POR ARGEO QUIÑONES  | 13 DE MAYO DE 2011

La situación actual que enfrenta la economía de Puerto Rico, con el doble azote de la depresión y crisis fiscal, es parte de un continuo y largo proceso de agotamiento e implosión de la estrategia económica adoptada al concluir la Segunda Guerra Mundial, el cual comenzó a principios de la década de 1970 y continúa al día de hoy. El Plan Fortuño, como se evidencia cada vez más, ha fracasado. No ha logrado establecer las condiciones para el crecimiento económico sostenido y mucho menos aun para el desarrollo sostenible. Y no podía ser de otra manera. El Plan, además de enfatizar todo aquello fallido en el viejo modelo, adoptó política pública basada en falsos supuestos y entendimientos –históricos y presentes- sobre la economía de Puerto Rico e ignoró la situación por la que atravesaba la economía mundial cuando se elaboró e implantó a principios de 2009.

El fracaso de las políticas de ajustes neoliberales

A pesar de los reclamos de cientificidad, en su más fuerte acepción, pocas dudas deben quedar sobre la existencia de filosofías económicas con sus respectivas visiones de mundo. Visiones que no se limitan al conocimiento adquirido mediante la ciencia exclusivamente. El dogma de la eficiencia de los mercados con su equilibrio general y empleo pleno no murió con la Gran Depresión de los 1930. Permaneció discretamente haciendo trabajo de zapata hasta que el fenómeno del “stagflation” hizo su aparición a principios de los 1970. Esa fue la oportunidad dorada que aprovechó la nueva ortodoxia para desbancar la versión llamada por ilegítima del modelo keynesiano según Joan Robinson (Blanchard, O. 2002) elaborada por Hicks y Hansen, que predominaba en los círculos académicos y políticos en la posguerra. Quien haya leído La Teoría General de Keynes entiende por qué la crisis de los 1970 no desbancó al verdadero pensamiento keynesiano, el que sentenciaba que por poderosas razones institucionales el mercado no podía ajustarse como el modelo clásico suponía, y que los dos grandes defectos del sistema capitalista eran su incapacidad para generar empleo pleno y su arbitraria e injusta distribución del ingreso y la riqueza (Keynes 1936)

Fundamentados con el dogma neoliberal, durante la década de 1980 comienza una hipócrita, selectiva y fútil etapa de disciplina fiscal, y el proceso de liberalización y apertura de mercados, especialmente financiero y laboral. Procesos que en los Estados Unidos y otros países desarrollados del bloque capitalista, llevaron a la intensificación de la concentración y la internacionalización financiera, la desindustrialización y una mayor regresividad en la distribución del ingreso y la riqueza.  Ese mismo dogma neoliberal, extrapolado al funcionamiento de los mercados financieros, fue el caldo de cultivo en el cual se crearon las condiciones para la Gran Crisis de 2008. El capital financiero domina la economía mundial y no acaba la era del imperialismo (Lenin 1916; Stockman/CNN 2011)

Justificados por la doctrina de “demasiado grandes para colapsar” los estados nacionales, que de antemano enfrentaban situaciones fiscales en mayor o menor grado comprometidas, se lanzaron al rescate de las principales instituciones responsables de la crisis, canalizando cantidades gigantescas de recursos en un contexto de gran resistencia a la tributación progresiva, agravando así el difícil panorama fiscal de muchos estados nacionales del sistema mundial. Luego de tres décadas de políticas neoliberales aplicadas a escala planetaria, la economía mundial se abre paso por el camino de una recuperación plagada de incertidumbre y con unas propuestas de ajustes y reestructuraciones impuestas mediante descarada coerción “especulativa” de los mercados financieros, las agencias acreditadoras y otros organismos supranacionales. Propuestas de ajustes y reestructuraciones muy  amenazantes para la endeble recuperación económica, las relaciones políticas internacionales –la Unión Europea en particular- y el bienestar de la humanidad.

