ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS
DE PUERTO RICO
CONFERENCIA DE PRENSA
13 DE OCTUBRE DE 2009
BORRADOR DEL COMUNICADO
DE PRENSA
A raíz de de un mandato que recibió en su Asamblea Anual en agosto de
2009, la Asociación de Economistas de Puerto Rico ha iniciado un conjunto de actividades de discusión, consultas a la matrícula
y procesos de análisis con miras a redactar un informe en el cual se investigue a fondo, se hagan estimaciones y pronósticos
macroeconómicos y se ofrezcan soluciones científicamente válidas y viables para que nuestro país afronte con efectividad la
grave crisis económica por la cual atraviesa. Esto incluye el análisis de las estrategias y planes que la Administración Fortuño
ha propuesto para conjurar la crisis y reactivar la economía.
Esta situación
ha llevado no sólo a la reducción de los niveles de producción y empleo en general y a una severa contracción de los
recaudos del erario público, sino también a una ola de despidos en el gobierno que amenaza con agravar aún más la crisis y
ha creado una cadena de protestas masivas en todo el país.
Nuestra primera actividad fue un Conversatorio,
celebrado el 7 de octubre en le Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en el cual surgieron excelentes ideas,
propuestas y perspectivas que nos serán útiles para cumplir, a la mayor brevedad posible, con la responsabilidad de ofrecer
dicho informe al país.
En dicho Conversatorio se hizo palpable la naturaleza
única, el carácter grave y el amplio alcance de la coyuntura histórica que vive nuestro pueblo, que en buena medida se asemeja
a los planes de ajuste de choque que el Fondo Monetario Internacional le suele imponer a los países emergentes. Despidos masivos de empleados públicos, nuevas cargas contributivas, respuesta sumisa a las exigencias de
los acreedores externos, reducción significativa y apresurada del tamaño y la influencia del estado en la economía y otras
medidas no menos importantes, todas de carácter draconiano, son el perfil de dichas políticas de ajuste a nivel global, las
cuales hoy vemos aparecer con un ropaje algo distinto pero con el mismo impacto implacable en el caso de Puerto Rico.
En dicha actividad se desarrolló una discusión
amplia y animada y hubo discrepancias entre los participantes pero también se lograron varios puntos de consenso, entre ellos
los siguientes:
· Hacemos un llamado
al detente en el plan actual del gobierno. La política de despidos en masa de empleados públicos es errónea, se ha implantado en forma
apresurada y descuidada, y va encaminada a generar no sólo una exacerbación del proceso recesionario debido a la pérdida directa de capacidad de consumo para las familias y la disminución
en la confianza del consumidor, sino que
produce un severo debilitamiento y la calidad de una gran variedad de áreas de servicio a la comunidad. Esta política tendrá
un impacto detrimental en el mercado financiero debido al aumento en la cantidad de quiebras y préstamos morosos, así como
en la disminución de la actividad comercial de los pequeños y medianos comerciantes..
· El despido de empleados públicos de la manera que se ha realizado puede cuadrar el presupuesto
a corto plazo, pero no soluciona la crisis estructural del gobierno
· En el contexto de la sociedad puertorriqueña, la severidad del programa de ajuste macroeconómico
ha recaído en forma desproporcionada sobre los hombros de trabajadores del sector público de la clase media en general, con
particular rigor sobre las mujeres jóvenes e inclusive afectando a personas con impedimentos que participan productivamente
en el mercado laboral , sin que se haya pensado en la posibilidad de alternativas
de acción administrativa para conjurar la crisis, así como legislar para incrementar la aportación de las grandes empresas
extranjeras al erario público y una mayor contribución de las empresas locales de tamaño y volumen de ganancia significativos.
· Urge una reforma del sistema contributivo que mejore grandemente la equidad en la distribución
de la carga contributiva, logre la suficiencia y la boyancia de los recaudos, acompañada de una reestructuración de la Rama
Ejecutiva, con miras a hacer un uso más suficiente y racional de los dineros recaudados por el Gobierno. Administración tras
administración, las malas prácticas fiscales y financieras tales como el cuadre del presupuesto a base de ingresos no recurrentes,
la politización del proceso de reclutamiento, estimados deliberadamente exagerados de los ingresos del gobierno y la continua
erosión de la base contributiva debido a la abundancia de créditos contributivos concedidos sin una adecuada evaluación de
costo-beneficio—han colocado al Estado Libre Asociado al borde de una total degradación de su crédito en los mercados
financieros de Estados Unidos.
