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ENSAYOS ECONÓMICOS
DE DOS DÉCADAS
POR SANTOS NEGRON DÍAZ
VOLUMEN II
1986 A 1996
EDICIÓN ESPECIAL BAJO EL CUIDADO DEL AUTOR. SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE LE DÉ CRÉDITO AL AUTOR Y/O
A LAS AUTORIDADES CITADAS EN LOS ENSAYOS
A mi esposa, Aurín, a mis hijas, Áurea Teresa, Natalia Teresa y Carla Rosario, que con amor y resignación me han visto
dedicarle horas interminables a estos esfuerzos intelectuales, y a mi hijo, Jorge Agustín, cuyo fugaz paso por nuestro hogar
fue suficiente para dejarnos un recuerdo sagrado, indeleble, y para convertirse en fuente de inspiración, fe y esperanza
para nuestra familia.
A don Marcelino Súarez Piamonte, que me honró con su amistad, que confió plenamente en mis capacidades y me ofreció su
sincero y firme apoyo de padre espiritual, maestro y hermano.
“Yo, pues, agradecido a la merced que aquí se me ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome
en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi cosecha…”
Don Quijote, en el discurso de agradecimiento por el homenaje que le rindieron los pastores y las pastoras que vivían
en la selva cercana al camino hacia Zaragosa.
Miguel de Cervantes Saavedra
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Capítulo LVIII
ÍNDICE
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN PUERTO RICO 6
IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LAS PROYECCIONES
DE POBLACIÓN DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN:
1980 A 2000 28
BANCA Y FINANZAS EN PUERTO RICO:
PRIMER TRIMESTRE DE 1991 62
LAS BARRERAS TARIFARIAS: ÚLTIMA LÍNEA
DE DEFENSA DEL PROTECCIONISMO 68
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD:
LOS TÉRMINOS DE UN DEBATE 70
LA PRIVATIZACIÓN: CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS 75
ÍNDICES DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 82
LA LIMITACIÓN DEL CRÉDITO CONTRIBUTIVO
DE LAS COMPAÑIAS 936 Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA
DE PUERTO RICO 92
CUBA: LA ECONOMIA BIFURCADA 103
LOS INDICADORES ECONOMICOS Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS 107
LA PROGRESION Y RETROGRESION DE LA EDUCACION
SUPERIOR, PUBLICA Y PRIVADA, A LA LUZ
DEL DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAL
HACIA EL AÑO 2000 113
LA SITUACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS GUBERNAMENTALES EN PUERTO RICO 133
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN PUERTO RICO 137
EL MERCADO MUNDIAL DE PETRÓLEO:
DESARROLLOS RECIENTES Y PROYECCIONES 150
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN PUERTO RICO
Introducción
Desde que Puerto Rico inició su proceso de crecimiento económico acelerado a principios de la década de los 50, no se
había observado un periodo de mayor incertidumbre que el que hoy en día vive el país. La recesión de mediados de la década
de los 70, producto de la primera crisis petrolera y del grave impacto de ésta en la economía de Estados Unidos, sacudió fuertemente
a Puerto Rico, pero el flujo masivo de fondos federales a partir de 1975 amortiguó la contracción de los niveles de producción
y empleo de la Isla. De igual modo, la aguda recesión que sufrió la Isla desde principios de 1981 hasta el primer trimestre
de 1983 , como resultado de una situación equivalente en Estados Unidos y de una marcada reducción del valor real de las
transferencias federales, fué superada por el efecto benéfico que tuvo en Puerto Rico, por vía de una mayor demanda de los
productos manufacturados en la Isla, la sorprendente y prolongada recuperación que experimentó la economía norteamericana
desde fines de 1981 hasta fines de 1984. Ante todo, en ambos casos se trató de crisis de orden esencialmente cíclico, en las
cuales la estructura industrial de la Isla no se vio amenazada seriamente, si bien hubo que hacer ajustes para darle paso
a industrias más intensivas en capital y alta tecnología y menos susceptibles al vaivén del ciclo económico. En ambas crisis
se vivieron momentos de gran desasosiego, pero nunca de pensó que el horizonte económico se había cerrado o que el colapso
del orden productivo era un evento probable. Todo era cuestión (se pensaba) de esperar a que la economía norteamericana se
recuperara, y de adoptar medidas anticíclicas al nivel local, explorar nuevos estilos de promoción industrial o nuevas fuentes
de capital externo y rediseñar las estrategias para obtener el máximo de fondos federales que permitieran las circunstancias.
En cambio, la crisis hacia la cual parece avanzar Puerto Rico en la actualidad podría ser de proporciones muchos mayores,
ya que está en juego la base a partir de la cual se ordena el sistema industrial de la Isla: la Sección 936 del Código de
Rentas Internas federal. Existe amplio consenso entre los economistas de la Isla (y varios estudios realizados por consultores
lo confirman ) en cuanto a que la eliminación de Sección 936, aunque medie la adopción de un sistema de créditos contributivos
a base de empleos generados, producirá una severa depresión, en vista de que no sólo provocará el éxodo del grueso de las
empresas manufactureras ubicadas en Puerto Rico, con el consiguiente retiro de gran parte de los depósitos 936 que constituyen
el fundamento de la banca local, sino que reducirá drásticamente el atractivo de localización de la Isla, dado que la economía
local no puede competir con los países del Caribe y del Sureste de Asia en la atracción de industrias de mano de obra intensiva
debido a sus altos niveles salariales y a la imposibilidad, dentro del orden actual de relaciones políticas con Estados Unidos,
de que la Isla desarrolle una política autónoma en la fijación de salarios mínimos.
A la incertidumbre generada por la probable eliminación (gradual o súbita) de la Sección 936, que desde ahora está produciendo
efectos negativos al inducir a las empresas manufactureras a posponer planes de expansión de su capacidad productiva, hay
que sumarle dos factores que podrían deprimir aún más las expectativas en cuanto al futuro económico de la Isla: por un lado,
una probable desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos (o peor aún, una recesión) en algún momento durante
los próximos dos años naturales debido al efecto combinado del déficit presupuestario federal (que podría provocar un alza
en las tasas de interés) y del déficit comercial (que ya comienza a ser motivo de preocupación debido al impacto negativo
que tiene sobre la producción al nivel doméstico) y, por otro lado, el probable efecto negativo sobre los niveles de producción
y empleo de la Isla que podría causar la implantación y desarrollo de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
Aunque con perfiles algo menos claros, no se debe subestimar el impacto qure podría tener sobre la economía de la Isla
la propuesta reforma fiscal de Estados Unidos, la cual, como se verá más adelante, no sólo puede reducir el atractivo de localización
industrias de Puerto Rico vis-a-vis los estados de la Unión, sino que puede contribuir a incrementar la fuga de profesionales
altamente cualificados y a reducir, por vías indirectas, el acceso de las universidades locales a fondos privados para el
desarrollo de la educación.
A la luz de las consideraciones anteriores, no es extraño que la mayor parte de los economistas locales anticipen que
la Isla experimentará una reducción en su ritmo de crecimiento en el presente año fiscal y un estancamiento o probable recesión,
aunque leve, en el anño fiscal 1986-87, aún suponiendo que se sostenga la Sección 936 o se logre un compromiso favorable a
Puerto Rico. La eliminación de la Sección 936 haría necesario introducir estimados mucho más pesimistas. A más largo plazo,
las perspectivas de la economía de Puerto Rico dependerán, en primer término, de los resultados de la batalla en torno a la
Sección 936, en segundo término, de la trayectoria de la economía norteamericana durante los próximos años. Si se preservara
la Sección 936, Puerto Rico podría compensar parte de las desventajas que la Iniciativa del Caribe tiene para la Isla mediante
la promoción del concepto de plantas gemelas, la exportación de servicios profesionales y la conversión de la Isla en un centro
de actividad comercial dentro de la comunidad económica del Caribe.
A corto plazo, el debilitamiento de la economía local no necesariamente se traduce en una menor demanda de estudios universitarios.
La experiencia demuestra que la variable más importante en la determinación de los niveles de matrícula universitaria en Puerto
Rico es el flujo de la ayuda federal a estudiantes universitarios, particularmente por vía del Programa de Becas Pell. No
obstante, conviene señalar que una significativa reestructuración de la economía de Puerto Rico como resultado de la eliminación
de la Sección 936 (i.e., el retorno a un sector manufacturero en que predominen las industrias de mano de obra intensiva)
implicaría un cambio drástico de las necesidades de recursos humanos del más importante sector de la economía, que en la actualidad
se orientan a las destrezas intelectuales, técnicas y administrativas asociadas con la alta tecnología de producción.
El presente debilitamiento de la economía local, que por supuesto está acompañado por un alza en la tasa de desempleo,
puede de hecho convertirse en un factor que contribuya a aumentar la demanda de estudios universitarios al reducir el costo
de oportunidad de los estudios. Como se sabe, las oportunidades de empleo de los jóvenes en Puerto Rico son sumamente limitadas
(particularmente ciando se trata de jóvenes que no poseen las destrezas que demanda el mercado), de manera que la opción del
estudio universitario (siempre y cuando exista la adecuada ayuda para el financiamiento del mismo) se torna más atractiva.
Así al aumentar el volumen y la tasa de desempleo entre los jóvenes, aumentan tanto la retención en colegios y universidades
como las solicitudes de admisión a éstos.
A más largo plazo, sin embargo, las perspectivas de la educación superior en Puerto Rico, en especial las de los colegios
y universidades privadas, son tan inciertas y complejas como las de la economía de la Isla en general. Por un lado, una depresión
económica que se desate en Puerto Rico como consecuencia del colapso de la actual estructura industrial se traduciría en un
severo deterioro del atractivo de la educación universitaria como medio de igualación de oportunidades sociales y económicas.
Por otro lado, aun cuando no ocurriera tal colapso del orden productivo, existen al menos dos tendencias que sin duda constituyen
amenazas para la estabilidad de la demanda de estudios universitarios, a saber, los propuestos cambios a aspectos substanciales
de los programas de ayuida federal a estudiantes universitarios y los patrones demográficos de la Isla que apuntan hacia una
marcada reducción del ritmo de crecimiento de los grupos de edad universitaria (un rasgo que podría acentuarse si las circunstancias
económicas precipitan una nueva ola emigratoria hacia Estados Unidos). Una expresión de esto último es el lento crecimiento
de los graduados de escuela superior.
A continuación se presenta un análisis detallados de las anteriores observaciones generales y se acompañan las evidencias
estadísticas que sustentan las mismas. En la primera se discuten las tendencias receientes de la economía norteamericana,
que constituyen la más significativa influencia sobre la economía local. En la segunda parte, se analizan las tendencias recientes
y las proyecciones de la economía de Puerto Rico y se discuten los factores que más contribuyen a forjar las mismas. En la
tercera parte, se examina el impacto que tales tendencias económicas pueden tener, a corto y largo plazo, sobre la demanda
de educación superior en la Isla y se discuten, dentro del marco de un escenario que se considera plausible, algunas estrategias
que podrían utilizar las instituciones de educación superior de la Isla para afrontar que planteará el nuevo orden de realidades
económicas.
La economía de Estados Unidos
La economía norteamericana se halla en la actualidad en una coyuntura muy extraña. Existe un manifiesto interés de las
autoridades federales por sostener la tendencia ascendente (aunque fluctuaciones marcadas) que la economía viene mostrando
desde fines de 1981, la cual se ha visto amenazada durante los últimos meses por cambios imprevistos en el comercio exterior.
Así, las autoridades monetarias procuran estimular la actividad económica mediante la expansión de la oferta de dinero y la
reducción de la tasa de descuento (ambas medidas dirigidas a reducir los costos de financiamiento y a estimular la inversión
y el consumo), una maniobra que es posible debido al lento crecimiento de los precios (producto de la estabilidad de los precios
del petróleo y de la fortaleza internacional del dólar), pero se enfrentan con dificultad de que la aumentada capacidad adquisitiva
del dólar hace que crezca la demanda de productos importados, particularmente de bienes manufacturados, lo que constituye
un freno a la expansión de la producción doméstica. En consecuencia, la economía norteamericana ha experimentado recientemente
fluctuaciones muy abruptas: creció en 4.3 por ciento en el cuarto trimestre de 1984, aumentó en sólo 0.3 por ciento en el
primer trimestre de 1995 y rebotó a alzas de 1.9 por ciento en el segundo trimestre y de 3.3 por ciento en el tercer trimestre
del persente año. Peor aún: a pesar de la decidida política estimultiva de la Reserva Federal y luego de un prolongado proceso
de expansión, del desempleo rehúsa bajar del nivel promedio de 7.0 por ciento que se ha observado por más de un año.
Ante una conducta tan errática de la economía, no es sorprendente que los pronósticos con respecto a la trayectoria de
la misma más allá del presente año natural sean muy disímiles. En lo que respecta al resto del presente año, el consenso de
los economistas es que la tasa de crecimiento del producto nacional bruto real en el próximo trimestre fluctuará entre 2.5
por ciento y 3.0 por ciento, mientras que el desempleo se mantendrá a un nivel de 7.1 por ciento, la inflación se mantendrá
a un ritmo de aproximadamante 3.0 por ciento y la tasa de interés preferncial se mantendrá ligeramente por debajo de 10 por
ciento.
Ahora bien, a más largo plazo los pronósticos de los economistas difieren marcadamante debido a interpretaciones diversas
que se le dá a un conjunto de problemas estructurales de la economía y al efecto que éstos puedan tener sobre los niveles
de producción y empleo.
En primer término, existe desde hace varios años una seria peocupación acerca del impacto que el masivo déficit presupuestario
federal (que en el año fiscal ascendió a $211.9 billones) pueda tener sobre las tasas de interés. Para evitar que la demanda
de crédito del gobierno federal, con miras a enjugar su déficit, ejerza una presión que lleve a un alza en las tasas de interés,
se hace necesario que el Presidente y el Congreso hagan compromisos firmes para reducir el gasto del gobierno (los candidatos
a reducción son algunos programas de gasto militar, los ajuste por costo de vida del Seguro Social y múltiples programas sociales
y educativos) de manera que el déficit se reduzca de un cinco por ciento a un tres por ciento del producto nacional bruto.
En segundo lugar, existe la posibilidad de que disminuya el considerable flujo de fondos externos que ha estado recibiendo
el mercado norteamericano durante los últimos años. La confianza en la
capacidad productiva de Estados Unidos, en conjunción con las altas tasas de interés y la relativa lentitud del crecimiento
de las economías europeas, producen este fenómeno sin precedentes, que en buena medida ha contribuido a atenuar los problemas
financieros de Estados Unidos, particularmente los del gobierno federal.
La disminución de los fondos externos podría venir como consecuencia del más grave problema que afronta la economía norteamericana
en la actualidad: el creciente déficit en la balanza comercial de bienes y servicios, que se acerca a los $120 billones. Para
conjurar el potencial depresivo que tiene tal situación (que disminuye la producción doméstica en aras de los productos manufacturados
en el extranjero, cuyos precios tienden a ser más atractivos) las autoridades monetarias se verán obligadas a inducir alzas
en las tasas de interés, las cuales, a su vez, darían al traste con elñ proceso de expansión de la economía y generarían una
recesión. Aún más: la recesión contribuiría a disminuir el flujo de fondos externos como consecuencia de un espiral de desconfianza
en el futuro de la producción norteamericana. En suma, según esta interpretación, los forjadores de la política económica
norteamericana se hallan en un dilema cuyas opciones son igualmente negativas: si se mantiene la actual política de estímulo
a la economía se seguirá ampliando el déficit de comercio exterior y la economía tarde o temprano sufrirá una recesión; si
se introduce una política de restricción del crédito para debilitar el dólar y reducir el déficit de comercio exterior, el
retorno a altas tasas de interés producirá la recesión y contribuirá poco a la atracción de capital debido a la pérdida de
confianza en las posibilidades futuras de Estados Unidos. La reciente tendencia a adoptar medidas proteccionistas constituye
una admisión de la dificultad que tenido la Administración Reagan para diseñar un política económica que le permita al país
mantener la competitividad en los mercados internacionales (vis-a-vis la enorme pujanza de Japón) sin recurrir a medidas artificiales
como lo son las tarifas, las cuotas de importación y las tasas de interés anormalmente altas.
Un pronóstico que luce razonable en estos momentos es el que hace el Modelo de Chase Econometrics, que anticipa para
1986nalzas de sólo 2.2 por ciento en el PNB real y de 1.3 por ciento en la producción industrial, acompañadas por una ligera
aceleración de la inflación (una tasa de 5.2 por ciento) y la estabilización de la tasa de desempleo a un nivel de 7.2 por
ciento. Este pronóstico es menos optimista que el de los economistas de la Administración Reagan, pero mucho menos pesimistas
que el de economistas como Fletcher Byron que, aunque no la ubican en un tiempo preciso, consideran que la recesión ocurrirá
más temprano que tarde.
Independientemente del proceso cíclico, los retos de la economía internacional están obligando a Puerto Rico a reevaluar
el proceso de investigación, innovacion y desarrollo tecnológico, con miras a aumentar la productividad y mantener los márgenes
de ventaja que hasta hace poco había tenido la Isla.
No es raro, pues, que haya surgido en Estados Unidos una seria preocupación por el papel que univesidades deben jugar
en la formación de los recursos humanos y tecnológicos y por los vínculos que se deben estrablecer entre éstas y la industria
privada. No obstantre, como se verá más adelante, la política de ayuda económica a la educación superior de la Administración
Reagan parece ir en contra de esa reconocida necesidad.
La economía de Puerto Rico
Durante el año fiscal 1983-84 la economía de Puerto Rico experimentó una significativa recuperación luego de dos años
consecutivos de recesión. En ese año, creció el empleo, disminuyó el desempleo, la inflación se mantuvo bajo control y, lo
que es más importante, la inversión real, que había declinado sistemáticamente por más de una década, mostró un inesperado
vigor. A juzgar por un índice confiable de actividad económica general que prepara el Dr. Arthur Mann para el períodico de
negocios Caribbean Business, la recuperación económica de la Isla comenzó a ganar fuerza a mediados de 1983 y mantuvo un firme
avance hasta fines de 1984. Durante la segunda mitad del año fiscal 1984-85, la economía local disminuyó considerablemente
su ritmo de avance e inclusive mostró debilidad en algunos de sus sectores más críticos, particularmente en el mercado laboral.
Los principales resultados económicos del año fiscal 1983-84 fueron los siguientes:
1. El producto bruto aumentó en 8.5 por ciento a precios corrientes y en 4.8 por ciento a precios constantes, luego de
haber declinado en 2.2 por ciento en 1982-83 y en 3.6 por ciento en 1981-82. Dentro del producto bruto real, los gastos de
consumo crecieron en 5.0 por ciento, esencialmente como consecuencia de un aumento en el consumo de bienes duraderos, entre
los cuales se destacó el alza en la demanda de automóviles; los gastos del gobierno aumentaron en 8.8 por ciento; la inversión
de capital fijo tuvo un significativo aumento de 15.2 por ciento (mostrando casi igual vigor la construcción y la compra de
maquinaria y equipo), mientras que las exportaciones tuvieron un alza de 3.0 por ciento (en comparación con un crecimiento
de 9.3 por ciento de las importaciones).
2. El empleo total aumentó en 5.5 por ciento (de 703,000 en 1982-83 a 742,000 en 1983-84), mientras que la tasa de desempleo
declinó de 23.4 por ciento a 22.0 por ciento, lo cual detuvo la tendencia ascendente del desempleo que venía observándose
desde 1980. El desempleo total se redujo de 215,000 a 209,000, una baja de 2.8 por ciento, lo cual detuvo la tendencia ascendente
del desempleo que venía observándose desde 1980. Si bien estas cifran indican una mejoría notable, no se debe perder de vista
que semejante volumen de desempleo es 2.4 veces mayor que el que existía en 1971 (que ascendía a 88,000).
3. El índice implícito para deflacionar el producto bruto, que da una buena idea del movimiento global de los precios,
aumentó sólo en 3.7 por ciento en comparación con un alza de 4.5 por ciento en el año fiscal anterior.
4. Otros desarrollos de interés fueron los siguientes:
a) Un alza de 12.6 por ciento en el ingreso generado por la manufactura, que se tradujo en 11,000 empleos adicionales
en este sector clave de la economía.
b) El ingreso neto de la economía como un todo creció en 8.4 por ciento, viniendo el principal impulso de la compensación
a los empleados.
c) El ingreso personal mostró un alza de 5.2 por ciento. Mientras que el ingreso generado en la producción aumento en
6.5 por ciento, los pagos de transferencia a personas ascendieron en sólo 2.2 por ciento, lo que significa que la mejoría
en el ingreso personal fué esencialmente el resultado de la capacidad productiva de la economía. Aún así, en 1983-84 los pagos
de transferencia (tres cuartas partes de los cuales proceden del Gobierno Federal) constituyeron el 30.4 por ciento del ingreso
personal, un claro indicio del alto grado de dependencia de la economía local.
d) Los gastos en educación crecieron en 7.8 por ciento a precios corrientes y en 3.7 por ciento a precios constantes.
Un 2.2 por ciento de los gastos de los consumidores se decicaron a la educación en 1983-84.
Según cifras preliminares de la Junta de Planificación, el producto bruto real de la Isla creció en 3.0 por ciento en
el año fiscal 1984-85. De igual modo, hubo un aumento de 2.1 por ciento en el empleo total, que estuvo acompañado por una
disminución de 1.6 por ciento en en volumen de desempleo.
No obstante, existe clara evidencia de que la economía de la Isla se halla virtualmente estancada desde principios del
presente año natural. Comparaciones que se pueden hacer usando cifras recientes señalan lo siguiente: durante el periodo de
mayo a julio de 1985, en contraste con igual periodo del año anterior, se observó un estancamiento del empleo total (al nivel
de 748,000), un aumento de 11.7 por ciento en el desempleo total (de 196,000 a 219,000), una disminución de 3.0 por ciento
en el empleo manufacturero y una contracción de 10.0 por ciento en el consumo de energía eléctrica en la manufactura.
La lentitud mostrada por el sector manufacturero está sin duda asociada con el clima de incertidumbre generado por la
controversia en torno a la Sección 936, pero tambíen hay que señalar que desde principios del presente añno natural el sector
de la manufactura en Estados Unidos ha estado en dificultades debido a la intensa competencia de las importaciones. Así, el
Índice de Producción Industrial de Business Week muestra un patrón esencialmente descendente desde febrero de 1985, mientras
que el Índice de Utilización de la Capacidad Productiva montó a 80.1 en junio, el nivel más bajo desde enero de 1985. Más
recientemente, el Índice de Producción Industrial mostró una disminución de 0.1 por ciento en septiembre luego de haber aumentado
0.6 por ciento en el mes anterior.
Los pronósticos con respecto a la actuación de la economía de la Isla en el año fiscal 1985-86 son, por supuesto, poco
optimistas. La Junta de Planificación anticipa un alza en el producto bruto real que podría fluctuar entre un máximo de 1.5
por ciento y un mínimo de 0.95 por ciento, dependiendo de la decisión que se tome en cuanto a la Sección 936 y de la variación
del flujo de fondos federales a la Isla. En cambio, el modelo del Citibank pronostica un alza de sólo 0.8 por ciento, que
sería acompañada por leves aumentos en la inflación y el desempleo.
Aunque no se debe perder de vista el hecho de que la economí de Puerto Rico sufre ciertas dificultades estructurales
que es necesario superar para encauzar de nuevo a la Isla hacia el camino del crecimiento económico sostendido (altos costos
de transportación marítima y aérea, un sistema contributivo confiscatorio que penaliza el esfuerzo productivo, altos costos
e ineficiencia en la provisión de energía eléctrica, deterioro de la infraestructura de capital social fijo--carreteras, puertos,
etc.--, bajos niveles de ahoroo familiar y otros), el futuro inmediato de la economía de la Isla depende esencialmente de
cuatro factores claves: la decisión con respecto a la Sección 936, la trayectoria de la economía de Estados Unidos, el volumen
y composición de la ayuda federal y el impacto de la Iniciativa del Caribe. Un quinto factor de peso--la probable reforma
fiscal en Estados Unidos--ha perdido vigencia durante los últimos meses, pero no se debe subestimar su importancia para la
Isla. Conviene discutir estos elementos en el orden indicado.
Todo parece indicar que la incertidumbre con respecto a la decisión que tome el Comité de Medios y Tarifas de la Cámara
de Representantes de Estados Unidos se prolongará hasta principios de 1986 y quién sabe si más allá de esa fecha. Los términos
de la controversia son muy conocidos: el Departamento del Tesoro alega que las empresas 936 desarrollan en Puerto Rico prácticas
que le permiten evadir el pago de cerca de $1.7 billones de contribuciones federales, sin que se generen volúmenes de empleo
que ayuden a resolver efectivamente el masivo desempleo de la Isla, por lo cual es necesario eliminar o reestructurar significativamente
la Sección 936 . En cambio, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la comunidad industrial de la Isla, alega que los
cambios recientes en este particular, que obligan a las corporaciones acogidas a la Sección 936 a pasar una prueba de presencia
significativa y a hacer explícitas las asignaciones de costo y beneficio asociadas con los llamados intangibles (ingresos
devengados de patentes, invenciones, etc.), constituyen una corrección de esas anomalías o, a menos, merecen ser evaluados
antes de introducir nuevos cambios a la Sección 936. Ante todo, se alegan que preservación de la Sección 936 es fundamental
para sostener el desarrollo industrial de la Isla y que la introducción de un sistema de crédito contributivo basado en los
empleos y salarios generados colocaría a Puerto Rico en una posición desventajosa con respecto a muchos países subdesarrollados
que estarían em condiciones de ofrecer salarios más bajos y menores exigencias ambientales. Puerto Rico perdería una buena
porción de las industrias de alta tecnología, que no se beneficiarían grandemente de los créditos por salario, pero no podría
atraer efectivamente a las industrias de mano de obra intensiva por las razones indicadas. El pronóstico más vinculado con
el sentido común es que de esta situación ha de surgir algún tipo de compromiso cuyos perfiles son muy difíciles de definir
en este momento. Por lo pronto,se observará una tendencia a que las empresas pospongan muchos de sus planes de expansión y
se reduzca la promoción de nuevas firmas manufactureras.
La discusión sobre la taryectoria reciente y las proyecciones de la economía norteamericana no es desalantadora, pero
tampoco constituye una fuente de optimismo. Lo que más preocupa no es tanto la actuación global de la economía, sino la debilidad
del sector manufacturero (que sufre el impacto de la competencia de las importaciones) y ciertas señales recientes de carácter
negativo como lo son la reducción de las ventas al detal en junio (en 1.9 por ciento) que podrían acentuar tal tendencia.
No obstante, en junio hubo señales de que la economía en general estaba respondiendo a los estímulos monetarios como lo demuestra
el hecho de que aumentaron el ingreso personal (0.5 por ciento) y la construcción de viviendas (1.9 por ciento), así como
los indicadores de confianza de la economía: el promedio Dow Jones y el Indice de Confianza del Consumidor. La amenaza de
recesión parece estar conjurada por el momento, pero a más largo plazo, tal vez a mediados de 1986 o a comienzos de 1987,
la señaladas contradicciones de la coyuntura económica norteamericana se podrían traducir en una recesión lo suficientemente
severa como para afectar adversamente a la economía de Puerto Rico.
No se espera que ocurran cambios de gran magnitud en el flujo de ayuda federal al Gobierno y a los ciudadanos de Puerto
Rico. Si la batalla que se libra en estos momentos en el Congreso con respecto al presupuesto de 1986 resulta en un compromiso
de reducción balanceada de los gastos militares y de los gastos en programas sociales y educativos, la Isla saldrá más beneficiada
que si se inclina la balanza hacia el sacrificio de los ajustes por costo de vida del Seguro Social o al recorte de diversos
programas sociales en aras de la expansión militar.
Existe controversia entre los economistas acerca del impacto que el Plan de Caribe puede tener en la Isla. Por un lado,
se piensa que las ventajas comerciales concedidas por Estados Unidos a determeinados países del Caribe (en esencia, la eliminación
unilateral de tarifas y la ayuda financiera por un periodo de 12 años) colocará a estos países en una posición de exportar
productos (mayormente agrícolas) al mercado de Puerto Rico que compitan con la producción local, al mismo tiempo que atraen
industrias que pudieron haberse establecido en Puerto Rico. Una industria que se entiende que está siendo seriamente amenazada
por la competencia del Caribe es la industria del ron, debido a que la porción del mercado norteamericanao que dominan las
empresas locales ha sido erosionada por los rones caribeños. Por otro lado, se arguye que Puerto Rico podría superar las desventajas
señaladas si se decide a jugar un papel activo en el Plan del caribe no sólo mediante la promoción del concepto de plantas
gemelas, sino también por vía del desarrollo de un centro de comercio internacional y de la exportación de servicios profesionales
y técnicos a los países de la región. De hecho, un ángulo sumamente interesante en este aspecto es la vinculación que la Administración
de Hernández Colón ha hecho entre la preservación de la Sección 936 y el desarrollo del Plan del Caribe, que implica que Puerto
Rico habrá de contribuir al financiamiento de plantas gemelas y a la transferencia de tecnología y conocimiento a cambio de
que permenezcan inalteradas las ventajas contributivas que tiene la Isla bajo la Sección 936. Se trata de una propuesta de
origen local que no parece tener gran fuerza en los círculos de poder norteamericanos, pero que constituye una opción crucial
en el presente contexto. A fin de cuentas, no existe en la actualidad una idea clara sobre el impacto que tendrá a largo plazo
el Plan del Caribe sobre Puerto Rico, especialmente en lo que se refiere al balance neto de costos y beneficios. Hasta ahora,
los efectos han sido escasos debido a la lentitud con que los países del Caribe, la mayoría de los cuales carecen de adecuada
estructura económica y de experiencia de mercadeo en el contextto norteamericano, han respondido a las nuevas oportunidades
de comercio que ha abierto el Plan.