En los Estados Unidos, las instituciones que antes de la crisis eran “demasiado grandes para colapsar” ahora son 20% más grandes y, en su mayoría, han vuelto a las prácticas de antaño como si se tratara de “business as usual”. Mientras, las reavivadas fuerzas que apoyan las doctrinas neoliberales sumadas al comportamiento sanguinario de los mercados financieros y los dictámenes de las casas evaluadoras -las mismas que contribuyeron a la crisis otorgándole clasificaciones de AAA a instrumentos financieros estructurados con las cuatro patas (Bloomberg 22/10/2008) exigen disciplina fiscal a los gobiernos que salvaron de una debacle mayor a los grandes consorcios financieros y aseguradores y a la economía mundial. La exigencia de disciplina fiscal en este contexto, equivale a imponerles a los atribulados contribuyentes en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso, los más afectados por la crisis, el pago del costo de la crisis fiscal de los estados. Se trata pues, de una doble instancia de saqueo y despojo del gran capital financiero y aliados contra la sociedad global.

La generosidad exhibida con las empresas “demasiado grandes para colapsar” contrasta con los escasos recursos asignados para atender el lado “humano” de la crisis. El viraje ideológico de proporciones épicas por vía de un populismo conservador, a pesar de la gran la crisis del modelo neoliberal, se ha convertido en motivo para reavivamiento del pensamiento y la política social neoconservadoras. Cuando más se necesita la solidaridad más se atacan las bases materiales para soluciones solidarias a la crisis, al desangrar el estado benefactor con la “crisis fiscal”, más no al estado instrumento de dominación, militarista y rescatista de los “muy grandes para colapsar”.  De momento, luce mucho más fuerte este modelo rapaz que “cierra su acto” con dos de los peores desastres ambientales en la historia: Golfo de México y Fukushima. Corresponde señalar que en Puerto Rico, el “cierre” simbólico se produce con CAPECO. Empresa que dos veces se fue a quiebra en este siglo, debiendo más de $200 millones en total al erario. Además, CAPECO fue el eje de uno de los peores desastres ambientales de los últimos años, vendió sus activos, se llevaron la marca Gulf del país y dejaron en el aire a más de 100 detallistas, dueños de pequeños negocios que operaban con la marca registrada.

La irracionalidad fundamental de las políticas de ajustes neoliberales, desde la perspectiva de la reproducción del sistema capitalista, ha sido proclamada por quienes otrora fueron baluartes de ese pensamiento. David Stockman (CNN 2011) jefe de presupuesto durante la presidencia de Ronald Reagan, aboga por dejar expirar los recortes contributivos de Bush hijo, nuevas contribuciones y la reestructuración progresiva (Mean Tested) de los sistemas de seguridad social como Medicare y Seguro Social. Birdsall & Fukuyama (2011) sostienen que:

“If the global financial crisis put any development model on trial, it was the free-market or neoliberal model, which emphasizes a small state, deregulation, private ownership, and low taxes”.

El Fracaso del Plan Fortuño
El Plan Fortuño (PF) no está funcionando y no va a funcionar. El doble objetivo de cuadrar las finanzas públicas y relanzar el crecimiento económico no se ha logrado. Desde temprano profesionales capacitados en la materia se lo advirtieron. Inclusive, se planteó que, sin un préstamo generoso de la Reserva Federal o el Tesoro el PF tenía pocas posibilidades de lograr sus objetivos (UIE, J. González 2009) Cuando el primer mandatario tomaba posesión, la economía de Puerto Rico estaba cercana a cumplir su tercer año de recesión y había perdido unos 106,091 empleos entre abril de 2006 y diciembre de 2008. Otro tanto ocurría con los recaudos que mostraban una reducción proyectada para el fiscal 2009 de  $687 millones, de los cuales $487 millones correspondían a la caída en la actividad económica y los otros $200 a los nuevos créditos contributivos (S&P 22/12/08) En los Estados Unidos la Gran Crisis destruía empleos a razón de más de 600,000 mensuales entre septiembre de 2008 y junio de 2009 –los peores meses de la crisis en ese país. La economía de Puerto Rico, la de los Estados Unidos y la Mundial se hallaban en caída libre a principios de 2009 y nadie sabía con certeza hacia donde desembocaría la situación.