· La salida de la crisis que afronta nuestro
país tiene como requisito la instauración del diálogo entre los diversos sectores del país—gobierno central y municipios,
empresas productoras privadas, sindicatos del sector público, trabajadores del sector privado, grupos comunitarios, ambientalistas,
organizaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales y cívicas—con miras a corregir las graves fallas de
la política económica actual, que han llevado a la paralización de nuestra sociedad y han acentuado, en el sentido clásico
del término, la lucha de clases sociales en nuestro suelo.
Un ejercicio analítico del distinguido colega Dr.
Ángel Ruiz, nos ofrece una idea clara, desde la perspectiva rigurosa de la técnica de insumo-producto, de cuán grave puede
ser el impacto de los despidos en masa sobre nuestro orden económico. Este tipo de análisis está
diseñado para estimar el impacto sobre la
producción, empleo e ingresos, por sector industrial, de cambios en la demanda final tales como: cambios en los gastos de
consumo, inversión en construcción, maquinaria y equipo y gastos del gobierno entre otros.
Veamos algunos resultados de este importante trabajo:
- El despido de unos
17,000 empleados del gobierno se traducirán en la pérdida de otros 5,000 empleos adicionales y de $119.1 millones en ingresos
fiscales.
- Tal reducción implicaría
una perdida inicial de $567 millones en ingresos salariales, lo cual se traduciría en una contracción de $786.6 millones en
producción intersectorial, 22,117 empleos directos e indirectos (17,000 directos y la diferencia empleos indirectos) y una
pérdida en ingresos salariales de $669.4 millones (de los cuales $567 son directos).
- De igual modo,
se estimó el impacto si la cifra de desempleados se elevara
a 30,000, en cuyo caso los despidos generarían una pérdida de $1,389.3 millones en producción intersectorial, 39,062 empleos
directos e indirectos (30,000 directos y la diferencia empleos indirectos) y una pérdida en ingresos salariales de $1,182.8
millones (de los cuales $1,002 son directos). Del total de empleos directos e indirectos
la manufactura perdería 803 empleados, el comercio, 467 empleados servicios comerciales, 758, otros servicios profesionales,
1,045 y la mayor pérdida sería en el gobierno (35,212), dado el impacto inicial causado por el despido de 30,000 empleados
públicos. El gobierno dejaría de recibir $210.4 millones en ingresos fiscales. Esta disminución en ingresos
fiscales empeoraría aún mas la situación fiscal del gobierno afectando adversamente los servicios públicos.
Como parte de nuestros esfuerzos, y reconociendo
la necesidad de afrontar nuestra situación histórica desde una perspectiva interdisciplinaria, hemos recibido una excelente
colaboración de la Dra. Yolanda Cordero, profesora de la Escuela Graduada de Administración Pública y gran conocedora del
sistema de presupuesto y gerencia del Gobierno Central, en la cual identifica y evalúa varias fallas significativas del plan
de ajuste bajo la Ley Número 7 del 2009:
- Debilita el
sistema de mérito en el servicio público.
- Perjudica en
forma desproporcionada a las mujeres jóvenes y a minorías con algún tipo de impedimento, que han incursionado en forma más
intensa en el mercado laboral, y que ahora son excluidas a base del criterio de antigüedad, esencialmente el único que se
usó a la hora de determinar la retención de empleados públicos.
- Según cálculos
de la Dra. Cordero, una alternativa a los despidos en masa puede ser la reducción temporal (por dos años) del salario de todos
los servidores públicos, incluyendo el personal de confianza, lo cual podría generar ahorros de $367 millones. De igual modo,
se podrían incentivar el retiro de empleados públicos, lo cual generaría ahorros de cerca de $337 millones durante los próximos
cuatro años. En el ínterin, el Departamento de Hacienda y la Legislatura podrían desarrollar un plan efectivo para cobrar
las contribuciones adeudadas y las futuras.
