Repetición
de una pesadilla bancaria
Alfredo González Martínez*
Se
repite con creciente insistencia el rumor que a fines de abril se consumará la fusión de al menos tres bancos comerciales
privados en Puerto Rico. De ocurrir, sería la culminación de una serie de eventos financieros con impactos noticiosos que,
por su frecuencia y la diversidad de los bancos afectados, asumió carácter de un mal abarcador del sistema bancario puertorriqueño desde mediados del 2008. A partir de 2005, se estuvo revelando, con mucho recato, incidencias esporádicas de uno y otro banco nativo con dificultades
operacionales y violaciones a los reglamentos de autoridades federales referentes a la contabilización ilegales de transacciones,
valoración impropia de activos y insuficiencia en los requerimientos de capital de varios bancos
Basta
recordar el caso incoado por el Securities and Exchange Commission contra Doral
Financial Corporation en el cual la empresa acordó pagar $ 25 millones, acusada de inflar sus estados financieros durante
cinco años y facilitarle la colocación de $ 1,000 millones en deuda y acciones en los mercados financieros. Atrajeron también
la atención de los medios de comunicación, en el 2006, los casos del First Bancorp por la orden conjunta de cese y desista
emitida en su contra por la Junta de la Reserva Federal y el Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC) por transacciones hipotecarias disfrazadas como ventas reales, entre otros cargos,; y el de R-G
Financial Corporation en que las mismas autoridades federales regulatorias le ordenan un cese y desista del modo de la valorar
antirreglamentaria de sus activos.
Antecede estos litigios un deprimido entorno
económico y financiero resultante de un estancamiento en la industria de la construcción
y el deterioro consecuente en el volumen y la calidad de los activos bancarios por el menoscabo en la rentabilidad de sus
hipotecas. Se venían esfumando el caudal de los recursos bancarios originado por los depósitos de las empresas 936, surtidor
abundante y de bajo costo de fondos usados por los bancos en su intermediación financiera en la economía de Puerto Rico desde
1976. A pesar de que estos fondos sólo representaban 25 por ciento en los depósitos de la banca comercial nativa, su merma exigió que la gerencia explorara fuentes y estrategias sustitutivas como fueron los activos
basados en hipotecas.
Concurrente con el deterioro en la banca
comercial en Puerto Rico, ocurría la formación de una burbuja especulativa en torno al precio de la viviendas en los Estados
Unidos y el fenómeno asociado de una infiltración en el sistema financiero mundial de activos basados en hipotecas subvaluadas
(subprime) originadas en la banca hipotecaria norteamericana.
El abarrotamiento de los mercados internacionales
de fondos procedentes de los superávits de la balanza de pagos de China, la globalización y virtualización de las transacciones
en los mercados financieros y el enraizamiento de la ideología fundamentalista
del mercado en las administraciones gubernamentales sucesivas a Ronald Reagan propician un ambiente de “exuberancia
irracional” al riesgo. Esta última tendencia afloja legal y administrativamente los procesos de regulación financiera
de las autoridades federales para detectar fallas casuísticas y sistémicas que fueron gradualmente infectando el mercado financiero
norteamericano y el mundial.
Todo
tiende a indicar que la situación bancaria en Puerto Rico se contagió, en parte, con el ambiente externo descrito y domesticamente
por el surgimiento de una versión nativa de la subvaloración y la titulización (securitization) de hipotecas convencionales
originadas localmente.
Lo que en el 2006 eran casos
esporádicos, a fines de 2008 tomaron carácter y magnitud de brote amplio de contaminación con activos tóxicos en el sistema
bancario en Puerto Rico. La infección generalizada alcanzó los niveles corporativos de bancos considerados, hasta el momento,
inmunes a las vicisitudes de la liquidez de sus activos y su rentabilidad. Reconocida
la situación por sus ejecutivos principales, los banqueros gestionaron el salvamento de TARP como en el caso del Banco Popular
que se le asistió en el 2008 con $ 935 millones; el First Bancorp, en 2009, con
$ 400 millones; y el R&G Mortgage Corporation con $ 57 millones, en 2009,
de acuerdo a los récords del programa federal.
Como resultado del brote contagioso
manifiesto en bancos que controlaban de cerca de la mitad de los activos bancarios en Puerto Rico, comenzaron insistentes recomendaciones en círculos influyentes
de la necesidad de una indefinida consolidación (sic) o fusión de algunos bancos como medida sanitaria del sistema. Los medios
a nivel mundial proclaman desde marzo de 2010 que el FDIC está buscando compradores
para W Holding (matriz del Westernbank), R&G Financial Corp y Eurobancshares
(Eurobanco). Se especulaba que los posibles compradores pudieran ser el Oriental Financial Group, Bank of Nova Scotia. Doral
y el Banco Popular con asistencia del FDIC. Se descartaban por una y otra razón entre aquellas entidades operantes en PR,
el Banco Santander, el BBVA, y el Citigroup. Se rumoraba también de la participación
de alguna entidad de afuera, el Wells Fargo.
A medida que nos acercamos al fin de abril,
se suceden vertiginosamente noticias en el sombrío horizonte bancario boricua
como es la renuncia a la presidencia del WesternBank, de Frank Stypes; la notificación de NASDQ a la corporación dueña de
Eurobanco de su incumplimiento con las condiciones para continuar registrado en dicho mercado; y la violación a lo convenido
con S.E.C. en su orden de cesa y desista; así como su infructuosa búsqueda de capital adicional.