El PF y, en específico, la ley #7 de 9 de marzo de 2009, le impartieron mayor velocidad a la caída. La dirección de la política económica del PF  contraviene la lógica económica al intentar implantar la reducción del gasto público y el aumento en las contribuciones en medio de una severa contracción local y global. Si de resolver satisfactoriamente la crisis se trataba, un vistazo a la historia económica del país hubiese ayudado bastante en la elaboración de una política más acertada que la terapia de “shock” impuesta (Klein 2007)  con el despido de decenas de miles de servidores públicos.

El período exitoso de Operación Manos a la Obra requirió de una gran participación del sector público en la economía, como lo demuestran las razones de la deuda y el gasto públicos al PNB y la razón de empleo público a empleo total. Todas crecieron significativamente entre 1947 y  mediados de los 1970. Con la crisis fiscal el gobierno no pudo continuar estimulando la economía a un ritmo creciente y no se alteró el modelo para lograr mayor participación del sector privado en la misma. Se continuó con la vieja receta de mantener bajos costos absolutos para incrementar la “competitividad” lo cual, con la intensificación de la competencia en la economía global, ha resultado en una carrera hacia el fondo, en la que se socializan los costos crecientes del modelo (aumento que es resultado lógico del desarrollo) con una menguante participación de la sociedad en los beneficios distribuidos y concentrados en pocas manos o pagados al exterior (Villamil 1978, JP 2010)

Precisamente por ese reconocimiento sobre la importancia del gobierno en la economía de Puerto Rico, en Diciembre de 2008 Standard & Poor’s le advertía al gobierno entrante que la reducción del gasto público no debía efectuarse hasta que el sector privado comenzara a crear empleos. Representantes de los tenedores de bonos del gobierno y las casas acreditadoras, en una de las reuniones con el sector sindical público en Puerto Rico en 2007,  expresaban que el país tenía que resolver su problema fiscal pero la forma en que lo hiciera no era asunto de ellos. Inclusive afirmaron, que la situación podía solucionarse sin reducir el empleo público. Contra viento y marea los estrategas de la nueva administración continuaron el curso de política económica esperanzados de que con la combinación de los fondos ARRA, el Fondo de Estabilización Fiscal (emisión de deuda), el Programa de Estímulo Criollo (PEC) las APP y la liberalización de los permisos (de construcción fundamentalmente) la economía del país se sobrepondría de la contracción y para el 2010 estaría creciendo. Apostaron a que las medidas anticíclicas más que contrarrestarían las medidas procíclicas adoptadas y fallaron.

El poco entendimiento de la dinámica  económica nacional e internacional condujo a graves errores en el diseño y sincronización de la política económica por parte de la administración Fortuño. Las experiencias con los efímeros y débiles efectos en el crecimiento económico de los más de $1,600 millones inyectados por FEMA a raíz de Georges (9/1998) y los $1,200 millones inyectados por el programa de estimulo fiscal de Bush durante el verano de 2008,  debieron haber contado para algo al factorizar la aportación al crecimiento de los fondos ARRA, de los cuales una porción significativa fueron transferencias a las personas. De forma similar el gobierno de Puerto Rico con el pago acelerado de $750 millones en cuentas pendientes y la asignación de los $500 millones del PEC, ha inyectado $1,250 millones al sector privado de la economía sin que esto haya podido detener la contracción.

El análisis imparcial del origen de la crisis en el sector de la construcción, bienes raíces y banca, así como la incorporación en el análisis de la caída en ingreso y riqueza causadas por la crisis, pudieron servir para anticipar el fracaso de la nueva ley de permisos como estímulo de la construcción y la actividad económica en general. En Puerto Rico también tuvimos una burbuja inmobiliaria como muchos otros países del mundo y la ejecución de hipotecas continua a un nivel sobre el cual muy poco se quiere dar a conocer. La severidad de la crisis mundial, que por su dimensión financiera hace más prolongada y difícil la recuperación, pudo haber servido para anticipar la sequía relativa de capital para la inversión externa de largo plazo y la dudosa viabilidad de las APP.

