políticas de austeridad, la limitada liquidez del ELA y del BGF,
que deja colgando en el aire la posibilidad de un cierre del Gobierno, y las
siempre presentes e incesantes acciones degradadoras de las casas acreditadoras.
Por otro lado, la voluntad política de la Administración García Padilla, que
contra viento y marea trata de cumplir con sus promesas de reactivar la
economía, aumentar el empleo, diversificar las fuentes de producción y empleo,
atraer inversión externa para dinamizar la alicaída manufactura, pero cuyos
intentos de fortalecer la base de ingresos de Gobierno (en medio de una
prolongada recesión) ha llevado a una portentosa ola de nuevos impuestos que ha
sobrepasado los límites de la tolerancia del País, creando una verdadera
revuelta anticontributiva.
Siempre que discuto estos temas me acuerdo de
una acertada aseveración del apreciado colega Francisco Catalá en cuanto a lo
pequeña que es la caja de herramientas del ELA para lidiar con los asuntos de
política económica de Puerto Rico. Esa es una realidad institucional que limita
severamente nuestra capacidad para pasar de las recomendaciones lógicas, de
consenso, que surgen de las discusiones teóricas de los asuntos, a la
implantación de las mismas.