El anticipado desenlace tomaría la forma
de una intervención reglamentaria de rescate (bail out) que F.D.I.C. denomina técnicamente “de
comprar y asumir control” de una entidad bancaria que asegura sus depósitos con dicha entidad. Es la culminación de
un proceso largo de investigación de las operaciones del banco, diseño de opciones a ejecutarse y evaluación de sus posibles
compradores. En el caso particular de Puerto Rico, estas funciones se realizan en conjunto con la Oficina del Comisionado
de Instituciones Financiera y con el Federal Reserve Board.
En los
casos ordinarios el FDIC vende el banco mediante una subasta entre licitadores
residentes en el mismo estado cualificados para que éstos asuman la obligación
de todos sus depósitos vigentes y sus activos valiosos. El FDIC adquiere los
préstamos malos. [Ver Irvine Sprague, Bailout, página 26]
Existen variantes
al proceso ordinario aplicable en circunstancias especiales:
1. Dividir
la venta del banco en cuestión entre dos comparadores.
2. Vender el
banco a intereses extranjeros o de fuera del estado
3. Vender sin
subasta y con asistencia del FDIC
4. Venta aplazada una vez FDIC le inyecte fondos para rehabilitación
financiera
La situación actual de
incertidumbre en la banca comercial en Puerto Rico es parecida a la acontecida el viernes 31de marzo de 1978. El FDIC ejecutó es día la venta del Banco de Crédito y Ahorro Ponceño por $ 36.1 millones, repartiendo
su propiedad entre el Banco Popular al que le correspondió $ 400 millones del total de $ 600 millones en depósitos y 36 sucursales;
y al Banco de Santander, 14 del total de 50 sucursales y $ 200 millones de los
depósitos. De acuerdo a la prensa, la clausura fue adjudicada a la insolvencia esencialmente causada por la otorgación impropia
de préstamos de parte de la Junta de Directores a sus miembros, sin suficiente
colateral, y al punto que un grupo de cinco debía el 81 por ciento de la cartera.
Aunque el cierre del segundo banco de importancia
y con 85 años de experiencia exitosa causó gran alarma el día del anuncio, la transición ocurrió durante un fin de semana.
El lunes se reabrieron las operaciones de sus sucursales en toda la Isla sin mayor novedad para sus depositantes, empleados
y clientes. Para los dueños y la más alta gerencia comenzaban las investigaciones y litigios sobre la adjudicación de responsabilidades.
El asunto fue el inicio de una
transformación de la fisonomía de la banca comercial en Puerto Rico hacia una mayor presencia de entidades españolas.
El cierre envolvió un sólo banco en
el que se mantenía un doce por ciento de los depósitos del sistema bancario en Puerto Rico en 1977. Su impacto se contuvo
sin que tuviera alcance insular. Igualmente, las causas de la insolvencia fueron fijadas en una administración bancaria impropia
o ilegal de los accionistas principales del mismo banco.
El
incidente del Banco Crédito y Ahorro sucede tres años después al inicio de una de las recesiones más severas en Puerto Rico,
del efecto de un grave estancamiento de la actividad de la construcción y de
las pérdidas cuantiosas durante tres años en seis de los nueve bancos nativos
(inclusive el intervenido) examinados en Economic Study of Puerto Rico del U.S.
Department of Commerce(1979). Las pérdidas del Banco Ahorro y Crédito en 1976 y 1977 constituyeron en promedio un 61 por ciento
del total perdido por los seis bancos estudiados. Desde 1975, se inicio una ola
de adquisiciones de bancos de menor tamaño afectados por la crisis en la construcción y el deterioro consiguiente en sus carteras de préstamos. Esas adquisiciones fueron financiadas por
grandes bancos españoles y los dos canadienses que operaban en Puerto Rico.
Concluye
el redactor del referido estudio que a pesar de la contribución del deprimido ambiente económico y financiero insular a la
bancarrota del Banco Crédito y Ahorro, fue su pésima administración el determinante principal de su cierre.
Debido
al tiempo más extenso, a la magnitud relativa de los bancos transferidos y a la disponibilidad de licitadores cualificados,
el FDIC pudo procesar por vía ordinaria estos casos. Por en contrario, la importancia de infracciones ocurridas en el Banco
Crédito y Ahorro y por estar envueltos los dos bancos de mayor calibre y dispersión geográfica, la transacción fue más complicada.
Irvine H. Sprague, pasado presidente del FDIC y encargado del cierre y fusión asistida, comenta en su libro Bail out (1986,2000) que este caso le representó a él y a sus equipos
de especialistas una análisis de
pesadilla extendido por varios años. A esa fecha, el caso fue el tercero más importante en los anales de la Corporación.
El caso del Banco
Crédito y Ahorro Ponceño y la actual intervención de rescate del FDIC y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
implica dos categorías de repercusiones que deben analizarse con mayor profundidad: su impacto macroeconómico y su efecto en estructura y eficaz funcionamiento del sistema bancario resultante. El primer impacto se refiere
a las repercusiones directas de eventos reorganizativos en la industria bancaria en términos de su generación de empleo, producción
e ingreso nacional. Usualmente, los acuerdos de fusión, consolidación o liquidación incluyen disposiciones para evitar despidos
o cambios significativos en compensaciones salariales a la mayoría de los empleados. Sin embargo, a largo plazo, puede reducirse
la escala de operación mediante la eliminación de sucursales o consolidación de divisiones corporativas que pudieran implicar
reducción en empleo, ingreso y producción en la industria.
Un análisis del desenlace del evento actual, su comparación con la experiencia pasada y las lecciones derivadas debe esperar para una
próxima entrega de esta crónica anunciada.
25 de abril de 2010.
* El autor es catedrático jubilado del
Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
