La debacle económica
de Puerto Rico: el fin de la 936
Por Luis A. Reyes Rodríguez
1.
Introducción
2.
Los "buenos años", la 936 en su apogeo
3.
"El comienzo de la confusión", la eliminación
de la 936
4.
Epílogo: La industria en Puerto Rico después de la 936
5.
Conclusión
6.
Bibliografía
En los años de 1973 a 1976 la economía de Puerto Rico estaba
en una situación de crisis. Además de la "crisis
energética" que afectaba la economía mundial en esos años, el caso de Puerto Rico envolvía
otros factores adicionales al petróleo.[1] Entre estos factores se
destacaban, el alza en los salarios, el alto costo del transporte marítimo
y el alto costo de la energía
eléctrica.[2] Esta serie
de factores plantearon la necesidad de re- examinar las estrategias económicas
desarrolladas en la isla hasta
ese momento. La solución surgida de este análisis fue,
el mercadear a Puerto Rico como
territorio propicio para grandes empresas transnacionales,
que necesitaran un lugar desde donde repatriar hacia Estados Unidos sus ganancias sin
tener que pagar los impuestos federales
requeridos. El mecanismo primordial para esta nueva estrategia económica
lo fue la aplicación en Puerto Rico de la sección 936 del Código de
Rentas Internas de los Estados Unidos. Dicha sección fue aprobada en 1976 por
el Congreso de los Estados Unidos, en sustitución de la sección 931 que ya
existía en Puerto Rico.[3]
La sección 936 especificaba los estatutos
contributivos federales para las corporaciones estadounidenses que se
establecían en las "posesiones de los Estados Unidos" y básicamente
permitía a las subsidiarias de estas corporaciones que operaban en Puerto Rico
y otras posesiones, remitir sus ganancias a la corporación matriz en
cualquier momento, sin pagar la contribución federal sobre el ingreso de
corporaciones. Además de esto, el gobierno del
ELA solo les imponía un impuesto de
repatriación de un 10% sobre dichas ganancias, que se reducía si las compañías
invertían parte de dichas ganancias en bonos del Estado o
las depositaba en instituciones bancarias locales.[4] Se esperaba que
la 936 aumentara la inversión productiva
en la isla, redujera la frecuencia con que se liquidaban las fábricas cuando
terminaba su plazo de exención contributiva y que aumentaran los ingresos
del gobierno del ELA
provenientes del impuesto de repatriación o "tollgate tax".[5] Sin
embargo, las mayores esperanzas del gobierno eran que "las 936"
mantuviesen un nivel de empleo que
ayudara a mitigar la crisis económica y social por la que atravesaba Puerto
Rico desde 1973 y que se prolongó hasta 1983.
Desde su implantación la sección 936 brindó
beneficios económicos a diferentes sectores de la economía puertorriqueña, en
especial a los sectores industriales y financiero. La banca en
Puerto Rico se nutrió de los "fondos 936" lo que conllevó un crecimiento en los bancos locales
y la llegada de numerosos
bancos extranjeros. En el
sector industrial, la 936
permitió el establecimiento de empresas farmacéuticas y electrónicas que
obtuvieron "astronómicas" ganancias en sus operaciones en
la isla.[6]
Durante años la exención contributiva
federal concedida por la sección 936 fue en gran medida el único instrumento
para atraer inversiones a
Puerto Rico. Fue por ello que desde 1976 a 1996 la gestión política y económica de la isla giró en torno a
retener los beneficios de la sección 936. Sin embargo, dicha sección enfrentó
modificaciones hechas por el Congreso estadounidense en los años de 1982, 1986
y 1993, que poco a poco fueron limitando sus disposiciones y restándole
beneficios a las corporaciones que se acogían a ella, hasta que en agosto de
1996 un proyecto de ley del
Congreso de los Estados Unidos, firmado por el Presidente Bill Clinton derogó
por completo la sección.[7]
La derogación de la sección 936 fue un proceso que
generó intensos debates en los círculos políticos, en los medios noticiosos
y entre la pública puertorriqueña.
Para algunos esto vaticinaba un desastre económico para la isla, mientras que
para otros, esto era una oportunidad para que Puerto Rico buscara un desarrollo económico sobre bases más sólidas. Desde 1996,
las opiniones sobre los efectos del "fin de las 936" han estado
matizadas por las posturas político-partidistas y por los "análisis"
de los expertos en economía. Estas opiniones creaban en ocasiones panoramas
económicos de incertidumbre y confusión para la ciudadanía.
En este trabajo es
de mi interés darle
una mirada a la imagen del
final de la 936 difundida en la prensa puertorriqueña,
brindándole atención a
la forma en que economistas y
políticos vislumbraban el futuro
económico inmediato de la isla. Para ello analizo artículos periodísticos
relacionados al tema, así como artículos de economistas sobre los efectos
económicos de la eliminación de la sección 936. Esto para ver en qué medida se
difundió una imagen confusa sobre
los efectos del final de la 936.
Durante los veinte años de aplicación en Puerto Rico de
la sección 936 múltiples empresas se
establecieron en la isla y
varios sectores de la economía se
beneficiaron de la actividad económica
generada. Sin embargo, dicha
sección fue objeto de varias revisiones por parte del Congreso de los Estados Unidos. Esto se debió a la exención
contributiva de las cuantiosas ganancias de
las corporaciones 936. Para Puerto Rico estas
ganancias se traducían en abundantes fondos, los llamados fondos 936, que
estaban disponibles para ser invertidos en la isla, mientras que para el gobierno federal
estos fondos representaban una fuente de contribuciones no recaudadas, que
afectaban la salud fiscal de
los Estados Unidos.
