ENSAYOS ECONÓMICOS
DE DOS
DÉCADAS
POR SANTOS
NEGRON DÍAZ
VOLUMEN II
1986 A 1996
EDICIÓN ESPECIAL BAJO EL CUIDADO DEL AUTOR. SE
AUTORIZA LA
REPRODUCCIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE LE DÉ CRÉDITO AL AUTOR Y/O
A LAS AUTORIDADES CITADAS EN LOS ENSAYOS
A mi esposa, Aurín, a mis hijas, Áurea Teresa,
Natalia Teresa y Carla Rosario, que con amor y resignación me han visto
dedicarle horas interminables a estos esfuerzos intelectuales, y a mi hijo,
Jorge Agustín, cuyo fugaz paso por nuestro hogar fue suficiente para dejarnos
un recuerdo sagrado, indeleble, y para
convertirse en fuente de inspiración, fe y esperanza para nuestra familia.
A don Marcelino Súarez Piamonte, que
me honró con su amistad, que confió
plenamente en mis capacidades y me ofreció su sincero y firme apoyo de padre
espiritual, maestro y hermano.
“Yo, pues, agradecido a la merced que
aquí se me ha
hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome en los
estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo de mi
cosecha…”
Don
Quijote, en el discurso de agradecimiento por el homenaje que le rindieron los
pastores y las pastoras que vivían en la selva cercana al camino hacia
Zaragosa.
Miguel de
Cervantes Saavedra
El ingenioso
hidalgo Don Quijote de
la Mancha
Capítulo
LVIII
ÍNDICE
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN PUERTO RICO
6
IMPLICACIONES
ECONÓMICAS DE
LAS PROYECCIONES
DE POBLACIÓN DE LA JUNTA DE
PLANIFICACIÓN:
1980 A 2000
28
BANCA Y FINANZAS EN PUERTO RICO:
PRIMER TRIMESTRE DE 1991
62
LAS BARRERAS TARIFARIAS:
ÚLTIMA LÍNEA
DE DEFENSA
DEL PROTECCIONISMO
68
REGLAMENTACIÓN
AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD:
LOS
TÉRMINOS DE UN DEBATE
70
LA
PRIVATIZACIÓN: CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS
75
ÍNDICES
DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
82
LA LIMITACIÓN DEL
CRÉDITO CONTRIBUTIVO
DE LAS COMPAÑIAS
936 Y SU IMPACTO EN
LA ECONOMÍA
DE PUERTO
RICO
92
CUBA: LA
ECONOMIA BIFURCADA
103
LOS INDICADORES ECONOMICOS Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS
UNIDOS
107
LA PROGRESION Y RETROGRESION DE LA EDUCACION
SUPERIOR, PUBLICA Y PRIVADA, A LA LUZ
DEL DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAL
HACIA EL AÑO 2000
113
LA SITUACIÓN
DE LAS
ESTADÍSTICAS GUBERNAMENTALES EN PUERTO RICO
133
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO EN PUERTO RICO
137
EL
MERCADO MUNDIAL DE PETRÓLEO:
DESARROLLOS
RECIENTES Y PROYECCIONES
150
ASPECTOS
ECONÓMICOS DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN PUERTO RICO
Introducción
Desde que Puerto Rico inició su proceso
de crecimiento económico acelerado a principios de la década de los 50, no se
había observado un periodo de mayor incertidumbre que el que hoy en día vive el
país. La recesión de mediados de la década de los 70, producto de la primera
crisis petrolera y del grave impacto de ésta en la economía de Estados Unidos,
sacudió fuertemente a Puerto Rico, pero el flujo masivo de fondos federales a
partir de 1975 amortiguó la contracción de los niveles de producción y empleo
de la Isla.[1] De igual modo, la aguda recesión que
sufrió la Isla desde principios de 1981 hasta el primer trimestre de 1983[2], como resultado de una situación
equivalente en Estados Unidos[3] y de una marcada reducción del valor
real de las transferencias federales, fué superada por el efecto benéfico que
tuvo en Puerto Rico, por vía de una mayor demanda de los productos
manufacturados en la Isla, la sorprendente y prolongada recuperación que
experimentó la economía norteamericana desde fines de 1981 hasta fines de 1984.
Ante todo, en ambos casos se trató de crisis de orden esencialmente cíclico, en
las cuales la estructura industrial de la Isla no se vio amenazada seriamente,
si bien hubo que hacer ajustes para darle paso a industrias más intensivas en
capital y alta tecnología y menos susceptibles al vaivén del ciclo económico.