Cierto es, en este momento la economía experimenta un nivel de contracción menor según los pronósticos de crecimiento, pero sigue en contracción y existe fuerte evidencia que sugiere la posibilidad de que luego de un breve respiro, seguirá cayendo o estancada si no se cambia su curso radicalmente. Estos “destellos” de recuperación no son sostenibles. La disponibilidad de los fondos ARRA esta próxima a expirar. Por otro lado, tomar dinero prestado para cuadrar presupuesto, saldar cuentas por pagar, pagar deuda extraconstitucional aceleradamente y mitigar el estrago de las políticas de ajustes es, además de contraindicado, algo que tiene límites, expresamente prohibido por el proyecto de  la mayoría parlamentaria,  convertido en la ley de reforma fiscal de 2006 (Ley #103 de 25 de mayo de 2006) que estableció: “Se prohíbe la utilización de deudas, préstamos o cualquier mecanismo de financiamiento para cubrir gastos operacionales y para balancear el Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y que fue una de las primeras leyes derogadas temporeramente por la administración a partir de 2009.

El uso intensivo del mecanismo de financiamiento provisto por COFINA ha llevado a que el servicio de la deuda emitida por esta entidad, absorba prioritariamente más del 50% de los recaudos del IVU y continúa aumentando automáticamente a razón de 4% anual. El monto de la deuda girada y garantizada por los recaudos del IVU por COFINA aumentó de $6,306 millones en Diciembre 2008 a $14,000 millones al cierre del año fiscal 2010. El total aumentará unos $600 millones con la emisión que se hará para cuadrar el presupuesto de 2012. Aunque se saldó la deuda extraconstitucional, la deuda pública bruta continúa aumentando y, a junio de 2010, alcanzó el total de $58.8 billones, un aumento de $3,843 millones respecto al año fiscal anterior con el cual  la razón de la deuda pública bruta al producto nacional bruto aumentó de 84.4% a 89% en un solo año (Castañer 2011) La casa estará en orden pero su zapata sigue debilitándose.

Ante este cuadro y el achicamiento de la ventana de  oportunidad que el inicio prematuro de la campaña política para las elecciones 2012 va dejando, los compromisos respecto a los sistemas de retiro que acordaron el gobierno y Moody’s, y que llevaron a mejorar levemente la perspectiva de las obligaciones generales del gobierno central, lucen cada vez menos viables. La administración Fortuño, de cara al próximo ciclo electoral 2012, se encuentra entre la espada y la pared, en la encerrona creada por su propia política de falsos remedios y logros, y esquemas deliberadamente formulados para implosionar el sistema de administración pública y los beneficios principales de los arreglos laborales alcanzados durante el período de la posguerra.

Para entender mejor esta estrategia de implosión y reestructuración neoliberal conviene examinar rápidamente el ejercicio de presupuesto consolidado para el AF 2012. Este descansa sobre supuestos de dudosa viabilidad como los aumentos en sus principales partidas: 11.4% en los fondos federales; 3.2% en los ingresos propios de las corporaciones públicas; 6.3% en el Fondo General. El aumente en este último renglón depende del éxito de medidas como el impuesto del 4% sobre las ventas de las compañías foráneas, la IVU Loto y la amnistía contributiva.  A pesar de que durante el primer mes de vigencia del impuesto especial a las CFC se recaudaron $108 millones por concepto del 4%, los ingresos netos al Fondo General para los primeros siete meses del año fiscal 2011 (Julio 2010-Enero 2011) andan $176 millones por debajo del nivel para el mismo período del año fiscal anterior (Hacienda 2011). Algo lógico de esperar ante la admisión de que durante el año fiscal en curso la contracción de la economía continúa. Otra consideración en torno al presupuesto es lo referente a los arbitrios del ron elaborado en Puerto Rico y exportado a los Estados Unidos, los cuales  representaron $352 millones de ingresos al Fondo General durante el año fiscal 2010. La fuga de Captain Morgan a St. Thomas representa una pérdida  alrededor de los $100 millones en esta partida. La ley 178 del 1 de diciembre de 2010, aprobada en respuesta a la competencia de Islas Vírgenes americanas en la elaboración del ron, posibilita la asignación de hasta 46% de los arbitrios que devuelve el gobierno federal como subsidios a las destiladoras en Puerto Rico. Entre la fuga de Captain Morgan y la nueva ley se augura una reducción potencial de $215 millones en esta  partida que nutre el Fondo General y el presupuesto del gobierno central.