Finalmente, la propuesta reforma fiscal del Presidente Reagan, orientada a simplificar y hacer más equitativo el sistema
contributivo de Estados Unidos, podría afectar la Isla de varias maneras, algunas positivas y otras negativas. Sería beneficioso,
por ejemplo, el atractivo que tendrían los bonos de Puerto Rico en caso de que se eliminen muchos de los albergues contributivosm
que existen en Estados Unidos. De igual modo, el auge de las actividades productivas que induzcan la reducción de las tasas
contributivas de negocios y personas y la baja de las tasas de interés habrá de beneficiar a la Isla. En cambio, la estructura
contributiva de Puerto Rico se tornaría aún más obsoleta e induciría en una mayor la fuga de recursos humanos. Sería difícil
que el Gobierno de Puerto Rico llevara a cabo una reforma fiscal paralela a la de Estados Unidos en un momento tan crítico
como el presente.
En suma, la mezcla de factores externos que influyen sobre lsa economía de Puerto Rico produce un ambiente de tensión
e incertidumbre cuyos efectos a corto plazo ya son palpables y que cuando se les proyecta a un horizonte de tiempo más extenso
constituyen fuentes de profunda preocupación en lo que respecta a la capacidad de la economía de Puerto Rico para conjurar
esas múltiples amenazas.
Impacto de la situación económica sobre la matrícula universitaria
Es casi proverbial la hipótesis de que la expansión de la matrícula universitaria, especialmente de la matrícula de colegios
y universidades privadas, es función directa del flujo de fondos federales (becas y préstamos) a estudiantes universitarios.
En efecto, durante el periodo de 1973-74 a 1983-84 el coeficiente de correlación entre la matrícula total y el monto de las
becas federales fué 0.96 en el caso en de las universidades privadas y 0.64 en el de las universidades públicas. Por la misma
vena, un modelo de regresión que intenta explicar la conducta de la matrícula total de las universidades mediante la variación
del monto de las becas federales y la tasa de desempleo logra dar cuenta del 94.0 por ciento de la variación de la variable
dependiente, recayendo el mayor peso explicativo en las becas federales.
Los modos en que los cambios en la actividad económica y, en especial, los niveles de empleo y desempleo, afectan la
matrícula universitaria son sumamente complejos. Por un lado, la mejoría de la actividad económica y del mercado laboral refuerzan
la demand de estudios universitarios al hacer más evidentes los beneficios de la educación avanzada: aumento en la probabilidad
de obtener empleo, mayor remuneración, promoción más acelerada, etc., y al aumentar la capacidad de financiamiento de la clientela
universitaria. No obstante, la expansión de las oportunidades de empleo puede inducir a muchos estudiantes universitarios
a abandonar los estudios e ingresar al mercado laboral. O visto de otro modo, las situaciones de recesión económica y de lentitud
en el mercado laboral reducen el costo de oportunidad de los estudios universitarios (la alternativa podría ser el desempleo
o trabajos poco remunerados), por lo cual pueden contribuir a aumentar la demanda de estudios universitarios. Sin embargo,
la crisis económica puede reducir el atractivo de las carreras universitarias al generar la impresión de que las mismas no
aumentan significativamente las oportunidades económicas, aparte de la reducción que causa en el poder adquisitivo de la clientela
potencial. Lo que ocurre en realidad es el balance neto entre estas tendencias históricas.
En el caso particular de Puerto Rico, la magnitud del desemplo, particularmente entre los jóvenes, y el flujo de fondos
federales hacen que el atractivo de la educación universitaria sea más o menos igual tanto en la prosperidad como en la recesión.
Así, el la tasa de desempleo entrev los jóvenes de edad universitaria es 50.8 por ciento en el caso del grupo de 16 a 19 años
y 36.1 por ciento en el grupo de 16 a 24 años. Fluctuaciones en la actividad económica contribuyen muy poco a resolver este
grave problema estructural, ya que se trata de una desarticulación entre las habilidades y capacidades del grueso de las personas
jóvenes y las exigencias del mercado de trabajo. Si a esto se le une la disponibilidad de fondos federales hasta ahora abundantes,
es fácil explicar por qué la demandas de estudios universitarios ha crecido aceleradamente durante los últimos doce años,
aún cuando la economía ha experimentado severas fluctuaciones cíclicas. No es extraño, pues, que exista una relación tan estrecha
entre el monto o valor total de las becas federales y el volumen de la matrícula universitaria.
Ahora bien, existen razones para pensar que en los próximos años la demanda de estudios universitarios sufrirá, en el
mejor de los casos, un significativo descenso en su tasa de crecimiento. En efecto, los factores que a continuación se van
a enumerar y discutir obligan a pensar en escenarios alternativos de estancamiento o pero aun descenso de la demanda de estudios
universitarios. Conviene examinar cada uno de ellos:
1. Si bien el Congreso ha rechazado los intentos de la Administración Reagan por reducir la ayuda financiera a estudiantes
universitarios (mediante la contracción de préstamos, la introducción de un límite de $4,000 a la yuada total que un estudiante
podría recibir de fuentes federales y la eliminación de la ayuda a estudiantes que provengan de familias con ingresos mayores
de $32,000 al año), cabe esperar que el imperativo de reducir el déficit presupuestario federal (que se haría más dramático
si se aprobara una legislación que el exige al Gobierno Federal un presupuesto balanceado ya para 1991) obligue al Departamento
de Educación federal a continuar su batalla por introducir controles más estrictos en la provisión de ayuda financiera a estudiantes
universitarios. De hecho, en el presupuesto para 1986 la asignación de dinero recomendada por la Oficina del Presidente para
el Departamento de Educación federal es $2.9 billones más baja que la propuesta por el Senado y $2.1 billones menor que la
sugerida por la Cámara de Representantes. Ambos cuerpos legislativos asignan $3.5 billones al Programa de Becas Pell, mientras
que la Oficina del Presidente propone que la cantidad sea $2.7 billones, es decir, $800 menos. Todo parece indicar que, por
el momento, predominará la orientación de los cuerpos legislativos, pero, a más largo plazo, la exigencia de austeridad de
Presidente podría ganar terreno en la medida en que la batalla contra el déficit presupuestario se torne más cruenta.
A estos efectos, recientemente el Senado de Estados Unidos aprobó una medida que exigiría que el déficit federal se recorte
a un ritmo de $36 billones por año por los próximos seis años, hasta alcanzxar un presupuesto balanceado en 1991. Esto conllevaría
lña eliminación o recorte significativo de los principales programas de ayuda económica a estudiantes y podría llevar a que
los bancos, ante la incertidumbre que se generaría, le retiren su apoyo al programa de préstamos estudiantiles. Se habla de
reducciones o recortes de cerca de 60 por ciento (comenzando en 1986) al Programa de Estudio y Trabajo y de 15 por ciento
al Programa de Becas Pell. Las reducciones se extenderían también a todo tipo de apoyo federal a las actividades de investigación
y desarrollo en universidades.
2. La propuesta reforma fiscal del Presidente Reagan contiene cláusulas que limitarían las deducciones que el Gobierno
Federal le otorga a individuos y corporaciones por las aportaciones que hacen a instituciones universitarias. Esto podría
reducir el flujo de ayuda privada de tales fuentes a las universidades, cuyo monto en 1983 fué de cerca de $4.0 billones.
Unido a otras propuestas para reducir la deducciones por pagos contributivos realizados a los estados y a los gobiernos locales,
tales cambios desatarían una gran presión para que las legislaturas estatales y locales reduzcan las tasas contributivas.
Se estima que esto último, al reducir la base de recaudación de los estados, le restaría fondos montantes a acerca de $1.5
billones a las universidades públicas de Estados Unidos. En semejantes circunstancias, se desataría una gran batalla entre
las universidades públicas y privadas por obtener los fondos menguados que el sector público y los individuos, corporaciones
y fundaciones puedan proveer. Así las universidades y colegios de Puerto Rico, que desde hace varios años vienen experimentando
dificultades para obtener fondos externos para financiar sus proyectos de expansión de facilidades físicas, verían extendida
esta situación a todo género de ayuda, en la medida en que las universidades norteamericanas tengan prioridad en la asignación
de los fondos disponibles.
3. Al nivel doméstico, como consecuencia de los cambios demográficos que acompañan la entrada de un país a fases más
avanzadas del desarrollo económico (reducción en la tasa de natalidad, aumento de la mediana de edad, etc.) y del proceso
mogratorio (que se concentra en las personas jóvenes), los grupos de edad universitaria tradicional (de 15 a 19 y de 20 a
24 años)están creciendo a un ritmo que es apenas una tercera parte del ritmo de avance de la población en su totalidad. Así,
según las proyecciones de la Junta de Planificación, de 1980 a 1990 el grupo de 15 a 19 años crecerá a una tasa anual promedio
de 0.1 por ciento, mientras que el grupo de 20 a 24 a;os lo hará a una tasa de 0.15 por ciento. En cambio, el grupo de 25a
44 años crecerá a una tasa de 0.9 por ciento. Correspondientemente, el ritmo de crecimiento de los graduados de escuela superior
será apenas 0.48 por ciento durante el resto de la década. Dado que las actuales tasas de retención escolar del primero al
duodécimo grado parecen haberse estabilizado al nivel de 45 por ciento, la demanda de estudios universitarios proveniente
de los estudiantes de edad universitaria tradicional crecerá a un ritmi que impedirá a las universidades y colegios de Puerto
Rico mantener los ritmos de avance en matrícula que habían sostendido hasta hace poco, a menos que recurran, de forma cada
vez más intensa, al reclutamiento de adultos y al diseño de ofertas académicas y técnicas que satisfagan las necesidades de
las clientelas no tradicionales. Basta señalar que cerca del 40 por ciento de las personas de 25 años o más han completado
el cuarto año de escuela superior para dar un idea del mercado potencial que tienen las universidades y colegios de la Isla
si se mueven en esa dirección.
4. Aunque no existen datos precisos para determinar los perfiles básicos del asunto, la educación universitaria, tanto
en Estados Unidos como Puerto Rico, se enfrenta a la fuerte competencia de los ofrecimientos técnicos y vocacionales que proliferado
bajo el amparo de las becas federales y en respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, particularmente del sector
de servicios. Instituciones con ofrecimientos en campos tan diversos como cosmetología y estilismo, banca, procesamiento electrónico
de textos y datos, estudios paralegales, tecnología de salud, electrónica y otros, le ofrecen al estudiante, un muchas ocasiones,
una transición rápida y efectiva al mercado de trabajo y la posibilidad de obtener niveles de remuneración que, a veces, compiten
favorablemente con los que logran los graduados de bachillerato. En un estudio que se llevó a cabo en los estados del oeste
de Estados Unidos se encontró que cerca del 17 por ciento de la ayuda a estudiantes de estba orientando hacia el financiamiento
de las carreras técnicas.
De igual modo, un nuevo conjunto de proveedores de servicios educativos--las grandes corporaciones privadas (algunas
de las cuales van camino a fundar sus propias universidades), las ramas militares del gobierno norteamericano y diversas organizaciones
sin fines de lucro--están educando a gran parte de los adultos que hoy en día se hallan en procesos de adiestramiento, readiestramiento
o reorientación de carreras. Se calcula que por cada adulto que está estudiando en colegios o universidades hay tres en instituciones
de esa natureleza.
Las implicaciones de estas observaciones son evidentes: si el mercado de más promesa para las universidades y colegios
es la población adulta, dicha porción del mercado la ocupan con mayor eficacia y dedicación los institutos técnicos y los
proveedores de nuevo cuño, mientras que las universidsdes y colegios sólo le dedican, en la mayoría de los casos, recursos
marginales y programas de segunda calidad a la educación de dicho segmento de la población.
5. Un reto adicional que afrontan las universidades y colegios de Puerto Rico, particularmente el Recinto de Río Piedras
y el Recinto de Mayaguez, cuyas normas de admisión son exigentes, son las activas campañas de reclutamiento de estudiantes
puertorriqueños altamente cualificados que llevan a cabo las universidades norteamericanas, que han comprobado que la Isla
es una cantera de talento académico. Más aún: se da el caso de que los estudiantes más aventajados de Puerto Rico, que son
los que más probabilidad tienen de ingresar a universidades norteamericanas de primer calibre, ni siquiera solicitan admisión
a las universidades locales, a las cuales consideran opciones de última instancia. Si este patrón continúa, los recintos mayores
de la Universidad de Puerto Rico, con miras a lograr sus metas de matrícula, se verán obligados a reducir sus requisitos de
admisión, lo que drenará el mercado de las universidades y colegios privados, y agravará los problemas de inestabilidad de
mercado que éstas afrontan en la actualidad y que tenderán a acentuarse aún más en el futuro a medida que los patrones antes
identificados continúen mostrando su efecto.
Ahora bien, en términos inmediatos, la más seria preocupación de las instituciones de educación superior en Puerto Rico
lo debe constituir la probabilidad de que, como consecuencia de la eliminación (o neutralización) de las ventajas contributivas
definidas por la Sección 936 se produzca, no ya una crisis de natureleza cíclica de duración más o menos predecible, sino
un colapso industrial de grandes proporciones que transforme significativamente la estructura productiva de la Isla y reduzca
marcadamente la demanda de recursos humanos de formación universitaria en la medida en que se retorne a una matriz ocupacional
más orientada a las habilidades asociadas con industrias más intensivas en mano de obra y de menor desarrollo tecnológico.
No se trata tanto de que las firmas establecidas hoy en día en Puerto Rico que emplean alta tecnología generen una gran demanda
de recursos de preparación universitaria, sino que las industrias de servicios técnicos y profesionales asociados con las
mismas emplean un gran número de profesionales --contadores, abogados, expertos en sistemas de información, ingenieros, etc.--cuyos
empleos se verían amenazados por dicha transformación estructural.
A la luz de las consideraciones anteriores, se puede definir un escenario plausible para la educación superior en Puerto
Rico durante el resto de la década como el siguiente:
1. Lento crecimiento del producto bruto reall (un promedio de menos de 3.0 por ciento por año), acompañado por una tasa
de desempleo que se mantendrá por encima de 20 por ciento. La entrada en recesión de la economía de Estados Unidos como resultado
de las fuerzas identificadas en este trabajo, obligaría a pensar en declinaciones de los niveles de producción real y empleo
en la Isla. La decisión con respecto a la Sección 936 será el principal factor en la trayectoria macroeconómica de Puerto
Rico durante el periodo..
2. El lento crecimiento de la demanda generada por los estudiantes de edad tradicional obligará a las universidades y
colegios a darle mayor peso a los programas de educación, reentrenamiento y orientación productiva del tiempo libre de la
población adulta. Debido a la mayor flexibilidad de sus programas académicos y a su estilo gerencial más pragmático (en buena
parte determinado por la necesidad de sobrevivencia económica) las universidades privadas se moverán con mayor celeridad hacia
el aumento del componente de educación técnico-vocacional a costa de los programas de artes liberales. En la Universidad de
Puerto Rico, particularmente en el Recinto de Río Piedras, se acentuará en conflicto entre la tradición de artes liberales,
que le da gran peso a la dimensión crítica del pensamiento humanístico y social, y la tendencia a orientar los programas académicos
hacia las exigencias prácticas del merrcado de trabajo.
3. Atada a uan fórmula presupuestaria que depende de la capacidad del recaudación del Gobierno de Puerto Rico, cuyo crecimento
será muy bajo o nulo, y limitada por una creceinte dificultad para obtener fondos federales, la Universidad de Puerto Rico
se verá obligada no sólo a formar consorcios y desarrollar programas de intercambio de información y recursos con la empresa
privada, sino que como UCLA y otras universidades públicas norteamericanas, implantará sistemas para la recaudación de fondos
privados, con miras a mentener la calidad y variedad de sus ofertas académicas.
4. Los colegios y universidades privadas de Puerto Rico, cuyos estudiantes dependen casi en un 100 por ciento de las
becas, préstamos y otras ayudas financieras para financiar sus estudios, sufrirán en forma más aguda que la Universidad de
Puerto Rico el impacto de las reducciones de los programas federales de apoyo a la educación superior. La feroz competencia
por una porción declinante del mercado llevará al cierre de muchas instituciones que surgieron al amparo del ¨boom¨de estos
fondos y que carecen de la solidez financiera y de la fortaleza académica y administrativa que requerirán las nuevas condiciones
de la educación superior. Igual suerte correrán una innumerable cantidad de instituciones técnico-vocacionales de escasa calidad
que también se han aprovechado del hasta ahora creciente flujo de ayuda federal a estudiantes. Sobrevivirán aquellas universidades,
colegios e instituciones técnicas del sector privado que sean capaces de combinar políticas de puertas abiertas con ofrecimientos
estrechamente vinculados con las orientaciones del mercado de trabajo de Puerto Rico y Estados Unidos, que serán de índole
esencialmente tecnico-vocacional.
5. La limitación de recursos económicos, los altos costos de operación y la incapacidad para renovar adecuadamente las
facilidades físicas, harán cada vez más competitivo el acceso a carreras de alta preferencia profesional (medicina, arquitectura,
derecho, ingeniería, finanzas, etc.) y generarán una gran competencia entre los candidatos a admisión y entre las universidades
que ofrezcan tales programas.
6. Contra viento y marea, acosadas por la falta de fondos y por costos crecientes de operación que le harán dificil la
renovación de prigramas, el reclutamiento y retención de personal docente de alto calibre, en competencia con otros proveedores
de servicios educativos, limitadas por la reducida disponibilidad de ayuda financiera pública y privada y por los recortes
de ayuda federal a los estudiantes, perplejas ante la incertidumbre económica, las universidades y colegios de Puerto Rico
tendrán que mejorar sus programas académicos, hacer inversiones en procesos de investigación y desarrollo e introducir sistemas
de gerencia avanzados y efectivos para hacerse acreedoras del apoyo de los proveedores de fondos (públicos y privados), del
respaldo económico de la comunidad de negocios y del reconocimiento y confianza de la clientela universitaria tradicional
y no tradicional.
Parafraseando al gran poeta mexicano Octavio Paz: las universidades serán los olmos a los cuales se le pedirán peras
increíbles.
NOTA
Este ensayo se publicó en la Revista de Administración Pública (Volumen XVIII, Núm. 2, Marzo de 1986). Constituye la
revisión y expansión de una ponencia que al autor presentó en el Simposio Universidad, Sociedad y Poder que se celebró en
el Recinto de Río Piedras a fines de 1985.
Deseo agradecer al Dr. Manuel Ángel (¨Coco¨) Morales, incansable promotor de la actividad intelectual en Puerto Rico
y científico social de primera línea, el reconocimiento que le dio a este trabajo y el estímulo que siempre me ha brindado
a lo largo de mi carrera profesional.
IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LAS PROYECCIONES
DE POBLACIÓN DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN:
1980 A 2000.
Introducción
En junio de 1986, la Junta de Planificación publicó el documento Proyecciones de población, por edad, sexo y municipio:
Puerto Rico 1980-2005, que constituye una excelente fuente de información para los estudiosos de la realidad social puertorriqueña.
Es, además, un contribución analítica cuya importancia desde el punto de vista del desarrollo de la política pública aún no
ha sido apreciada a cabalidad. En el breve tiempo de que dispongo , trataré de presentar los perfiles esenciales de ese cuadro
de proyecciones y las implicaciones económicas básicas que se derivan del mismo. Estoy completamente convencido de que este
simple ejercicio intelectual provocará en ustedes un grado de perplejidad y preocupación idéntico al que generó en mí cuando
lo abordé por primera vez.
Metodología
La Junta de Planificación utiliza el método de sobrevivencia de cohortes en el desarrollo de sus proyecciones de población.
Este método consiste en exponer los grupos poblaciones de sexo y edad (cohortes de cinco años) a las experiencias de las tres
dimensiones o componentes de la población: la natalidad, la mortalidad y la migración. A la luz de la experiencia histórica,
se establecen supuestos acerca de la trayectoria futura de cada uno de esos componentes.
Por ejemplo, se sabe, por un lado, que el grupo poblacional o cohorte integrado por las hembras de 15 a 19 años en 1980
tendrá de 25 a 29 años en 1990. De este grupo, morirá una proporción antes de llegar al grupo de 25 a 29. Se hace necesario,
pues, construir una tabla de vida—es decir, una construcción estadístico’matemática hipotética que permita
determinar la esperanza o expectativa de vida de cada grupo de edad y sexo partiendo de las condiciones de mortalidad existentes
al momento de preparar la tabla—para establecer la tasa de sobrevivencia esperada del cohorte.
Por otro lado, ese mismo grupo poblacional mostrará determinados patrones migratorios, que será necesario proyectar a
base de la experiencia histórica acumulada. Dentro de éste, la población femenina estará expuesta a ciertos riesgos de infecundidad.
Es necesario, pues, hacer una proyección de las tasas de fecundidad, también a la luz de las tendencias seculares observadas
en años anteriores.
Las proyecciones de la Junta de Planificación consideran diferentes supuestos de fecundidad, mortalidad y migración y
desarrollan diferentes alternativas o escenarios a base de los mismos. Finalmente, se selecciona una proyección que se considera
la más plausible o la que tiene la mayor probabilidad de realización. En vista de que se trata esencialmente de un proceso
de simulación, siempre queda abierta la posibilidad de experimentar con supuestos alternativos y generar nuevos y variados
escenarios futuros de la población insular.
En la preparación de las proyecciones, se utilizó como base o punto de partida la población distribuida por edad y sexo
según determinada por el Censo de Población de 1980.
La proyección de tasas específicas de fecundidad por edad de la madre aparece en el Apéndice I del documento. En los
Apéndices II-A y II-B se presentan los factores de sobrevivencia utilizados en la proyección de población (varones y hembras,
respectivamente). En los Apéndices III-A y III-B se presentan las tasas de migración neta utilizadas en la proyección de población.
Finalmente, en el Apéndice IV se hace un resumen de las implicaciones generales de las proyecciones.
La metodología utilizada para la proyección de la población por municipio es esencialmente la misma que se usa para proyectar
la población total. Dado que en Puerto Rico no se observan diferencias significativas entre municipios en lo que respecta
a la conducta de la fecundidad y la mortalidad, en la proyección de la población por municipio se utilizan los mismos supuestos
de fecundidad y mortalidad que se usan para proyectar la población total. En cambio, en vista de que sí hay variaciones marcadas
en los patrones de migración interna, se utilizan tasas de migración neta por edad y sexo distintas para cada municipio.
Dichas tasas se calculan a base de la experiencia observada en la década del ´70. En algunos casos se le hacen ajustes a las
tasas para tomar en cuenta factores tales como la disponibilidad de terrenos, planes de desarrollo en perspectiva y variaciones
en los niveles de actividad económica al nivel regional. Ahora bien, una vez determinadas, las tasas de migración se mantienen
constantes a lo largo de la proyección. Como paso final, el resultado de las cifras de población de todos los municipios se
ajusta a pro-rata a la proyección de población por edad y sexo de Puerto Rico como un todo, que actúa como cifra control.
Supuestos de la proyección
En la Tabla 1 se presentan los supuestos básicos de las proyecciones de población de la Junta de Planificación.
Como puede apreciarse, se parte del supuesto de que la tasa bruta de natalidad promedio continuará disminuyendo lenta
y sistemáticamente. En el año 2000 la tasa bruta de natalidad promedio será de 18.29 por cada mil habitantes, en comparación
con 22.80 en 1980. Lo mismo ocurrirá con el promedio de hijos por mujer, que disminuirá de 2.79 a 2.38 en ese mismo periodo.
En cambio, se observará una leve alza en la tasa bruta de mortalidad promedio: esta subirá de 6.4 por cada mil en 1980 a 7.8
por cada mil en el año 2000. Estos tres supuestos se basan en los patrones históricos que se han observado durante las últimas
décadas. Finalmente, se supone que la migración neta anual seguirá teniendo un balance negativo, pero el mismo será decreciente
(en términos de valor absoluto).
Análisis de los resultados
A grandes rasgos, los resultados de la proyección son los siguientes:
• La población de la Isla aumentará de 3,196,520 en 1980 a 3,614,001 en el año 2000, a una tasa anual promedio
de 0.6 por ciento. La población de 16 años y más aumentará de 2,114,076 a 2,647,676, a un ritmo promedio de 1.13 por ciento,
mientras que la población de edad escolar disminuirá de 876,827 a 776,611, a una tasa de descenso anual promedio de 0.6 por
ciento. Sobresale el pronóstico de que la población envejeciente crecerá a una tasa mucho mayor que la de los otros tres componentes:
2,17 por ciento en el caso del grupo de 60 años y más y 2.18 por ciento cuando se considera el grupo de 65 años y más. En
el año 2000 habrá 548,784 personas en el grupo de 65 años y más, en comparación con 357,504 en 1980. (Tabla 2 y Gráfica 1).
• Como por ciento de la población total, la población escolar preuniversitaria—de 6 a 18 años—disminuirá
de 27.4 en 1980 a 21.5 en el año 2000. De igual modo, la población de edad universitaria tradicional, que aquí se toma de
19 a 24 años, se reducirá en este renglón de 10.5 a 9.1 por ciento. En cambio, la población envejeciente (60 años y más) aumentará
de 11.2 a 15.2 por ciento. (Tabla 2 y Gráfica 12).
• El número de varones aumentará de 1,556,727 en 1980 a 1,696,210 en el año 2000, a una tasa anual promedio
de 0.43 por ciento, mientras que el número de hembras crecerá durante el mismo periodo de 1,639,7983 a 1,917,792, a un ritmo
promedio de 0.79 por ciento. Es decir, el crecimiento promedio de las mujeres será casi el doble del de los hombres. Como
por ciento de la población total, la mujeres aumentarán de 51.2 a 53.0 durante el periodo. (Tabla 3 y Grafica 3).
• La mediana de edad de la población aumentará de 24.6 años en 1980 a 31.8 años en el 2000. Entre las hembras,
el incremento será mayor que entre los hombres: de 25.5 a 33.6 años en el primer caso y de 23.6 a 29.7 años en el segundo
caso. (Tabla 4 y Gráfica 4). En efecto, el acelerado incremento en la mediana de edad de la población puertorriqueña es un
fenómeno que se viene observando desde la década de los 60. En 1960 la mediana de edad de los varones era 18.1 y la de las
mujeres, 18.7. Durante las últimas décadas se ha acentuado la tendencia a que la mediana de edad de las mujeres sea cada vez
mayor que la de los hombres. (Tabla 4 y Gráfica 5)..
• La participación relativa de los diferentes grupos de edad cambiará significativamente de 1980 al año 2000.
Disminuirá la participación relativa de los grupos de 0 a 34 años y aumentará la de los grupos de 40 años y más. Entre los
primeros, es notable la disminución en importancia relativa de los grupos de 0 a 19 años y entre los segundos, el incremento
en importancia relativa de los grupos de 44 a 49 y de 50 a 54 años. Es significativa también, el alza en participación del
grupo de 75 años y más. La participación relativa del grupo de 35 a 39 años parece servir de eje en la rotación en contra
de las manecillas del reloj de la línea que vincula las diferentes alturas del por ciento de participación de los distintos
grupos de edad. Es particularmente interesante observar la disminución relativa de los grupos de edad escolar avanzada o universitaria
(de 10.55 a 8.30 por ciento en el grupo de 15 a 19 años; de 8.52 a 7.51 por ciento en el grupo de 20 a 24 años), el incremento
de 4.06 a 6.59 por ciento del grupo de 50 a 54 años y al alza de 2.89 a 4.37 por ciento en el grupo de 75 años y más. (Tabla
5 y Gráfica 6).
• La distribución relativa por sexo de la población experimentará una significativa transformación durante el
periodo sujeto a proyección, si bien no se anticipa que haya cambios grandes al respecto en los grupos de 0 a 24 años: en
las edades de 0 a 14 años predominaron en 1980 los varones por un margen cercano al dos por ciento, lo cual se extenderá al
grupo de 15 a 19 años en el año 2000. Ahora bien, a partir del grupo de 20 a 24 años comienza a predominar el grupo femenino
en ambos años. Por una variedad de factores, entre los cuales se destaca el fenómeno migratorio (que afecta en mayor proporción
a los varones que a la hembras) de 1980 al año 2000 aumentará significativamente la participación femenina en los grupos de
25 a 44 años. En el grupo de 45 a 49 años, se observará poco cambio, pero en edades más avanzadas comenzará a observarse una
creciente acentuación del predominio femenino (asociado en este caso con la tendencia de la mujer a tener una expectativa
de vida mayor), que culminará con una polarizada distribución del grupo de 75 años y más en el año 2000: hembras, 58.8 por
ciento; varones, 41.1 por ciento. Dicha distribución fue 54.2 y 45.8 por ciento, respectivamente, en 1980. Según estas proyecciones,
la diferencia máxima en participación relativa se dará en los grupos de edad avanzada, pero no deja de ser significativo el
hecho de que las mujeres predominarán marcadamente entre los adultos jóvenes (los grupos de 20 a 44 años), que se consideran
los de más alta productividad económica. Colocado en el contexto de un país en el cual la participación de la mujer en la
fuerza de trabajo es sumamente baja, esta proyección adquiere un relieve crítico desde el punto de vista de la política pública
(Tabla 6 y Gráfica 7).
• Previo al análisis del cambio que la Junta de Planificación anticipa en la pirámide poblacional de la Isla,
conviene examinar comparativamente las tasas de crecimiento anual promedio que se anticipa tendrán los diferentes grupos de
edad y sexo durante el periodo del 1980 al año 2000. En el caso de los varones, los seis grupos en el renglón de 0 a 34 años
experimentarán tasas negativas; en el renglón de 35 años y más, la tasa de crecimiento más alta se observará en el grupo de
50 a 54 años (3.02 por ciento); y será vigorosa el alza en el grupo de 75 años y más (2.17 por ciento). En el caso de las
hembras, se observarán tasa de crecimiento positivas a partir del grupo de 25 a 29 años, las cuales serán, como cabría esperar
a la luz de las observaciones anteriores, desde ligera hasta acentuadamente más altas que las de los varones. La diferencia
mayor se observará en el grupo de 64 a 69 años, que aumentará a un ritmo promedio de 0.82 por ciento entre los varones en
comparación con 2.28 por ciento entre las mujeres. De todos los cohortes de edad, el que experimentará el alza más acentuada
será el de las mujeres de 75 años y más, que tendrá un alza promedio de 3.13 por ciento, más de cinco veces mayor que la de
la población en su totalidad. (Tabla 7 y Gráfica 8).