Desde su implantación en 1976, la sección
936 aportó gran cantidad de fondos a la banca local.[8]
Dichos fondos que para 1977 ascendían a $ 1,584millones se incrementaron año
tras año hasta
alcanzar $ 4,000 millones en 1982, constituyendo dos quintas partes del total
de los depósitos de la banca comercial de Puerto Rico.[9] No obstante la
"bonanza" para la banca en 1982 Puerto Rico atravesaba por una grave crisis económica,
causada por el alto desempleo y
los recortes en los programas de
ayudas federales.[10] Como si fuera poco, la administración del presidente Ronald
Reagan decidió investigar los
fondos de la sección 936 en un intento por allegar nuevos recursos fiscales
para el gobierno de los Estados Unidos. Esta iniciativa levantó temores entre
la comunidad financiera
en la isla, que temía lo peor.[11]
En el debate congresional
sobre la 936 en 1982, el gobierno estadounidense argumentó que los fondos 936
no se habían utilizado para su cometido, entiéndase la creación de empleos en la isla y su desarrollo económico,
y que sólo habían acrecentado la prosperidad de la comunidad financiera en la
isla. Dicha práctica privaba al gobierno federal de recaudar aproximadamente $1
billón anual en contribuciones.[12] Como resultado de
las investigaciones se discutió hacer enmiendas a la
sección 936. Ante ello el gobierno de Puerto Rico, entonces bajo la administración del Partido Nuevo progresista, junto
con las corporaciones 936 cabildeó ante el congreso para "minimizar"
los efectos de los cambios a la sección.[13]
A finales del 1982 el Congreso legisló para
"controlar" las ganancias de las 936. La principal reforma hecha a la
sección consistió en aumentar el por ciento del ingreso que
debía originarse en negocios dentro
de la posesión.[14] Estas medidas fueron un intento de coartar ciertas
prácticas contables de las corporaciones, las cuales a través de su
"creative acccounting" o "contabilidad creativa"
transferían y canalizaban ganancias de las compañías matrices a sus subsidiarias
936 en Puerto Rico,
invirtiéndolas en la isla y repatriándolas a los Estados Unidos y evitando
pagar contribuciones federales.[15]
Para el año 1985 la sección 936 estaba
nuevamente en "peligro de extinción". En ese mismo año el
Departamento del Tesoro de los Estados unidos envió al Congreso legislación
contributiva que contemplaba modificar o eliminar la sección 936, para así
recuperar las contribuciones que se estaban dejando de recibir.[16] Esto
significaba serias complicaciones para los fondos 936 depositados en Puerto
Rico, que para 1985 sumaban $ 7 mil millones.[17]
La defensa de las 936 en 1985-1986 recayó en
la administración del Partido Popular Democrático, quien
gobernaba en ese entonces la isla. En esa defensa curiosamente contó con el
apoyo de algunos líderes del PNP, que apoyaron la permanencia de la sección. Al
igual que el PNP anteriormente, los populares argumentaron en Washington que
las 936 creaban empleos en la isla y que el mantener dicha sección convertiría
a Puerto Rico en el eje de las inversiones en
el Caribe. Sin embargo, las gestiones "determinantes" en el Congreso
las efectuaron los cabilderos de las compañías 936.[18] Las peticiones hechas
ante el Congreso lograron que se mantuviera la sección, pero que se le efectuaran
ciertas modificaciones. Entre éstas se aceptó la "caribeñizacion" de
los fondos 936, o sea su posible inversión en
cualesquiera de los países de la Iniciativa Para la Cuenca del
Caribe"[19], y se introdujeron cambios en la forma de contabilizar el método de costo compartido
de los intangibles.[20] La salvación de la 936 en 1986 recibió elogios en la prensa puertorriqueña,
aún por parte de reconocidos miembros del sector estadista. Uno de ellos,
Antonio Luis Ferré escribió en un editorial de su periódico El
Nuevo Día , que "la ret ención de la 936 era un desarrollo positivo para
el futuro de Puerto Rico debido a que se lograron preservar 125 mil empleos que
de otra manera se habrían ido".[21]
A pesar del optimismo sobre la permanencia
de la 936, a comienzos de la década de los 1990"s, múltiples analistas
señalaban que las 936 eran una espacie de "espejismo económico" y que
los supuestos beneficios económicos para la isla no eran tal y como se
percibían. Entre 1988 a 1990 estudiosos de la economía y la política afirmaban que si la sección 936 se
mantenía inalterada durante la década de los 1990"s, Puerto Rico se
convertiría en uno de los "mayores centros financieros a nivel
internacional".[22] Sin embargo, muchos de esos mismos analistas señalaban
las percepciones erróneas que existían sobre las "inversiones" y los
"empleos" generados por las 936. Entre los señalamientos más notables
estaba, el que una cantidad creciente de lo que se consideraba "producción" de las industrias manufactureras
en Puerto Rico era en realidad "ingresos pasivos"
provenientes de ganancias transferidas e inversiones financieras.[23] Además de
ello, las corporaciones 936 no estaban reinvirtiendo sus ganancias en
actividades productivas, sino en instituciones financieras donde podían repatriar sus
ganancias libres de impuestos (federales
y locales) al cabo de 5 años. Esto resultaba algo notable, ya que para 1988 y
1989 la cantidad de fondos 936 depositados en Puerto Rico era cerca de $ 9 mil
millones.[24] Según analistas, ello resultaba en un incentivo
"negativo" que causaba un agudo descenso en el nivel de la inversión
interna.[25]
Es importante señalar que a comienzos de los
1990"s cuando se debatía en el Congreso de los estados Unidos el proyecto de
plebiscito para el estatus de Puerto Rico, salieron a relucir varias realidades
sobre las 936. Entre ellas el que las corporaciones, a pesar de apoyar algunas
iniciativas de los gobiernos de turno en Puerto Rico, sólo se dedicaban a
cabildear para retener la sección 936 y no a desarrollar la isla como centro de
producción de alta tecnología o
de investigación y desarrollo. En adición a ello, se
destacó el que las industrias como las farmacéuticas habían tenido entre 1982 a
1989, ahorros contributivos de aproximadamente $73 a $79 millones al año,
mientras habían empleado a "menos de 3000 personas" en Puerto
Rico.[26] El informe preparado
por el Goverment Accounting Office en
1992, titulado "The Pharmaceutical Industry:
Benefits of
Operating in Puerto Rico", detallaba que Pfizer con 500
empleados reportó ahorros contributivos de $75.9 millones anuales desde 1980 a
1990, Merck con 953 empleados reportó ahorros de $74.9 millones desde 1980 a
1990 y Upjohn con 750 empleados tuvo ahorros contributivos de $77 millones
anuales durante la misma década.[27]
Los datos sobre
las 936 resultan un tanto impresionantes cuando se les compara con las estadísticas de
Puerto Rico sobre desempleo y ayudas federales de principios de
los noventa. Algunos investigadores indicaban que el desempleo continuaba
siendo alto[28]y las ayudas federales seguían en aumento[29]a pesar de que la estrategia de
inversiones en Puerto Rico debía ayudar a superar esa situación. Quizá por ello
algunos lideres de la opinión pública comenzaron a "cambiar" su
opinión sobre las 936, en especial cuando en las negociaciones sobre el
plebiscito de estatus (1989-1991) los populares abogaron por la 936, los
independentistas pidieron un periodo de transición para ésta y algunos
estadistas estuvieron a favor de que se eliminara la sección como forma de
adelantar la estadidad.[30]Esto llevó a que Antonio Luis Ferré declarara en
1989 que "las corporaciones 936 no deben ser más que un mecanismo
transitorio de incentivos".[31]
La situación de las 936 se complicó
grandemente cuando en 1993 la administración del presidente William J. Clinton
decidió revisar la sección como una de las formas para corregir la situación del
déficit presupuestario de los Estados Unidos. El presidente recomendó la
eliminación de la sección y su sustitución por un crédito salarial.
En esta ocasión diversos sectores, incluido el gobierno del PNP, decidieron no
hacer esfuerzos por abogar a favor de la sección, ya que la posición del
gobierno de los Estados Unidos resultaba difícil de modificar. En febrero de
1993 un editorial de Antonio Luis Ferré en El Nuevo Día explicaba varias de las
razones para abandonar la defensa de las 936. Entre estas razones se encontraba
el enorme déficit del gobierno estadounidense ($300 mil millones en 1993) y la
pérdida en contribuciones del gobierno sobre las ganancias de 71 empresas que
generaban casi $1200 millones y que sólo empleaban a 20,000 personas. Ferré
señalaba que quien intentara oponerse a la determinación del gobierno federal
fracasaría, y que lo que debía hacer el gobierno de Puerto Rico y los grupos interesados
era "negociar la transición más favorable posible y no en defender lo
indefendible".[32]
De 1993 a 1996 se desató la "batalla por
la supervivencia de la 936" ante la inminente modificación de la sección y
su posible eliminación. En agosto del 1993 la sección sufrió cambios a manos
del Congreso pero se salvó. Entre los cambios efectuados se encontraba una
limitación al crédito contributivo que las empresas podían atribuir a su
producción manufacturera en la isla. Este crédito sería de sólo un 40 % a
partir de 1998, en vez del 100 % original.[33] En ese momento la salvación de
las 936 fue vista como un logro, sin embargo, las críticas en los Estados
Unidos contra la sección continuaron[34]y en los años del 1994 al 1996 el
Congreso estadounidense continuó con los planes para la eliminación de la
sección.