En lo que respecta, al llamado Modelo Estratégico para la Nueva Economía, preparado por la Administración Fortuño, un resumen robusto del cual
se publicó en la página en Internet del Banco Gubernamental de Fomento, hemos solicitado evaluaciones del mismo a varios miembros
de la Asociación de Economistas. Los principales señalamientos que hemos recibido
hasta ahora en dicho sondeo preliminar son los siguientes:
· Cuando se habla de un modelo o plan estratégico, la buena práctica exige que se haga una
evaluación de los factores externos que pueden influir sobre el desempeño de la economía. Factores claves tales como la evolución
de la economía mundial, los precios del petróleo y la marcha de la economía de Estados Unidos non son tomados en cuenta, dando
la apariencia de la economía de Puerto Rico puede despegar hacia una fase de mayor crecimiento independientemente de sus condiciones
actuales y del contexto externo en que moverá en el mediano y largo plazo. Es por todos conocidos la severidad de la recesión
global, de la cual sólo han podido escapar algunas economías emergentes de gran tamaño, como Brasil, la India y China, y que
se ha manifestado con gran severidad en el caso de Estados Unidos. De hecho, todo el análisis de competitividad que se presenta
en el documento está desarrollado sin analizar ni tomar en cuenta el entorno económico de los otros países con los cuales
Puerto Rico competiría.
· El Plan se fundamenta en la competitividad
a base de incentivos y créditos contributivos, que lo que hace es tratar de reproducir las políticas industriales de los pasados
cincuenta años con industrias nuevas, y que a su vez parece muy fantasioso en lo que respecta a la cantidad de empleos que
se proponen crear. De paso, no hay un análisis de costo-beneficio que trate de
evaluar el efecto neto de la eliminación de los servicios sociales con la creación de una economía cuyo fundamento de crecimiento
es el desarrollo de infraestructura en mega-proyectos que necesitan evaluarse a la luz de la competencia. Tal tarea no se hace en el documento. Es un modelo de crecimiento económico al que le falta
un análisis de bienestar económico, participación ciudadana y compromiso de que las Alianzas Público Privadas puedan garantizar
a los ciudadanos los servicios de calidad.
·
El desempeño de un plan no se puede medir en términos de la cantidad de
proyectos de APP aprobados o desarrollados, sino en la evaluación de proyectos completados que representen un beneficio neto
a la sociedad. Cada uno de los proyectos de APP deben ser evaluados de manera que se garantice el beneficio social, y no sólo
el beneficio privado de la empresa.
·
A pesar de que reconoce el grave estado de la economía y cuantifica los
empleos a crease en diversos proyectos de inversión, no hace una análisis neto del mercado laboral que contraste estos empleos
a crearse con la pérdida de empleo por razón de la crisis económica y que se empeora por las medidas fiscales que está tomando
el gobierno, las cuales, reducen no sólo el empleo público sino también el empleo indirecto en otros sectores a través del
efecto multiplicador.
· La tasa de desempleo presentada (12.0%) no
responde a la realidad actual, ya que la tasa de desempleo a julio de 2009 es de 16.9 % (219,000 personas) o sea de junio
de 2009 a julio de 2009 aumentó por 19,000 el número de personas desempleadas. Esto no tiene cuantificado los empleados cesanteados
en el gobierno, o sea que resulta sumamente pertinente proyectar la tasa de desempleo a diciembre de 2009.
· El Plan no reconoce que los objetivos de mayor crecimiento económico, mayor
competitividad y menor desempleo no son objetivos en sí mismos, sino maneras de mejorar el bienestar socio-económico de nuestra
población, lo cual debe ser el objetivo fundamental de nuestros gobernantes. Para
que esto se dé, el bienestar económico debe llegar a todos. Las medidas de estímulo que está tomando el gobierno van encaminadas al beneficio de algunas de las empresas del sector
privado, mientras los costos del ajuste fiscal recaen sobre la clase trabajadora. Corremos
el riesgo de que si bien se ha perdido una década de crecimiento económico, la clase pobre y la clase media de nuestro país
pierda varias décadas antes de volver a ver un aumento en su bienestar.
· Las exportaciones se aumentan cuando aumentamos la producción de bienes. Actualmente el 90.5 de los bienes en Puerto Rico son importados. Por
lo tanto, para reducir las importaciones hay que implantar medias dirigidas a reducir las mismas. El renglón donde las importaciones tiene un valor bien significativo
son los alimentos. Se recomienda que se incluya un plan detallado de las estrategias a implantarse en este modelo económico para poder
levantar la producción agrícola hacia delante tomando como base el cultivar productos que nos coloquen en un marco competitivo
para poder aumentar las exportaciones.
· En cuanto a la manufactura, el objetivo propuesto no sólo es el de investigación y desarrollo.
El problema en el sector de la manufactura es el de mano de obra donde el costo
del producto final resulta mayor al de venta. En estos casos estas industrias
optan por trasladarse a países donde la mano de obra es más barata.