• Una forma mucho más simple de examinar el crecimiento esperado de los diferentes grupos de edad es señalando
el número de personas que habrá en cada cohorte en el año 2000 por cada 100 que había en 1980. Así, entre los varones, se
observa que el número resultante es inferior a 100 en todos los grupos en el renglón de 0 a 34 años y mayor que 100 en todos
los demás grupos. La mayor disminución ocurrirá en el grupo de 10 a 14 años, en el cual habrá 89 varones por cada 100 en 1980,
mientras que el mayor aumento se observará en el grupo de 50 a 54 años, en el cual habrá 181 varones por cada 100 en 1980.
En el caso de las hembras, el número resultante es inferior a 100 en los grupos en el renglón de 0 a 24 años y superior a
100 en los todos los demás. Es significativo el hecho de que la cohorte femenina de 75 años y más registrará un crecimiento
casi igual al de la cohorte de 50 a 54 años: en ambos grupos habrá 185 hembras por cada 100 en 1980. (Tabla 8 y Gráfica 9).
• Las observaciones anteriores nos preparan para entender la transformación que se anticipa en la pirámide poblacional
de Puerto Rico. En ambos sexos se reducen las cohortes de 0 a 19 años. En el caso de los varones hay poca variación en las
cohortes de adultos jóvenes (los grupos desde 20 a 24 años hasta 35 a 39 años); se robustecen substancialmente los grupos
de 40 a 44 años hasta 60 a 64 años; crecen levemente las cohortes de 64 a 69 años y de 70 a 74 años; y, finalmente, se observa
una expansión bastante significativa en el grupo de 75 años y más. En el caso de las mujeres, hay poca variación en las cohortes
desde 20 a 24 años hasta 30 a 34 años; y aumentos substanciales en todos los grupos de más de 34 años. La baja en la natalidad,
la concentración de la emigración en las edades jóvenes (con predominio de la emigración de varones), al mayor longevidad
de la población debido al mejoramiento de los sistemas de salud y de la nutrición harán que la pirámide poblacional de Puerto
Rico se parezca cada vez más a la de los países altamente desarrollados, contrario a lo que ocurría hace 30 o 40 años, cuando
nuestro patrón de distribución de la población por edad se asemejaba al de los actuales países subdesarrollados. (Tabla 6
y Gráfica 10).
• Un análisis de la distribución regional del crecimiento poblacional esperado llevaría este trabajo más allá
de límite prescrito, pero una simple incursión en dicho terreno nos ilustra la variedad de tendencias que podrían observarse
a nivel regional. En efecto, la pirámide poblacional de la ciudad de San Juan, ya de por sí debilitada en su base y fortalecida
en la cúspide durante las últimas décadas, sufrirá, por un lado, una significativa erosión en las cohortes jóvenes de ambos
sexos (desde 0 a 4 años hasta 30 a 34 años) y una expansión en la cúspide, particularmente en el caso de las mujeres de 75
años y más. (Gráfica 11). De igual modo, es posible comparar la tasa de crecimiento por edad de diferentes municipios y detectar
patrones sumamente variados: crecimiento muy acentuado de los grupos de 60 años y más en Bayamón (del orden del 4 por ciento
o más); disminución de casi todos los grupos de edad en San Juan; crecimiento robusto de los grupos de edad adulta en Ponce
(aunque no a un ritmo tan acelerado como en Bayamón); acentuado crecimiento del grupo de 50 a 54 años en San Germán; estabilización
de los grupos de 60 a 64 años y de 65 a 69 años en Orocovis; crecimientos desde moderados hasta drásticos en el grupo de 75
años y más en todos los municipios. (Grafica 12).
Cuando de analiza con cierta profundidad histórica el cambio en la participación relativa de la población envejeciente,
se observa en crecimiento muy lento de 1910 a 1930, en alza algo más acelerada de 1930 a 1960, y en avance muy acelerado de
1960 a 1980. De 1980 al año 2000 se espera un crecimiento aún más acelerado, particularmente en el caso de las hembras. En
1980, el 7.9 por ciento de la población tenía 65 años y más, lo cual se elevará a 10.7 por ciento en el año 2000. Por la misma
vena, la participación relativa de la población de 75 años y más aumentará de 3.8 por ciento a 4.4 por ciento en el periodo
de proyección. En ambos grupos de edad, como desprende de las observaciones anteriores, será más acelerado el crecimiento
de la participación femenina. (Gráfica 13).
• El documento World Population Profile: 1985, preparado por el Negociado del Censo federal, señala que en el
año 2005 la proporción de la población de 65 años y más será 13.1 por ciento en Estados Unidos, 16.5 por ciento en Japón,
5.8 por ciento en Brasil, 4.6 por ciento en México, y 4.2 por ciento en Filipinas. Según las proyecciones de población de
la Junta de Planificación, en ese año la proporción equivalente en Puerto Rico será de 11.7 por ciento. Esto confirma nuestra
contención de que la Isla avanza hacia un patrón de distribución por edad de la población cada vez más semejante al de las
economías altamente industrializadas. (Gráfica 14).
Implicaciones económicas
La apretada síntesis que hemos presentado de la proyecciones de población de la Junta de Planificación sólo pretende
ser una introducción al vasto y complejo cuadro que las mismas describen, al mismo tiempo que una invitación a la reflexión
sobre las implicaciones económicas de dicha prospección demográfica. A modo de ejemplo, creo que algunas de éstas son las
siguientes:
• La disminución de la población escolar reducirá, en cierta medida, la presión que actualmente sufre el sistema
escolar de la Isla (particularmente su fase pública) y dará mayor margen para el desarrollo de programas que incrementen tanto
la calidad de la enseñanza como la condición de las facilidades educativas.
• Los colegios y universidades de Puerto Rico experimentarán reducciones en la demanda de los grupos de edad
universitaria tradicional y se verán obligados a atraer, cada vez con mayor intensidad, clientelas adultas no tradicionales.
Las universidades deberán orientar buena parte de sus ofrecimientos al readiestramiento de adultos, que verán sus empleos
en peligro debido al continuo avance de la tecnología y a la rápida obsolescencia del conocimiento. En forma cada vez más
acentuada, éstas hallarán lucrativa y socialmente válida la expansión de los programas diseñados para darle uso creativo al
tiempo libre y para aprovechar el cúmulo de experiencias y conocimientos de la población envejeciente, buena parte de la cual
consistirá en personas retiradas con altas destrezas intelectuales y técnicas.
• Un crecimiento menos acelerado de la población de 16 años y más se traducirá en un menor crecimiento del grupo
trabajador, lo que hará menos penosa la ineludible prioridad del orden económico de Puerto Rico: la reducción del desempleo.
Sin ánimo de ser muy rigurosos, hemos desarrollado una proyección del grupo trabajador, el empleo y el desempleo a base de
las ya discutidas proyecciones de población de la Junta de Planificación. Según este ejercicio, para el año 2000, con una
población 3,614,000 personas, la población de 16 años y más será de 2,648,000, el grupo trabajador consistirá en 1,160,000
personas, de las cuales 1,044,000 estarán empleadas y 116,000 estarán desempleadas. Es decir, el desempleo será de 10.0 por
ciento y la participación ascenderá 43.8 por ciento. Estas proyecciones se basan en la experiencia del periodo de 1974 a 1987,
durante el cual se han observado cuatro tendencias seculares: alza en el empleo total y en la tasa de participación y disminución
en el desempleo total y en la tasa de desempleo. (Tabla 12). Evidentemente se trata de una proyección optimista, en la cual
predomina la impresión de la firme expansión que ha experimentado nuestra economía en el último lustro.
• Si bien por un lado la moderación del crecimiento del grupo trabajador contribuirá a hacer menos angustiosa
la lucha contra el desempleo crónico, que en Puerto Rico golpea con más severidad a los jóvenes de escasas destrezas técnicas
o intelectuales, la considerable expansión de los adultos en edades productivas, particularmente en las edades de 40 a 59
años, obligará a los diseñadores de la política pública a desarrollar programas de adiestramiento, readiestramiento y reorientación
de carreras, ya que estos grupos estarán más expuestos que las cohortes jóvenes al impacto del acelerado cambio tecnológico.
La competitividad internacional de Puerto Rico dependerá de la capacidad que tengamos de renovar y ampliar el acervo de conocimiento
de nuestro grupo trabajador.
• Una paradoja que plantea el mercado laboral de Puerto Rico es la aún baja participación de la mujer en el
grupo trabajador. Si en el futuro se espera un crecimiento mucho más robusto de las cohortes femeninas y si continúa el actual
patrón que lleva a que predominen las mujeres en la matrícula universitaria, cabe esperar que la tasa de participación femenina
comience a crecer aceleradamente. La disminución de la fertilidad, los crecientes logros educativos de la mujer, la reducción
de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, y la gradual destrucción de las barreras sexistas en el mercado de
trabajo son tendencias que se correlacionan, según lo demuestra la experiencia de los países altamente industrializados, con
un ascenso en la tasa de participación laboral femenina. Aparentemente, existen aún en Puerto Rico fuertes concepciones culturales
(como la alta preferencia por el cuido maternal) que han neutralizado el impacto de los factores económicos objetivos. Todavía
en 1987 la tasa de participación femenina era de apenas 30 por ciento, en comparación con 59.8 por ciento en el caso de los
varones.
• El diseño urbano, la construcción de nuevas viviendas, los cambios en los sistemas de transportación, el
desarrollo de los centros comerciales e industriales tendrán que responder eficazmente a la realidad de que una proporción
creciente de la población consistirá en personas de edad avanzada. Decididamente, la infraestructura social, económica y tecnológica
de Puerto Rico tendrá que adaptarse a la realidad de una proporción cada vez más significativa de personas de edad avanzada.
No se tratará de una simple adaptación a un realidad cambiante, sino de un fenómeno impulsado por el propio poder político
y por la considerable influencia en todos los planos de la sociedad del componente de edad avanzada. Ya en Estados Unidos
se ha observado un enorme impacto de las organizaciones de retirados y envejecientes sobre el diseño de la política pública.
• Los patrones de gastos en bienes y servicios, el estilo de consumo, las tendencias del ahorro y la inversión,
es decir, toda la gama de variables macroeconómicas, sufrirán el impacto del cambio en la composición por edad de la población.
• Los sistema de salud y los planes médicos tendrán que reorientarse hacia la atención de una población cuyas
necesidades de servicio serán muy distintas a las de una población predominantemente joven.
En suma, una población con una mayor mediana de edad, con una expansión robusta de su componente de envejecientes, le
generará exigencias cada vez más intensas al sector público y, en consecuencia, se vislumbrará como un problema potencial
en muchos casos. Si embargo, la prolongación de la esperanza de vida es el logro más grande que ha alcanzado la sociedad puertorriqueña
en este siglo. En la prolongación de la vida de los ciudadanos se reflejan los logros educativos, económicos, sociales y culturales
alcanzados en la Isla. Se trata, pues, de un resultado que, al mismo tiempo que confirma del éxito del desarrollo económico,
constituye un nuevo reto, tal vez más formidable que las enfermedades endémicas y la desnutrición, para los forjadores de
la política pública.
No menos formidable es el reto que plantea el cambio tecnológico a un grupo trabajador altamente expuesto a la dinámica
de una economía abierta, que responde con gran elasticidad a las transformaciones estructurales de la economía global. Será
necesario renovar el acervo de conocimiento de los trabajadores de edad madura, acelerar la asimilación de tecnología nueva
en los grupos de edad escolar y universitaria (particularmente en lo que respecta al uso de las computadoras en los centros
de trabajo) e integrar a la población envejeciente al tejido social, de manera que se aproveche el gran cúmulo de conocimiento
de esta última.
No hay manera alguna de optimizar el aprovechamiento del capital humano de Puerto Rico si no se integra el forma acelerada
y creciente a la mujer al grupo trabajador. Es inconcebible que una sociedad invierta sumas inauditas de dinero en el desarrollo
y formación de capital humano y luego vea a una proporción considerable de dichas personas en el ejercicio de tareas que son
dignas desde el punto de vista de la integración social, pero que de haber una adecuada provisión de sistemas de cuidado diurno
podrían ser realizadas por personas especializadas en dicho trato. Así, la mujer podría desastar a plenitud el enorme potencial
productivo que el sistema educativo ha acumulado en ellas y que es tan necesario para incrementar la productividad y la competitividad
internacional de Puerto Rico.
En fin, la planificación económica y social de Puerto Rico debe responder en forma cuidadosa y sistemática al poderoso
reto que plantea el anticipado cambio en la estructura de edad de la población. No cabe la menor duda de que la Junta de Planificación
ha iluminado el camino hacia el futuro de Puerto Rico al desarrollar este cuadro de proyecciones demográficas.
TABLA NUM. 1
SUPUESTOS BÁSICOS DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN
VARIABLE CENSO
1980 PROYECCIÓN
1990 PROYECCIÓN
2000
Tasa bruta de
natalidad promedio 22.80 20.06 18.29
Promedio de hijos
por mujer 2.79 2.44 2.38
Tasa bruta de
mortalidad promedio 6.4 7.0 7.8
Migración neta
promedio anual
-16,101 -23,755 -11,441
Las tasas y promedios son por cada mil habitantes.
Fuente: Junta de Planificación, Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005,
Apéndice IV, Pág. A-17.
GRÁFICA 1
TABLA NÚM. 2
IMPLICACIONES DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN
VARIABLE CENSO 1980 PROYECCIÓN
1990 PROYECCIÓN
2000
Población total 3,196,520 3377441 3,614,001
Tasa de crecimiento real promedio 1.8 0.6 0.7
Mediana de edad 24.6 28.1 31.4
Población de 16 años
y más 2,114,076 2,387,504 2,647,676
Por ciento 66.1 70.7 73.3
Población de edad
escolar 1,211,511 1,158,779 1,106,138
Por ciento 37.9 34.3 30.6
6-18 años 876,827 819,674 776,611
Por ciento 27.4 24.3 21.5
19-24 años 334,684 339,105 329,527
Por ciento 10.5 10.0 9.1
Población envejeciente
60 años y más 357,504 441,483 548,784
Por ciento 11.2 13.1 15.2
65 años y más 252,569 317,320 389,281
Por ciento 7.9 9.4 10.8
Los por cientos son respecto a la población total al final del periodo.
Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005, Apéndice IV, Pág. A-17.
GRÁFICA 2
TABLA NÚM. 3
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO
VARIABLE CENSO 1980 PROY.
1990 PROY.
2000 TCAP
Varones 1,556,727 1,604,552 1,696,210 0.43
Por ciento 48.7 47.5 46.9
Hembras 1,639,793 1,772,889 1,917,792 0.79
Por ciento 51.3 52.5 53.1
Total 3196520 3,377,441 3,614,002 0.62
Mediana de edad 24.6 28.3 31.8 1.29
Varones 23.6 26.9 29.7 1.16
Hembras 25.5 29.7 33.6 1.39
Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005, Apéndice IV, Pág. 11.
GRÁFICA 3
TABLA NÚM. 4
MEDIANA DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE PUERTO RICO
VARONES Y HEMBRAS: 1960 A 1980 Y PROYECCIÓN AL 2000
VARIABLE 1960 1970 1980 PROY.
1990 PROY.
2000
Varones 18.0 20.4 23.6 26.9 29.7
18.9 22.1 25.5 29.7 33.6
Fuente: Junta de Planificación, Oficina del Censo, Carta Informativa, Núm. 14, Agosto de 1987
GRÁFICA 4
TABLA NÚM. 5
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD
GRUPO DE EDAD CENSO
1980
(%) PROY.
1990
(%) PROY.
2000
(%)
0-4 10.66 9.35 8.63
5-9 10.33 8.58 8.11
10-14 10.58 9.29 8.32
15-19 10.55 9.91 8.30
20-24 8.52 8.15 7.51
25-29 7.39 6.41 6.71
30-34 7.19 6.23 6.31
35-39 6.08 7.03 6.11
40-44 5.18 7.03 6.15
45-49 4.54 5.79 6.73
50-54 4.06 4.85 6.59
55-59 3.73 4.19 5.34
60-64 3.28 3.68 4.41
65-69 2.95 3.18 3.61
70-74 2.04 2.46 2.79
75 y más 2.89 3.75 4.37
Grupos específicos
0-19 42.04 37.23 33.36
15-24 19..07 18.06 15.81
45-54 8.60 10.64 13.32
Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005, Apéndice IV, Pág. 11.
GRÁFICA 6
TABLA NÚM. 6
DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA POBLACIÓN
POR SEXO
GRUPO DE
EDAD 1980
VARONES 1980
HEMBRAS 2000
VARONES 2000
HEMBRAS
0-4 173,228 167,424 158,853 152,970
5-9 168,162 162,169 149,714 143,456
10-14 172,494 165,797 153,376 147,235
15-19 168,399 168,735 151,532 148,367
20-24 129,243 143,187 129,234 142,035
25-29 110,820 125,316 110,017 132,541
30-34 107,419 122,343 102,174 125,822
35-39 91,456 102,828 94,200 126,531
40-44 78,063 87,589 93,309 123,931
45-49 68,328 76,692 116,433 126,850
50-54 61,175 68,611 110,973 127,366
55-59 57,158 62,380 88,965 104,333
60-64 50,641 54,294 71,692 87,811
65-69 45,989 48,555 54,197 76,229
70-74 31,795 33,685 41,492 59,275
75 Y MÁS 42,357 50,188 65,050 93,040
POR CIENTO
0-4 50.85 49.15 50.94 49.06
5-9 50.91 49.09 51.06 48.94
10-14 50.99 49.01 51.02 48.98
15-19 49.95 50.05 50.53 49.47
20-24 47.44 52.56 47.64 52.36
25-29 46.93 53.07 45.36 54.64
30-34 46.75 53.25 44.81 55.19
35-39 47.07 52.93 42.67 57.32
40-44 47.12 52.88 44.23 55.77
45-49 47.11 52.89 47.86 52.14
50-54 47.14 52.86 46.56 53.44
55-59 47.82 52.18 46.02 53.98
60-64 48.26 51.74 44.95 55.05
65-69 48.64 51.36 41.55 58.45
70-74 48.56 51.44 41.18 58.82
75 Y MÁS 45.77 54.23 41.15 58.85
Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005, Apéndice IV, Pág. 11.
GRÁFICA 7
TABLA NÚM. 7
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO
DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD, POR SEXO
1980 A 2000
GRUPO DE EDAD VARONES HEMBRAS AMBOS SEXOS
0-4 -0.43 -0.45 -0.44
5-9 -0.58 -0.61 -0.59
10-14 -0.58 -0.59 -0.59
15-19 -0.53 -0.64 -0.58
20-24 -0.03 -0.04 -0.02
25-29 -0.04 0.28 0.13
30-34 -0.25 0.14 -0.04
35-39 0.15 1.04 0.64
40-44 1.16 1.75 1.48
45-49 2.70 2.55 2.62
50’54 3.02 3.14 3.08
55-59 2.24 2.61 2.43
60-64 1.75 2.43 2.11
65-69 0.82 2.28 1.62
70-74 1.34 2.87 2.17
75 Y MÁS 2.17 3.13 2.71
Fuente: Tabla Núm. 6
GRÁFICA 8
TABLA NÚM. 8
PERSONAS EN EL AÑO 2000 POR CADA 100 EN 1980
GRUPO DE EDAD VARONES HEMBRAS AMBOS SEXOS
0-4 92 91 91
5-9 89 88 89
10-14 89 89 89
15-19 90 88 89
20-24 99 99 99
25-29 99 106 103
30-34 95 103 99
35-39 103 123 114
40-44 126 141 134
45-49 170 165 168
50’54 181 185 183
55-59 156 167 162
60-64 141 162 152
65-69 118 157 138
70-74 130 176 154
75 Y MÁS 154 185 171
Fuente: Tabla Núm. 6
GRÁFICA 8
GRÁFICA 9
TABLA NÚM. 9
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE UN CONJUNTO
DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS
AMBOS SEXOS: 1980 A 2000
GRUPO DE EDAD SAN JUAN BAYAMÓN SAN GERMAN PONCE
0-4 -0.79 0.29 0.33 -1.05
5-9 -0.77 -0.25 -0.31 -1.37
10-14 -0.57 -0.07 -0.23 -0.96
15-19 -0.82 -0.26 -0.28 -0.91
20-24 -2.00 -0.25 -0.38 -0.29
25-29 -1.65 0.55 0.39 -0.14
30-34 -1.44 0.44 -0.63 -0.57
35-39 -0.41 1.05 -0.13 0.47
40-44 0.47 1.30 1.07 1.46
45-49 0.57 1.92 2.21 2.72
50’54 -0.03 2.43 3.91 3.15
55-59 -0.73 2.89 2.90 2.10
60-64 -0.43 4.06 1.42 1.78
65-69 -0.04 4.58 1.02 0.88
70-74 1.26 5.21 0.85 1.69
75 Y MÁS 2.05 4.58 2.62 2.31
Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005
GRÁFICA 12
TABLA NÚM. 10
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN ENVEJECIENTE
DE 65 AÑOS Y MÁS Y DE 75 AÑOS Y MÁS
VARONES Y HEMBRAS, 1910-1980 Y PROYECCIÓN PAR 2000
AÑO 65 Y MÁS
VARONES 65 Y MÁS
HEMBRAS
75 Y MÁS
VARONES 75 Y MÁS
HEMBRAS
1910 1.00 1.30 0.31 0.45
1920 1.10 1.31 0.36 0.49
1930 1.21 1.34 0.39 0.49
1940 1.57 1.82 0.48 0.66
1950 1.85 2.03 0.62 0.79
1960 2.56 2.64 0.82 1.00
1970 3.16 3.36 1.14 1.34
1980 3.76 4.13 1.33 1.56
PROYECCIO-NES
1990 P 4.15 5.24 1.68 2.07
2000 P 4.45 6.32 1.80 2.57
Fuente: Junta de Planificación, Oficina del Censo, Carta Informativa, Agosto de 1987, Págs. 6-7.
GRÁFICA 13
TABLA NÚM. 11
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS
PROYECTADA AL 2005 EN VARIOS PAÍSES
PAÍS PROPORCIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS
(%)
ESTADOS UNIDOS 13.1
JAPÓN 16.5
BRASIL 5.8
MÉXICO 4.6
FILIPINAS 4.2
PUERTO RICO 11.7
Fuente: Negociado del Censo Federal, World Population Profile: 1985
GRÁFICA 14
TABLA NÚM. 12
PROYECCIÓN DEL GRUPO TRABAJADOR, EL EMPLEO TOTAL
Y EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS A BASE DE LAS
PROYECCIONES DE POBLACIÓN
(En miles)
AÑO FISCAL POBLA-CIÓN PROBLA-
CIÓN 16 AÑOS Y MÁS GRUPO TRABAJA-DOR EMPLEO DESEM-
PLEO
1974 2,881 1,914 849 744 105
1975 2,914 1,952 826 699 127
1976 2,979 2,020 841 678 163
1977 3,046 1,923 864 691 173
1978 3,098 1,987 889 722 167
1979 3,141 2,040 892 735 157
1980 3,184 2,094 907 753 154
1981 3,227 2,139 925 759 166
1982 3,255 2,193 918 719 199
1983 3,264 2,236 919 703 216
1984 3,268 2,261 952 743 209
1985 3,276 2,283 964 758 206
1986 3,279 2,300 977 777 200
1987 3,285 2,305 1,013 834 179
1990 P 3,377 2,387 1,050 881 161
1995 P 3,485 2,518 1,101 958 168
2000 P 3,614 2,648 1,160 1.044 116
Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1987. Las proyecciones del grupo trabajador, el empleo
y el desempleo (que hoy en día lucen sumamente conservadoras si se comparan con la realidad histórica) se desarrollaron a
base de los datos del periodo de 1974 a 1987.
BANCA Y FINANZAS EN PUERTO RICO:
PRIMER TRIMESTRE DE 1991
Introducción
Por lo regular, la actividad bancaria y financiera se mueve en la misma dirección que la actividad macroeconómica o agregada.
Tan pronto las instituciones financieras perciben que la actividad económica está desacelerándose o va en declive comienzan
a restringir el crédito y a reorientar su cartera de activos hacia instrumentos de alta calidad y bajo riesgo como lo son
los bonos de largo plazo del Tesoro de Estados Unidos. Se requieren grandes esfuerzos por parte de las autoridades monetarias
(reducción de los requisitos de reserva de la tasa de fondos federales y operaciones de mercado abierto que inducen bajas
en las tasas de interés a corto plazo) para contrarrestar el carácter procíclico del sector bancario. En vista de que la recesión
tiende a contraer las expectativas de ganancia de las empresas es necesario reducir los costos de financiamiento (mediante
tasas de interés más bajas) para inducir un flujo adecuado de inversión que reactive la economía y la saque de la recesión.
Situación actual de la economía
En vista de que desde principios de agosto se están sintiendo en la Isla los impactos de la crisis del Golfo Pérsico
(por vía de mayores costos del petróleo, la energía eléctrica, el gas licuado y la gasolina) tanto la situación económica
general como el desempeño del sector bancario y financiero en particular se ha desempeñado mucho mejor de lo esperado durante
el primer trimestre del año fiscal 1991 (julio a septiembre de 1990).
En cuanto a la actividad económica agregada los siguientes indicadores reflejan una panorama esencialmente positivo:
• El empleo total tuvo un promedio de 921,300, un alza de 1.2 por ciento con respecto al mismo trimestre del
año anterior. Una comparación similar revela los siguientes cambios en el mercado laboral: una reducción de 4.3 en el número
de desempleados y de 0.7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo (de 15.2 por ciento a 14.5 por ciento); y alzas en el
empleo de todos los sectores industriales, con la excepción de la agricultura y la administración pública.
• La producción de energía eléctrica aumentó 8.3 por ciento si se compara con el mismo trimestre del año anterior
(que por supuesto estuvo afectado por el paso del Huracán Hugo) y 7.3 por ciento con respecto al primer trimestre del año
fiscal 1988. De hecho, la energía eléctrica producida durante el trimestre constituyó un máximo o ¨peak¨histórico.
• Los ingresos netos del Fondo General aumentaron 10.5 por ciento. Dentro de éstos, se registraron sólidos aumentos
en las contribuciones de individuos (21.8 por ciento) y corporaciones (12.2 por ciento) y en la recaudación por concepto de
arbitrios (20.6 por ciento).
• El Índice de Precios al Consumidor para Todas las Familias aumentó 6.4 por ciento, un alza que vino a ser
2.4 puntos porcentuales mayor que la observada durante el año fiscal 1990. Como cabría esperar, los componentes que más incremento
mostraron durante el trimestre fueron los de transportación (11.2 por ciento) y comidas y bebidas (8.6 por ciento).
La banca comercial
Durante el año fiscal 1990 los activos de la banca comercial tuvieron un alza muy modesta (2.7 por ciento) si bien el
componente de préstamos netos, el más importante desde el punto de vista de la dinámica de la actividad económica, tuvo un
alza algo mayor (8.5 por ciento). En cambio, el aumento de la inversión en bonos y otros instrumentos financieros fue de
23.8 por ciento. En ese año, dentro de los pasivos totales, los depósitos aumentaron 6.6 por ciento, pero el componente de
depósitos 936, el más decisivo para la economía como un todo, tuvo una reducción de 1.3 por ciento. La actividad prestataria
registró incrementos en los préstamos de bienes raíces (21.5 por ciento), comerciales e industriales (12.0 por ciento) y agrícolas
(12.4 por ciento) que sirvieron de contrapeso a una baja de 2.3 por ciento en los préstamos a individuos. Como puede apreciarse,
con excepción del renglón de préstamos de bienes raíces, la actividad prestataria sigue siendo significativa, pero creció
mucho menos que la inversión en instrumentos financieros de alta calidad.
Ahora bien, si los bancos estuvieran anticipando una recesión, las estadísticas correspondientes al primer trimestre
del año fiscal 1991 deberían reflejar un incremento aún mayor en la inversión en bonos y otros instrumentos financieros, una
desaceleración en los préstamos netos e incrementos mucho menores en el volumen de la actividad prestataria sectorial. No
obstante, la realidad es que los activos totales crecieron 11.5 por ciento, impulsados por un alza de 24.5 por ciento en las
inversiones en bonos y otros instrumentos financieros y por un crecimiento de 15.5 por ciento en los préstamos netos. Dos
desarrollos muy alentadores fueron los aumentos de 13.5 por ciento en los depósitos totales y de 5.8 por ciento en los depósitos
de fondos 936 y la fortaleza de la actividad prestataria sectorial, que registró las siguientes alzas: bienes raíces (40.3
por ciento), comerciales e industriales (12.8 por ciento), agrícolas (11.0 por ciento) y a individuos (3.1 por ciento). A
todas luces, la banca comercial sigue mostrando gran fe en las perspectivas de crecimiento global y sectorial de la economía
de Puerto Rico, aunque sigue predominando el patrón de que las inversiones de bonos y obligaciones de alta calidad y bajo
riesgo crezcan más que la actividad prestataria en general, con la notable excepción de los préstamos de bienes raíces, que
tuvieron un alza desproporcionada en el trimestre bajo análisis.