Entre septiembre de 1995 y julio de 1996 el
Congreso efectuó otro proceso de
revisión de la sección 936. En esta ocasión los grupos que anteriormente habían
cabildeado a favor de la sección estuvieron divididos y fracasaron en sus esfuerzos.
La sección 936 fue derogada oficialmente en agosto de 1996. En las
disposiciones de dicha derogación se estableció un periodo de gracia de 10 años
para las compañías que operaban en Puerto Rico, ello bajo la llamada sección
30A. En ese momento la opinión pública puertorriqueña estaba convencida de que
lo que sobrevendría sería el caos total, que comenzaría "el fin de la
economía de Puerto Rico". Esto ocurría en un momento en que los fondos 936
depositados en Puerto Rico se estimaban en aproximadamente $15 mil
millones[35]y la isla atravesaba por la "bonanza económica" de los
años noventa. Se temía que como la derogación de la 936 hacía inmediata la
eliminación de la disposición en la que se sustentaban estos fondos,[36]las
corporaciones los retirarían de la banca local de inmediato, causando esto un
"colapso bancario".
Como es típico en Puerto Rico, los dimes y
diretes y los ataques políticos hicieron su aparición en la opinión pública. En
múltiples programas de análisis político, analistas, ciudadanos y
políticos dejaron sentir su opinión, de acuerdo con sus ideales políticos. Los
populares argumentaron que Rosselló, en contubernio con el entonces Comisionado
Residente en Washington Carlos Romero Barceló,[37] habían "entregado"
las 936 para arruinar la isla y así forzar la concesión de la estadidad. Por su
parte, los penepés defendían la gestión de
Rosselló y argumentaban que se había eliminado el "mantengo
corporativo" que apoyaba el estatus colonial de la isla.
En 1996 y en medio del revuelo causado por
la eliminación de la 936, varios economistas[38]analizaron la situación y
pronosticaron un panorama diferente al "desastre económico" discutido
por la opinión pública. Estos expertos señalaban que no había ningún riesgo de
colapso del sistema financiero local, ya que aún si los fondos 936
eran una fracción considerable de los recursos totales del sistema bancario
del país, su desaparición no amenazaría la solvencia de las instituciones. Ahora,
ello no significaba que no habría ningún efecto negativo, ya que los fondos
podrían ser reemplazados, pero a un costo más alto.[39] Esto se traduciría en
una menor disponibilidad y un encarecimiento del financiamiento, en especial para el sector público (bancos del
gobierno).[40] Sin embargo, esta situación de la emigración de fondos 936 no
debía producir un efecto negativo considerable en el sistema económico.[41]
Otro de los planteamientos hechos por
economistas en el año 1996 se relacionaba con la producción y las inversiones.
Los expertos señalaban que aún con las reformas hechas a las 936 en 1993 la
producción manufacturera había continuado expandiéndose[42]y que las pérdidas
ocasionadas por la derogación de las 936 podrían ser compensadas de varias
formas. El experto Ángel L. Ruiz señalaba que "pese a la significativa
importancia de las corporaciones 936 en el sector manufacturero, el impacto en
el resto de la economía no parece ser tan alto como la mayoría de la gente
cree".[43] Ruiz añadía que sus investigaciones revelaban el potencial de
la economía puertorriqueña para asimilar las pérdidas de producción con menos
consecuencias severas que los estimados hechos por el gobierno federal.[44]
Además, sobre el empleo enfatizaba
que si Puerto Rico adoptaba unas políticas industriales
que indujeran a la diversificación de la economía, en 10 años se podría superar
la incertidumbre post-936. Ello porque las empresas que no son 936 tienen un
mayor potencial para crear empleos que las propias firmas 936.[45]
Ante la interrogante sobre qué hacer luego
de desaparecer la 936, varios economistas plantearon ciertas alternativas en
común.[46] La más relevante de todas era explorar todas las posibilidades que
ofrece la Sección 901 del Código de
Rentas Internas Federal. Dicha sección permite a las corporaciones
estadounidenses establecidas en países extranjeros (o en jurisdicciones
consideradas extranjeras para fines contributivos) reclamar un crédito
contributivo al gobierno de los E.U. en función de
las contribuciones pagadas en la jurisdicción extranjera.[47] Otra de las
recomendaciones era la exploración y movilización del capital y
recursos locales (fondos de cooperativas, aseguradoras y corporaciones
públicas).[48] Estas recomendaciones, en la opinión de los expertos debían
estar acompañadas de un "reenfoque" de la política de desarrollo de
Puerto Rico, ya que ésta no estaba a la par con el resto del mundo.[49]
Si el gobierno de Puerto Rico adoptó algunas
de las recomendaciones de los economistas o no, eso es otro tema, lo que si
ocurrió es que entre 1997 y el año 2000 los cambios ocurridos en la economía de
la isla "post 936" produjeron una serie de artículos periodísticos y
expresiones públicas que "complicaron" el panorama ante la opinión
pública. Para mediados de 1997 los funcionarios del gobierno reportaban que la
economía de Puerto Rico y el sector bancario continuaban mostrando un
crecimiento positivo, pero que en los años subsiguientes crecería a un ritmo
más lento.[50] Esta perspectiva era compartida en un informe de la Oficina de
Contabilidad General (GAO) que determinaba que la economía de P.R. estaba en
crecimiento y que habría que esperar años para saber el impacto de la eliminación
de las 936.[51] A pesar de la perspectiva positiva del gobierno del PNP, la
situación no parecía ser tan halagadora, ya que se debatían varias alternativas
para incentivar a las empresas a quedarse en P.R. y para atraer a otras
industrias.[52] Los funcionarios del gobierno señalaban que el crecimiento económico futuro de la isla sería propulsado por
los sectores de la construcción y
los servicios y
no por la manufactura. El gobierno contemplaba hacer
ajustes contributivos para las empresas[53]pero algunos conocedores de las 936
opinaban que "esas empresas grandes no se van a ir por issues
contributivos sino económicos", ya que "esas empresas cuentan con
exenciones contributivas", que lo que habría que ofrecerles para que no se
fueran del país eran medidas que sobrepasaran el atractivo de la mano de obra
barata de otros países.[54]De acuerdo con esto, las estrategias del
gobierno parecería que no tendrían un efecto positivo.
La imagen del
final de la 936 en la prensa puertorriqueña se tornó aún más confusa con la
publicación de las opiniones y denuncias de políticos sobre los efectos económicos
ocurridos en la isla. En medio del caldeado ambiente político
puertorriqueño y de cara a un plebiscito sobre el estatus en 1998, los
políticos populares y penepés asumieron posturas encontradas sobre las causas y
el significado de los cambios económicos del Puerto Rico post 936.