· En el sector de comercio nos encontramos que el establecimiento de las grandes cadenas
desplazan al pequeño y mediano comerciante. Lo desplazan, en cuanto a la diversificación de productos y en cuanto al precio de venta de
los artículos. Estos no pueden competir y como el comportamiento del consumidor
en estos tiempo y en esta crisis económica es obtener lo artículos al precio más bajo en el mercado. Esto lo podemos observar
en los constantes cierre de negocios que observamos a diario y al número de negocios acogidos a la Ley de Quiebras.
· El Modelo debe incluir que tipo de estrategias se van a implantar para subsanar la incobrabilidad
y evasores en los ingresos generados por concepto de Contribución sobre la Propiedad y de Contribución sobre Ingresos. El solo pensar
que el gobierno recaude el 75 % de esta deuda, resultaría en un gran impacto para enfrentar la crisis fiscal. El
Modelo excluye al sector de Gobierno (Pág. 20), por lo que se recomienda que se incluyan los objetivos que persigue el mismo
como sector en la economía del país.
· El aumentar la posición crediticia a una clasificación de “A” no puede ser
a expensas de crear una situación económica de mayor desigualdad social, mayor desempleo y emigración en Puerto Rico, así
como del desmantelamiento de los programas sociales, lo cual se esta haciendo de facto
con la aprobación de la Ley 7 y las cesantías masivas.
· La reducción del desempleo a 12.3% al 2013 (cuatro años) es una aspiración muy baja para
una política de choque tan drástica como se está implementando. El tipo de empleo
(125,000 y 260,000) que se propone crear el gobierno es en la industria de la construcción y en “alta tecnología”,
las cuales no pueden absorber al tipo de empleado que ha sido cesanteado, el cual, en su mayoría es en el área de servicios.
· El asunto de competitividad y de la inserción de empresas locales al mercado global no
está cabalmente planteado mientras no se consideren los poderes y facultades que tienen aquellos con los que competimos. Por, ejemplo, leyes de cabotaje, apertura
y libertad para contratar y comerciar con los países que deseemos, hacer tratados comerciales con otros países, el posicionamiento
geográfico y de relaciones comerciales y políticas como los que tienen los países asiáticos de mayor crecimiento económico
con los otros países asiáticos, que les permiten mayores ventajas comparativas en el comercio internacional.
· Puerto Rico no tiene los mecanismos que tienen otros países para controlar su mercado interno,
por lo que el desarrollo de mercados locales con capital local es limitado.
· Con respecto a los fondos de ARRA o plan de estímulo federal, los empleos que se generarán
(independientemente del número que sean) son empleos temporeros y de corto plazo ya que la mayoría de estos fondos están destinados
a la actividad de la construcción. Esto también tiene una implicación significativa
para las prestaciones sociales ya que muchos de éstos no pagan beneficios marginales tales como plan médico y aportaciones
al plan de retiro de los empleados; entre otros. .
· La disminución en la actividad económica se evidencia desde el 2005, así que el cierre
gubernamental es una consecuencia de la crisis fiscal que ya se venia cuajando y no al revés.
Esa es una percepción errónea de echarle la culpa a la administración anterior.
· En el informe de World Economic Forum se identifica que Puerto Rico está en la posición 110 con
respecto a la ineficiencia del gasto público. Esto no se resuelve con el
despido masivo de empleados públicos. El gobierno está tomado decisiones arriesgadas que pueden tener impacto en la calidad
de los servicios (despidos, APP, reorganizaciones, delegaciones a municipios, etc.). Una forma de tomar decisiones racionales
en torno a la eficiencia y la efectividad del gobierno es mediante la aplicación de medidas de desempeño que faculte al gobierno
tomar decisiones oportunas que le permitan asegurar que los servicios se prestan con el nivel de calidad adecuado.