El mercado de fondos 936
Los estudios que se han hecho del mercado de fondos 936, el más riguroso de los cuales es el que realizó recientemente
la firma Horst & Associates para la Administración de Fomento Económico y el banco Gubernamental de Fomento para Puerto
Rico (BGF), titulado The Market for 936 Funds y publicado en mayo de 1990, describen los efectos positivos que dicho mercado
ha traído a la Isla, a saber:
• La obtención de fondos 936 a tasas de interés entre uno y dos puntos porcentuales más bajas que tasas de interés
comparables en Estados Unidos y Europa.
• Los bancos que operan en la Isla han logrado transferir su costo más bajo en lo que respecta a la obtención
de fondos 936 a sus clientes (consumidores y negocios).
• Las instituciones de Puerto Rico cuyos bonos y otras obligaciones son adquiridos directamente por las corporaciones
936 están pagando tasas de interés también entre uno y dos puntos porcentuales más bajas que las que afrontan instituciones
similares en Estados Unidos.
Sin duda, tales ventajas competitivas del mercado financiero de Puerto Rico podrían contribuir a hacer menos severa
y más corta una recesión en la Isla.
Ahora bien, en vista de que el riesgo de recesión en Puerto Rico sigue aumentando, máxime ahora que se entiende que
la recesión ya se desató en Estados Unidos, es pertinente discutir un informe que preparó recientemente la Oficina de Análisis
y Estudios Económicos del BGF, en el cual se llegó a las siguientes conclusiones en lo que respecta a los impactos que tendría
una recesión en Estados Unidos y Puerto Rico sobre el mercado de fondos 936:
Se reducirían los márgenes de ganancia de las corporaciones 936 debido a la contracción de las ventas de éstas en los
Estados Unidos y en los mercados mundiales. Conviene señalar, no obstante, que el principal componente de las firmas 936 ubicadas
en Puerto Rico—la industria farmacéutica—es menos sensitiva a los ciclos económicos que la industria manufacturera
en general, ya que la demanda de medicinas suele ser esencialmente inelástica con respecto a cambios en los precios de éstas.
Otro factor a favor de la industria farmacéutica es el hecho de que sus gastos energéticos representan un bajo por ciento
de sus gastos totales.
El nivel de inversión en la expansión de plantas de las firmas 936 tenderá a decrecer. En consecuencia, la firmas 936
propenderán a aumentar su liquidez, con miras a reducir el riesgo de inversión. En la medida en que el mercado de fondos 936
es una de las mejores alternativas de inversión financiera de corto plazo para los fondos líquidos, cabe esperar que aumente
el volumen de fondos 936, particularmente el componente de depósitos en bancos comerciales. En la actualidad la banca comercial
tiene un volumen de depósitos 936 montante a $6.6 billones, que constituye más de la mitad de las inversiones financieras
de las corporaciones 936 en Puerto Rico.
La contrapartida a la anterior tendencia podría ser que, como resultado de la recesión, se reduzcan las tasas de interés
a corto plazo (como base de una política antirecesionaria de la Reserva Federal, aumente el incentivo a la inversión directa
en planta y equipo y por tanto se reduzca el atractivo para colocar depósitos 936 en la banca comercial. El efecto neto de
ambas tendencias seguramente será favorable para el mercado de fondos 936 debido a que, en promedio, se preferirá un rendimiento
más bajo pero más seguro en inversiones indirectas o financieras a un rendimiento probablemente más alto pero riesgoso en
inversiones directas.
Se reducirá el volumen de actividad elegible—bonos AFICA, hipotecas GNMA, obligaciones del gobierno de Puerto
Rico, etc—generado por las instituciones y cambiará la estructura de la actividad elegible. No obstante, los altos
niveles de actividad elegible excesiva que se observan en la actualidad evitarán que se produzca una reducción en la demanda
de fondos. Conviene recordar que la oferta total de fondos 936 son las ganancias acumuladas no repatriadas de las corporaciones
936, mientras que la demanda de fondos 936 proviene de los bancos y otras instituciones financieras cuyos pagos de intereses
cualifican para exención de las contribuciones federales y estatales.
En Puerto Rico, las instituciones de ahorro y préstamos están sintiendo la presión de la nueva reglamentación federal
(encabezada por la Ley Garn-St. German de 1982), que ha generado una competencia feroz entre las instituciones bancarias,
así como de una expansión hasta cierto punto excesiva y poca planificada durante el periodo de 1984 a 1990. En cambio, como
ya se ha señalado, la banca comercial está en mucho mejor posición que las instituciones de ahorro y préstamos, las cuales
a su vez, no empece a sus dificultades al nivel local, no han tenido la desastrosa experiencia de sus homólogas en Estados
Unidos. Tal vez el punto más vulnerable de las instituciones financieras de Puerto Rico sea el alto crecimiento que ha experimentado
durante los últimos años su cartera de préstamos de bienes raíces y a individuos, lo cual ha incrementado el nivel de riesgo
de la industria en su conjunto. Como hemos visto, durante el último año fiscal y en lo que va del año fiscal 1991, se acentuó
el crecimiento de los préstamos de bienes raíces realizados por la banca comercial, si bien se ha controlado la expansión
del crédito extendido a los consumidores.
Conclusión
La situación actual de la banca y las finanzas de Puerto Rico es sólida y estable. Los indicadores financieros correspondientes
al primer trimestre del año fiscal 1991 reflejan que la banca comercial mantiene una actividad prestataria más vigorosa que
la que se observó, en promedio, durante el año fiscal 1990, particularmente en lo que respecta a préstamos de bienes raíces.
La existencia del mercado de fondos 936 constituye una gran ventaja competitiva para los inversionistas de Puerto Rico, ya
que éstos pueden obtener fondos a tasas de interés más bajas que en otras jurisdicciones de Estados Unidos y Europa. Tal situación
podría ser una factor que contribuyera a hacer menos severa y más corta una recesión en la Isla. Si ocurriera una recesión
en Estados Unidos y Puerto Rico, las firmas 936 tenderían a moverse a una cartera de inversiones más líquidas, lo cual significaría
un aumento de volumen de fondos 936. No obstante, como resultado de la recesión, podría reducirse el nivel de la actividad
elegible, si bien la existencia de actividad elegible excesiva evitaría una reducción en la demanda de fondos 936.
NOTA
Este trabajo se sometió el 16 de noviembre de 1990 al Consejo de Desarrollo Estratégico del Gobernador, como parte de
una evaluación de la coyuntura general de la economía de Puerto Rico y de sus principales sectores productivos.
LAS BARRERAS TARIFARIAS: ÚLTIMA LÍNEA
DE DEFENSA DEL PROTECCIONISMO
Las Rondas Kennedy, las negociaciones maratónicas que se iniciaron en 1962, duraron cerca de cinco años y llevaron
a la reducción de las tarifas de cerca de 5,000 grupos de productos. Fué en esta ronda de negociaciones que se reconoció por
primera vez cuán amplias y significativas eran las barreras no tarifas como elementos restrictivos del comercio internacional.
Más tarde en las Rondas de Tokio , celebradas en 1973, las negociaciones multilaterales lograron acuerdos para reducir aún
más las tarifas y se discutieron más a fondo estrategias para reducir o eliminar las barreras no tarifarias y coordinar la
liberalización integral del comercio mundial.
Las tarifas son impuestos a las importaciones con el propósito de reducir éstas y proteger las industrias domésticas
y los mercados laborales de la competencia extranjera. En ocasiones, benefician a las industrias protegidas a expensas del
público en general. En otras ocasiones, constituyen metodos legítimos para proteger a industrias incipientes o para darle
apoyo a industrias nacionales de alto valor estratégico y que se consideran parte integral, imprescindible de la estructura
económica nacional.
Las barreras no tarifarias consisten de una diversidad de prácticas orientadas al mismo propósito que las tarifas.
Las variantes más comunes son las siguientes : cuotas de importación, subsidios a las exportaciones, procedimientos de aduana
onerosos y restrictivos, requisitos de colocación de etiquetas y otros medios de identificación de los productos , trato preferencial
a los productos locales, sistemas de inspección sanitaria y de seguridad de los productos excesivamente estrictos y otras
formas de control administrativo y burocrático del comercio exterior.
EL extraordinario auge que han tomado los procesos de integración económica en años recientes , encabezado por las
complejas negociaciones del proyecto Europa 1992 y cuya expresión más reciente son las negociaciones para establecer el Acuerdo
de Libre Comercio de América del Norte (entre México , Estados Unidos y Canadá), ha puesto en evidencia cuan fuerte sigue
siendo la presencia de las barreras no tarifarias. En Europa las negociaciones de integración económica han tenido que lidiar
con una multiplicidad de elementos no tarifarios : restricciones a la mobilidad de factores de producción, ausencia de uniformidad
en las normas que rigen la producción y venta de productos, restricciones al paso de transporte en las fronteras , y barreras
jurídicas, fiscales y administrativas diversas. De igual modo, en las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá
se han discutido aspectos diversos de la filosofía proteccionista que aún persiste en el país azteca : las licencias de importación,
cambios constantes en los requisitos de importación, cambios continuos en los procedimientos de compra de las empresas estatales
y variaciones en las reglas de repartición de ganancias.
El aumento en la eficiencia económica en la producción de bienes y servicios y el el fortalecimiento de la competitividad
en el comercio internacional son metas universalmente aceptadas, cuya hegemonía ha puesto en un segundo plano a la vieja ideología
proteccionista . No es extrano, pues, que todos los países del mundo se hayan visto obligados a reevaluar el rol de las barreras
tarifarias y no tarifarias con miras a distinguir aquellas que son auténticas medidas de protección de industrias de alto
valor estratégico y de interés fundamental para mantener la integridad económica del país y aquellas que son esencialmente
obstáculos físicos o administrativos al libre comercio .
En última instancia, la regulación del comercio exterior, su canalización hacia los mejores intereses de país que lo
practica, es el arte del balance entre los costos y los beneficos cuya práctica puede o no estar regida por dogmas, ya sean
proteccionistas o "librecambistas". La cooperación económica, la agilización del movimiento internacional de recursos
humanos, capital y tecnología , el aumento de la eficiencia y la competencia y el legítimo aprovechamiento de las ventajas
competitivas dinámicas de cada país son los estilos de convivencia en la nueva economía globalizada. Cada país tiene que juzgar,
a veces con penosa precisión, cuál debe ser el balance entre el libre comercio y el sano desarollo del mercado doméstico.
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD:
LOS TÉRMINOS DE UN DEBATE
Introducción
En la literatura sobre los aspectos económicos de los recursos naturales y el ambiente predominaba hasta hace poco la
noción de que la reglamentación ambiental conlleva costos significativos, reduce el crecimiento de la productividad y, por
lo tanto, restringe la capacidad de las firmas nacionales para competir en los mercados internacionales.
Según tal línea de argumentación, la pérdida de competitividad se refleja en la reducción de las exportaciones y el
aumento en las importaciones, e induce la fuga de empresas nacionales hacia países en via de desarrollo, en los cuales la
reglamentación ambiental es más laxa.
En otras palabras, existe un intercambio fijo e inherente entre la protección ambiental y la producción económica: para
lograr la primera es inevitable el deterioro de la segunda.
No obstante, a principios de esta década, un grupo de analistas lanzó un reto a la teoría vigente al postular que la
reglamentación ambiental puede tener un impacto favorable en la competividad nacional. En la medida en que las firmas privadas
y la economía como un todo, bajo la obligación de cumplir con normas más estrictas, se tornan más eficientes en el uso de
los recursos (especialmente de los recursos naturales y de la energía), se enriquece la productividad de los recursos y de
las firmas nacionales, y por ende el país como un todo mejora su capacidad para competir al nivel internacional.
En este breve ensayo, se describe el perfil general del debate en torno a la relaci'on entre la reglamentacion ambiental
y la competitividad, con animo de sentar las bases para un analisis futuro del tema al la luz de la experiencia particular
de Puerto Rico.
La evidencia empírica
La prueba de fuego para una teoría es la confrontación con los hechos empíricos. Una teoría o hipótesis no sometida
a prueba puede sobrevivir en la sabiduría convencional o paradigma científico vigente por mucho tiempo, siempre y cuando guarde
correspondencia lógica con las teorías ya sometidas al escrutinio de los datos, pero tarde o temprano tiene que responder
al reto de la realidad, particularmente cuando sus bases mismas son desafiadas por hipótesis alternativas.
La realidad es que los exponentes de la teoría de intercambio entre la reglamentación ambiental y la competitividad
nunca lograron presentar evidencia sólida de que la reglamentación ambiental tiene un efecto adverso significativo sobre la
competitividad.
En un resumen de la literatura empírica sobre el tema que se publicó en Journal of Economic Literature , se llegó a
las siguiente conclusión al respecto:
" Si bien los costos a largo plazo de la reglamentación ambiental pueden ser significativos, incluyendo efectos
adversos sobre la productividad, los estudios que han intentado medir los efectos de la reglamentación ambiental sobre las
exportaciones netas, los flujos internacionales de mercancías y las decisiones de localización de plantas han producido estimados
que son ya sea muy pequeños, estadísticamente no significativos o no lo suficientemente robustos para verificar las especificaciones
de los modelos".
Hay razones para pensar que aún queda mucho por hacer en esta investigación. Es necesario superar las limitaciones cuantitativas
y cualititativas de los datos, aumentar la proporción de las compañías que informan sobre sus operaciones a las agencias reguladoras
y reconciliar las acentuadas diferencias internacionales respecto al alcance de las normas de protección ambiental.
De igual modo, es posible que, no empece a las discrepancias en reglamentación entre los países industrializados y
los países en desarrollo, las firmas multinacionales prefieran establecer operaciones de alta eficiencia en cualquier sitio
en que se establezcan, con miras a mantener una imagen de excelencia y de compatibilidad con las plantas establecidas en los
países industrializados, al mismo tiempo que las firmas de los países en desarrollo prefieran establecer criterios más estrictos
que los requeridos en el país en cuestión, con la idea de mejorar su potencial de exportación y evitar los costos de cumplir
con reglas que se puedan trazar en el futuro.
Así, la conjunción de las dos tendencias anteriores podría explicar la ausencia de evidencia contundente sobre la fuga
de empresas hacia países con reglas ambientales menos estrictas.
La hipótesis de Porter
La implacable máxima de Aristóteles, en el sentido de que la naturaleza odia el vacío, obró para que a principios de
esta década un grupo de analistas, encabezado por Michael Porter, adelantara la hipótesis alternativa de que la reglamentación
mas bien estimula el crecimiento económico y la competitividad.
Los argumentos centrales de esta nueva hipótesis son los siguientes:
1. En la medida en que las compañías operan en el mundo real, sujetas a una intensa competencia, se ven obligadas a
buscar soluciones innovadoras a los nuevos problemas que plantean los competidores, los clientes y las agencias reguladoras.
2. Si las normas ambientales se diseñan apropiadamente, como ha ocurrido en algunos países altamente industrializados,
éstas pueden inducir el desarrollo de innovaciones que reduzcan los costos de producción. Se trata de innovaciones que lleven
a usar los recursos más productivamente-desde las materias primas hasta la fuerza laboral y la energía-, lo cual puede generar
ahorros que sobrepasen con creces los costos de implantar las normas ambientales.
3. A la larga, no sólo se logra una mejora en la calidad del ambiente, sino que disminuyen los costos de producción,
aumenta la calidad de los productos y se fortalece la competitividad global de las empresas y del país en general.
Desafortunadamente, hasta ahora la evidencia empírica citada por los partidarios de la hipótesis alternativa es predominantemente
anecdótica. Se alude a tecnologías diversas como los convertidores catalíticos, las técnicas de cultivo de la industria de
flores danesa, y a la relación directa entre el aumento en los costos de cumplir con la reglamentación ambiental y el aumento
en las patentes de tecnologías orientadas a ese propósito.
El único caso que se conoce de un estudio emprendido para corroborar la tesis de Porter no logró demostrar una relación
de causa y efecto entre la reglamentación y el desempeno económico, aunque presentó evidencia de que hay una asociación moderada,
y consistentemente positiva, entre el ambientalismo y el crecimiento económico, y de que la búsqueda de la calidad ambiental
no es un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo económicos.
Implicaciones del debate
Independientemente de cuál de las dos hipótesis en conflicto logre desarrollar las mejores evidencias empíricas en el
futuro, el debate sobre este tema ha ayudado a mirar desde un ángulo más benévolo e imaginativo la función de reglamentación
ambiental dentro del contexto de una estrategia amplia para promover la competitividad nacional.
Se pueden enunciar varios postulados que podrían ser apoyados sin mucha vacilación por los partidarios ambas hipótesis
en conflicto:
1. La reglamentacion debe ser estricta, pero al mismo tiempo debe estimular el desarrollo de soluciones creativas, obtenidas
mediante la investigación y la experimentación con nuevas tecnologías.
2. Las exigencias de calidad ambiental (reducción de emisiones, control de ruido, tratamiento de desperdicios sólidos,
etc.) deben orientarse a la prevención, dar flexibilidad en lo que respecta a las tecnologías para cumplir con ellas y establecer
fechas de cumplimiento realistas, amoldadas a la capacidad de financiamiento de las empresas.
3. Los grupos ambientalistas deben ser integrados a los esfuerzos para definir los fundamentos de la competitividad
nacional, de manera que no sólo contribuyan al diseño de reglas ambientales correctas, sino que ayuden en los esfuerzos de
comunicarle al público en general la importancia de una política ambiental innovadora y dinámica.
4. Es imperativo desmontar el clima de tensión y antagonismo que suele caracterizar las relaciones entre los reguladores
gubernamentales, las empresas productivas y los grupos ambientalistas, y reemplazarlo por un red de mutuo apoyo en la cual
el principio de la ventaja competitiva nacional sea la meta que oriente las decisiones y acciones de dichos tres componentes.
Comentario final
Como bien señala Michael Porter , el nuevo paradigma de la economía global, que afirma que las naciones y compañías
más competitivas no son aquellas que tienen acceso a los insumos productivos más baratos sino las que emplean las tecnologías
y métodos más avanzados en el aprovechamiento de sus insumos, ha traído a una misma escena el mejoramiento ambiental y la
competitividad.
En la coyuntura histórica en que se encuentra Puerto Rico en la actualidad, cuando las circunstancias externas obligan
a una evaluación del futuro de cada uno de los aspectos de la la capacidad competitiva de la Isla (la educación, la infraestructura,
el sistema contributivo, las base tecnológica y el orden social) el estudio de la relación entre la evolución y estructura
actual de la reglamentación ambiental ( en sus dos dimensiones: federal y estatal) y el desempeño de la economía, especialmente
del sector manufacturero, se torna imperativo.
Sin duda, del análisis cuidadoso del debate de la ecología vs. la economía, cuyos perfiles generales se han reseñado
en este trabajo, pueden surgir guías muy valiosas para evaluar las formas en que Puerto Rico pueda lograr un desarrollo económico
sustentable, es decir, que armonice el avance de la producción y el empleo agregados con la protección ambiental, en un marco
en que se fortalezca la competitividad internacional de la Isla.
LA PRIVATIZACIÓN: CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS
Introducción
La privatización es la transferencia de activos o de funciones de servicio que son de propiedad pública o están bajo
el control del sector público al sector privado, con miras a satisfacer más plenamente las señales y direcciones que emiten
las fuerzas del mercado y reducir el alcance e intensidad del papel del gobierno en la provisión y/o producción de bienes
y servicios.
El término privatización se usa para catalogar una amplia variedad de políticas y estrategias que adquieren perfiles
y orientaciones distintas en cada país que son adoptadas. Las acciones de privatización van desde la simple introducción de
características competitivas en la gestión pública hasta la venta de las empresas públicas. Estas políticas se emplearon con
intensidad creciente y a escala global durante la década de los 80 y, según expresan John Naisbitt y Patricia Aburdene, en
su reciente libro Megatrends 2000, serán una de las diez megatendencias de la década de los 90.
Objetivos de la privatización
Para entender plenamente las diferentes estrategias de privatización que se pueden emplear, es importante analizar los
objetivos particulares que buscan los gobiernos mediante esta política, algunos de los cuales son los siguientes:
• Mejorar el desempeño económico de los activos o funciones de servicio concernidos. Se busca reducir los costos
de producción, acelerar los procesos de innovación y el tiempo de entrega de los bienes y servicios en cuestión.
• Mejorar la eficacia en la provisión y distribución de bienes y servicios, de manera que se logren los objetivos
perseguidos y se beneficie a los grupos que realmente necesitan los bienes y servicios.
• Reducir el gasto público, las contribuciones y los niveles de endeudamiento del gobierno.
• Generar ingresos para el financiamiento de programas de infraestructura y para el mejoramiento del servicio
público.
• Promover el desarrollo de la actividad empresarial y la iniciativa privada en la solución de los problemas
sociales y económicos.
Bienes públicos y privados
En la mayoría de los países, los bienes y servicios públicos o colectivos, tales como la defensa nacional, la administración
del orden y la justicia y la iluminación de las vías públicas han sido siempre provistos por el estado. Aquellos bienes y
servicios que no pueden ser negados a un individuo sin negárselos a toda la población deben ser provistos colectivamente,
ya que una empresa privada que los proveyera no podría obligar a la comunidad como un todo a que le pagara, ni tampoco podría
evitar que alguien que no pague disfrute de los mismos.
Una empresa privada, orientada al lucro, puede producir un bien o servicio público si logra excluir a los beneficiarios
potenciales del disfrute del mismo, garantizando acceso al bien o servicio sólo a aquellos consumidores que estén dispuestos
a pagar un cargo o precio dado.
El problema es que en muchos países los gobiernos han ido mucho más allá de la provisión de bienes y servicios públicos
y han invertido en la producción y distribución de una gran variedad de bienes y servicios mediante la asignación de recursos
públicos y la creación de organizaciones bajo el auspicio del gobierno. Los bienes privados son aquellos como los alimentos,
la vestimenta y el cuidado médico, cuyo consumo por una persona hace imposible que otra persona disfrute de la misma unidad.
Cuando tales bienes son provistos por el estado, existe la posibilidad de que la calidad y la cantidad de los mismos puedan
ser mejoradas mediante el traspaso de dichas actividades productivas al sector privado.
Trasfondo histórico
La discusión sobre el concepto de privatización se remonta a los tiempos de Adam Smith, quien en su obra clásica La
riqueza de las naciones usó el análisis económico para justificar la privatización de las tierras que eran propiedad de la
corona en los países europeos. Smith observó que la productividad de dichas tierras era sólo cerca del 25 por ciento de la
que se obtenía en tierras privadas y atribuyó tal diferencia a hecho de que los propietarios privados tenían más incentivo
que el soberano para enaltecer el valor de sus propiedades mediante el cuidado y mantenimiento, la innovación y la eliminación
de desperdicios. En consecuencia, Smith recomendó la venta de las propiedades de la corona como medida para mejorar la productividad
de la tierra y para recaudar fondos para reducir la deuda de los gobiernos monárquicos de Europa.
Métodos o técnicas de privatización
Los métodos o técnicas de privatización son múltiples y variadas. Los principales procesos que se usan en la actualidad
son los siguientes:
• Las forma más extrema de privatización es lo que en inglés se conoce como ¨divestiture¨ o venta total y la
liquidación, que eliminan o reducen significativamente el papel del gobierno ya sea en la provisión o en la producción, lo
cual deja las decisiones fundamentales en manos del sector privado. Usualmente, lo que ocurre es un proceso de subasta en
el que las empresas del sector privado, bien sea locales o extranjeras, cotizan para la compra de los activos tangibles e
intangibles de alguna entidad estatal. Un alternativa es llevar a cabo una venta parcial de la empresa, cuando por razones
de interés público no conviene transferir la totalidad de la empresa pública al sector privado. En ocasiones se han ensayado
la venta de acciones de la empresa público al público en general y la venta de una organización o firma constituida por los
empleados de la propia empresa. Una alternativa a la venta es el arrendamiento o el uso de contratos de gerencia privada para
fortalecer empresas cuya operaciones ineficiente. En casos en que la empresa tiene una posición monopolística, la venta al
sector privado obliga al gobierno a ejercer una función reglamentadora para garantizar la protección del sector público en
términos de las estructuras tarifarias, la calidad y variedad del producto o servicio y los intereses de los trabajadores
de la empresa.
• El gobierno puede contratar los servicios de firmas privadas para producir determinados bienes y servicios.
En este caso el gobierno retiene la función de provisión pero transfiere la responsabilidad de producción a una organización
privada.
• La institución del cobro por servicios (¨user´s fees¨) implica esfuerzos para reducir la carga contributiva
por ciertos servicios y hacer rentables los ofrecimientos públicos o para racionar la distribución de dichos servicios. El
gobierno puede retener las funciones de provisión y producción, pero reorientar al usuario la carga de refinanciar la actividad.
• El uso de cupones o ¨vouchers¨. El gobierno retiene la función de provisión, e inclusive puede retener algún
grado de producción, del servicio, pero permite que los cupones se usen para pagar por servicios provistos por firmas privadas,
que se convierten en competidoras del gobierno. El usuario tiene la oportunidad de escoger la opción que más le convenga.
• Otras dimensiones de la privatización incluyen la otorgación de franquicias, la exclusividad en la producción
de ciertos servicios en un área en particular; incentivos contributivos para fomentar ciertos tipos de inversión; diversas
formas de seguro (para bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, y cooperativas de crédito) y garantías de préstamos. Todas
estas variantes le proveen incentivos a individuos o empresas privadas para que se tomen iniciativas que sean deseables desde
el punto de vista del interés público sin que medie el financiamiento directo del gobierno.
En suma, el mensaje realmente nuevo de la privatización es el esfuerzo explícito para aumentar sistemáticamente la extensión
y alcance de la producción privada de bienes y servicios públicos en dominios en los cuales ésta tradicionalmente ha estado
activa y expandir la participación de la producción privada hacia áreas que tradicionalmente hasta ahora habían sido provincia
exclusiva del gobierno.
Experiencia de privatización en Puerto Rico
La provisión y/o producción privada de determinados bienes y servicios públicos ha existido en Puerto Rico desde épocas
inmemoriales. De hecho, la fase inicial del desarrollo económico de Puerto Rico tuvo en su raíz un acto de privatización:
la venta al sector privado de las fábricas de la Compañía de Desarrollo Industrial en 1947. El dinero obtenido de esta venta
se utilizó para construir edificios para arrendamiento y venta y para desarrollar una intensa y efectiva campaña de promoción
de la Isla como centro para la ubicación de empresas manufactureras norteamericanas y extranjeras.
Igualmente importante durante esa fase fue el Programa Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, un modelo de acción comunal mediante
el cual el gobierno le proveía materiales de construcción y ayuda técnica en la construcción de viviendas de interés social
y en el desarrollo de facilidades vecinales, mientras que las familias aportaban la mano de obra necesaria.
Algunos ejemplos de privatización más recientes son los siguientes:
• En el desarrollo de infraestructura (carreteras, puertos y aeropuertos, acueductos y plantas de tratamiento
de aguas, etc.) las corporaciones públicas gestionan el financiamiento de largo plazo y luego subcontratan los servicios de
compañías privadas de construcción para el diseño y desarrollo de las obras.
• En una gran variedad de proyectos residenciales, industriales y comerciales, las empresas desarrolladoras
construyen obras de infraestructura (accesos, tramos de carretera, facilidades deportivas, etc.) cuyo control y propiedad
pasa a manos del gobierno.
• La Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Médicas, para la Educación y el Control de
la Contaminación Ambiental (AFICA), una afiliada del Banco Gubernamental de Fomento establecida en 1977, provee financiamiento
a mediano y largo plazo mediante la emisión de obligaciones exentas del pago de contribuciones locales, estatales y federales.
Una gran variedad de proyectos privados—facilidades médicas, hospitales, hoteles, colegios y universidades y empresas
comerciales—se han desarrollado al amparo de AFICA.
• Recientemente se ha aprobado legislación orientada a que el sector privado asuma la responsabilidad de construir
puentes, carreteras y otras facilidades viales, conservando como propiedad estatal aquellos terrenos que sea necesario utilizar
para construir dichas vías. El sector privado administrará estas facilidades por cuenta propia, bajo la supervisión y regulación
del gobierno, con miras a recuperar mediante el cobro de peaje el costo de la inversión y garantizar su mantenimiento más
adecuado.
• La provisión de servicios médicos por la Autoridad de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA).
Este es un caso de responsabilidad compartida en el cual el aspecto de seguro del programa lo administra la ACAA, mientras
que la dimensión operacional de provisión de servicios médicos y relacionados la ofrecen suplidores privados que el cliente
selecciona y compensa mediante cupones o ¨vouchers¨ que recibe de esa agencia gubernamental.
• Varias asociaciones recreativas administran facilidades deportivas y recreativas bajo la supervisión del Departamento
de Recreación y Deportes.
• Se están ultimando los detalles para establecer en San Juan unas planta de generación de energía eléctrica
mediante la incineración de desperdicios sólidos. Se trata de un proyecto cuyo costo asciende a cerca de $82 millones. La
Autoridad de Energía Eléctrica comprará la energía generada por la planta, cuya empresa desarrolladora y operadora será la
Westinghouse Electric Corporation. Esta empresa aportará el 20 por ciento del capital del proyecto. El resto se financiará
por medio de un emisión de AFICA.
• Se observan varias manifestaciones de lo que se conoce como privatización espontánea, es decir, situaciones
en las cuales servicios que provee el gobierno conviven con la oferta privada de los mismos. La proliferación de escuelas,
colegios y universidades privados, la ampliación y fortalecimiento del tratamiento médico y los de los hospitales y centros
de salud privados (bajo el estímulo de la demanda de servicios que alimenta la expansión de la industria de seguros de salud)
y el auge de los servicios privados de protección y seguridad son los componentes más importantes del proceso de privatización
espontánea en Puerto Rico.
Propuesta de privatización del sistema de comunicaciones
Sin duda, la expresión concreta más dramática y de más largo alcance del concepto de privatización en la Isla es el movimiento
hacia la venta al sector privado de los activos tangibles e intangibles de la Autoridad de Teléfonos. El propósito de esta
transacción es crear, con el producto de la venta, un patrimonio nacional perpetuo de no menos de $2,000 millones, el cual
se desglosará en dos fondos permanentes, ya creados por ley, con un mínimo de $1,000 millones cada uno.