En agosto de 1997 los entonces legisladores
del PPD Eduardo Bhatia y Jorge De Castro Font denunciaron en la prensa un aumento
en la cifra del desempleo y la pérdida de "10,563 en unos 115 cierres
permanentes de fábricas norteamericanas acogidas a la sección 936".[55]
Ambos legisladores responsabilizaban al gobierno de Rosselló que había
permitido la eliminación de la 936.[56] Ante estos planteamientos, el entonces
secretario del Departamento del Trabajo César
Almodóvar respondió que pese a la pérdida de empleos manufactureros, todos los
demás sectores de la economía habían registrado aumentos en el empleo.[57] Por
su parte, el entonces administrador de Fomento Económico Jaime Morgan
Stubbe planteaba que los cambios en el empleo se debían al cierre de operaciones de
la industria de
la aguja y que esto era un patrón a nivel internacional, que no tenía que ver
con la 936.[58]
Para finales de 1997 las condiciones de la
industria en Puerto Rico continuaron cambiando, lo que obligó a varias empresas
a reconsiderar su permanencia en la isla.[59] Sin embargo, para varias empresas
este proceso significó el cierre permanente de operaciones y el despido de
empleados.[60] Esta situación provocó fuertes reacciones entre los políticos
locales que expresaron sus opiniones en la prensa. El entonces senador del PPD
Eduardo Bhatia señaló que había "evidencia de un patrón de cierres"
que ocurrían "debido a que Puerto Rico está perdiendo su competitividad bajo
la administración
Rosselló".[61] En opinión del entonces senador Aníbal Acevedo Vilá, la
situación era "más seria de lo que ha querido admitir el gobierno" y
que era obvio que "no había un plan para
retener estos empleos".[62]
La discusión pública sobre los cierres de
fábricas continuó en 1998, al anunciarse el cierre de la compañía de
electrónicos Motorola en Vega Baja, en el que unas 1,500 personas perdieron el
empleo. El presidente del PPD Aníbal Acevedo Vilá culpó al gobernador Pedro
Rosselló de dicho cierre, argumentando que "el gobierno de Pedro Rosselló
ha abandonado la política de atraer fabricas a Puerto Rico" y que el
gobernador debía dejar de "tapar el cielo con la mano, ya que la realidad
es que en el último año se han perdido alrededor de 25 mil empleos en Puerto
Rico".[63] Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio Carlos
Vivoni, rechazó que el cierre de la Motorola estuviera relacionado con la 936,
y lo atribuyó a una baja en sus ventas. El secretario argumentaba que la empresa en
cuestión trasladaba sus operaciones a México y
la Florida, donde tendría que pagar todo tipo de impuestos, lo que para él
indicaba que "consideraciones contributivas no tomaron vigencia en esta
decisión". Vivoni indicaba que pese a un "leve aumento" en el
desempleo en la manufactura, desde el punto de vista macro, la economía
puertorriqueña continuaba robusta debido al aumento de empleos en otros sectores
como los servicios, comercio, transportación, finanzas y
construcción. [64]
Con las posiciones asumidas por los
políticos del PPD y los funcionarios del gobierno del PNP la discusión se
intensificó, ya que en abril de 1998 en una noticia titulada "El final de
las 936 como eje de la declinación", los economistas Santos Negrón y José
Alameda señalaban que los cierres de empresas a causa de la eliminación de la
936 se habían extendido. Que dichos cierres, que en un principio eran de
industrias de mano de obra intensiva (industrias de la aguja y procesamiento de alimentos), ahora estaban ocurriendo en
industrias electrónicas y de productos médicos.
Además, expresaban que el crecimiento económico local se debía a la cuantiosa
inversión en construcción de obras de infraestructura gubernamental y del dinero de
la economía informal. Esto según los economistas, "disfrazaba" lo que
realmente ocurría en la economía formal.[65] En esos días, el senador Eduardo
Bhatia reveló un estudio de la firma Political Risk Services Inc., en el que se
destacaba que la posición de Puerto Rico como lugar para propósitos de
inversión había decaído de ser la número uno en 1990 y 1991 a la posición 22 en
1997. Según el informe, ello se debía a "los cambios efectuados en la
sección 936 y a la capacidad del gobierno de contrarrestarlos".[66]
Ante estas últimas revelaciones, Carlos
Vivoni rechazó el que los inversionistas hubiesen disminuido su interés en
Puerto Rico, a la vez que planteaba sus dudas sobre las conclusiones del
informe de Political Risk.[67]No obstante, el propio gobernador Pedro Rosselló
admitió que la inversión en la manufactura continuaría decreciendo, según él,
en la medida en que las economías mundiales se muevan hacia las áreas de servicio y
comercio.[68] Como si fuera poco, la entonces presidenta de la Junta de Planificación Norma Burgos, también opinó sobre el
informe. Burgos cuestionó el documento e indicó que éste "no toma en
cuenta una serie de indicadores aceptados
a nivel internacional para evaluar la situación económica de un país, y que
esto le restaba confiabilidad y seriedad al estudio".[69] Además aseguraba
que otros estudios "aceptados a nivel internacional" han demostrado
en los últimos cinco años, un crecimiento económico sostenido en Puerto
Rico.[70]
Para abril de 1999 las noticias sobre
la economía de la isla reportaban una serie de datos alarmantes. En un artículo
titulado "Se desangra la manufactura" se indicaba que la pérdida de
empleos desde 1996 hasta abril de 1999, sumaba 13,200 empleos y que alcanzaría
los 15,000 en junio de ese año, siendo más de la mitad de ellos de empresas
936.[71] En dicho artículo los economistas José Alameda, Heidi Calero y el
director de la Asociación de Industriales de Puerto Rico William Riefkohl,
opinaban sobre la carencia de un incentivo industrial en la isla para atraer
nuevas inversiones. La economista Calero destacaba que las cifras del
Departamento del Trabajo que indicaban un descenso en el desempleo se debían a
que cerca de 50,000 personas habían abandonado la fuerza laboral, lo que había contribuido a bajar la
tasa de participación en ese renglón.[72] Una opinión parecida se planteó en el
articulo titulado "Vinculan los cierres con el factor 936", en el que
varios expertos de la industria coincidían en que "contrario a la posición
oficial del gobierno, la eliminación de la sección 936 si ha sido un factor que
junto a otros factores, ha perjudicado el empleo en la manufactura y la
economía local".[73] En dicho articulo el economista Francisco Catalá
argumentaba que "el gobierno sabe esto pero como metieron la pata no lo
van a admitir".[74]
Tal parece que la pugna entre las
"perspectivas encontradas" sobre los efectos post 936 comenzó a
decaer en el transcurso del 1999. Esto porque para junio de ese año se
reportaba una reunión entre el secretario de Desarrollo Económico y Comercio
Carlos Vivoni y representantes del sector privado en un "esfuerzo conjunto
para buscar alternativas para fortalecer el sector manufacturero".[75] En
dicha noticia el propio Vivoni es citado diciendo que "creo que hay una
coincidencia en el pensamiento de
que Puerto Rico enfrenta unos retos, pero también unas oportunidades".[76]
Quizás esto se percibió como una esperanza para muchos puertorriqueños, que
tras la larga "confusión" sobre los efectos económicos post 936,
ahora veían al gobierno coincidir sobre la situación del país.[77]
Años después del final de la sección 936 la
discusión sobre el tema aún existe. En una columna titulada "A 10 años de la muerte de
las 936" el economista Gustavo Vélez plantea que aunque nos gustara o no,
la viabilidad del modelo económico
local dependía de las 936 y que por ello no se pueden negar los efectos
adversos que tuvo su eliminación.[78] El economista opina que el gobierno local
le entregó al Congreso la 936 a cambio de
nada, por consideraciones políticas. Para Vélez, Puerto Rico ha perdido la
competitividad que una vez tuvo como destino de inversión y que "el
entregar la 936 implicó la muerte lenta
al sistema económico local". Añadiendo que "de ser una economía
próspera y dinámica, hoy cada día somos más dependientes,
no del mantengo corporativo, sino del mantengo social que viene del
norte."[79]
Hoy día las culpas sobre la situación
económica de Puerto Rico se reparten más allá de los círculos políticos
locales, como lo indica un editorial del periódico The
New York Times,[80] el cual dice que el gobierno federal contribuye
negligentemente al grave deterioro en las condiciones de vida en la isla.[81]
El diario estimó que el mal manejo del programa de
incentivos contributivos, sección 936, llevó a que la iniciativa produjera
relativamente pocos empleos a un costo muy alto.[82]
En los años de 2006 y 2007 se termina el
periodo de gracia de 10 años concedido al eliminarse la sección 936. La
economía de Puerto Rico sigue enfrentando cambios y según lo reporta la prensa,
los cierres de industrias han continuado en diferentes pueblos de la isla.[83]
Entre estos cierres se destacaron los de industrias farmacéuticas y
electrónicas[84]que aluden a "diversas razones" para su cierre de
operaciones.[85] Si bien es cierto que los cierres de fábricas continúan,
también ocurre el establecimiento de nuevas industrias en la isla. Algunas de
las más notables se relacionan con el sector de la "alta tecnología",
como lo son la industria aeroespacial[86]y la biotecnología.[87] De acuerdo con el director
ejecutivo de la Compañía de Fomento Boris Jaskille y el gobernador Aníbal
Acevedo Vilá, Puerto Rico ofrece buenos incentivos, una infraestructura
avanzada, personal altamente
especializado (especialmente en ingeniería) y una mano de obra diestra y
productiva para atraer a este tipo de industria.[88] Además de esto, muchas de
las plantas cerradas
han sido vendidas a otras industrias que se establecen en la isla.[89] En el
futuro inmediato, aún queda por observarse el resultado de las gestiones
económicas emprendidas por el gobierno para el desarrollo de la industria en
Puerto Rico.