Lanzar una reforma contributiva que promete $1,200 millones en alivios anuales durante seis años, cuando el presupuesto consolidado de 2011 contiene $2 mil millones, entre ARRA y el Fondo de Estabilización Fiscal, que no son recurrentes y que para cuadrar el presupuesto con cargo al Fondo General del año fiscal 2012 habrá que recurrir a la emisión de deuda, es conducta irresponsable y temeraria. El cuadro se agrava ahora que asoman los nubarrones de la disciplina fiscal de Washington, por lo que cualquier aumento en los recaudos debe primeramente asignarse a un fondo de emergencia (“Rainy day fund”) Además, dada las necesidades urgentes en áreas como salud, educación, comunidades, medio ambiente, energía, transporte, restauración urbana y rural, sistemas de retiro y otras, esta reforma  representa, como poco, una conducta socialmente insensible y un ejemplo de hedonismo utilitarista extremo al enfatizar el valor supremo del “dólar en el bolsillo”. También representa, muy posiblemente, el desperdicio de una oportunidad como pocas para emprender una iniciativa de orden superior (Herrero 2010) dado que la  aportación de la inversión social al bienestar por mucho excede los beneficios esperados del aumento indiscriminado del consumo por tener más ingreso disponible.

Cambiar los términos contributivos a las empresas foráneas (CFC), mediante proceso legislativo secreto, y con un razonamiento populista simbólico es malabarismo de alto nivel. Especialmente ahora que el sector farmacéutico atraviesa un período difícil, como ningún otro en los últimos cuarenta años. Aparenta que se van como antes hicieron muchas subsidiarias de multinacionales acogidas a la sección 936, al cambiar las reglas de juego por motivaciones de política de estatus y no por una bien definida política industrial. Y si muchas de las subsidiarias de multinacionales afectadas por el arbitrio no cierran, diversas maniobras emprenderán para evitar efectivamente la nueva carga como es lógico de esperar en nuestro país, con gobiernos débiles y serviles ante el gran capital. La bonanza “contributiva” poco durará. Quizá brinde algún rendimiento electoral.  La reforma contributiva luce cual Caballo de Troya, mecanismo automático el cual, mediante la caída en los recaudos, continuará la faena de implosión del sector público sin la necesidad de otra ley 7, luego de 2012.

El Plan Fortuño no ha rendido los resultados esperados. Todo lo contrario, ha deteriorado y fragilizado aun más la maltrecha economía de cara a una coyuntura en la economía mundial cada vez más complicada e incierta. Hasta el momento, la apuesta lleva claramente las de perder. En materia de crecimiento económico, la segunda década del siglo XXI comienza en igual o peor estado que la anterior. El crecimiento económico no llega, la contracción continua y los pronósticos más allá de este año fiscal de 2011, auguran índices mínimos de crecimiento con supuestos muy inciertos. La inversión interna bruta de capital fijo (IIBKF) variable importante para el crecimiento económico, ha colapsado como consecuencia de la crisis en la industria de la construcción privada, la crisis fiscal que restringe la inversión pública y la dificultad para la atracción de inversión externa directa, como consecuencia de la pérdida de competitividad y la Gran Crisis de 2008. La razón de la IIBKF al PNB ha descendido de 29% en 2000 a 14% en 2010.