En primer lugar, los ingresos o réditos del Fondo Permanente para el Desarrollo de la Educación se utilizarán para financiar
desarrollos educativos de gran impacto (construcción y mejoramiento de facilidades educativas y adquisición de tecnología
de enseñanza) que complementen los gastos e inversiones del Departamento de Instrucción Pública, con miras a desarrollar
los recursos humanos de la Isla a nivel óptimo y competitivo a nivel mundial.
En segundo lugar, los ingresos del Fondo Permanente para el Desarrollo de Infraestructura se utilizarán para fortalecer
los esfuerzos de Puerto Rico para ampliar y desarrollar a un nivel óptimo la infraestructura económica de la Isla, que es
un elemento clave para competir en la compleja y cambiante economía global en la cual se inserta la actividad productiva de
Puerto Rico.
Observaciones finales
Entre las diversas y variadas formas en que se pueden reducir el tamaño, el costo y la complejidad del sector público
y organizar más eficientemente la provisión y producción de bienes y servicios públicos, la privatización se presenta en la
actualidad como una de las más atractivas e interesantes. No se trata de una panacea que resuelve automáticamente todos los
problemas ni menos aún de un proceso que descarta otras iniciativas para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios
públicos. Antes bien, la privatización debe concebirse como una estrategia que, valorada cuidadosamente mediante estudios
de costo-beneficio y comparaciones rigurosas con diseños y políticas alternativas de organización de la gestión pública, puede
ayudar a alcanzar la meta fundamental de la política pública: el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar individual
y colectivo de los ciudadanos.
ÍNDICES DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Introducción
La teoría económica contemporánea la asigna una gran importancia a las actitudes, expectativas y modos de sentir o de
pensar (juicios y dictámenes) de los consumidores. Las actitudes reflejan las percepciones que tienen los consumidores acerca
de la situación actual de la economía; las expectativas son actitudes que se extrapolan o proyectan hacia algún momento en
el futuro. Tanto las actitudes como las expectativas son componentes de una categoría más amplia que se ha dado en llamar
la confianza o modo de sentir del consumidor.
La confianza del consumidor se viene midiendo sistemáticamente en Estados Unidos desde 1946 por el Survey Research Center
de la Universidad de Michigan, cuyo Índice del Modo de Sentir del Consumidor (IMSC) se calcula mensualmente y es reconocido
por el Negociado Nacional de Investigación Económica como un indicador adelantado de la actividad económica. De igual modo,
desde 1969 el Conference Board, con sede en la ciudad de Nueva York, comenzó a publicar el Índice de Confianza del Consumidor
(ICC), el cual también se informa mensualmente. Ambos índices son observados con sumo cuidado por los medios noticiosos y
por los analistas económicos y financieros del gobierno, de las finanzas, de los negocios privados y de las universidades.
En este trabajo se discuten tres aspectos esenciales del tema: la base teórica para el estudio de las percepciones de
los consumidores, la metodología que se usa en la construcción de ambos índices y la trayectoria reciente de ambos indicadores.
El rol de las percepciones de los consumidores
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la psicología del consumidor no se consideraba como un determinante de las variaciones
en los gastos de consumo personal. John Maynard Keynes, por ejemplo, tenía la teoría de que el gasto del consumidor es un
factor esencialmente pasivo que está influido mayormente por los cambios en el ingreso. Las actitudes de los consumidores,
sean positivas o negativas, tienen una suma agregada igual a cero. De igual modo, Keynes sugiere que los cambios en las expectativas
acerca del futuro también tienen un promedio de cero para la comunidad como un todo.
En un plano intuitivo, es obvio que la confianza o la percepción es un factor causal importante en la conducta adquisitiva
de una persona. Así, por ejemplo, una persona que perciba que la política económica del gobierno está llevando a que la economía
entre en una recesión, lo cual probablemente le haga perder su empleo, estaría menos inclinada a comprar un automóvil nuevo
o una vivienda que si tuviera una actitud optimista acerca del futuro. La teoría de Keynes no niega esta realidad, sino que
simplemente postula que las actitudes de los consumidores pesimistas tienden a cancelar las de los consumidores optimistas.
Luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se acumuló una clara evidencia empírica que indica que la hipótesis
de Keynes es errónea. Varias investigaciones pioneras realizadas en la Universidad de Michigan por George Katona, psicólogo
y economista de origen húngaro que emigró a Estados Unidos en 1940 huyendo de la persecución de los nazis, indican que los
consumidores contribuyen a las fluctuaciones económicas en una proporción mucho más significativa que aquella que corresponde
a las variaciones en sus ingresos. Más específicamente, Katona demostró que las medidas de confianza del consumidor proveen
señales anticipadas de los cambios en los gastos y en los patrones de ahorro del consumidor e identifican cambios de importancia
en el gasto de los consumidores en bienes duraderos.
Katona midió las actitudes del consumidor por primera vez en los años 1945 y 1946, y encontró que el optimismo se extendía
hasta 1948. A base de esta observación, pronosticó con certeza que los gastos de los consumidores se mantendrían fuertes a
través de la recesión de 1948-49. Más importante aún: desarrolló la teoría y la sustancia de la economía psicológica, prestándole
particular atención a los efectos de eventos de orden nacional e internacional sobre la confianza, expectativas, planes y,
finalmente, la conducta de las masas de individuos. Partiendo de la psicología Gestalt, observó que pueden haber reestructuraciones
significativas de la manera en que la gente interpreta su mundo y su futuro, lo cual lleva en muchas ocasiones a cambios dramáticos
en su conducta. Se trata de una concepción teórica que coloca gran peso en la capacidad de la gente para aprender y para ajustar
sus metas, y en la idea de que la conducta es mucho más que la simple reacción a estímulos externos.
La teoría de Katona afirmó que la importancia de la psicología de masas estaba creciendo a medida que los consumidores
se tornaban más afluentes, usaban más el crédito y se veían obligados a hacer compromisos financieros de largo plazo asociados
con la inversión en viviendas, automóviles y con el repago de préstamos personales. De igual modo, Katona argumentó que el
mundo se estaba volviendo cada vez más volátil, menos predecible, de manera que se hacía imperativo que las personas generaran
alguna forma de interpretar los cambios. Los indicadores diseñados por Katona en lo que respecta a la confianza del consumidor
resultaron útiles para desarrollar pronósticos a corto plazo, pero la meta de largo plazo de los mismos era, y es, entender
los cambios masivos en la actitudes y en la conducta de los consumidores.
Tal vez Keynes estaba en lo correcto al decir que el modo de sentir o percepción de los consumidores era bastante estable
para población general durante gran parte del periodo previo a 1936, año en que se publicó su famoso libro The General Theory
of Money, Interest and Prices. Sin embargo, los grandes avances en comunicaciones que se han observado desde entonces han
producido frecuentes y significativos cambios en el estado psicológico general de la población. Las olas de optimismo y pesimismo
tienen gran peso y modifican las respuestas de los consumidores a variables puramente financieras tales como los cambios en
el ingreso personal o en las tasas de interés.
Lo que resulta particularmente importante es que las percepciones de los consumidores constituyen un factor explicativo
neto, de alto valor estratégico, en el estudio de los cambios en los patrones de gasto de los consumidores, esto es, proveen
información única y valiosa que no recogen adecuadamente otras variables macroeconómicas que la teoría económica dominante
señala que son determinantes del gasto tales como el ingreso, las tasas de interés y los gustos y preferencias de los consumidores.
Medición de la confianza del consumidor
El IMSC se publicó en forma periódica entre 1946 y 1962, en forma trimestral entre 1962 y 1977 y se ha venido preparando
mensualmente desde enero de 1978. Se calcula a base de las respuestas a una encuesta que contiene las siguientes preguntas:
1. Estamos interesados en saber cómo las personas están afrontando su situación financiera en estos momentos. ¿ Diría
que usted y su familia están en mejor o en peor situación financiera ahora que hace un año?
2. Mirando ahora al futuro, ¿piensa que de aquí a un año usted y su familia estarán en mejor o en peor condición financiera
que en el presente?
3. En lo que respecta a la situación económica del país como un todo, ¿piensa usted que durante los próximos doce meses
tendremos buenos o malos tiempos (o algún otro cualificativo que usted quiera usar) desde el punto de vista financiero?
4. Mirando hacia el futuro, ¿Que usted diría que es más probable: que en el país como un todo tengamos una buena y continua
situación durante (más o menos) los próximos cinco años o que tengamos periodos de desempleo o depresión, o cualquier otra
tendencia o patrón que crea usted que se observará?
5. En cuanto a los principales enseres que las personas compran para su hogar—tales como muebles, neveras,
estufas, televisores y cosas similares—y pensando en la gente en general, ¿cree usted que éste es un buen o un mal
momento para comprar un producto de esa naturaleza?
Cada mes la Universidad de Michigan lleva a cabo un muestreo de sección o corte transversal representativo de 700 viviendas.
Las entrevistas se llevan a cabo por teléfono. Por lo regular, el muestro para un mes dado toma cerca de cuatro semanas. Los
entrevistadores son empleados a sueldo que formulan las cinco preguntas que se usan para computar el índice además de otras
preguntas que están diseñadas para satisfacer los intereses de los clientes que pagan por la encuesta. Si bien esas otras
prguntas (las cuales, por ejemplo, podrían inquirir sobre la actitud del entrevistado ante un aumento contributivo) pueden
variar, las cinco preguntas básicas se mantienen intactas.
Las preguntas 1y 5 enfocan en las actitudes, mientras que las preguntas 2, 3 y4 recalcan las expectativas. Aunque la
pregunta 4 se orienta a los próximos cinco años, el horizonte de tiempo al cual se refieren los encuestados es, por lo general,
un año. La encuesta también pregunta acerca de si este en un buen o mal momento para hacer una compra. No indaga acerca de
la intención real o efectiva de comprar el artículo. Cada pregunta tiene igual peso en el IMSC. Todas las respuesta positivas
reciben un peso de 2, las respuestas neutrales reciben un peso de 1 y a las respuestas negativas se les asigna un peso de
0. De esta manera, si todos los entrevistados en la encuesta dan respuestas positivas a todas las preguntas, el IMSC tendría
un valor de 200 (el promedio de 2 multiplicado por 100). Alternativamente, se puede calcular el nivel del índice substrayendo
el número de respuestas negativas del número de respuestas positivas (100 menos cero en nuestro caso) y añadiendo la constante
100. El periodo base del IMSC es enero de 1967.
El Índice de Confianza del Consumidor se publicó bimensualmente de 1967 a 1977 y se viene preparando mensualmente desde
enero de 1978. Este índice se calcula a base de las respuestas al siguiente conjunto de preguntas:
1. ¿Cómo usted clasificaría las condiciones económicas generales del área donde vive?
a. Mejores
b. Iguales
c. Peores
2. ¿Qué opina usted acerca de la disponibilidad de empleos en el área donde vive?
a. Abundan
b. No hay tantos
c. Son difíciles de conseguir
De aquí a seis meses, ¿qué cree usted que pasará con los empleos?
a. Habrá más
b. Se quedarán iguales
c. Habrá menos
3. ¿Qué cambio anticipa usted en su ingreso familiar total de aquí a seis meses?
a. Será más alto
b. Se quedará igual
c. Será más bajo
Como puede observarse, las preguntas se dividen en dos fases o categorías: la situación actual y las expectativas de
los consumidores. El cuestionario que se usa en la encuesta también se orienta a obtener información sobre planes efectivos
de adquisición de hogares, automóviles y otros bienes duraderos. Estos gastos se usan para calcular un índice de planes de
gasto del consumidor.
En cada pregunta, se le pide a la persona entrevistada que seleccione una de tres alternativas. En el cómputo del ICC,
las respuestas neutrales se descartan, mientras que se suman las respuestas positivas y las negativas. Las respuestas positivas
se expresan entonces como un por ciento del total de respuestas no neutrales para cada pregunta. Luego cada pregunta es ajustada
por estacionalidad. Se usan dos conjuntos de factores de ajuste estacional: uno para las condiciones actuales y otro para
las condiciones futuras. En general, las actitudes de los consumidores respecto a la situación actual están más sujetas a
impactos estacionales que las expectativas sobre el futuro. Se ha observado, por ejemplo, que en Estados Unidos los consumidores
tiene una actitud menos optimista sobre el presente en el mes de febrero, si bien el optimismo crece durante la primavera
y el verano. Sobre una base estacional, el futuro se percibe en forma más optimista en abril, pero la actitud optimista va
declinando durante el año hasta un alcanzar un punto mínimo en el otoño. El índice total es un promedio aritmético de las
respuestas estacionalmente ajustadas a las cinco preguntas señaladas. El periodo base del índice, arbitrariamente seleccionado
es 1969-70. La situación actual y las preguntas sobre las expectativas de los consumidores se presentan también como subíndices
del ICC.
Los datos para la encuesta del Conference Board son recopilados por una firma de investigaciones de mercado llamada
National Family Research, con sede en Toledo, Ohio. El universo de muestreo consiste en aproximadamente 13,000 familias que
han aceptado contestar cuestionarios enviados por correo. Las familias son separadas en lo que se denominan paneles balanceados
de 5,000 familias para que cada panel sea una sección transversal representativa desde el punto de vista demográfico. Los
paneles son reconstruidos cada dos años a base de los datos censales. Cada mes un cuestionario de muestro es enviado a un
panel diferente de 5,000 familias. La tasa de respuesta se aproxima al 80 por ciento.
Trayectoria de los índices de confianza
La trayectoria reciente del ICC y del IMSC demuestra cuán sensitivos son éstos índices a las condiciones económicas reinantes
y a eventos de trascendencia global.
Por un lado, desde agosto de 1990, mes en que se inició la crisis del Golfo Pérsico, hasta febrero de 1991 el ICC mostró
su más precipitosa caída desde 1980. Desde los niveles cercanos a 120 que se observaron mediados de 1989 el ICC había venido
en gradual descenso hasta la región cercana a 100 en febrero de 1990. Las preocupaciones acerca de la inminencia de la recesión,
que hallaban confirmación en el alza continua de la tasa de desempleo y en la lentitud del crecimiento del ingreso personal,
y que eran agravadas por la crisis de la instituciones federales y la dificultades presupuestarias del Gobierno Federal, habían
comenzado a minar la confianza de los consumidores. Ya en julio de 1990 el ICC se hallaba en la región de 85. Los eventos
del Golfo Pérsico le dieron, pues, un rudo golpe a las expectativas de los consumidores y, de acuerdo con la mayoría de los
economistas norteamericanos, hicieron que la economía se precipitara a la recesión. A fines de 1990 el ICC apenas superaba
los 60 puntos y llego a ser tan bajo como 55 en enero de 1991.
El índice saltó a 59.4 en febrero y luego a 81.0 en marzo, siendo ésta la ganancia más alta en un sólo mes desde que
se está computando este indicador. De abril a julio de 1991 se ha mantenido en la región cercana a los 80: 76.4 en mayo, 78.0
en junio y 77.7 en julio, lo que sin duda refleja las dudsas de los consumidores respecto a cuán vigorosa pueda ser la actual
recuperación.
La lectura de julio del ICC revela que a pesar de las señales de reavivamiento que está emitiendo la economía, los consumidores
se mantiene tan escépticos como lo estaban en marzo. La mayoría de los consumidores seguía considerando desfavorable la condición
de la economía: sólo 12 por ciento consideró que la economía estaba bien, mientras que 38 por ciento indicó que se hacía muy
difícil encontrar un trabajo en la presente coyuntura.
La trayectoria reciente del IMSC no difiere mucho de la del ICC. Luego de alcanzar un máximo reciente de 95.8 en septiembre
de 1989, declina gradualmente hasta un nivel de 89.5 en febrero de 1990, se recupera durante los meses de marzo y abril, declina
algo más acentuadamente de mayo a julio, y cae precipitadamente en agosto, septiembre y octubre. En ese último mes baja a
un mínimo histórico de 63.9 puntos.
Se confirma, pues, que la crisis del Golfo Pérsico cambió drásticamente las expectativas de los consumidores norteamericanos.
De noviembre de 1990 en adelante el IMSC comienza un periodo de recuperación que lo lleva hasta un nivel de 87.7 en marzo
de 1991, el registro más alto desde julio de 1990. Durante el segundo trimestre de 1991 los valores observados fueron algo
menores: abril, 81.8; mayo, 78.3; y junio, 82.1, lo cual evidentemente obedece a la misma causa antes señalada: las dudas
de los consumidores acerca de la fortaleza del proceso de recuperación económica en el cual se halla la economía norteamericana
en la actualidad.
La diferencia entre la percepción que tienen los consumidores de las condiciones actuales y su opinión acerca del curso
futuro de la economía se hace patente al observar la trayectoria reciente del los dos componentes del IMSC, según se ilustra
en la siguiente tabla:
ÍNDICE DEL MODO DE SENTIR DEL CONSUMIDOR
AÑ0 MES IMSC ACTUAL ESPERADO
1990 Agosto 88.2 105.1 77.3
Septiembre 76.4 97.5 62.9
Octubre 72.8 94.7 58.8
Noviembre 63.9 84.2 50.9
Diciembre 65.5 84 53.7
1991 Enero 66.8 84.9 55.2
Febrero 70.4 83.7 62
Marzo 87.7 92.7 84.5
Abril 81.8 92.8 74.7
Mayo 78.3 89 71.5
Junio 82.1 91.9 75.9
A todas luces, el componente del IMSC que ausculta la opinión de los consumidores acerca de la condición futura de la
economía es el que sufre la contracción más significativa durante el periodo bajo análisis.
Análisis crítico
Una cautela importante que hay que observar cuando se interpretan los resultados de los índices de confianza del consumidor
es que puede existir cierto grado de incompatibilidad entre la impresión que las personas tienen con respecto a su situación
financiera particular y sus expectativas sobre la economía como un todo. En meses recientes, es especial desde el estallido
de la crisis del Golfo Pérsico, las personas que respondieron a las encuestas de la Universidad de Michigan y del Conference
Board señalaron por lo general que su situación financiera se había debilitado algo, pero tendieron a ofrecer visiones mucho
más pesimistas respecto a la trayectoria futura de la economía en general. Esa segunda dimensión hizo que la caída de los
índices de confianza fuera más precipitada de lo habitual. En la medida en que los gastos de los consumidores respondieron
más a la expectativa general que a su situación económica real, la reducción en los gastos de éstos que se observó a fines
de 1990, unida a la contracción del empleo total y de la inversión que rigió en el sector de los negocios, convirtieron la
recesión en una realidad mucho más temprano de lo anticipado por los economistas.
Ahora bien, la recuperación actual de la confianza de los consumidores responde esencialmente a una visión más positiva
de la orientación general de la economía que de la situación financiera particular de las familias. De ahí que se piense que
la recuperación de la economía será algo más lenta, ya que las alzas en el desempleo y cierto patrón de alza en el endeudamiento
de los consumidores hará que éstos tarden un poco en retornar a un ritmo de gasto que guarde proporción con una economía en
franco rebote.
Observaciones finales
Si duda, el campo o área de investigación de los cambios en los niveles de confianza de los consumidores es fascinante
tanto desde el punto de vista teórico o intelectual como desde la perspectiva práctica.
Estas notas han estado orientadas a iniciar un diálogo que nos ayude a identificar la viabilidad institucional, los costos
y modos específicos de diseño e implantación, y la utilidad práctica de desarrollar un índice de esta naturaleza en Puerto
Rico.
La celebración de la Semana del Economista constituye una magnífica ocasión para pensar en la creación de nuevos instrumentos
que nos ayuden a entender mejor la compleja y cambiante relación entre las actitudes y percepciones de las familias y la trayectoria
histórica y anticipada del orden económico.
NOTA
Este trabajo de basa en las notas de una conferencia que el autor dictó el 29 de abril de 1991, en la Junta de Planificación,
en ocasión de celebrarse la Semana del Economista.
BIBLIOGRAFÍA
Eatwell, John, Murray Milgate y Peter Newman (Editores), The New Palgrave, A Dictionary of Economics, The Macmillan Press,
1987, Volumen 3, págs. 15-16.
Kelly, David, ¨The Plunge in Confidence Will Hit Spending—But How Hard?¨, en DRI/MacGraw-Hill, Review of the
U.S. Economy, Septiembre de 1990, p’ags. 17-21
Nathanson, Phillip D., “ Consumer Confidence”, en Fabozzi, Frank J. y Harry I. Greenfield, The Handbook
of Economic and Financial Measures, Dow-Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1984, págs. 397-407.
LA LIMITACIÓN DEL CRÉDITO CONTRIBUTIVO DE LAS COMPAÑIAS 936 Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO
En su afán por reducir el déficit presupuestario federal, la
Administración Clinton ha propuesto reemplazar la Sección 936 con un sistema de créditos por salario: las subsidiarias
de empresas norteamericanas perderían el derecho a repatriar ganancias a Estados Unidos sin pagar contribuciones federales,
pero recibirían un crédito contributivo igual al 60 por ciento de los salarios pagados a sus empleados (lo cual no incluye
beneficios marginales ni aportaciones al Seguro Social), hasta un máximo de $60,000 por empleado.
El ingreso pasivo de las compañías 936 sería limitado de tal manera que la cantidad de activos en que se puede invertir
para ganar ingreso pasivo no podría exceder el 80 por ciento de los activos tangibles ajustados de la empresa en la Isla.
La teoría detrás de esta acción presidencial parece ser que de esta manera la firmas se verán obligadas a reinvertir
sus ganancias en la Isla y aumentar sus volúmenes de empleo de recursos humanos y de inversión en activos productivos (no
financieros).
En cierto sentido se trata de la culminación de un proceso que se venía gestando desde hace varios lustros, orientado
a exigirle a las firmas 936 una presencia real más efectiva, más vinculada con actividades de producción y menos relacionada
con la derivación de ganancias por vía de inversiones financieras de poco o ningún riesgo.
No obstante, el carácter abrupto de la medida, la escasa atención que la Administración Clinton le ha prestado a los
impactos macroeconómicos de ésta, indican que ha predominado el deseo de reducir el déficit presupuestario a como de lugar,
obligando a Puerto Rico a hacer un sacrificio más allá de sus capacidades y poniendo en peligro las bases mismas de nuestro
programa de desarrollo económico. De ahí que la exigencia de la Administración Clinton—producir tanto dinero en
tanto tiempo—se presente como una acción descarnada de cobro, como si fuera el reclamo de una deuda antigua, ante
la cual la Isla, exenta de poderes efectivos en el Congreso, sólo puede reaccionar mediante el cabildeo desesperado y la persuasión
para se tomen en cuenta las necesidades locales en la redacción de la versión final de la medida.
Otras dos influencias poderosas contribuyeron a justificar el ataque frontal contra la Sección 936. Por un lado, la acción
concertada del movimiento laboral norteamericano, que desde hace tiempo viene haciendo presión para que se legisle contra
la supuesta fuga de empresas de Estados Unidos a Puerto Rico , y, por otro lado, el feudo del Senador David Pryor contra las
políticas de precios de la industria farmacéutica y contra la alegada fuga de éstas hacia áreas como Puerto Rico para obtener—según
él---grandes créditos contributivos y márgenes de ganancia excesivos que no se traducen en precios más bajos para los consumidores
norteamericanos.
La propuesta del Presidente Clinton fue aprobada el jueves 13 de marzo de 1993 por la Comisión de Medios y Arbitrios
de la Cámara de Representantes, que le añadió una enmienda dirigida a controlar la alegada fuga ilegal de empresas de Estados
Unidos a Puerto Rico, lo que se conoce en inglés como ¨runaway plants¨.
El viernes 28 de mayo de 1993 la Cámara de Representantes de Estados Unidos en pleno aprobó por un margen estrecho y
partidista el Plan Presupuestario del Presidente Clinton, que está orientado a restarle $500 billones al déficit federal en
un periodo de cinco años, el cual incluye como uno de sus componentes la señalada propuesta para reducir el crédito contributivo
de las compañías 936. La idea es que la reducción del crédito 936 aportará al fisco federal no menos de $7 billones en un
periodo de cinco años. Semejante cifra vendría a ser un por ciento ínfimo dentro del plan global de reducción del déficit
presupuestario en Estados Unidos, pero representaría una pérdida substancial de ingreso para las compañías norteamericanas
que operan en la Isla acogidas a la Sección 936, particularmente para las empresas farmacéuticas.
El asunto pasó a la consideración de la Comisión de Finanzas del Senado, donde existe la esperanza de que el Senador
Patrick Moynihan introduzca enmiendas a la medida relacionada con la Sección 936 que respondan mejor a los intereses de Puerto
Rico y atenúen el impacto que pueda tener sobre la economía de la Isla el cambio propuesto. La especulación general es que
Moynihan se inclina a un plan de créditos a las compañías 936 basado en el concepto de valor añadido, es decir, que otorgue
los créditos contributivos a base de la suma de los salarios, las inversiones, la depreciación y otras variables asociadas
con la aportación productiva de la empresa, es decir, con la actividad económica que real y efectivamente constituye valor
añadido realizado en la Isla. Se cree que el objetivo de recaudación de la Comisión de Finanzas del Senado está en el recorrido
de $4 billones a $5,000 billones, un punto intermedio entre los $7 billones que busca la Administración Clinton y los $3 billones
que surgirían de la propuesta de la Administración Rosselló, cuyos detalles se discuten más adelante en este trabajo.
De paso, conviene señalar que el plan presupuestario del Presidente Clinton podría afrontar graves problemas en el Senado,
ya que existe un fuerte bloque de senadores – particularmente aquellos que provienen de estados productores de petróleo
y de los estados del Oeste en general – que se oponen al impuesto sobre la energía. Se cree que el Presidente Clinton
tendrá que proponer más recortes de gasto y limitar el alcance del impuesto a la energía para lograr que su plan de reducción
del déficit se apruebe en el Senado.
El 27 de abril de 1993, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro Rosselló, presentó una ponencia ante la Comisión
de Finanzas del Senado en la cual propuso alternativas a la actual estructura contributiva 936 mucho más razonables en lo
que respecta a su impacto a corto, mediano y largo plazo sobre Puerto Rico. El plan del Gobernador Rosselló consiste en los
siguientes elementos:
Cada empresa tendría dos opciones. La primera estaría basada en las compensaciones que ésta genere. La firma que elija
esta alternativa no podría tomar un crédito 936 que exceda la suma de: el 100 por ciento de los salarios, los beneficios marginales
y las aportaciones a sistemas de seguridad social atribuibles a sus empleados en Puerto Rico; más un crédito por inversión
de 10 por ciento respecto a la nueva inversión en planta, equipo y maquinaria; más los impuestos pagados en la Isla (hasta
un máximo de 9%) por concepto de los ingresos del negocio que disfruta de los beneficios 936 al nivel local. Se retendría
la exención contributiva del ingreso pasivo.
La segunda opción se basaría en el ingreso de la empresa, según la cual la firma disfrutaría del 90 por ciento del crédito
936 en 1994 y de 80 por ciento de dicho crédito de 1995 en adelante, además de retener la exención contributiva por el ingreso
pasivo.
Se calcula que la propuesta del Gobernador Rosselló le rendiría al fisco federal un total de $3 billones y constituiría
una carga más viable para las empresas 936, para el sistema financiero y para la economía de la Isla como un todo.
A principios de junio se anunció que la Administración Rosselló tiene planes de modificar su contrapropuesta para vincular
los créditos contributivos sobre las ganancias generadas por la firmas 936 en la Isla con los empleos que éstas generan. Se
trata de una nueva fórmula que combina los salarios y el ingreso de la corporación 936. La tasa contributiva al fisco federal
de cada compañía dependería de cuánta ganancia genere por empleado. Mientras más alta la ganancia por empleado, más alta será
la tasa contributiva. De esta manera se proveería la oportunidad de que las empresas de alta tecnología, que se perjudican
con el crédito por salarios, sufran un impacto menor y retengan incentivos para quedarse en Puerto Rico y para expandir su
inversión fija.
Independientemente de cual sea la estructura final de la Sección 936, que sigue siendo una incógnita—aunque
la probabilidad se inclina hacia su desaparición y la adopción de una alternativa basada en el crédito salarial y la posible,
pero menos probable, inclusión de algún tipo de incentivo para la inversión productiva y algún grado de protección del alivio
contributivo relacionado con el ingreso pasivo— las empresas que operan en Puerto Rico viven momentos de gran incertidumbre.
Así, no es necesario señalar que desde que se anunciaron los planes de la Administración Clinton orientados a modificar
el crédito salarial, lo cual ocurrió a mediados de febrero en el discurso sobre el Estado de la Nación, se desató en la Isla
una aguda crisis de expectativas.
Un análisis de impactos económicos que se llevó a cabo en el Banco Gubernamental de Fomento, tomando el año fiscal 1989
como base—ya que es el año que se usa como referencia en los informes de Tesoro de Estados Unidos y el periodo para
el cual existe la más completa y confiable base de datos, llegó a las siguientes conclusiones:
El total de crédito contributivo de las corporaciones 936, que son más de 500 y emplean a cerca de 105,000 personas,
monta a $2,757 millones al año. La más reciente propuesta de la Administración Clinton reduciría ese crédito a $1,068 millones,
un recorte de 61.2 por ciento, mientras que la contrapropuesta del Gobernador Rosselló lo llevaría a $2,416 millones, una
baja de sólo 12.3 por ciento. El total de $1,068 millones que se desprende de la propuesta Clinton se desglosaría como sigue:
crédito salarial, $827 millones; crédito por ingreso pasivo, $99 millones; e impuestos pagados al nivel local, $142 millones.
En el caso de la propuesta Rosselló, el desglose sería el siguiente: crédito por salarios, $720 millones; crédito por ingreso
pasivo, $335 millones (exento); impuestos locales, $23 millones; crédito 936, $1,325 millones; y crédito por inversión, $13
millones.