De 1976 a 1996 la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados
Unidos funcionó en Puerto Rico como el principal incentivo contributivo para la
inversión industrial. La aplicación en la isla de dicha sección benefició a
varios sectores de la economía puertorriqueña, en especial al sector
financiero. La 936 sufrió enmiendas de parte del Congreso de los Estados Unidos
en varias ocasiones, lo que ocasionó que fueran disminuyendo sus beneficios
contributivos para las industrias, hasta decretarse su eliminación en 1996.
La eliminación de la sección 936 y los
posteriores cambios en la economía de Puerto Rico fueron procesos que generaron una amplia cobertura y
discusión en los medios noticiosos. Las transformaciones
económicas ocurridas en la isla entre 1997 y 2000 generaron incertidumbre en la
opinión pública y fueron interpretadas por políticos y funcionarios públicos
desde una perspectiva político partidista. Fue por ello que los cierres de
industrias y el despido de trabajadores fueron planteados por los políticos y
funcionarios afiliados al Partido Popular Democrático, como un efecto negativo
producto de la pérdida de la 936.
Según los afiliados al PPD Puerto Rico estaba perdiendo su competitividad en el mercado económico internacional y el gobierno
del Partido Nuevo Progresista (PNP) no quería reconocer dicha realidad, por
haber contribuido a ella. Por su parte, los políticos y funcionarios del PNP
interpretaron los eventos económicos del Puerto Rico de finales
de los noventa de otra forma. Estos planteaban que las transformaciones
económicas de la isla no tenían que ver con la derogación de la 936, sino que
formaban parte de ciclos económicos internacionales. Además argumentaban que
los indicadores económicos mostraban que la economía local marchaba bien y se
mantenía en buenas condiciones.
La "discrepancia" entre las
versiones sobre lo ocurrido en la economía puertorriqueña entre 1997 y el 2000
tuvo el efecto de crear confusión en la opinión pública. Cada sector político,
populares y novo progresistas, atacaba y cuestionaba en la prensa los datos y
la evidencia presentada por el bando contrario. En ocasiones los comentarios de
algunos políticos resultaban contradictorios ante los planteamientos y las
posturas oficiales de los funcionarios gubernamentales de su propio partido, lo
que abonaba al desarrollo de una imagen confusa sobre el Puerto Rico post 936.
Si bien fueron ciertas las transformaciones económicas en Puerto Rico, las
influencias político partidistas presentes en las opiniones sobre los efectos
post 936 hacían difícil distinguir cuáles eran los argumentos validos y cuál
era la "demagogia" política. Probablemente la economía del Puerto
Rico post 936 no sufrió un desastre tan grave como lo plantearon algunos, pero
tampoco se mantuvo tan vigorosa y dinámica como argumentaron otros.
En el presente las transformaciones
económicas en la isla continúan. Los cierres de fábricas y el despido de
trabajadores están presentes, así como también el establecimiento de nuevas
industrias y la creación de empleos. El tema de la eliminación de la 936 aún se
recuerda y continúa siendo punto de discusión entre economistas y políticos.
Sin embargo, con el fin del periodo de gracia de 10 años de las 936 (decretado
de 1996 a 2007), el panorama económico del Puerto Rico post 936 presenta nuevas
interrogantes. Algunas de estas interrogantes se relacionan con las iniciativas
del gobierno actual a favor de las industrias de alta tecnología, y si éstas
tendrán los efectos económicos esperados.
Fuentes primarias
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3 de mayo de 1997.
18 de junio de 1997.
15 de agosto de 1997.
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23 de agosto de 2006.
24 de agosto de 2006.
25 de agosto de 2006.
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15 de agosto de 1997.
19 de agosto de 1997.
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[1] Francisco A. Scarano, Puerto Rico, Cinco
Siglos de Historia, Segunda Edición, México, Mc.Graw-Hill, 2000, pp. 929-932.
[2] Scarano,
op.cit., pp. 931-932; Emilio Pantojas –García, Development Strategies as
Ideology, Puerto Rico Export-Led Industrialization Experience, Boulder & London,
Lynne Rienner Publishers, 1990, pp. 144-145. Según Pantojas, para mediados de los
1970’s Puerto Rico había perdido su ventaja de bajos salarios en
la mano de obra ante México, otros países del Caribe y países asiáticos. El
costo de la transportación marítima había aumentado vertiginosamente, a pesar
de que el gobierno del ELA había creado las “Navieras de Puerto Rico”. Además,
para 1976 el costo promedio de la electricidad a nivel industrial era entre
31 a 120
% más alto que en los Estados Unidos.
[3] Scarano, op.cit., p.934; Pantojas,
op.cit., p.148; James L. Dietz, Historia Económica de Puerto Rico, Rio Piedras,
Ediciones Huracán, Inc., 1989, p.320.
[4] Pantojas, op.cit., p.148; Dietz,op.cit.,
p.320; Jaime Bofill Valdés, “Trayectoria de la sección 936 desde 1976 a 1996”,
Boletín de Economía, Vol. I, Núm. 4, abril-junio 1996, p.4.
[5] Dietz, op.cit., p.321.
[6] Scarano, op.cit., pp.935 y 936; Dietz,
op.cit., p.322. Entre 1982 y 1983 las corporaciones 936 obtuvieron ganancias
equivalentes a 98 % de su capital y las farmacéuticas el equivalente a 246 % de
su capital.