En materia de empleo la depresión, que comenzó en 2006, ha destruido 132,200 empleos asalariados no agrícolas durante sus cinco años de duración (BLS 2011). Con la aplicación de las políticas procíclicas del Plan Fortuño a partir de 2009, precisamente cuando la crisis tocaba su punto más profundo en los Estados Unidos, la pérdida de empleos se intensificó. Durante los primeros 33 meses de la crisis, de abril 2006 a diciembre 2008, el país perdió 41,000 empleos, para un promedio de 1,242 empleos perdidos por mes. De diciembre 2008 a marzo 2011 se perdieron 91,200 empleos para una promedio mensual de 3,378, más que duplicando el promedio mensual durante la primera fase de la crisis.  La situación con el nivel de empleo pareció haber tocado fondo en septiembre de 2010. De ahí hasta febrero de 2011 se crearon 6,500 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, datos preliminares apuntan a que durante el mes de marzo volvió la tendencia a la baja perdiendo la economía 1,700 empleos, el 26% del total creado durante el efímero repunte. Entre enero y marzo de 2011 la tasa de desempleo aumentó de 15.9% a 16.9%. La tasa de participación laboral y la tasa de empleo para los primeros ocho meses del año fiscal 2011 descendieron a 40.6% y 34.1% respectivamente (BLS & BGF 2011) Las quiebras para el primer trimestre de 2011 superan en número de casos, número de acreedores y deuda acumulada los niveles para el primer trimestre de 2010. El balance de préstamos hipotecarios referidos para ejecución aumentó de $3,912 millones en 2009 a $5, 362 millones en 2010, un incremento de 37%.

A pesar de todo esto, durante la década perdida el PNB per cápita de P. R. (Ahora “Gross National Income”) refleja un incremento porcentual mayor que el de los E.U. Corresponde señalar que todo indica a que el fenómeno de la emigración cobró auge durante la primera década del nuevo siglo. Estimados preliminares apuntan a que el balance emigratorio neto ronda los 300,000 para el período. Lo que, de ser cierto, haría de la década 2000-2009 la segunda de mayor emigración neta en la historia del país, solamente inferior a la de 1950-59. El fenómeno de la emigración requiere atención detallada y reconceptualización. Más que “válvula de escape” para el desempleo, representa pérdida de capital humano,  como consecuencia del estancamiento, la crisis y la falta de oportunidades en nuestra economía, especialmente para los jóvenes, principal grupo demográfico que recurre al éxodo. Precisamente cuando llegan a la edad de realizar su potencial productivo, desarrollado en Puerto Rico, es la economía de los E. U. la que los absorbe y se beneficia  de una mano de obra con nivel relativamente alto  de escolaridad y toda una vida productiva por delante (Herrero 2010)

Emigración, transferencias federales y economía informal son tres variables que impiden que el ajuste neoliberal imponga cabalmente nuevas condiciones de explotación y acumulación más intensas, por vía de la recreación del ejército industrial de reserva, al crear una enorme masa potencial de trabajadores que compiten en el mercado laboral, dispuestos a trabajar “en lo que sea y por lo que sea”. Sin embargo, las mismas no impiden que las políticas neoliberales avancen despojando  amplios sectores de la población que permanecen en el país, polarizando el arreglo social aun más, desechando talento humano, devorando aceleradamente valiosos  recursos naturales e imponiendo un orden social neoconservador. Nos dirigimos hacia un régimen totalitario con una economía pos industrial y condiciones laborales de los tiempos del cañaveral para la gran mayoría de los asalariados. Como prueba se observa que, la participación porcentual de las compensaciones del trabajo en la distribución funcional del ingreso neto (excluye pagos netos al resto del mundo o ganancia repatriada) se encuentra muy próxima a su nivel relativo de finales de los 1940. No debe quedar duda que los ajustes neoliberales han intensificado la explotación laboral en el país por un lado, mientras por otro lado benefician a los que reciben ingresos procedentes de la propiedad o el capital.