En la propuesta de la Administración Clinton las industrias que verían substancialmente reducido su crédito contributivo
federal serían las farmacéuticas ($1,025 millones) y la de alimentos ($237 millones), esta últimas mayormente debido a la
pérdida de crédito contributivo que sufriría la industria de bebidas refrescantes. También recibirían impactos de cuidado
la industria de productos eléctricos ($172 millones) y la de instrumentos científicos y de precisión ($94 millones). En general,
la introducción de un crédito a base de salarios sería contraria a los intereses de las empresas de alta tecnología, que son
intensivas en el uso de capital y cuyo componente salarial es por definición más bajo que el del resto de las industrias manufactureras.
En el caso de la propuesta más reciente de la Administración Clinton, las industrias cuyos beneficios se reducirían en
más de 50 por ciento empleaban en 1989 a 32,427 personas, el 30.7 por ciento de todo el empleo de las firmas 936. En cambio,
aquellas cuyos beneficios se quedarían intactos empleaban en 1989 a 27,543 personas, el 26.2 por ciento del todo el empleo
936.
De 1994 a 1998 la propuesta de Clinton produciría un rendimiento de $7.2 billones al fisco federal, en comparación con
$2.8 billones en el caso de la propuesta del Gobernador Rosselló.
En el plano local, el único otro estudio reciente con buena base empírica lo realizó la firma de consultoría económica
Estudios Técnicos, Inc. para la Asociación General de Contratistas de América, Capítulo de Puerto Rico, el cual fue sometido
en abril de 1993. Según este análisis la propuesta de la Administración Clinton produciría los siguientes resultados:
Estancaría la actividad económica, golpeando con mayor fuerza a la manufactura y a la construcción. En vez de crecer
a una tasa de 3.0 por ciento, según se anticipaba antes de la crisis 936, el producto bruto desacelerará a una tasa anual
de apenas 0.03 por ciento, es decir, permanecerá estancando.
La reducción en la producción manufacturera y en la inversión llevará a una pérdida de 85,803 empleos, atribuibles a
una reducción en la actividad financiera que subsiga a la contracción de la actividad económica, para una pérdida total de
101,247 empleos. La tasa de desempleo aumentará de 16.5 por ciento en la actualidad a 22.0 por ciento en 1995.
Las enmiendas a la Sección 936 propuestas por la Administración Clinton cambiarán dramáticamente el desempeño de la manufactura:
un vez de una tasa de crecimiento de 0.5 por ciento, se observará una contracción anual de 7.0 por ciento en 1995. La resultante
reducción de la actividad económica reducirá la actividad de construcción, de un esperado avance anual de 3.0 por ciento a
un crecimiento anual casi nulo de 0.1 por ciento para los años venideros.
En lo que respecta al futuro, existe unanimidad entre los economistas de la Isla en cuanto a se observará un periodo
de virtual parálisis de la actividad económica parecido al que se observó durante prácticamente todo el año natural 1985,
cuando se contempló por primera vez la posibilidad de modificar la Sección 936 mediante un sistema de créditos por salarios.
Se trata de una reacción en cadena que incluye fases como las siguientes:
Se detiene el flujo de nuevas empresas a la Isla. Se reducen
drásticamente las promociones de la Administración de Fomento Económico. Así, aun antes de comenzar la crisis 936—y
como consecuencia de la especulación asociada con la discusión sobre la consulta plebiscitaria que se propuso bajo la última
administración de Hernández Colón—las promociones ya se estaban moviendo a un ritmo extremadamente lento. Más concretamente:
después de alcanzar un máximo reciente de 3,154 en el año fiscal 1989, el empleo en las plantas de Fomento que comenzaron
operaciones en la Isla, disminuyó 30.6 por ciento en 1990, 29.3 por ciento en 1991 y 14.5 por ciento en 1992, hasta llegar
a sólo 1,322 en dicho último año fiscal. De julio de 1992 a marzo de 1993, el empleo a comienzos de operaciones mostraba un
total de 909, 9.5 por ciento menos que en igual periodo del año anterior, y el más bajo para dichos meses en más de 13 años.
Las empresas 936, tanto como una estrategia para ejercer presión sobre el Gobierno de Puerto Rico (con la esperanza de
que la Administración Rosselló asuma una defensa más activa de la Sección 936) como por razones de calculo de riesgo de inversión,
congelan sus planes de expansión de operaciones y de reclutamiento de nuevo personal. En el trabajo de Estudios Técnicos arriba
citado se señala que una encuesta realizada por la empresa identificó inversiones montantes a $200 millones que se hallan
detenidas debido a la incertidumbre actual. Más específicamente, esto incluye $25 millones que American Cyanamid´s Lederle,
una farmacéutica, pensaba invertir en su planta de Carolina; $14 millones que Medtronics, que produce equipo médico, planeaba
invertir en Humacao; y $10 millones que Owens Illinois, que opera en la línea de plásticos, iba a invertir en Juncos.
La especulación sobre el impacto negativo del cambio se extiende a los bancos, que propenden a restringir su actividad
crediticia, a los consumidores, cuya confianza en la economía se reduce, a los comerciantes, que también detienen sus planes
de inversión, y a los desarrolladores de proyectos de construcción, y, por esta vía, al resto de la economía. Según cálculos
de Dr. Jorge Freyre, la incertidumbre respecto al futuro de la Sección 936 puede haberle restado hasta dos décimas de punto
porcentual al crecimiento de la economía en el año fiscal 1993 y otras cinco décimas en el presente año fiscal.
Se reduce (o torna negativa) la tasa de crecimiento de las ventas al detal, se congela o reduce el crecimiento del empleo
total, aumenta el desempleo, se contraen las recaudaciones del Fondo General y se produce, a escala macroeconómica, ya sea
un estancamiento general o una recesión leve, que podría transformarse en una aguda crisis recesionaria si el resultado de
la discusión actual desemboca en una estructura contributiva que sea onerosa para el grueso de las corporaciones 936 que operan
en la Isla.
Ante un cuadro de expectativas tan desconcertantes, no es extraño que se haya desarrollado en la Isla una intensa discusión
acerca de las alternativas a la Sección 936—más específicamente al crédito contributivo que reciben las empresas
manufactureras norteamericanas que operan exentas de contribución federal y exportan su producción al mercado de Estados Unidos—que
hasta ahora ha sido el núcleo en torno al cual gira el desarrollo económico de Puerto Rico.
Entre las alternativas propuestas que más interés han generado y mejores posibilidades de realización ofrecen están las
siguientes:
1. Los planes de la Administración Rosselló que incluyen medidas como las siguientes:
a. Ampliar el énfasis promocional hacia las industrias pequeñas y medianas, que se orienten tanto al mercado local como
a la exportación y que tengan una razón de capital-trabajo baja o medianamente alta.
b. Ampliar los incentivos que ofrece la Compañía de Turismo y estimular la inversión local en la industria turística.
Se está elaborando un plan maestro para el desarrollo del turismo, el cual propone la diversificación y mayor dispersión geográfica
de la oferta turística en la Isla, así como la diversificación de los mercados de procedencia de los turistas, con énfasis
en Europa y América Latina; la participación más dinámica del Gobierno en el financiamiento de la construcción de hoteles
y paradores; y la captura de una mayor proporción de los gastos que realizan en sus viajes los visitantes especiales (aquellos
que viajan en barcos cruceros). La meta es lograr que los gastos turísticos lleguen a constituir el 12 por ciento del producto
bruto, en comparación con 6 por ciento en la actualidad. En el presupuesto para el año fiscal 1993-94 se le añadirán $6 millones
a la Compañía de Turismo para apoyar iniciativas en el desarrollo y promoción de la actividad turística y se le dará pleno
endoso a la campaña para que Puerto Rico logre la sede de los Juegos Olímpicos del 2004.
c. Agilización del gobierno y reducción de la reglamentación y del papeleo burocrático en las agencias públicas, con
miras a acelerar los trámites relacionados con la incorporación de negocios, la gestión de permisos de construcción y la tramitación
de asuntos administrativos.
d. Aumentar la capacidad de producir riqueza y empleos en la Isla sin necesidad de depender tanto de fórmulas temporeras,
sujetas a alteraciones súbitas.
e. Incentivar la inversión productiva al nivel local, privatizar áreas de acción del gobierno que puedan ser desempeñadas
a menor costo y con mayor eficiencia por el sector privado y mejorar la condición de la infraestructura, especialmente en
las áreas de recursos de agua, producción de energía eléctrica, disposición de desperdicios sólidos y carreteras.
2. Inducir el Gobierno a que aumente su apoyo a los esfuerzos de los negocios locales orientados a aumentar sus exportaciones
a Estados Unidos y a países extranjeros. En términos más concretos la Cámara de Comercio de Puerto Rico recomendó recientemente
las siguientes acciones:
Ofrecer más cursos sobre comercio exterior en las universidades y colegios de la Isla.
La creación de una Junta de Comercio Internacional, compuesta por miembros del sector privado y del sector público, para
coordinar los esfuerzos de promoción del comercio internacional. Se trataría de una acción conjunta de la Asociación de Industriales,
la Cámara de Comercio, Fomexport y el Departamento de Estado.
3. Una interesante línea de argumentación sigue el siguiente curso:
Si bien Puerto Rico se verá obligado a seguir dependiendo de las corporaciones 936 como fuerza primaria para su desarrollo
económico, no importa cuánto se limite el crédito contributivo federal, es necesario desarrollar alternativa que dependan
menos de fuerzas externas.
Es necesario aumentar el número de empresas locales que orienten su producción hacia el mercado internacional. Existe
un gran número de empresarios locales y cantidades significativas de capital—productivo y financiero—están
en manos de residentes de Puerto Rico, pero la mayoría de estas empresas y de este capital está en negocios de bienes raíces,
y en los sectores de servicios y distribución, con escasa inversión en la manufactura y en negocios orientados a la exportación
de servicios.
El paso lógico sería que las empresas de capital local se aprovecharan del personal gerencial altamente cualificado que
existe en la Isla, que está a cargo de las operaciones de las compañías 936 y que corren riesgo de perder sus empleos en la
presente crisis, para seguir los pasos de Corea y Singapur en el desarrollo de compañías nativas para manufacturar productos
y proveer servicios exportables a Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo.
Sería interesante examinar casos exitosos de empresas puertorriqueñas como MOVA Pharmaceutical Corporation y Goya que
ya están manufacturando para la exportación.
3. Finalmente, en el presente contexto, que obliga a evaluar a fondo los mejores esfuerzos intelectuales que se han hecho
en el país para superar la triple dependencia de la economía de Puerto Rico en la Sección 936, el flujo de fondos federales
y la adquisición de petróleo crudo importado, es importante evaluar la estrategia de desarrollo que recomendó a principios
de 1989 el Consejo de Desarrollo Estratégico, que definió las siguientes prioridades estratégicas para la Isla:
Reorientar el gasto público hacia la inversión para aumentar la efectividad y la productividad del sector público.
Mejorar la calidad de la infraestructura.
Establecer una cartera diversificada de núcleos de excelencia industrial con capacidad de competir internacionalmente
y diversificar las fuentes de inversión externa.
Recalcar el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, las destrezas básicas y ocupacionales y la flexibilidad de la
fuerza trabajadora.
Promover un mercado dinámico de capital de riesgo.
Aumentar nuestra capacidad para generar, transferir y utilizar tecnología para desarrollar mejores productos y procesos
industriales.
Identificar y promover mercados en los Estados Unidos e internacionalmente de gran potencial para los productos locales.
Desarrollar a Puerto Rico como centro de distribución y servicios de Caribe y América Latina, promoviendo eslabonamientos
regionales.
Como bien señaló el gran filósofo Federico Nietzsche: ¨En el lugar del peligro está la salvación.¨ El grave reto que
afronta la economía de Puerto Rico en la actualidad hay que sortearlo con el ánimo y entereza que están contenidos en esa
famosa frase.
CUBA: LA ECONOMIA BIFURCADA
Daría todas las especulaciones de los marxistas modernos sobre la dialéctica, el lenguaje, la estructura o la praxis entre
los lacandones, por un análisis concreto de las relaciones sociales de producción en la Unión Soviética o en China.
...Octavio Paz, Corriente Alterna, 1967
Raras veces tenemos la oportunidad de leer un análisis objetivo, basado en información de primera mano y con explicaciones
válidas desde el punto de vista científico sobre la realidad económica de Cuba.
Desde mi perspectiva, algo que parecía ser un conjunto vacío lo vino a llenar un artículo, traducido del inglés, que
publicó en la Revista de la Cepal (Diciembre de 1995) el profesor Archibald R.M. Ritter, del Departamento de Ciencias Económicas
y Escuela de Estudios Internacionales, de la Universidad de Carleton, ubicada en Ottawa, Canadá.
El artículo se titula “La dualidad del tipo de cambio en la economía cubana de los noventa”. Este
título sugiere que abremos de enfrentarnos a un complicado e inexpugnable ensayo sobre teoría monetaria aplicada al contexto
de la economía cubana.
Todo lo contrario: se trata de un trabajo, que sin sacrificar rigor, es sumamente claro y sencillo. De hecho, es tan
rico en contenido y tiene tal grado de densidad analítica que lo mejor sería imprimirlo en su totalidad, de manera que cada
lector disfrute a plenitud de esta aportación.
No obstante, por razones de espacio, me veo obligado a hacer una apretada síntesis del artículo, con la esperanza de
que al menos la esencia de la discusión de Ritter sea conocida por los lectores de Perspectivas.
Ritter analiza la principal característica que se ha observado en la economía cubana desde comienzos de la década de
los 90: su bifurcación en un sector tradicional regido por el peso cubano, y un sector basado en el dólar y regido por las
reglas del mercado.
Esta división se debe, segun el autor, a los siguientes factores:
* La rápida expansión del turismo, de la participación extranjera en empresas mixtas y de las sociedades anónimas.
* Las políticas macroeconómicas implantadas con anterioridad a 1994, que produjeron un enorme déficit fiscal, un alza
acentuada de la oferta monetaria, una aceleración de los precios determinados por el mercado y, en consecuencia, una drástica
pérdida de valor de los antiguos pesos cubanos con respecto al dólar en los mercados paralelos (a pesar de que la tasa oficial
de cambio se mantuvo constante).
* La política cambiaria y la política comercial del gobierno cubano dieron paso a una acentuada discriminación en lo
que atañe al acceso a las importaciones en beneficio del sector orientado a la economía internacional, en particular las sociedades
anónimas.
* El aflojamiento, la falta de confianza y la contracción de la economía socialista tradicional.
A juicio de Ritter, la bifurcación señalada influye notablemente en el desempeño de la economía cubana y de la sociedad
en general.
A grandes rasgos, los impactos que discute el autor son los siguientes:
* Ha causado una redistribución del ingreso: debido al elevado valor del dólar en los mercados paralelos, las personas
con acceso a dólares logran ingresos más altos que los de los integrantes de la economía socialista tradicional que ganan
en pesos.
* La diferencia en remuneración atrae poderosamente los recursos, sobre todo los recursos humanos, al sector orientado
a la economía internacional, sin que se pueda argüir que los ingresos que derivan los que tienen la capacidad de ganar dólares
corresponde al valor real (o productividad) de su aportación a la estructura económica o social.
* Tal brecha propicia una búsqueda generalizada de lucro, puesto que se puede ganar mucho dinero mediante la intermediación:
la venta en un sector de la economía de bienes y servicios adquiridos en el otro, aprovechando la diferencia entre los precios
fijos y los determinados por la acción del mercado, por una parte, y entre el tipo de cambio oficial y el cambio en el mercado
paralelo, por otra.
En respuesta a los crecientes dificultades que ha generado la bifurcación (entre ellos la exacerbación de conductas sociales
negativas), a partir de 1993 las autoridades cubanas adoptaron varias políticas públicas con el propósito de mitigar el problema:
* La legalización de las actividades independientes y la apertura de mercados de productos agrícolas, industriales, artesanales
y de servicios, han fortalecido la economía de mercado, parcialemente vinculada al sector orientado a la economía internacional.
* A partir de 1994 la política fiscal ha contribuido a desacelerar la bifurcación. Algunas medidas adoptadas son la reducción
de los subsidios a las empresas, alza de los precios en la tiendas que operan con dólares, cobro de impuestos a los trabajadores
por cuenta propia y cobro de impuestos a ciudadanos que ganan en divisas.
Ahora bien, según Ritter, para reunificar la economía
habría que llevar a cabo profundas reformas institucionales y cambios significativos en la política económica.
Algunas de las medidas que sugiere el autor son las siguientes:]
* Seguir liberalizando la pequeña y mediana empresa.
* Legalizar el mercado de la vivienda, continuar el desarrollo de las empresas cooperativas, y privatizar pequeñas
y medianas empresas, especialmente en la prestación de servicios y en el comercio al detal.
De esta manera, según Ritter, se podría ampliar la economía de mercado y se generarían impactos macroeconómicos positivos,
que contribuirían a la reducción del tipo de cambio en el mercado negro y a la creación gradual de una estructura más adecuada
de incentivos económicos.
Sin embargo, señala Ritter, lo más importante es mantener la política macroeconómica vigente, que aspira a reducir
el déficit fiscal y controlar la oferta monetaria, unida a las políticas cambiaria y comercial encaminadas a hacer uniformes
los tipos de cambio vigentes en el mercado negro y el oficial. De igual mdo, habría que desregular los precios y transformar
el sistema de bienestar social, que en la actualidad otorga subsidios a toda la población ,mediante la regulación de los precios
de los productos racionados. Asi, se podría generar un sistema de complementación del ingreso de las personas realmente necesitadas.
Las anteriores medidas estarían orientadas a aumentar y diversificar la producción destinada al mercado interno y a la
exportación, de manera que la recuperación económica del país sea sostenible en el futuro.
Como bien indica Ritter, la tarea de recuperación economica que afronta el gobierno cubano es de proporciones gigantescas,
dado que la situación actual se caracteriza por un extremo deterioro de la infraestructura y de la base de capital--instalaciones
y maquinaria y equipo- del sector industrial, del sector agrícola, y de la economía en general.
En resumen, Ritter traza un cuadro realista, sumamente descriptivo de la coyuntura actual de la economía cubana, y apunta
a soluciones que parecen compatibles con la necesidad de que Cuba, no importa cuál sea el futuro de su sistema político y
económico, logre alcanzar una posición competitiva en la economía global
NOTA
Este artículo se publicó en Perspectivas, revista mensual de la firma Estudios Tecnicos, Inc. Agradezco el trabajo de
edición del mismo que realizaron los planificadores José Rivera Santana y Evelyn Otero y las ideas y sugerencias del Dr. Juan
Lara, todos compañeros de trabajo en la firma Estudios Técnicos, Inc.
LOS INDICADORES ECONOMICOS Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS
Introducción
La idea de que los ganadores de las elecciones presidenciales en Estados Unidos se deciden a base de un puñado de factores
económicos-la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el crecimiento promedio de la producción agregada, el grado de confianza
de los consumidores y otros-ha fascinado por mucho tiempo a los economistas.
De ahí que se hayan desarrollado varios modelos que, a pesar de su sorprendente sencillez, logran pronosticar con bastante
precisión los resultados de la contienda electoral norteamericana.
En vista de la enorme importancia que las elecciones presidenciales de este año tienen para el futuro económico de Puerto
Rico, conviene discutir, a grandes rasgos, tres de esos modelos, de manera que, a medida que se acerca el mes de noviembre,
los lectores de Negocios dispongan de barómetros estadísticos objetivos para calibrar las probabilidades de reelección del
Presidente Clinton y la fuerza del reto del Senador Dole.
Modelo Fair
Ray Fair es un econometrista de Yale que desde 1978 ha estado usando estadísticas económicas para predecir el voto presidencial.
Su modelo está basado en la experiencia histórica de 1916 a 1992. Según Fair en tiempos de paz los resultados de las elecciones
son determinados por tres variables económicas significativas:
* La tasa de inflación durante los primeros 15 meses del periodo presidencial. En términos estadísticos, cada punto porcentual
de inflación reduce los votos por el incumbente en 0.83 de punto porcentual.
* La tasa de crecimiento económico durante los tres trimestres previos a la elección. Cada punto porcentual del crecimiento
promedio para los primeros tres trimestres del año electoral aumenta los votos por el incumbente en 0.65 de punto porcentual.
* Una variable que Fair llama “ buenas noticias”, que se juzga a base de cuántas veces la tasa de
crecimiento-medida cada trimestre-excede de cuatro (4) por ciento. Así, cada trimestre en que la tasa de crecimiento está
por encima de ese umbral le añade un punto porcentual completo al incumbente.
La metodología de Fair explica los resultados históricos excepcionalmente bien. Cuando falla en pronosticar el ganador,
el margen de error, en elecciones en las cuales participan sólo dos candidatos principales, no excede de dos (2) por ciento.
No obstante, en la elecciones de 1992, debido al factor Perot, el Modelo Fair falló por 3.4 puntos porcentuales, en buena
medida debido a que partió del supuesto erróneo de que el tercer candidato habría de restarle un número igual de votos a George
Bush y a Bill Clinton.
Ahora bien, en las 21 elecciones que se registraron de 1916 a 1992, el Modelo Fair pronosticó el resultado correcto en
13 ocasiones, y en las otras ocho ocasiones declaró que el resultado habría de ser demasiado cerrado, por lo cual no se podía
hacer un pronóstico estadísticamente significativo.
En lo que respecta a las elecciones de 1996, Fair calculó a principios de este año que la inflación tendría un promedio
menor del tres (3) por ciento en los primeros tres trimestres de 1996, lo que habría de estar acompañado por un crecimiento
económico entre 2.0 y 2.5 por ciento, dos factores que serían favorables al incumbente, pero la ausencia de “buenas
noticias” (crecimientos superiores al 4.0 por ciento) habría de ser un factor perjudicial para éste. En balance,
Fair predijo en esa ocasión que Clinton habría de recibir el 49 por ciento del voto presidencial si la competencia fuera
sólo con el candidato del Partido Republicano.
Según los pronósticos de Blue Chip Economic Indicators correspondientes a abril de 1996, durante los primeros tres trimestres
de 1996 la inflación tendrá un promedio de 2.9 por ciento y el alza promedio del producto bruto doméstico real será del orden
del 2.0 por ciento, lo cual quiere decir que el pronóstico de Fair se sostendría al mismo nivel dada la información más reciente.
Tal predicción implicaría que las elecciones de 1996 son demasiado cerradas. En la medida que la economía muestre mayor
fortaleza durante el segundo y tercer trimestres de 1996 y la inflación siga bajo control, las probabilidades de reelección
de Clinton, según el Modelo Fair, serán mayores.
Modelo Alesina-Londregan-Rosenthal (ALR)
Alberto Alesina, de Harvard, y John Londregan y Howard Rosenthal, de Princeton, desarrollaron un modelo de predicción
del mismo fenómeno político que consiste en una mezcla de variables no económicas y variables económicas.
Las variables que capturan los factores no económicos que influyen en la elección presidencial son la división del voto
popular en las elecciones de mitad de término para escoger los representantes y la proporción de asientos en la Cámara de
Representantes ganados en esas elecciones por el partido del presidente incumbente.
La primera variable refleja la popularidad del presidente incumbente; la segunda, la inclinación de los votantes a balancear
el impacto de las elecciones de mitad de término mediante la elección del candidato de oposición.
A todas luces, estos dos efectos tienden a cancelarse mutuamente, excepto en la situación actual en que un avance modesto
de los republicanos en la proporción de votos en las elección de los representantes produjo un cambio en el control del Congreso.
En tal caso, los factores económicos se tornan aún más decisivos. El Modelo ALR usa sólo una variable económica: la tasa
de crecimiento en el año de las elecciones presidenciales. Un aumento de uno (1) por ciento en la tasa de crecimiento lleva
a un alza de 1.45 puntos porcentuales en los votos por el presidente incumbente.
Si el crecimiento en el año natural 1996 fuera 2.5 por ciento, según se vislumbraba a principios de este año, Clinton
lograría obtener el 49.97 por ciento de los votos en 1996. A todas luces, en vista de la expectativa de menor crecimiento
que predomina en la actualidad, a juzgar por los más recientes vaticinios de Blue Chip Economic Indicators , el pronóstico
del Modelo ALR habría que ajustarlo para reducir el por ciento de votos favorables al incumbente.
Ahora bien, aun tomando en cuenta la nueva evidencia, lo cierto es que , al igual que el Modelo Fair, el Modelo ALR se
inclina a la conclusión de que mientras más fuerte sea el desempeño de la economía en el resto del año mayor será la probabilidad
de reelección de Clinton.
Modelo Banco Mitsubishi (BM)
El Modelo del Banco Mitsubishi predice los resultados del voto presidencial únicamente a base del Indice de Confianza
de los Consumidores.
La ecuación que usa este modelo es la siguiente:
VPI = -20 + 0.79 * ICC (Octubre)
donde VPI= Por ciento del voto popular que obtiene el incumbente; y ICC (Octubre) es el valor del Indice de Confianza
en el mes de octubre del año eleccionario.
El ICC, que prepara el Conference Board, mide el grado de confianza de los consumidores en la situación actual y en
las perspectivas de la economía y del mercado laboral. Demás está decir que las tendencias recientes de la economía en general,
la inflación y el empleo total son determinantes de las actitudes y percepciones de los consumidores.
En las 10 elecciones comprendidas entre 1954 y 1992, el Modelo BM pronóstico el resultado correcto en ocho ocasiones.
Se equivocó en 1960, cuando John F. Kennedy derrotó a Richard Nixon por un margen de apenas 0.8 de punto porcentual , ocasión
en la cual el margen de error del modelo fué de apenas 1.0 por ciento. En 1968, el Modelo BM pronosticó un triunfo de Hubert
H. Humphrey, el candidato del partido incumbente, pero Nixon ganó por un sorpresivo amplio margen, aun cuando los indicadores
económicos parecían favorecer al candidato demócrata.
Ahora bien, en las elecciones de 1992, en las cuales los dos modelos antes discutidos fallaron, el Modelo BM no sólo
predijo la derrota del presidente incumbente , sino que hizo un pronóstico muy certero del voto popular que obtuvo Bush. El
modelo anticipó que éste habría de obtener el 37.8 por ciento del voto popular, en comparación con el resultado histórico,
que fué 38.0 por ciento.
De acuerdo con el Modelo BM si las elecciones se hubiesen celebrado en diciembre de 1995, cuando el nivel del ICC era
91, el triunfo le hubiese correspondido a Clinton, con el 52 por ciento del voto popular.
Según la ecuación antes señalada, el punto de empate entre Clinton y Dole sería a un nivel del ICC de 88.6.
La lectura más reciente del ICC fué 97.7 en marzo de este año, de manera que la situación sigue favoreciendo al incumbente.
Durante el año natural 1995 el índice estuvo en el recorrido de 94-103, con un promedio de 100 y en el primer trimestre de
1996 sólo estuvo por debajo del señalado punto de empate en enero (88.4), pero luego rebotó a 98.0 en febrero y 97.7 en marzo,
para un promedio trimestral de 94.7.
Conclusión
El análisis de los principales modelos económicos que se usan para pronosticar los resultados de la elecciones presidenciales
en Estados Unidos sugiere que los resultados de las elecciones de 1996 dependerán grandememente de la trayectoria de la economía
en los próximos meses. En la medida en que la única institución que posee poder estratégico suficiente para influir sobre
la actividad económica a corto plazo es la Reserva Federal, las miradas estarán enfocadas en lo que los norteamericanos llaman
“El Templo”. Si la Reserva Federal decide que la economía necesita un estímulo a corto plazo para evitar
la recesión, una política de reducción en las tasas de interés podría generar la aceleración en el crecimiento de la economía
que, según los modelos examinados, Clinton necesita para lograr la reelección. En cambio, si la política monetaria se orienta
a mantener ( o tal vez a aumentar levemente) la estructura actual de tasas de interés con miras a evitar una reactivación
de la inflación, la experiencia de bajo crecimiento económico podría perjudicar al incumbente.
Una observación que hizo al respecto Peter Pasell, un destacado periodista del New York Times no puede ser más acertada:
“ Se dice en ocasiones que Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, es el hombre más poderoso en Estados
Unidos. Este año, puede que eso sea cierto.”
NOTA
Este ensayo se publicó en el periódico en la revista Negocios, del periódico El Nuevo Día, los días 14 y 21 de julio
de 1996. Agradezco el interés por mis opiniones sobre el tema que me expresó la distinguida periodista Meriemil Rodríguez,
Directora de la Sección de negocios de dicho periódico.
LA PROGRESION Y RETROGRESION DE LA EDUCACION SUPERIOR, PUBLICA Y PRIVADA, A LA LUZ DEL DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAL
HACIA EL AÑO 2000
Introducción
Agradezco profundamente la oportunidad que me brinda la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón de disertar
sobre un tema a la vez complicado y fascinante. Me entusiasma el hecho de que estoy ante un grupo de distinguidos profesionales
que respetan la opinión del economista y que piensan que la disciplina económica tiene mucho que aportar al análisis de la
situación actual y perspectivas futuras de la educación superior.
En vista de dispongo de poco tiempo para examinar un tema de tanta magnitud y me interesa escuchar la reacción de ustedes
a las ideas que les presentaré, procuraré concentrar mi atención en sólo cuatro aspectos centrales del tema:
* Las tendencias de la economía global en la cual está insertada la economía de Puerto Rico.
* Las exigencias que una inserción efectiva en la economía global la plantea a la sociedad puertorriquena y en particular
a la educación superior, pública y privada.
* La importancia de que la educación superior de Puerto Rico responda los retos que implica tal inserción.
* El escenario de crecimiento económico y de apoyo financiero a la educacion superior que se vislumbra a corto y mediano
plazo en Puerto Rico y el perfil del escenario a largo plazo.
En cada caso, discutiré las implicaciones de las tendencias y asuntos discutidos para las instituciones de educación
superior de la Isla.