[7] Bofill Valdés, op.cit., p.4; Scarano,
op.cit., pp.938 y 939.
[8] Guillermo A. Baralt, La Razón del
Equilibrio, La Vida de Luis A. Ferré, Volumen II [1968-1998], San Juan,
Fundación El Nuevo Día, Inc., 1998, pp.204 -205. A instancias del entonces
gobernador Carlos Romero Barceló y de Mariano Mier, entonces presidente del
Banco Gubernamental de Fomento, se implantó un programa basado en la
reinversión en actividad económica en Puerto Rico de las ganancias de las
empresas 936, viabilizando que la banca privada pudiera absorber dichas
ganancias.
[9] Ibid., p.240.; Guillermo A. Baralt,
Historia deEl Nuevo Día 1909-2000, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas,
Inc., 2002, pp.330-331. Estos fondos se depositaban principalmente en los
bancos estadounidenses Chase Manhattan Bank y Citibank y en los canadienses
Royal Bank y Scotia Bank.
[10] Baralt, La Razon del…, p.240. Puerto
Rico sufrió la reducción de aproximadamente el 30 % del total de la asistencia
federal a la isla. Uno de los efectos de dicha reducción fue la pérdida de 25
mil empleos en el gobierno.
[11] Loc.cit.
[12] Baralt, La Razón del …, p.241. Las
farmacéuticas, con ganancias de 246 % de su capital, fueron el principal blanco
del ataque de los investigadores senatoriales.
[13] Pantojas, op.cit., p.152; Baralt, La
Razón del…, pp. 241-243.
[14] Bofill Valdés, op.cit., p.4. La ley “Tax
Equito and Fiscal Responsability Act” o TEFRA aumentó de 50 a 65 % el ingreso
originado dentro de la posesión, proviniendo el restante 35 % del ingreso de la
reinversión de los fondos. Además, se introdujo dos modos para determinar el
ingreso acreditable, el método de ganancia compartida y el de costo compartido.
[15] Pantojas, op.cit., pp.153 y 154.
[16] Baralt, La Razón del …, p.243; Historia
de El…, p.332.
[17] Pantojas, op.cit., p.155. Según el
autor las corporaciones transnacionales continuaban “canalizando” billones de
dólares de ganancias globales a través de Puerto Rico, utilizando una
sofisticada red financiera internacional.
[18] Ronald
Fernández, The Disenchanted Island, Puerto Rico and the United States in the
Twentieth Century, Westport, Connecticut, Paeger Publishers, 1996, p.250. El
autor
señala que los cabilderos de las farmacéuticas enviaron cartas a
Washington donde exponían argumentos sobre las consecuencias negativas de la
eliminación de las 936. Algunos de estos argumentos eran una posible emigración
“masiva” de puertorriqueños desempleados a los Estados Unidos, la pérdida de
250 mil empleos en los E.U. y que el retiro de los fondos 936 de la banca en
Puerto Rico causaría un desastre bancario nunca antes visto.
[19] Scarano, op.cit., p.937; Aline
Frambes-Buxeda, “Falsas expectativas del Plan del Caribe para la subregión a la
luz de las experiencias de Puerto Rico”, en Carmen Gautier Mayoral, et al.,
compiladores, Puerto Rico en la Economía Política del Caribe, Rio Piedras,
Ediciones Huracán, Inc., 1990, p.77. Este proyecto les ofrecía a la mayoría de
los países del Caribe y América Central,
el libre acceso al mercado de los E.U. y de P.R. durante 12 años y $ 350
millones en ayuda económica. Además, se les ofrecían alivios contributivos y créditos otorgados
por E.U. a las firmas privadas que invirtieran en la región.
[20] Bofill Valdés, op.cit., p.4. Se redujo
el ingreso pasivo de las corporaciones de 35 % a un máximo de 25 %.
[21] Baralt, Historia de El…, p.335. El
autor señala que El Nuevo Día brindó amplia cobertura al debate y las
negociaciones sobre la 936 en 1986.
[22] Pantojas, op.cit., p.166.
[23] Loc. Cit. El autor señala que P.R. con
tan solo el 5.8 % de la producción de Canadá y el 3.8 % de la producción del
reino Unido, generaba más ganancias para las transnacionales que cada uno de
estos países.
[24] Dietz, op.cit., p.335; Guillermo A.
Baralt, Tradición de Futuro, el Primer Siglo del Banco Popular de Puerto Rico
1893-1993, San Juan, Carimar, 1993, p.281. Dietz señala que más del 90% de
estos fondos maduran a los 90dias o menos, lo que era a duras penas algo útil
para usos productivos a largo plazo. De acuerdo con Baralt en 1989 el Banco
Popular tenía depósitos de aproximadamente $1000 millones de fondos 936. Esto
lo convertía en el tercer depositario de certificados de depósitos 936 en P.R.
[25] Dietz, op.cit., p.335. Según Dietz, el
bajo nivel de inversión en nueva planta y maquinaria, elementos que amplían la
capacidad del proceso de producción, indicaba un limitado compromiso con la
economía por parte de de las subsidiarias de las grandes empresas.
[26] Fernández, op.cit., p.251. Se menciona
que las compañías Baxter Laboratories habían reportado ahorros contributivos de
$73 millones en 1988 y $75 millones en 1989, Abbot reportó ahorros de $78
millones en 1987, $76 millones en 1988 y $79 millones en 1989 (de P.R. e
Irlanda) y Smith Kleine Beecham reportó $53 millones en 1988 y $76 millones en
1989 (de P.R. e Irlanda).
[27] Ibid., p.254.
[28] Pantojas, op.cit., p.167; Fernández,
op.cit., p.249. Fernández señala que el Puerto Rico Business Review indicaba
que de 1977 a 1985 el crecimiento neto en la manufactura había sido de 277
empleos. Pantojas por su parte señala que de 1976 a 1988 los empleos en la isla
aumentaron de 678 mil a 873 mil, bajando la tasa de desempleo de 19.4 a 15.9 %.
Sin embargo, continuaban existiendo 165 mil desempleados en la isla.
[29] Pantojas, op.cit., p.168; Fernández,
op.cit., p.254. Los autores señalan que las transferencias federales en 1991
representaban cerca de un 21.9 % del ingreso personal en P.R. y que habían
tenido un crecimiento porcentual más alto que el crecimiento de los salarios.
[30] Pantojas, op.cit., pp.176, 177 y 179.
Otro sector dentro del estadismo simpatizaba con la estrategia de desarrollo
económico de las 936 y abogaba por su permanencia. No obstante las posiciones
de los líderes políticos, las corporaciones, las instituciones financieras y
sus ejecutivos se inclinaban hacia la formula del ELA, que era la que mantenía
las 936, aunque en el debate público las compañías “aparentaban” estar fuera de
la discusión.
[31] Baralt, Historia de El…, p.489.
[32] Ibid., pp.490 y 491. En abril de 1993
Antonio L. Ferré instó a los diversos sectores de la isla y a los lideres del
PNP a que apoyaran la propuesta del entonces gobernador Pedro Rosselló para
hacer enmiendas a la 936, por ser a juicio de Ferré, la que más probabilidad tenia
de ser aceptada en Washington. instó a los líderes del PPD y a los sectores
empresariales que pretendían que se dejase intacta la sección, a que
desistiesen de sus intentos.