· Durante la última década y ante la situación de crisis económica mundial, las discusiones
en torno a las reformas presupuestarias en los Estados Unidos y en otros países han girado en torno a fortalecer la disciplina
presupuestaria mediante el control del gasto y mejorar el desempeño y la transparencia de la gestión pública y de la asignación
de recursos. En Puerto Rico, el énfasis ha sido en la reducción de la deuda pública
y sobretodo, bajo la premisa de un alegado gigantismo gubernamental, La Ley 7 descansa en la reducción del gasto de nómina
y del tamaño del sector público. Esto a pesar de que, según el estudio realizado
por la Escuela de Administración Pública de la UPR, al desagregar los datos de empleo de los gobiernos centrales y locales,
el tamaño del gobierno medido por el número de empleados públicos estatales y locales como proporción de la población total
es comparable al de Estados Unidos (7% en el 2008). Sin embargo, en la práctica, la deuda y el gasto público en la Isla han
aumentado y el gobierno continúa siendo ineficiente. En la medida en que los
programas gubernamentales no se evalúan, tampoco se promueve un análisis del rendimiento de la gestión pública que sirva de
punto de referencia para la toma de decisiones presupuestarias. El despido de
decenas de miles empleados públicos, a base del criterio de antigüedad, crea
interrupciones en los servicios públicos y mayor ineficiencia
en la provisión de los mismos, además de la pérdida en el capital humano asociado a la gestión pública
· Con respecto a las estrategias de competitividad, la reducción de costos no necesariamente
conlleva a mayor eficiencia, ya que pueden generarse deficiencias en la calidad de los servicios públicos.
· La transición hacia la economía del conocimiento es una política a largo plazo. Mientras tanto, urge saber en qué se van a emplear la fuerza de trabajo desempleada en el área social de
la economía. Este objetivo, al igual que el desarrollo de la alta tecnología,
lleva tratando de impulsarse desde hace casi una década en Puerto Rico y el número de empresas en el sector es mínimo.
· Retener, expandir y diversificar la base industrial existente y atraer la manufactura de
productos de alto valor basados en investigación y desarrollo y alta tecnología a base de la política de incentivos contributivos, ha sido una política que ha fracasado
para el desarrollo de una economía sustentable.
· Cualquier país que quiera un alto ritmo de crecimiento económico debe buscar la manera de desarrollar
industrias relacionadas a la economía del conocimiento. Sin embargo las industrias intensivas en el uso del conocimiento suelen
ser industrias intensivas en el uso del capital y suelen ser un núcleo pequeño de empresas, por lo tanto, su desarrollo no
solucionará el problema de la falta de creación de empleo. El desarrollo de estas industrias tiene que ir de la mano con el
crecimiento de otros sectores de la sociedad. El plan no reconoce la necesidad de mejorar nuestro sistema de educación pública
a nivel primario y secundario si realmente queremos contar con la mano de obra altamente calificada que buscan las empresas
de uso intensivo de conocimiento.
· Una de las zapatas para alcanzar los objetivos de MENE es la transparencia y comunicación, sin embargo
es precisamente esta una de las debilidades de la política administrativa actual. A`
su vez, el identificar el proceso burocrático del gobierno federal como un reto es inconsistene con la política de transparencia.
Seguiremos auscultado la base
de conocimiento de nuestra matrícula y, al igual que han hecho otras organiztaciones de científicos sociales del país—trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y expertos en administración
pública-- nos mantendremos vigilantes de los eventos que ocurrirán esta semana, los que serán decisivos para lograr reivindicar
los derechos de los trabajadores del sector público e inducir la adopción de una política económica mas justa, más racional
y equitativa, y cuya implantación no castigue desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de nuestro sistema económico
y social. La Asociación de Economista de Puerto Rico no cesará en su empeño de propulsar una discusión abierta y científica de los
profundos problemas económicos, sociales y de política económica que afronta nuestro país en la actualidad. Vivimos una coyuntura
histórica sumamente crítica, una época de crisis que va mucho más allá que lo económico, lo cual implica que todos tenemos
que buscar y promover soluciones novedosas e interdisciplinarias. Nuestra responsabilidad y el desafío que siempre debemos
enfrentar es revestir la profesión de economista de un alto grado de interés público. En este sentido, ante la pregunta de
¿cuál es la función social de los y las economistas?, nuestra respuesta es insertarnos de lleno en el debate de los temas
económico como asunto público, de manera que la ciudadanía pueda entender la economía como una Ciencia Social que tiene vigencia
y propone alternativas. Los/las economistas debemos ser actores sociales que cumplamos un papel protagónico en la búsqueda
de soluciones ante la crisis social y económica de nuestro país. Debemos ejercer nuestra función como parte de la sociedad
civil promoviendo mediante la discusión abierta, con planteamientos y propuestas, la búsqueda de soluciones reales a dicha
crisis para que se cree la estructura necesaria para
el desarrollo económico a largo plazo, de una sociedad próspera, justa y sustentable.