La economía global
Hace apenas una década la idea de que vivimos en una "aldea global" pareció novedosa y revolucionaria; hoy,
es un lugar común. La globalización de las actividades económicas y la internacionalización de la producción, el comercio
y la tecnología son las tendencias dominantes en la economía mundial.
Un acuerdo de carácter mundial como GATT y la formación de bloques económicos regionales como la Comunidad Económica
Europea, NAFTA y MERCOSUR son elementos esenciales del nuevo orden mundial.
Las ventajas que la integración económica le brinda a todos los países participantes han sido claramente identificadas
en la literatura económica:
* Ayudan a desarrollar las capacidades y ventajas competitivas por medio de las economías de escala (es decir, menor
costo promedio a largo plazo) generadas por el comercio entre los países que participan en el acuerdo.
* Se logran ventajas comparativas dinámicas por vía de la interacción de las economías participantes: se comparten el
conocimiento científico y tecnológico, las destrezas gerenciales y la información.
* Se acelera el acceso a nuevos mercados por medio de negociaciones multilaterales.
* Se generan economías de especialización y una mejor división del trabajo entre los países dentro de un mercado expandido.
* Se logra estabilidad macroecónomica y se aumenta el flujo de inversión directa e indirecta como consecuencia de la
coordinación de las políticas monetarias y fiscales.
De ahí que para alcanzar su potencial económico, cada país deba adoptar una estrategia de desarrollo que promueva la
competitividad (mejore las destrezas de sus recursos humanos, la calidad de la infraestructura y el ambiente social), lleve
a la formación de ventajas competitivas dinámicas y expanda la exportaciones hacia el mercado mundial.
El desarrollo de la infraestructura, entendida tanto en el sentido físico tradicional (carreteras, puertos y aeropuertos,
etc) como en el sentido más amplio de infraestructura científica y tecnológica, redes de comunicaciones, sistema de educación
y de atencion médica, ordenamiento de la actividad cultural y desarrollo de un clima político estable y propicio para el desempeño
de la actividad productiva, es un elemento central, una condición sine qua non, para el logro de la competitividad internacional.
En el aspecto físico, se require infraestructura altamente especializada, orientada a uso y asimilación de la tecnología informática,
que le sirva a los intereses de las empresas o grupos de empresas que existen o que se quiere atraer al país, lo cual debe
ir acompañado del correspondiente desarrollo de la capacidad gerencial, la base de capital (maquinaria, equipo y estructuras
industriales y comerciales) y la base de destrezas intelectuales y técnicas de la población.
La existencia de centros de investigación y desarrollo en la universidades, que interactúen con las empresas manufactureras,
y el desarrollo y ampliación de las ofertas programáticas de la educación superior en general, en correspondencia con las
orientaciones y necesidades de la industria, son parte de lo que se conoce como la nueva infraestructura, que es tan importante
como la infraestructura física.
Los sistemas expertos, la robótica, las redes de información y telecomunicaciones, las máquinas, herramientas y procesos
guiados por computadoras son los elementos más visibles de lo que ha venido a llamarse la Revolución Informática, que implica
una considerable expansión del sector de servicios profesionales y asigna un rol estratégico a las instituciones de educación
superior en la formacion e implantación de la política de desarrollo económico nacional (o regional) y en la promoción de
la investigación y el desarrollo científicos.
El tendencia a mejorar la tecnología y la productividad en todas los sectores económicos le genera una enorme presión
al sistema educativo y amenaza con dejar permanentemente fuera del mercado a aquellas personas que no respondan al cambio.
Entre las categorías de empleo que más aceleradamente crecen se destacan las que requieren formación universitaria: científicos
naturales, profesionales y paraprofesionales de la salud, técnicos de computadoras y de laboratorios, administradores y gerentes,
ingenieros y arquitectos, empleados de ventas y mercadeo, analistas financieros, maestros y secretarias ejecutivas. En términos
generales, las profesiones vinculadas con la informática son las que muestran más dinamismo, lo cual es una consecuencia del
hecho de que el complejo de computadoras-semiconductores-telecomunicaciones ya ha alcanzado suficiente masa crítica para convertirse
en el motor principal de la economía de Estados
Unidos y de la mayoría de los países altamente industrializados.
En efecto, en este nuevo contexto, la educación superior juega un papel crucial en el desarrollo de ventajas competitivas
dinámicas, que no se basan tanto en los recursos naturales, la maquinaria y el equipo o la infraestructura física-cuya importancia
es por supuesto innegable-como en la flexibilidad, la capacidad de respuesta rápida, la habilidad para resolver problemas
nuevos, la calidad, variedad y amplitud del proceso de enseñanza-aprendizaje y la creatividad.
En otras palabras, el conocimiento, y su aplicación a la producción de bienes y servicios y a la generación de nuevo
conocimiento, es la principal fuerza productiva, el motor principal enla emergente economía global.
Requisitos para una inserción efectiva en la economía global
La velocidad, amplitud e intensidad del cambio que se observa a escala global obliga a todos los países a diseñar e implantar
políticas de desarrollo económico claras y explícitas y a actuar con premura en lo que respecta a creación o fortalecimiento
de los componentes básicos de la competitividad: desarrollo de destrezas, acceso a la tecnología, disponibilidad de capital,
mejora de la infraestructura, cambio en el clima regulatorio y contributivo. Se requiere también la introducción de programas
que propendan a mejorar la calidad del ambiente-agua, aire- y la calidad de vida en general: reducción del desempleo, la pobreza
y la criminalidad; mejora de las facilidades de diversión y recreación; y fomento de las artes y la cultura.
Dada la importancia estrategica del conocimiento en la nueva estructura económica mundial, la reforma de los sistemas
educativos y de los sistemas de adiestramiento técnico-vocacional es también un imperativo para el logro de la competitividad.
Las comparaciones internacionales muestran que los países que han alcanzado más desarrollo educativo, que han restructurado
con más eficacia las formas de diseminar el conocimiento y aplicarlo a la toma de decisiones y a la producción de bienes y
servicios, son los que más capacidad competitiva y más éxito han logrado en el mercado internacional. Además de las destrezas
intelectuales y técnicas que exige la nueva economía global, la formación de recursos humanos debe tener un alto componente
de conocimiento sobre otras culturas y filosofías de vida, es decir, necesita la visión universal e integral que provee la
cultura humanística.
La respuesta de Puerto Rico ante el reto de la economía mundial no se hizo esperar. En una primera etapa, se plasmó en
el documento titulado Estrategia para el desarrollo económico de Puerto Rico: hacia la Segunda Trnasformación Económica, que
preparó en 1989 en Consejo Asesor Económico del Gobernador. Más recientemente, la Administración Rosselló elaboró y adoptó
como política pública lo que se denominó el Nuevo Modelo de Desarrollo Economico. Este último anuncia una nueva visión para
Puerto Rico que se funda en cuatro elementos básicos:
* Un sector privado que responda a las necesidades del mercado.
* Un gobierno ágil y dinámico responsable de proveer políticas generales, y leyes y regulaciones que faciliten el crecimiento
y desarrollo económicos.
* La restructuración del gobierno para hacerlo más eficiente y el logro un contexto social adecuado.
Algunas características del Nuevo Modelo que responden directamente al señalado reto global son las siguientes:
* Recalca los principios de la capacidad competitiva, incluyendo el pleno desarrollo de los recursos humanos, la mejora
de la infraestructura económica, física y tecnológica, y la forja de un ambiente regulatorio adecuado.
* Promueve nuevos vínculos y redes de apoyo entre los negocios.
* Amplía la base promocional, que en la actualidad se centra en la manufactura, para incorporar la exportación de servicios
profesionales y promover las exportaciones en general.
* Provee una estructura de apoyo para promover el turismo, con énfasis en el lado de la oferta (venta de hoteles propiedad
del gobierno y apoyo financiero a nuevos hoteles privados).
* Provee una estructura de apoyo al capital local e identifica nuevos mercados de exportación tanto para los productos
manufactuados en la Isla como para los servicios profesionales.
Expresiones concretas de esta nueva política de desarrollo económico son la apertura de oficinas de negocio en México,
Panamá y Chile (planeada), la creación de la Junta de Comercio Exterior (que realizó un plan estratégico para el fomento de
las exportaciones) y la creación de la Zona de Libre Comercio #61.
Aunque no define claramente las accciones específicas que ello implicaría y se acepta que no existe una política sobre
la educación postsecundaria, su financiamiento y su relación con las políticas de desarrollo económico, el Nuevo Modelo le
asigna un papel central a los esfuerzos por integrar a las universidades en los programas de desarrollo de recursos humanos
y sugiere la posibilidad de proveer apoyo financiero y fomentar la competencia productiva en el sistema universitario del
país. De igual modo, se alienta la creación de alianzas entre la empresa privada, las universidades y el Departamento de Educación
para desarrollar los programas requeridos en áreas tales como la ciencia y la tecnología, el mejoramiento profesional de maestros,
la educación contínua, el desarrollo de la capacidad empresarial y otros.
Los retos a la educación superior
Tanto en matrícula como en el número de instituciones, el sistema de educación superior de Puerto Rico mostró un acelerado
crecimiento desde 1974 hasta mediados de la década de los 80, impulsado por tres factores principales: una amplia base demográfica
(estudiantes de edad universitaria tradicional, es decir, entre 18 y 24 años), el creciente flujo de becas federales y la
existencia de altos niveles de desempleo como resultado de la severa crisis por la cual atravesó la economía de Puerto Rico
durante el periodo. El alza en matrícula recayó mayormente en las instituciones privadas, que ya para fines de la década
de los 80 atendían el 63 por ciento de la matrícula total (que ya se acercaba a los 160,000), en comparación con una participacion
de 44.0 por ciento en 1974. Desde mediados de la década de los 80 hasta el presente varios factores se combinaron para producir
una estabilización en la matricula total del sistema a pesar el contínuo aumento del valor nominal total de las becas federales-que
incrementó de $154.7 millones en el año fiscal 1995 a $388.2 millones en el año fiscal 1994. Dichos factores fueron la recuperación
de la actividad económica (que llevó a una disminución significativa de la tasa de desempleo), el lento crecimiento de los
graduados de escuela superior y del cohorte de población universitaria en general y el alza en los costos de la matrícula.
Un factor de compensación ha sido el alza en población universitaria no tradicional (adultos), inducida en buena medida por
las necesidades de formación académica y adiestramiento de la fuerza trabajadora del gobierno y de los negocios.
A pesar de que el número de instituciones ya sobrepasa el umbral de 35, en comparación con apenas cinco (5) en 1970,
más del 80 por ciento de la matrícula se concentra en la principales cinco instituciones (Universidad de Puerto Rico, Universidad
Interamericana, Sistema Universitario Ana G.Méndez, Universidad Católica de Puerto Rico y Universidad del Sagrado Corazón)
y las oferta programática, a pesar de que ha ido en aumento, aún carece de suficiente diferenciación. Así cerca de dos terceras
partes de los egresados del sistema se ubican en las áreas tradicionales de Administración de Empresas, Educación y Artes
Liberales, si bien se ha observado cierto grado de avance en el número de graduados de ciencias naturales, ingenieria y ciencias
de cómputos. Un poco más dos terceras partes de los grados conferidos son de nivel de Bachillerato, cerca de una tercera parte
son grados asociados y una porción mínima, pero cualitativamente importante, son grados de maestría y doctorados.
Según la Junta de Planificación, las concentraciones de estudio de los univesitarios demuestran paridad con los datos
de empleo por grupo ocupacional, es decir, la demanda de estudios universitarios guarda correspondencia estrecha con las oportunidades
que ofrece el mercado de trabajo.
Un rasgo que llama la atencion es el marcado predominio de la mujeres en la población universitaria- cerca del 60 por
ciento-, un sesgo que esencialmente se debe a la composición de los cohortes de nuevo ingreso procedentes de la escuela superior,
dada la mayor retención escolar que registra la población femenina en el sistema primario y secundario, especialmente en la
dimensión pública de éste.
Conviene recordar tambien que cerca del ocho (8) por ciento de los estudiantes que se gradúan de escuela superior en
Puerto Rico optan por estudiar en universidades de Estados Unidos y, en mucho menor grado, del extranjero. En la medida en
que los costos de la educación superior en Estados Unidos sigan creciendo a un paso acelerado, es probable que las universidades
de la Isla, particularmente aquellas que se mantengan sintonizadas con las necesidades del mercado laboral, sean el destino
de parte de los estudiantes cuya primera preferencia hubiera sido estudiar en una institución norteamericana. En este contexto,
no debe subestimarse el tamaño del cohorte de estudiantes que luego de un experiencia de estudios fallida en Estados Unidos
(sea por razones académicas, personales, culturales o económicas) regresan a terminar sus grados en el sistema universitario
de la Isla.
En materia de financiamiento existe una diferencia abismal entre las instituciones públicas (esencialmente el sistema
de la Universidad de Puerto Rico) y privadas. Las primeras dependen mayormente de asignaciones con cargo al Fondo General
del Gobierno de Puerto Rico, que por lo general se mueve en la misma dirección que la economia en su totalidad, y afrontan
una demanda menos elástica debido a que pueden fijar costos de matrícula más bajos; las segundas, que dependen esencialmente
de los cargos por matrícula y en mucho menor grado de fondos estatales y federales, afrontan una demanda altamente elástica
debido a que se ven obligadas a fijar costos de matrícula más elevados y compiten fuertemente entre sí.
El reciente episodio de expansión de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico-un alza entre 3,000 y 4,000-responde
a los años de bonanza que ha experimentado el Fondo General (alzas de 19.8 por ciento en el año fiscal 1994 y de al menos
10 por ciento en el pasado año fiscal) y representa un cambio apreciable del equilibrio que había existido hasta hace poco
en el mercado de la educación superior. En la medida en que la Universidad de Puerto Rico, una vez superados los problemas
de presión sobre la infraestructura física e institucional que representa tal expansión súbita, sostenga a más largo plazo
la estrategia de capturar una porción mayor del mercado (a lo cual ayuda su ventaja competitiva en precio) las universidades
privadas verán reducida su matrícula y tendrán que reevaluar sus estrategias a largo plazo para incorporar este nuevo y decisivo
factor externo.
A juzgar por lo anterior, las instituciones del sistema universitario de Puerto Rico, especialmente las del sector privado,
tendrán que hacer ajustes significativos para responder a los retos que les plantea el ambiente externo local e internacional:
* Diversificar los ofrecimientos, incrementar los programas graduados especializados, formar alianzas estratégicas con
la industria y el gobierno, fortalecer los programas de educación de adultos, aumentar el componente de investigación y desarrollo
y variar la cartera de fuentes de financiamiento para reducir la dependencia fondos federales y aprovechar la capacidad de
financiamiento de estudios superiores que tienen el gobierno y la empresa privada.
* Colocar mayor peso el desarrollo de conocimientos básicos en áreas tales como electrónica y ciencias de computos, matemáticas,
lenguajes y destrezas de comunicación. Ante todo, se requiere un tipo de formación intelectual que induzca en los estudiantes
una actitud flexible para adaptarse a los cambios contínuos y acelerados en la técnicas de producción, comunicación y mercadeo
y al rol creciente de la computadora y los sistemas de información computadorizad en los centros de trabajo y en el propio
ambiente académico.
* Estudiar cuidadosamente la evolución de la estructura de empleo local así como las variaciones en la estructura de
empleo de Estados Unidos, de manera que los programas académicos, a la vez que cumplan con el rigor y amplitud intelectual
que exige la educación universitaria, respondan a los patrones de demanda de recursos humanos del mercado. Conviene recordar
que en la economia global la visión tecnocrática y especializada de la formación universitaria ha sido desplazada por una
visión integral de la formación de los recursos humanos, que recalca la importancia de las destrezas básicas y de la formación
técnica, pero a la vez considera altamente deseable el conocimiento de otras culturas, de otros idiomas y de otras visiones
de mundo.
* Ampliando el punto anterior, es necesario que las instituciones de educación superior locales comiencen a pensar en
la internacionalización de sus programas, de manera que puedan aportar a la exportación de servicios profesionales que tanto
peso tendrá en el futuro económico de la Isla.
Escenarios a corto, mediano y largo plazo
La perspectiva a corto plazo de la economia de Puerto Rico tiene en la actualidad un grado de complejidad e incertidumbre
que se había observado desde principios de 1993, es decir, desde principios de la gestión administrativa del Presidente Clinton.
Tal desasosiego no proviene de los dos factores que tradicionalmente tienen más impacto tienen sobre la economía local-el
crecimiento de la economía de Estados Unidos y el precio del petróleo- sino de dos factores que se vinculan directamente con
la política fiscal de Estados Unidos: la incertidumbre respecto a los cambios en la ayuda económica a la familias que implicará
la reforma del estado asistencialista en Estados Unidos y la nueva presión sobre la Sección 936 que podrían generar los intentos
por balancear el presupuesto federal.
Si bien hay que admitir que todo pronóstico económico está sujeto a error (asi como revisión sustancial poco después
de ser emitido) existe consenso de que la economía de Estados Unidos está pasando por un periodo de dificultad, pero está
encaminada a una moderada aceleración a principios de 1996. Así, Data Resources, Inc. espera que el producto bruto doméstico
(PBD) real crezca 1.6 por ciento tanto en este trimestre como en el cuarto trimestre pero acelere a 3.1 por ciento en el primer
trimestre de 1996. La inflación se mantendrá en el recorrido de 3.1-3.4 por ciento y las tasas de interés de corto plazo bajarán
un poco, en virtud de la política de moderado estímulo económico que seguirá la Reserva Federal para evitar que la economía
caiga en recesión.
Los crecimientos que DRI anticipa para los anos naturales 1996 y 1997 son de 2.3 por ciento y 2.7 por ciento, respectivamente,
lo que implica que a mediano plazo, la economía de la Isla recibirá un estimulo positivo, si bien modesto, de la economía
de Estados Unidos.
En lo que respecta a los precios del petróleo, DRI espera que el precio por barril se mueva en el recorrido de $15.90-16.60
en los años naturales 1996 y 1997, lo cual no representa una amenaza inflacionaria para Puerto Rico.
En cambio, a estas alturas sólo se sabe que el futuro de los programas de asistencia social en Estados Unidos serán una
síntesis entre las aspiraciones reduccionistas de la mayoría republicana en el Congreso y la filosofía demócrata de la Administración
Clinton. En la medida en que los ciudadanos de Puerto Rico reciben una significativa cantidad de transferencias federales
(el balance neto de las mismas montó a $3,855.4 millones en el año fiscal 1994) el resultado de la batalla presupuestaria
en Estados Unidos sera un determinante básico en la trayectoria futura de la economía de Puerto Rico.
En su ejercicio más reciente de pronóstico la Junta de Planificacion anticipó un alza de 2.7 por ciento en el producto
bruto real para el año fiscal 1996. Se estima que el año fiscal 1995 el crecimiento estuvo cerca del 3.0 por ciento. Por lo
general, los pronósticos de crecimiento económico hasta el año 2000 emitidos por los economistas del sector privado, particularmente
por Applied Research Inc., apuntan hacia un crecimiento promedio entre 2.0 y 2.5 por ciento, en buena medida debido a la modestia
del crecimiento económico en Estados Unidos, a la reducción de los beneficios contributivos de las corporaciones 936 y al
impacto de los recortes en los programas de ayuda federal.
Por fortuna, tal incertidumbre a corto y mediano plazo no se asocia con los programas de apoyo económico a la educación
superior. A juzgar por las noticias que han aparecido recientemente en el periódico The Chronicle of Higher Education los
"issues" dominantes en la educación superior en Estados Unidos se relacionan más bien con el futuro de los Programas
de Acción Afirmativa y con el Programa de Préstamos Directos, dos desarrollos que sólo tendrán un impacto menor en Puerto
Rico (en la medida en que influyan sobre las decisiones de estudiar en Estados Unidos de estudiantes residentes en la Isla
o que tengan impacto sobre las oportunidades educativas de los estudiantes de origen puertorriqueño que residen en Estados
Unidos), ya que no se anticipan recortes significativos en los programas de ayuda económica a los estudiantes.
En cuanto a lo primero, la decisión de la Corte Suprema, tomada el 12 de junio de 1995 en el caso Adarand Constructors
Inc. v. Pena representa un fuerte revés para el Programa de Acción Afirmativa (PAA) y podría tener un impacto considerable
sobre la educación superior. En el futuro se podria emitir un fallo similar relacionado con la educación superior, la salud,
el reclutamiento de personas y otras áreas similares.
El fallo fue que los PAA federales, que involucran el uso de la raza como base del trato preferencial, son legales si
pueden pasar el estricto escrutinio de las cortes federales. Este prueba tiene dos elementos: la razón para usar una clasificación
racial debe ser convincente ("compelling"); y los medios adoptados deben ser cuidadosamente diseñados y adaptados
a cada caso("narrowly tailored") para implantar la misma.
El Presidente Clinton señaló que su administración no abandonará los PAA, pero está claro que las cortes tendrán la ultima
palabra, ya que se trata de un "issue" constitucional.
Hasta que la cortes federales no provean guías más definidas, se debe hacer un uso cauteloso en los PAA en los colegios
y universidades.
Si las instituciones han de lograr diversidad en la matrícula, y promoverla por medio de programas de asistencia orientados
a estudiantes de minorías étnicas, así como promover el reclutamiento de profesores y personas de grupos minoritarios, éstas
han de estar preparadas para proveer evidencia detallada, enfocada y convincente de la necesidad de tales programas, es decir,
evidencia que pueda sobrevivir el escrutinio de las cortes federales.
Por otra parte, el proyecto de presupuesto de la Departamento de
Educación-el cual el Comité de Apropiaciones de la Cámara estaba considerando a fines de julio- colocará varias restricciones
a la expansión y promoción del programa de préstamos directos (PPD), con el cual la Administración Clinton aspira a reemplazar
el programa de garantía de prestamos (PGP). El PPD emite fondos federales prestables vía los colegios, esquivando los bancos
y las agencias garantizadoras que operan el PGP.
Entre los contenidos del proyecto se hallan los siguientes:
** Prohibir al Departamento de Educación que le requiera a las agencias que garantizan préstamos que devuelvan sus fondos
de reserva.
** Limitar los fondos administrativos para el PPD a $320 millones, $25 millones menos que el año fiscal 1995.
** Prohibir el gasto en anuncios, promoción o mercadeo del PPD.
** Prohibir el reclutamiento de personal adicional para el programa.
También se anticipa que el Comité de Oportunidades Económicas y Educativas de la Cámara envíe un proyecto que le asigne
un máximo ("cap") al crecimiento del PPD. Dicho máximo se fijaría al nivel de 40 por ciento del volumen nacional
de préstamos.
Las acciones respecto a los programas de apoyo financiero a los estudiantes son bastante auspiciosas. Los paneles de
apropiaciones de la Camara que redactan los proyectos básicos de apropiación de fondos para la educación superior terminaron
sus trabajos a mediados de junio, con resultados mixtos para las universidades y colegios:
** Un aumento de 5.7 por ciento para los Institutos Nacionales de Salud.
** Para la educación, el panel proveyó dinero para un aumento de $100 en el tamaño maximo de la Beca Pell, pero pagó
por ello reduciendo el número total de becas a ser provistas y cortando otros programas educativos, incluyendo los esfuerzos
de reforma educativa de la Administración Clinton y pagos a Howard University.
** Espefícificamente, la asignación para las becas Pell montó a $5.697 billones (según aprobado por un subcomité de
la Cámara) en comparación con un nivel de gasto de $6.178 billones en este año fiscal. Aún así, se espera que la Beca Pell
aumente de $2,300 a $2,340 por estudiante.
** La Administración Clinton requirió una Beca Pell maxima de $2,500. Lo que propone el panel es menos, pero sorprendió
el hecho de que se propusiera un aumento en este vital programa de becas dado el afán reduccionista de la mayoría republicana.
** El proyecto también se orienta a detener las contribuciones de capital al "revolving fund" de $6 billones
que financia el Programa de Préstamos Perkins, en el cual los administradores de las universidades toman decisiones de asignación.
El programa continuará, pero el insumo anual de efectivo, que totalizó $158 billones en el AF 1995, terminará.
Se teme que estas medidas tengan impacto negativo sobre los estudiantes de clase media, que no cualifican para una Beca
Pell.
Otro panel de la Cámara, que redacta el presupuesto de la NSF (National Science Foundation), trazó un plan que cortaría
el presupuesto de investigación de la agencia por uno (1) por ciento. Esta sería la primera reducción del presupuesto de investigación
de la NSF en diez años.
En lo que respecta a nuevos cambios en la Seccion 936, que se anadirían a la reducción de beneficios que implicó la Ley
de Presupuesto del Gobierno Federal aprobada el 10 de agosto de 1993, no se ha radicado ninguna propuesta específica en el
Congreso, pero la cadena de especulaciones y rumores sobre el asunto es suficiente para inducir expectativas negativas que
reduzcan el ya amenguado flujo de nuevas inversiones industriales y pospongan gran parte de las expansiones que tienen planeadas
algunas firmas manufactureras establecidas en la Isla.
A más largo plazo, el principal problema que afronta la economía de Puerto Rico es la búsqueda de alternativas de crecimiento
más acelerado de cara a la anticipada lentitud de la economía de Estados Unidos , la atenuación del crecimiento de la industria
farmacéutica (que genera cerca de la tercera parte de la exportaciones de la Isla) , el reto de GATT y NAFTA, y el inevitable
desvanecimiento (sea por la vía gradual o por un golpe súbito e inapelable) de la Sección 936.
En la etapa actual tal vez la mejor alternativa es utilizar a plenitud las ventajas que aún ofrece la Sección 936 para
promover estructuras, tales como las plantas gemelas, estimular inversiones que se sostengan aún cuando se elimine la Sección
936 y resaltar el rol de Puerto Rico como centro de transferencia de tecnología hacia América Latina y el Caribe en áreas
como la transportación, las telecomunicaciones, el procesamiento de datos, las finanzas y la construcción.
Como bien sugiere el informe del grupo de investigación de Princeton University que examinó el futuro de Puerto Rico,
además de mejorar la eficiencia del gobierno, la calidad de la infraestructura y la variedad de las ofertas educativas y de
adiestramiento técnico-vocacional, la Isla debe incrementar su rol mundial mediante la mejora y promoción de sus capacidades
de trasbordo, expandiendo la iniciativa de las plantas gemelas, estimulando el turismo y procurando obtener la capacidad para
ofrecerle incentivos contributivos (alivio de pagos al Gobierno Federal) a empresas extranjeras que se establezcan en la Isla.
No menos importantes son los señalamientos que hace un estudio reciente de la Asociación de Industriales respecto a la
posibilidad de promover el desarrollo de grupos ("clusters") industriales con el objetivo de aumentar las economías
de escala e imprimir un mayor grado de permanencia a la producción manufacturera y la promoción de "trading companies"
en Estados Unidos para distribuir productos de Puerto Rico.
Ante todo, Puerto Rico afronta el reto de lograr un crecimiento económico significativamente mayor que la economía de
Estados Unidos en general, ya que la Isla aún tiene mucho que avanzar en lo respecta al ingreso per capita, la mejora de la
calidad de vida y la ampliación de las oportunidades de desarrollo personal y colectivo. En este sentido los esfuerzos por
diversificar las fuentes de crecimiento económico, con el turismo como principal complemento a la producción industrial, y
la búsqueda de nuevos mercados para la producción manufacturera local se presentan como las mejores opciones.
En un ambiente tan cambiante y complejo las estrategias de desarrollo institucional de las universidades deben estar
orientadas a lograr ventajas únicas, obtenidas a base de la especialización y del aprovechamiento de las fortalezas internas,
pero al mismo deben dejar margen para la adaptación a variaciones súbitas en el ambiente externo.
A grandes rasgos, he trazado un cuadro que implica significativos retos y oportunidades para las instituciones de educación
públicas y privadas de la Isla. Espero que en la sección de preguntas podamos ahondar en algunos de estos temas y tal vez
trazar una agenda de análisis e investigación que responda más específicamente a las realidades académicas, institucionales,
administrativas y financieras de la Universidad Central de Bayamón.
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en Ensayos Económicos, Undecima Asamblea Anual de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, págs. 65-104
NOTA
Conferencia dictada en el Retiro Anual 1995 de la Junta de Síndicos de la Universidad Central de Bayamón.
LA SITUACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS GUBERNAMENTALES EN PUERTO RICO
“Siempre ha de haber recurso a la mejoría y apelación a más”
...Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia, 1647
Don Miguel Echenique, insigne economista y maestro de varias generaciones de analistas tanto en la Junta de Planificación
como en el Banco Gubernamental de Fomento, me habló en una ocasión acerca de la importancia de que las personas a cargo de
los procesos de producción de estadísticas “vibren con los datos y sientan pasión por el trabajo que realizan”.
Entendí esa frase no sólo como un reclamo de excelencia profesional en la ejecución de las diversas fases del proceso estadístico-recopilación,
procesamiento y análisis- sino también como una exigencia de preocupación y orgullo profesional por la calidad del producto
final y por la valoración que éste recibe de la comunidad de usuarios.
En estos días en que, con justificada razón en algunos casos, la crítica de las estadísticas gubernamentales, particularmente
de aquellas relacionadas con el desempeño de la economía, se ha convertido en una agenda extendida, conviene reflexionar sobre
los factores que han llevado a la progresivo pérdida de calidad de nuestro sistema estadístico y evaluar algunas de las estrategias
que podrían ayudar a resolver el problema.
En vista de que cada conjunto de series tiene una estructura particular y requiere una evaluación específica, me limitaré
a señalar los perfiles generales del asunto y dejar para discusión futura los detalles del mismo. Admito que mi campo de experiencia
se circunscribe a las estadísticas económicas, aunque creo que la situación de las estadísticas sociales, demográficas, y
de criminalidad y salud, no ofrece gran oportunidad para hallar excepciones a la regla.