[33] Ibid., p.491; Bofill Valdés, op.cit.,
pp.4 y 5. La ley “Ómnibus Budget Reconciliation” (OBRA), establecía que el
crédito contributivo sería de 60 % para 1994, 55 % en 1995, 50 % en 1996, 45 %
en 1997 y 40 % en 1998 y años subsiguientes.
[34] Baralt, Historia de El…, p.491. Se
menciona que el diario The Wall Street Journal describió a la sección 936 como
una droga a
la que Puerto Rico estaba adicto y que dicha sección era un ejemplo del
mantengo corporativo en su peor forma.
[35] Juan Lara, “Los fondos 936 en el
sistema financiero de Puerto Rico”, Boletín de Economía, Vol.1, Núm.4,
abril-junio 1996, pp.20 y 22.
[36] Loc.cit. Esto era el “Qualified
Posesión-Source Investment Income” (QPSII), que estipulaba que los depósitos de
936 en los bancos locales no pagaban contribuciones federales por los intereses
devengados en dichos depósitos. Dicha disposición se derogó de inmediato y con
retroactividad a julio de 1996.
[37] Fernández, op.cit., p.255; Baralt,
Historia de El…, p.490. Fernández señala que Romero, quien había defendido la
sección en 1982, creía en que la eliminación de la 936 era un eficaz método
para alcanzar la estadidad, ya que con los puertorriqueños en una situación de pobreza el
Congreso de E.U. tendría que concedérsela a Puerto Rico. Baralt señala que en
un editorial de 1993, Antonio Luis Ferré había criticado a Romero por no actuar
de forma cónsona con las propuestas de Rosselló. Ferré decía que Romero “le
estaba haciendo daño a
Puerto Rico pues el gobierno estaba enviando un mensaje, y el por su parte,
estaba dando otro”.
[38] Lara, op.cit.; Ángel L. Ruiz, “The
Economic Impact of Firms Operating Ander Section 936: Come Controversial
Issues”; Fernando Zalacaín, “Algunos impactos económicos de la eliminación de
la Sección 936”, Boletín de Economía, Vol. 1, Núm.4, abril-junio 1996.
[39] Lara, op.cit., p.24; Zalacaín, op.cit.,
p.14.
[40] Zalacaín, op.cit., p.14. Esto sería así
para el Banco de Desarrollo Económico y el Banco de Fomento, en los cuales gran
parte de sus recursos provenían de fondos 936 y que experimentarían una
reducción de sus ingreso neto, en la medida en que los fondos migren hacia el
exterior.
[41] Loc.cit.
[42] Loc.cit. Muchas de estas reformas del
1993 habían restado atractivo a la sección y limitado sus beneficios
económicos.
[43] Ruiz, op.cit., p.13. El autor planteaba
que el factor multiplicador de las empresas 936 y su capacidad para generar
empleos no eran tan altos como se creía.
[44] Ibid., pp.7 y 8. Ruiz se refería a los
estimados del Congressional Budget Office (CBO) en 1990, que predecía una
pérdida de un 37 a un 47 % del capital y la producción de las corporaciones 936
para el año 2000.
[45] Ibid., pp.8 y 12.
[46] Francisco A. Catalá Oliveras, “De la
seccion 936 al pluralismo institucional”; Erick G. Negrón Rivera, “Sobre la
901”; Ramón J. Cao García, “¿Existe vida después de la Sección 936?”, Boletín
de Economía, Vol. 1, Núm.4, abril-junio 1996.
[47] Catalá, op.cit., p.26; Negrón, op.cit.,
pp.27-28; Zalacaín, op.cit., p.17; Cao García, op.cit., p.30.
[48] Catalá, op.cit., p.26; Cao García,
op.cit., p.30.
[49] Catalá, op.cit., p.25; Cao García,
op.cit., p.31. Catalá indicaba que en este reenfoque no debía dependerse, ni de
la mano de obra barata para atraer industrias, ni de los fondos federales como
mecanismo para compensar las insuficiencias de la economía. Lo que debía
buscarse era la eficiencia, la productividad y vencer la dependencia. Por su parte
Cao García planteaba que P.R. debía utilizar como atractivo económico su población altamente
educada y diestra, su sofisticado sistema financiero, su extensa base
industrial y su amplia infraestructura.
[50] El Nuevo Día, 3 de mayo de 1997. En la
noticia titulada “Vientos de debilitamiento económico” se informaba que los
fondos 936 se mantenían estables en la banca con alrededor de $14,600 millones.
Sin embargo, se reportaba que los empleos en la manufactura se reducían al igual
que las exportaciones.
[51] El Nuevo Día, 18 de junio de 1997, p.7.
La noticia titulada “Desestimada la emergencia económica de la isla” señalaba
que la tasa de empleos se mantenía estable a pesar de los cambios hechos a la
936 desde 1993.
[52] Una de las críticas que historiadores,
economistas y analistas políticos hacen sobre el proceso de eliminación de la
936, lo es el que el gobierno del entonces gobernador Pedro Rosselló no
“negoció” la derogación de la sección, exigiendo en sustitución algún tipo de incentivo
económico.
[53] El Nuevo Día, 3 de mayo de 1997; 15 de
agosto de 1997, p.7. Entre las propuestas que se consideraban estaba el
eliminar el “tollgate tax” y mantener una contribución sobre ingresos para las
corporaciones de entre un 7 a un 10%.
[54] El Nuevo Día, 15 de agosto de 1997,
p.7.
[55] El Vocero, 15 de agosto de 1997, p.13,
“Denuncia aumento cifra desempleo”; El Nuevo Día, 19 de agosto de 1997, p.95,
“Dimes y diretes por la 936”; El Vocero, 19 de agosto de 1997, p.8, “Han
cerrado 155 fábricas sección 936”. Los legisladores basaron sus denuncias en
sendos informes del
Banco Gubernamental de Fomento (BFG) y de Fomento Económico.
[56] El Vocero, 19 de agosto de 1997, p.8;
15 de agosto de 1997, p.13.
[57] El Vocero, 15 de agosto de 1997, p.13.
[58] El Nuevo Día, 19 de agosto de 1997,
p.95. El titular de Fomento destacó que el 80% de los cierres se debía a la crisis
de la industria de la aguja. Además, comparó el que entre 1989 y 1992, la época
de apogeo de las, 936 hubo 173 cierres con una perdida de 15,857 empleos.
[59] El Nuevo Día, 14 de noviembre de 1997,
p.60. En los artículos “Tras alternativas las empresas 936” y “Una de cal y
otra de arena”, abogados y consejeros contributivos explicaban que las
alternativas más viables para las empresas 936 eran convertirse en
corporaciones de Puerto Rico o en filiales de (CFC) Controled Foreign
Corporation.
[60] El Nuevo Día, 13 de noviembre de 1997,
p.66, “Sin empleo cien trabajadores”; 12 de diciembre de 1997, p.4, “Se rompen
las costuras al empleo”; 13 de diciembre de 1997, p.92, “Se esfuman 387 empleos
en Yauco”. Se reportaba el despido de 100 trabajadores de la Barranquitas
Knitting Mills, el cierre de la Maidenform en P.R. con el despido de 800
empleados, los cierres de la Cadillac Industries y Ropa Sultana y la reducción
de más de 300 empleos en la atunera Star Kist en Mayagüez. Además se recordaban
los anteriores cierres de la PL Industries en Yauco, con el despido de 387, el
de una fabrica de espejuelos, la fabrica de colchones Eco y una planta de
productos dentales Oral B.