Conclusión

Si amarga y desastrosa ha sido la medicina del Plan Fortuño, igual de desastroso ha sido el proceso mediante el cual se elaboró e implantó el mismo. La magnitud de lo que se está poniendo en juego trasciende lo que hasta el momento se observa económica, política y socialmente hablando. Legislación por descargue, estudios que nadie conoce, proyectos prefabricados fuera del ámbito y el escrutinio públicos, secuestro de datos e información, poca o ninguna disposición para escuchar a diversos sectores y concertar, excepto con los amigotes del CAREF, en un claro ejemplo del llamado “crony capitalism” al que se le atribuyó, en gran medida, la crisis del sureste asiático de 1997-98. Se apuesta con los recursos y la seguridad de un país económica y socialmente maltrecho, sumido en la polarización, plagado de conflictos, desesperación y  violencia. La política implantada hasta ahora, así como la que falta por implantar, como la mal llamada vía verde y muchas otras que aun quedan en el arsenal de este gran esquema de ajuste neoliberal (Sistemas de Retiro, Reforma Laboral, UPR para mencionar solo tres)  atentan contra la posibilidad de encausar a Puerto Rico por la vía del crecimiento y el desarrollo sostenible.  Es hora de detener esta marcha forzada de la insensatez a la que tienen sometido el país.

Muy acertadamente el Nuevo Día (Lama 17-24/4/2011) reclama la necesidad de implosionar el orden existente en cuanto a manera de hacer las cosas y afirma la necesidad de una revolución pacífica por parte de la clase trabajadora, que transforme el orden existente y rompa con la injusta dinámica económica y social que le asfixia. Sin embargo, esa revolución no será contra los marginados y dependientes de las transferencias federales como sugiere la pieza editorial. La distribución funcional del ingreso a precios corrientes muestra que durante los años 1998-2007, es decir durante gran  parte de la década perdida y de lleno en el segundo episodio de crisis fiscal y prolongada contracción, los ingresos que recibieron los dueños del capital en sus variadas expresiones, aquí y en el exterior, crecieron más que la economía y las compensaciones a los trabajadores (JP 2007).

La revolución no puede ser regresiva y conservadora. Todo lo contrario. Será un proceso de cambio social progresista, pacífico, bien estructurado y con claros objetivos, dirigido hacia el conjunto de grupos con intereses creados que impiden las siguientes acciones y objetivos: la concertación social, la equidad y la transparencia; la conservación y restauración ambiental y el uso ordenado de la tierra; el establecimiento de un sistema de salud universal, basado en la prevención y la equidad en el acceso a los servicios de salud, fuera del control del oligopolio de las aseguradoras; la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y las posibilidades de desarrollo personal; el desarrollo acelerado de fuentes de energía renovables; el transporte colectivo; la seguridad de las personas; la implantación de una política salarial que haga justicia, premie la productividad y la antigüedad bien llevada; el cobro de los más de $3,000 millones de deuda contributiva de la cual ya nadie habla; la revisión de las más de 70 leyes de exenciones contributivas que le cuestan sobre $1,000 millones anuales al erario; la revisión de miles de decretos de exención contributiva de  los que no se sabe si la parte beneficiada contribuye según acordado a la economía del país; el ataque a la evasión contributiva generada por la economía informal legal, concentrada en los grupos de altos niveles de ingreso de la sociedad, y que representa más de $12,000 millones en ingresos anuales que no tributan; el fin al mal uso de fondos públicos que representa una pérdida, según estimados conservadores (Santiago, Rivera y Colón 2009) de 10% del presupuesto de gobierno; la reestructuración inteligente de las operaciones gubernamentales para promover procesos efectivos y eficientes en la economía, regular efectivamente y velar por los derechos de los muchos y y no de los pocos; la restructuración económica y social que acabe con la cultura de mantengo corporativo por un lado y la marginación sistemática de la mitad de la población por otro, mediante procesos solidarios y democráticos.