Conviene aclarar que no se trata de un problema reciente. El debilitamiento de la calidad, variedad y precisión de los
datos económicos ha sido una tendencia gradual, pero sistemática, que viene desarrollándose desde mediados de la década de
los 70, y que ha alcanzado su punto más crítico en la etapa actual.
En efecto, la agudización del problema, a mi juicio, es resultado de un mecanismo deficiente de traspaso de conocimiento
y destrezas técnicas o simplemente secuela de la ausencia de diálogo o consulta constructiva entre los oficiales de la anterior
administración y los de la presente, algo que a mi juicio ocurrió en la mayoría de las agencias que producen información económica
y que ha tenido un efecto devastador sobre algunas de las series económicas principales.
La crisis de confianza o credibilidad en la que ha desembocado el gradual empobrecimiento de la producción de estadísticas
obedece, esencialmente , a varios factores objetivos claramente identificables, que varían de una agencia a otra, y dentro
de las agencias, de una serie o grupo de series estadísticas a otra (s):
* Obsolencia de gran parte de las metodologías de recopilación y estimación, así como de las bases comparativas (“benchmarks”)
de las encuestas y procesos de estimación principales. Ejemplos: la base de para la deflación de las cuentas nacionales se
remonta a 1954; la canasta de bienes que se usa en los índices de precios al consumidor se basa en investigaciones realizadas
en 1977.
* Severa restricción de los recursos presupuestarios dedicados al trabajo de campo y excesiva dependencia de estimaciones
de escritorio y cálculos especulativos. El presupuesto propuesto para el año fiscal 1997 no provee para remediar esta carencia.
* Ausencia de una visión amplia, integradora, del proceso de diseño, implantación y evaluación de la política económica
y del papel de los sistemas de información como instrumentos de investigación científica. De hecho, en la actualidad no existe
una entidad pública que haga análisis de política económica.
* Rezago en el adiestramiento del personal en lo que respecta al dominio de fundamentos teóricos de la economía, la
econometría y las estadísticas, lenta asimilación de nuevas técnicas de recopilación y análisis de datos y pobre noción de
los métodos de investigación científica. No hay programas de readiestramiento del personal suficientemente abarcadores para
superar esta deficiencia,
* Envejecimiento relativo del personal con más conocimiento teórico y práctico y ausencia de mecanismos efectivos de
transmisión del conocimiento de éstos a los economistas y estadísticos más jóvenes.
* Carencia o insuficiencia de equipo de computadoras y programación avanzados y amplia necesidad de adiestramiento
del personal en el uso de la computadora como instrumento de trabajo.
* Predominio de niveles salariales relativamente bajos, que actúan como factor de desaliento e inducen la fuga de personal
hacia el sector privado, con pérdida de inversión en recursos humanos para el sector público.
* Escasa colaboración de las empresas en la provisión de información fidedigna y al día sobre sus operaciones, niveles
de venta, márgenes de ganancia y otras variables básicas. Hace una falta una nueva legislación que le otorgue carácter mandatorio
a las peticiones de información de las agencias públicas.
* Limitada coordinación interagencial en la producción de estadísticas, lo que lleva a la duplicación de esfuerzos y
a la falta de coherencia de series que están obligatoriamente encadenadas y deben guardar una correspondencia lógica.
No es una coincidencia que la crisis del sistema estadístico haya estallado precisamente en el momento en que se había
estado invirtiendo más dinero que nunca no en la atención de los problemas antes señalados- aunque debemos admitir que se
ha hecho bastante al respecto- sino en la utilización de los resultados del proceso estadístico para resaltar los logros de
la presente administración.
Al llamar la atención en forma poderosa hacia la información económica, se puso en evidencia en mucho mayor grado las
debilidades estructurales de la misma y salieron a relucir las extrañas variaciones que han mostrado recientemente algunas
de las principales series estadísticas.
Ahora bien, como una vez señaló Nietzsche, “En el lugar del peligro está la salvación”. Del propio
listado de factores limitantes que acabamos de presentar, que sin duda luce formidable a primera vista, surge el conjunto
de posibles soluciones al problema. Todo es cuestión de traducir en un plan de acción tales observaciones, lo cual implica
una clara conciencia, por parte del ejecutivo y del legislativo, de que es necesario invertir en la mejora de la información
económica en vista de que ésta juega un papel estratégico en los esfuerzos por aumentar la competitividad de la Isla.
En la base del sistema estadístico, trabajando por los mejores intereses de nuestro país, hay un conjunto de excelentes
recursos humanos que me educaron en mi peregrinar por las agencias del gobierno, que poseen un profundo conocimiento sobre
la realidad económica de la Isla y que pueden aportar grandemente a la reforma de nuestro sistema de estadísticas. Todo es
cuestión de combinar esfuerzos con la comunidad académica y con los economistas de sector privado para tomar acción antes
de que se haga demasiado tarde.
A la vanguardia del proceso, dentro y fuera del gobierno, deben estar aquellos que sienten la pasión por los datos, que
han hecho girar su vida en torno a la producción de información económica de alta calidad. No creo que sea necesario utilizar
técnicas detectivescas para saber de quienes se trata.
NOTA
Una versión algo abreviada de este artículo se publicó en la revista Negocios, del periódico El Nuevo Día.
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO
EN PUERTO RICO
Introducción
En la ciencia económica, la productividad es una medida de eficiencia que se calcula como la proporción de lo producido
respecto a los insumos que se requieren para producirlo. Los insumos que se consideran como parte del denominador son los
factores tradicionales de producción--recursos naturales, mano de obra y capital--tomados individualmente o en forma agregada.
La productividad del trabajo o de la mano de obra de un país o de un sector económico o industria en específico es un
indicador particularmente sensitivo de la eficiencia productiva y es, sin duda, la principal medida que se usa a nivel mundial
para juzgar el grado de avance económico.
Más aún: hay consenso entre los economistas en cuanto a que la mejor medida de progreso económico es el crecimiento a
largo plazo de la productividad.
La productividad--definida como el valor de los bienes y servicios producidos por hora de trabajo o por trabajador--crece
esencialmente por medio de innovaciones tecnológicas, mejor y mayor equipo de producción, mayor conocimiento, aumento en las
destrezas de los gerentes y los trabajadores de la producción, mejoras en la infraestructura económica y organizaciones más
eficientes en las esferas del gobierno, las instituciones no gubernamentales y la empresa privada en general.
A pesar de que los economistas difieren en cuanto a la formas de aumentar la productividad, existe consenso entre éstos
en cuanto a que el alza en la productividad es esencial para aumentar el empleo, los salarios y los ingresos y el nivel de
vida en general de la población. Una economía en la cual la productividad permanezca estancada por largo tiempo se convierte
en lo que Lester Thurow llama una sociedad de suma cero, en la cual los bienes y servicios que disfrutan un grupo de personas
requiere que otros se vean excluidos de los mismos. Solo mediante una productividad creciente se logra que los incrementos
en la producción total se distribuyan en forma más holgada y equitativa.
De igual modo, la literatura reciente sobre el concepto de competitividad en la economía global resalta la importancia
de que tanto al nivel de las empresas como de la economía como un todo se logren avances significativos en las tasas de productividad
como
elemento fundamental para reducir el desempleo y mantener a raya la inflación.
En este trabajo se hace una análisis de las tendencias de la productividad total y por sector económico en Puerto Rico
durante el periodo de 1986-1995, lo cual sirve de fundamento para la identificación de diversas políticas económicas que podrían
ayudar a la Isla a mejorar su actuación en este vital aspecto de su desempeño económico.
Productividad y crecimiento económico
La productividad puede verse ya sea como una medida de eficiencia aislada en un momento dado o como un indicador de desarrollo
económico, esto es, como un índice de crecimiento. Esta última posibilidad procede del hecho de que en el transcurso del desenvolvimiento
de la economía desde la fase extractiva, en la cual predominan la agricultura y las actividades mineras, hasta la etapa industrial
avanzada (ya en camino a lo que se ha dado en llamar la sociedad postindustrial) en que el grueso de la producción es generada
por industrias de alta tecnología--como es fundamentalmente el caso de Puerto Rico-- y las industrias vinculadas con el conocimiento
juegan un papel sumamente importante, la productividad aumenta en la economía como un todo, particularmente en los sectores
económicos más dinámicos.
En la práctica, rara vez se hacen cálculos sobre la productividad de los recursos naturales o del capital, tanto por
razones prácticas como teóricas. Por ejemplo, la productividad de un máquina depende de la valoración que se le de a ésta.
Tal valoración, sin embargo, es difícil de determinar, aun en comparación con otras máquinas de capacidad claramente diferente.
El costo no sería un factor a considerar, ya que una mejora radical en la tecnología pudo haber rendido mayor capacidad productiva
al mismo costo. No obstante, la capacidad productiva como tal no es suficiente, ya que hay que tomar en cuenta el costo de
la máquina, la tasa de interés, la depreciación y otros factores.
En cambio, la mano de obra es más fácil de cuantificar, mediante el simple conteo de los trabajadores involucrados en
una tarea y del número de horas que cada uno de ellos le ha dedicado a la misma.
En años recientes se ha puesto de moda hablar de un concepto más general llamado productividad total de los factores
(PTF), definida como la producción por unidad de insumo total, incluyendo no sólo la mano de obra sino también el capital,
la energía, y los materiales intermedios. En este caso, los cambios en PTF reflejan los ahorros netos por unidad de producto
y por tanto los aumentos en la eficiencia de la producción.
Por lo general, la productividad crece a un paso lento, interrumpido de vez en cuando por súbitas aceleraciones que se
asocian con la introducción de nuevas tecnologías.
En la medida en que el crecimiento a largo plazo de la productividad esté acompañado por un alza similar en los salarios
reales (ajustados por la inflación) el índice de precios tiende a crecer a un ritmo no inflacionario. En cambio, si los salarios
reales crecen a una tasa más alta que la productividad, los precios tenderán a aumentar.
Una de las tendencias más preocupantes en la actualidad en los países altamente industrializados--en vista de sus consecuencias
macroeconómicas a largo plazo--es la substitución del capital por mano de obra en respuesta al alza en los costos de la mano
de obra. En cambio, es igualmente preocupante el hecho de que muchos países en desarrollo el bajo costo de la mano de obra
desalienta la inversión en bienes de capital que aumenten la productividad, lo cual puede contribuir al estancamiento económico.
Literatura reciente sobre el concepto de productividad
Cualquier intento de resumir la literatura reciente sobre el concepto de productividad rebasaría por mucho los límites
de este trabajo, pero no se puede pasar por alto dos aportaciones que se reconocen como las más significativas en la presente
década.
La primera es el libro Convergence on Productivity: Cross-National Studies and Historical Evidence, un estudio abarcador
sobre el estado de conocimiento de lo que se conoce como la hipótesis de la convergencia. Esta hipótesis afirma que al menos
desde la Segunda Guerra Mundial, y tal vez por un periodo extenso antes de ese evento global, un grupo de países industrializados
estaba creciendo en forma cada vez más homogénea en términos de los niveles de productividad, tecnología e ingreso per capita.
Gran parte de la evidencia que se presenta en este volumen tiende a confirmar la validez de la hipótesis de la convergencia,
aunque por supuesto la polémica en torno al tema sigue siendo sumamente intensa. Ahora bien, el consenso que surge de la discusión
es que el aumento en la productividad es la clave para aumentar los niveles de vida en la economía global.
La segunda es el libro Productivity and American Leadership: The Long View, en el cual se examina la actuación a largo
plazo de la productividad en Estados Unidos, en comparación con la de otras naciones industrializadas. La principal conclusión
de este volumen es que el expediente de productividad a largo plazo en Estados Unidos es mejor de lo que generalmente se reconoce,
pero se hace imperativo mejorar la misma con miras a que el país mantenga el liderato económico a nivel mundial y continúe
sosteniendo o mejor aún mejorando sus altos niveles de ingreso y de calidad de vida.
En lo que respecta al análisis de las tendencias a largo plazo de la productividad en Puerto Rico, es imprescindible
mencionar un trabajo de gran trascendencia que se preparó a fines de la década de los 70. Se trata del informe La medición
de la productividad del factor trabajo en la economía de Puerto Rico, desarrollado por los economistas Fernando Zalacaín y
Angel Ruiz a petición del Consejo Asesor del Gobernador sobre Política Laboral. La principal conclusión de este trabajo fue
que la productividad del factor trabajo a nivel agregado mantuvo un ritmo de crecimiento muy rápido hasta mediados de los
años setenta, pero de ahí en adelante se observó una reducción del ritmo de crecimiento. Más específicamente, el producto
bruto doméstico por empleado aumentó a una tasa anual promedio de 6.5 por ciento de 1947 a 1966, pero para el periodo de 1967-74
al alza fue de 3.8 por ciento.
Metodología de medición
Para los propósitos de este trabajo la productividad de la economía se define como el producto bruto domestico real dividido
por empleo total. Lo ideal sería dividir por el número total de horas trabajadas en la economía, pero en ausencia de información
confiable sobre esta última variable, se ha preferido usar la primera definición. La disponibilidad de datos sobre la producción
bruta doméstica y el empleo por sector económico permite calcular la productividad promedio por empleado de cada sector de
la economía.
El Indice para Deflacionar el Producto Bruto Doméstico se usa también para deflacionar las series de producción bruta
doméstica por sector económico.
Ante la imposibilidad de distinguir entre lo que es auténtico avance de la producción en el sector manufacturero y lo
que es tan solo una ilusión de crecimiento debido a complejos sistemas de transferencia de precios entre las firmas ubicadas
en la Isla y sus casas matrices en Estados Unidos, inducidos por las ventajas contributivas que proveía en alto grado la Sección
936 durante su periodo de esplendor, se opta por aceptar los datos que desarrolla la Junta de Planificación como válidos.
Como se verá más adelante, la conclusión del trabajo sería esencialmente la misma en un escenario de plena información sobre
tal distinción.
Observaciones específicas
En lo que respecta al periodo bajo análisis, se observaron los siguientes cambios:
1. A precios constantes , la productividad por empleado en la economía como un todo aumentó de $6,814.3 a $7,631.9, a
una tasa anual promedio de 1.27 por ciento.
2. El producto bruto doméstico real aumentó a una tasa anual promedio de 4.41 por ciento, en comparación con un crecimiento
anual promedio de 3.11 por ciento en el empleo total, lo que explica el avance en la productividad por empleado.
3. Examinado e año a año, el crecimiento de la productividad fue negativo o muy lento desde 1986 hasta 1989, se aceleró
de 1990 a 1992 (año en que se logró un alza de 4.52 por ciento) y luego entro en desaceleración, con un avance de apenas 0.28
por ciento en 1995.
4. En el año fiscal 1995, la productividad por empleado más alta se registró en el sector de finanzas, seguros y bienes
raíces ($28,670.2), seguido de cerca por la manufactura ($19,504.9). La menor productividad por empleado fue la de la agricultura
($2,036.0). (Tabla 3).
5. De1986 a 1995, la productividad promedio por sector económico mostró un patrón de crecimiento muy variado. Los sectores
que registraron tasas de crecimiento anual promedio superiores a las de la economía como un todo (1.27 %) fueron la construcción
(4.13 por ciento), la manufactura (3.20 por ciento) y los servicios (1.35 por ciento). Sólo en la agricultura y el comercio
se observaron declinaciones en la productividad. (Tabla 3).
6. Durante el periodo bajo análisis, el sector que más aumento registró en lo que se refiere a la participación en el
producto bruto doméstico fue la manufactura (2.91 puntos porcentuales), cuyo avance en productividad promedio sólo fue superado
por la construcción. (Tabla 4).
7. En lo que se refiere a participación en el empleo total, el mayor avance se observó en el sector servicios (3.52 puntos
porcentuales), pero, como ya se señaló, el avance en productividad promedio en este sector fue sólo marginalmente superior
al de la economía en su totalidad. (Tabla 4).
Observaciones generales
La breve incursión que se ha realizado en este trabajo en el complejo y cambiante territorio de la productividad nos
permite concluir que el mejoramiento a largo plazo de esta vital dimensión de la actuación económica es vital para el éxito
en la economía global.
Puerto Rico, al igual que Estados Unidos y buena parte de los países industrializados, afronta el reto de acelerar el
crecimiento de la productividad como requisito indispensable para mantenerse competitivo en la economía mundial y sostener
el avance en los niveles de salarios e ingresos que es necesario para cerrar la brecha entre el nivel de vida que se ha logrado
y el que han alcanzado los principales países industrializados.
A la luz de la literatura que se ha consultado para redactar este breve ensayo, se pueden señalar varias estrategias
para la promocíon de la productividad en la Isla. Sin duda, cada una de estas estrategias habría que examinarla con todo rigor,
para determinar su viabilidad económica e institucional en el contexto de lo que ya algunos llaman la era post-936 de Puerto
Rico, cuando las opciones macroeconómicas son limitadas y los costos de oportunidad de cualquier decisión estratégica de largo
plazo son muy altos.
Sin duda, el punto de partida debe ser el desarrollo de un plan estratégico diseñado específicamente para el incremento
de la productividad general y por sector económico de la Isla, como puntal para mejorar la capacidad competitiva de la Isla.
Los elementos centrales de dicho plan podrían ser los siguientes:
1. Fijación de metas realistas para los 20 años venideros, basadas en investigaciones rigurosas sobre la evolución y
perspectivas de la estructura productiva de la isla, en lo que respecta a la productividad por empleado, tanto a nivel de
la economía como un todo como al nivel sectorial y por industria.
2. Un programa para el fortalecimiento de y la inversión en la capacidad productiva de la economía, que recalque los
siguientes aspectos:
(a) Incremento cuantitativo y cualitativo--incluyendo el mantenimiento--de la infraestructura económica tradicional,
recalcando la prioridad de la infraestructura de comunicaciones.
(b) Inventario de la infraestructura tecnólógica existente en la Isla (laboratorios, centros de investigación científica,
sistemas de información computadorizados en campos científicos , geográficos y ecológicos, etc.) y diseño de un plan de inversión
para expandir este tipo de facilidades.
(c) Fortalecimiento de las actividades de investigación y desarrollo, las cuales le den tanto peso a la investigación
científica pura como a la investigación aplicada a los procesos de producción: desarrollo de nuevos productos, nuevos materiales
y de formas de aprovechar la biodiversidad existente en Puerto Rico, especialmente en los bosques, para el avance de la investigación
farmacológica.
(d) Fortalecimiento de los centros para del desarrollo de empresarios tanto en las propias empresas como en la uinversidades
privadas y públicas del país y de las bases institucionales para la transferencia de tecnológia (desde los países más avanzados
hacia Puerto Rico y desde la Isla hacia los países del Caribe y América Latina en general).
(e) Reestructuración de la educacion superior en todas sus fases, incremento en la diversidad de programas académicos,
con mayor énfasis en los programas de ciencias naturales, ingeniería, ciencias cibernéticas, gerencia, economía y finanzas
y menor participación de los programas humanísticos tradicionales. Reorientación de los programas humanísticos hacia los estudios
sobre otras culturales y estilos de vida, con énfasis en la enseñanza de idiomas extranjeros y de la historia cultural de
otros países.
(e) Modificación de la estructura contributiva de tal forma que se aliente la inversión y el ahorro. La preferencia explícita
del sistema contributivo debe ser el estímulo del ahorro familiar y de la acquisición de equipo productivo que se puede usar
en el hogar (especialmente computadoras y equipo de telecomunicaciones, la inversión de las empresas en maquinaria y equipo
que aumente la productividad laboral y la reducción de la tributación sobre las ganancias y dividendos que retienen a largo
plazo las corporaciones.
(f) Las uniones del sector privado y del gobierno deben tener plena participación en esfuerzos intregrados con el gobierno,
las instituciones no gubernamentales y el sector privado, en el fomento, desarrollo, diseño e implantación de una nueva cultura
de trabajo
basada en el obtetivo común de aumentar la productividad y fortelecer la competitividad del páis.
(g) Los grupos ambientalistas deben ser integrados a los esfuerzos para definir los fundamentos de la competitividad,
de manera que no sólo contribuyan al diseño de reglas ambientales correctas, sino que ayuden en los esfuerzos de comunicarle
al público en general la importancia de una política ambiental innovadora y dinámica.
(3) El desarrollo en la Junta de Planificación de una unidad de análisis, monitoreo y medición de la productividad tanto
al nivel agregado como sectorial y por industrias, que utilice la base estadística de las cuentas de ingreso y producto, la
información relacionada con las investigación de insumo-producto y los indicadores económicos mensuales para desarrollar índices
de productividad y sistema de proyección de las tendencias a corto, mrediano y largo plazo de la productividad en la Isla.
Tabla 1
PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO
EN PUERTO RICO
AÑO FISCAL PRODUCTO BRUTO
DOMÉSTICO
REAL
(Millones de $) EMPLEO
TOTAL
(Miles)
PRODUCTO
PROMEDIO
POR
EMPLEADO
(Dolares de 1954)
1986 5,437.4 798 6,814.3
1987 5,705.2 862 6,618.6
1988 6,076.5 909 6,684.8
1989 6,376.7 948 6,726.5
1990 6,617.8 963 6,872.1
1991 6,770.3 977 6,929.7
1992 7,079.3 977 7,246.0
1993 7,408.1 999 7,415.5
1994 7,694.0 1,011 7,610.3
1995 8,021.1 1,051 7,631.9
TCAP 4.41% 3.11%
TCAP: Tasa de crecimiento anual promedio
Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1995, Apéndice Estadístic
Tabla 2
PRODUCTIVIDAD EN PUERTO RICO
(Dólares de 1954)
AÑO FISCAL PRODUCTIVIDAD TASA DE CAMBIO
1986 6,814.3 --
1987 6,618.6 -2.87
1988 6,684.8 1.00
1989 6,726.5 0.62
1990 6,872.1 2.16
1991 6,929.7 0.83
1992 7,246.0 4.56
1993 7,415.5 2.34
1994 7,610.3 2.62
1995 7,631.9 0.28
TCAP 4.41%
Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1995, Apéndice Estadístico
Tabla 3
PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO
POR SECTOR ECONÓMICO
(Dólares de 1954)
SECTOR PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD TCAP
1986 1995
Agricultura 2,116.0 2,036.0 -2.87
Manufactura 14,694.4 19,504.9 1.00
Construcción 2,213.6 3,185.9 0.62
Comercio 5,437.4 5,289.9 2.16
Finanzas 26,281.7 28,670.2 0.83
Transportación 9,621.8 10,299.4 4.56
Servicios 3,063.8 3,456.4 2.34
Gobierno 3,270.8 3,648.4 2.62
TOTAL 5,437.8 8,021.1 0.28
Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1995, Apéndice Estadístico
Tabla 4
CAMBIO EN LA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y EN EL EMPLEO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS
1985 A 1995
(PUNTOS PORCENTUALES)
SECTOR CAMBIO EN PBD CAMBIO EN EMPLEO
Agricultura -0.84 -1.91
Manufactura 2.91 -1.68
Construcción 0.75 0.78
Comercio -1.39 0.91
Finanzas -0.18 0.04
Transportación -0.97 -0.43
Servicios 1.66 3.52
Gobierno -0.58 -1.11
Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1995, Apéndice Estadístico
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Baumol, William J., Sue Anne Batey Blackman y Edward Wolff (Editores), Productivity and American Leadership: The Long
View, Oxford University Press, Nueva York, 1994.
Baumol, William J., Richard R. Nelson y Edward Wolff (Editores), Convergence of Productivity: Cross-National Studies and
Historical Evidence, Oxford University Press, Nueva York, 1994.
Consejo Asesor del Gobernador sobre Política Laboral, La medición de la productividad del factor trabajo en la economía
de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Mayo de 1979.
Gordon, Robert J., Macroeconomics, Harper Collins, Nueva York, Sexta edición, 1993.
Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador, 1995.
Roach, Stephen, ¨Productivity Revival¨, Harvard Business Review, Noviembre-Diciembre de 1996, págs. 82-89
Taylor, John B., ¨The Path to Growth¨, The Wall Street Journal, 18 de octubre de 1996
EL MERCADO MUNDIAL DE PETRÓLEO:
DESARROLLOS RECIENTES Y PROYECCIONES
Introducción
La publicación World Economic Outlook, preparada por el equipo de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI),
es una de las fuentes de análisis e información más confiables sobre la situación actual y las perspectivas de la economía
mundial.
El volumen correspondiente a octubre de 1996 alcanza un nivel de excelencia tan alto que me costó trabajo escoger el
capítulo o tema que habría de reseñar para los lectores de Perspectivas. Luego de ponderar cuidadosamente el asunto, me decidí
finalmente por el Anejo II, titulado World Oil Market: Recent Developments Outlook, ya que se trata un tema que es de vital
importancia para Puerto Rico--uno de los países más dependientes del petróleo del mundo--y que raras veces se discute en nuestro
ámbito intelectual.
Dicho anejo provee un resumen de los desarrollos recientes del precio de petróleo y de los movimientos subyacentes en
la demanda y oferta de petróleo.
Los precios del petróleo
A pesar de que el precio del petróleo ha mostrado una alta volatilidad durante periodos cortos de tiempo desde la terminación
del conflicto de Iraq y Kuwait, también conocido como la Guerra del Golfo Pérsico, el grado de variación ha sido mucho menor
que durante el periodo que transcurrió desde la primera sacudida de los precios del petróleo en 1973 hasta el estallido de
dicho conflicto. En la actualidad el precio se halla a un nivel de $22.07 por barril, en comparación con $24.33 hace un año.
En los últimos doce meses ha fluctuado desde un mínimo de $19.63 hasta un máximo de $28.10.
La demanda mundial
La demanda mundial de petróleo todavía está determinada esencialmente por los desarrollos en los países industrializados,
que ya éstos aún consumen la mayor parte de la producción mundial de petróleo. Ahora bien dicha proporción ha venido en descenso:
a principios de la década de los 70 era 71.7%; a fines de 1995 se había reducido a 57.7 por ciento y se espera que baje a
55.1% en el año 2000.
En cambio ha habido un aumento en la demanda de los países en desarrollo , cuya participación en el mercado aumentó de
15.2.% en 1971 a 33.6% por ciento en 1995 y se espera que llegue a 36.5% en el año 2000.
En 1995, el consumo mundial de petróleo ascendió a 69.8 millones de barriles diarios (mbd), en comparación con 49.4 mbd
en 1971, lo que implica que creció a una tasa anual promedio de 1.5 por ciento durante ese periodo. En los países industrializados
el alza anual promedio fue de apenas 0.5%, mientras que en los países en desarrollo fue de 4.9%.
La oferta mundial
La producción mundial de petróleo creció de 66.9 mbd en 1990 a 70.0 mbd en 1995, a una tasa anual promedio de 0.9 por
ciento, y se espera que alcance un nivel de 79.9 mbd en el año 2000. En igual periodo la demanda mundial de petroleo avanzó
a una tasa promedio de 1.0%, lo cual explica el hecho de que el precio del petróleo experimentó variaciones relativamente
suaves durante el periodo.
La proporción del mercado que controlan los países de la OPEP aumentó de 37.4.0% en 1990 a 39.8% en 1995 y se mantendrá
a ese nivel hasta el año 2000. En el mismo periodo, la proporción controlada por otros páises declinó de 62.6% a 60.2%,
y dentro del grupo hubo una transformación significativa: declinó la producción tanto en los países Bálticos, Rusia y otros
países de la antigua URSS como en Estados Unidos, y aumentó en fuentes como el Mar del Norte y en América Latina. La principal
razón que explica el súbito avance de estas dos regiones es el mejoramiento de la tecnología de extracción, las reformas fiscales
en Noruega y el Reino Unido, y la privatización y el flujo de capital externo hacia la producción petrolera en América Latina.
Perspectiva a mediano plazo
El FMI pronostica que la demanda mundial de petróleo crecerá a un tasa anual promedio de 2.0% durante el periodo de 1995-2000,
la cual será menor que el alza promedio de 2.6% que se espera tenga la producción mundial del crudo.
En el caso de los páises industralizados, la demanda crecerá durante ese periodo a una tasa anual promedio de 1.0 por
ciento, en comparación con un alza anual promedio de 1.1 por ciento en el periodo de 1990-95.
En cambio, la demanda de los países en desarrollo crecerá a una tasa promedio de 3.7 por ciento, en comparación con 5.1%
en el lustro anterior. Esta desaceleración se deberá en buena medida al desarrollo de otras fuentes de energía y a una mayor
eficiencia en el uso del petróleo.
Sin duda, el hecho de que el FMI anticipe que, en conjunto, el producto bruto doméstico real de los países en desarrollo,
seguirá creciendo a una tasa más acelerada que el de los países industrializados explica la diferencia en el crecimiento de
la demanda de petróleo de los primeros en comparación la de los segundos.
Del lado de la oferta, la perspectiva a mediano es prometedora en vista de que las reservas de petróleo crudo son adecuadas
y existe un alto potencial para aumentar substancialmente las reservas comprobadas a base de los yacimientos que se están
explotando en la actualidad.
El FMI anticipa que la producción en los países que no pertenecen a la OPEP, particularmente en la caso de Rusia y los
países bálticos, mejorará a medida que fluya hacia ellos inversión externa que acelere la exploración y desarrollo de yacimientos
petrolíferos.
Conclusión
La conclusión a que llega el análisis del FMI es sumamente favorable para Puerto Rico: aun cuando el mercado de petróleo
está sujeto a sacudidas fuertes, particularmente del lado de la oferta debido a cambios políticos, en balance, la perspectiva
a mediano plazo para los precios del petróleo es que no habrá variaciones significativas en los mismos que procedan de los
fiundamentos del mercado, es decir, de la interacción entre la demanda y la oferta globales del crudo. No obstante, dado
que el crecimiento de la producción y del consumo son prácticamente idénticos, lo que lleva a que los inventarios de petróleo
se mantengan a niveles bajos, siempre se observará a corto plazo cierta volatilidad de precios.
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