[61] El Nuevo Día, 13 de diciembre de 1997,
p.92, “Persiste el vínculo con las 936”; El Vocero, 13 de diciembre de 1997,
p.20, “Legislador culpa Rosselló: ve por el suelo competitividad
Isla”. Bhatia criticaba que ante cierres como el de la Baxter en Carolina y el
de Next Level Systems en Barceloneta, el administrador de Fomento Económico
Jaime Morgan Stubbe alegara que no sabía nada al respecto.
[62] El Nuevo Día, 13 de diciembre de 1997,
p.92.
[63] El Nuevo Día, 16 de abril de 1998,
p.12, “Culpan al Gobernador por pérdida de empleos”.
[64] Ibid., p.10, “Niega nexo entre cierre
de Motorola y las 936”. Para el economista José Alameda la operación de
Motorola sería más rentable en países con mano de obra más barata que P.R. Por
su parte para el economista Alfredo Gonzáles Martínez, la 936 si fue un factor
importante y advertía que el caso de Motorola “va a ser repetitivo” en otras
empresas, lo que ponía en tela de juicio la efectividad de la nueva ley de
incentivos industriales de P.R. para atraer nuevas empresas y retener las que
tiene.
[65] El Nuevo Día, 17 de abril de 1998, p.5.
Se indicaba que entre 1997 y 1998 se habían perdido 15,000 en la manufactura y
que este sector era el que generaba el 40 % del ingreso bruto del país.
[66] El Nuevo Día, 17 de abril de 1998, p.4,
“Decae el imán que atraía capitales”. Bhatia denunciaba que el gobierno de
Rosselló había cabildeado ante el Congreso para que se eliminara la sección 936
a cambio de la sección 30A, la cual no se había logrado.
[67] Loc.cit., El Vocero, 18 de abril de
1998, p.7, “Vivoni niega descalabro económico”. Según Vivoni los datos
revelados en el informe no reflejaban la realidad sobre el crecimiento
económico de los países encuestados.
[68] El Vocero, 18 de abril de 1998, p.7.
[69] El Vocero, 20 de abril de 1998, p.11,
“Polémica sobre economía: Burgos saca sus propios números”. Burgos señalaba
entre otras cosas, que en los años en que Political Risk situaba a Puerto Rico
en el primer lugar, el desempleo estaba más alto que en 1997.
[70] Loc.cit.
[71] El Nuevo Día, 19 de abril de 1999,
p.119. Se destacaba que contrario al pasado la economía local no respondía al
rápido crecimiento de la economía de los E.U.
[72] Loc.cit. José Alameda opinaba que en el
mercado laboral P.R. se estaba subdesarrollando, que el autoempleo, el subempleo y la economía
subterránea hacían que nuestra economía se pareciera más a la de países como Colombia y Venezuela. Se indicaba además, que muchos de
los nuevos empleos creados son a tiempo parcial,
temporeros y no ofrecen los beneficios marginales de la manufactura.
[73] El Nuevo Día, 24 de abril de 1999,
p.122. Los entrevistados eran el economista Francisco Catalá, el analista de la
firma Moody’s Investor Services Timothy Blake, el ejecutivo industrial
Bartolomé Gamundi y Jorge Cañellas de la firma Ernst & Young. Varios de
ellos opinaban que además de la 936 el Tratado de Libre Comercio entre México y E.U. había afectado a
la isla.
[74] Loc.cit.
[75] El Nuevo Día, 4 de junio de 1999,
p.134, “Férrea defensa al sector de la manufactura”. Entre los asistentes a la
reunión estaban William Riefkohl de la Asociación de Industriales, Aníbal
Irizarry de la Cámara de Comercio y Xavier Romeu de la Compañía de
Fomento Industrial.
[76] Loc.cit.
[77] El Nuevo Día, 10 de febrero de 2000,
“En picada el empleo en la manufactura”. A comienzos del año 2000 se reportaba,
que desde 1996 hasta esa fecha, se habían perdido 14,700 empleos en la
manufactura, según cifras oficiales.
[78] El Nuevo Día, 14 de octubre de 2006,
p.89. El economista indicaba que en 10 años se habían perdido sobre 40,000
empleos directos, sobre 80,000 empleos indirectos y los cerca de $24,000
millones de fondos 936 depositados en la banca local.
[79] Loc.cit.
[80] El Nuevo Día, 24 de octubre de 2006,
p.14, “Adjudicada a Washington la crisis isleña”.
[81] Loc.cit. La opinión del New York Times
se basa en el estudio “La Economía de Puerto Rico: Restaurando el Crecimiento”,
realizado por el Centro para la Nueva Economía y por el Instituto Brookings.
Según el periódico “la pobreza en
la isla es rampante, el ingreso per capita es sólo la mitad de aquel del estado más
pobre de los E.U., casi un tercio de la población estuvo desempleada en el 2000
y una cuarta parte de los empleos está en trabajos gubernamentales.
[82] Loc.cit. Se citaba como ejemplo, el que
una plaza de empleo de $40,000 le costaba al gobierno $70,000.
[83] El Nuevo Día, 24 de agosto de 2006,
p.48; 25 de agosto de 2006, p.46. Se reportó el cierre en fases de la planta
Ivax Pharmaceutical en Cidra, la cual completará su cierre en el 2007,
despidiendo a cerca de 550 empleados. Además se mencionaba la venta y
cierre de operaciones de Pfizer en Vega Baja y Arecibo eliminando sobre 1,100
empleos.
[84] El Nuevo Día, 30 de agosto de 2006,
p.60; 14 de octubre de 2006, p.56. Se reportó el cierre de las plantas de
Tenere de Puerto Rico en Ponce y Peñuelas, cesanteando a 92 empleados; también
se notificó del cierre y eventual traslado a México de la empresa Solectron
de Puerto Rico, dejando cesantes a 440 trabajadores. Ambas empresas aludieron a problemas de rentabilidad y
altos costos de producción, como las razones para
sus respectivos cierres.
[85] Loc.cit. La farmacéutica Ivax aludió a
“problemas de producción y calidad”, en el caso de Pfizer, su fusión con
Pharmacia resultó en el cierre de plantas.
[86] El Nuevo Día, 23 de agosto de 2006,
p.44; 24 de agosto de 2006, p.49. Se reportó la expansión de la compañía
Infotech Aerospace Services, establecida en Isabela en el 2003 y que cuenta con
400empleados. Dicha empresa elevaría a 500 su fuerza laboral en los próximos
dos años.
[87] El Nuevo Día, 4 de octubre de 2006,
p.45; 24 de octubre de 2006, p.46. Se anunciaba la expansión de la empresa Pall
Life Sciences, que planea expandir su plantilla de empleados de 896 a 1,100 en
los próximos dos años. Además se notificaba el inicio de operaciones de la
empresa Advance Drainage System (ADS) en Arecibo, la cual crearía 30 empleos.
[88] Loc.cit.
[89] El Nuevo Día, 25 de agosto de 2006,
p.46. Se menciona que la compañía Abraxis Bio Science compró la planta de
Pfizer en Barcelonesa, Mc.Neil compró la planta de Hershey en Las Piedras y la
compañía local DJ Manufacturing de Corozal compró varias plantas de la Playtex.
Autor:
Luis A. Reyes Rodríguez
Diciembre de 2006