En ambas crisis se vivieron momentos de gran desasosiego, pero nunca de pensó
que el horizonte económico se había cerrado o que el colapso del orden
productivo era un evento probable. Todo era cuestión (se pensaba) de esperar a
que la economía norteamericana se recuperara, y de adoptar medidas anticíclicas
al nivel local, explorar nuevos estilos de promoción industrial o nuevas
fuentes de capital externo y rediseñar las estrategias para obtener el máximo
de fondos federales que permitieran las circunstancias.
En cambio, la crisis hacia la cual
parece avanzar Puerto Rico en la actualidad podría ser de proporciones muchos
mayores, ya que está en juego la base a partir de la cual se ordena el sistema
industrial de la Isla: la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
Existe amplio consenso entre los economistas de la Isla (y varios estudios
realizados por consultores lo confirman[4]) en cuanto a que la eliminación de
Sección 936, aunque medie la adopción de un sistema de créditos contributivos a
base de empleos generados, producirá una severa depresión, en vista de que no
sólo provocará el éxodo del grueso de las empresas manufactureras ubicadas en
Puerto Rico, con el consiguiente retiro de gran parte de los depósitos 936 que constituyen
el fundamento de la banca local, sino que reducirá drásticamente el atractivo
de localización de la Isla, dado que la economía local no puede competir con
los países del Caribe y del Sureste de Asia en la atracción de industrias de
mano de obra intensiva debido a sus altos niveles salariales y a la
imposibilidad, dentro del orden actual de relaciones políticas con Estados
Unidos, de que la Isla desarrolle una política autónoma en la fijación de
salarios mínimos.
A la incertidumbre generada por la
probable eliminación (gradual o súbita) de la Sección 936, que desde ahora está
produciendo efectos negativos al inducir a las empresas manufactureras a
posponer planes de expansión de su capacidad productiva, hay que sumarle dos
factores que podrían deprimir aún más las expectativas en cuanto al futuro
económico de la Isla: por un lado, una probable desaceleración del crecimiento
económico de Estados Unidos (o peor aún, una recesión) en algún momento durante
los próximos dos años naturales debido al efecto combinado del déficit
presupuestario federal (que podría provocar un alza en las tasas de interés) y
del déficit comercial (que ya comienza a ser motivo de preocupación debido al
impacto negativo que tiene sobre la producción al nivel doméstico) y, por otro
lado, el probable efecto negativo sobre los niveles de producción y empleo de
la Isla que podría causar la implantación y desarrollo de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe.
Aunque con perfiles algo menos claros,
no se debe subestimar el impacto qure podría tener sobre la economía de la Isla
la propuesta reforma fiscal de Estados Unidos, la cual, como se verá más
adelante, no sólo puede reducir el atractivo de localización industrias de
Puerto Rico vis-a-vis los estados de la Unión, sino que puede contribuir a
incrementar la fuga de profesionales altamente cualificados y a reducir, por
vías indirectas, el acceso de las universidades locales a fondos privados para
el desarrollo de la educación.
A la luz de las consideraciones
anteriores, no es extraño que la mayor parte de los economistas locales
anticipen que la Isla experimentará una reducción en su ritmo de crecimiento en
el presente año fiscal y un estancamiento o probable recesión, aunque leve, en
el anño fiscal 1986-87, aún suponiendo que se sostenga la Sección 936 o se
logre un compromiso favorable a Puerto Rico. La eliminación de la Sección 936
haría necesario introducir estimados mucho más pesimistas. A más largo plazo,
las perspectivas de la economía de Puerto Rico dependerán, en primer término,
de los resultados de la batalla en torno a la Sección 936, en segundo término,
de la trayectoria de la economía norteamericana durante los próximos años. Si
se preservara la Sección 936, Puerto Rico podría compensar parte de las
desventajas que la Iniciativa del Caribe tiene para la Isla mediante la
promoción del concepto de plantas gemelas, la exportación de servicios
profesionales y la conversión de la Isla en un centro de actividad comercial
dentro de la comunidad económica del Caribe.
A corto plazo, el debilitamiento de la
economía local no necesariamente se traduce en una menor demanda de estudios
universitarios. La experiencia demuestra que la variable más importante en la
determinación de los niveles de matrícula universitaria en Puerto Rico es el
flujo de la ayuda federal a estudiantes universitarios, particularmente por vía
del Programa de Becas Pell. No obstante, conviene señalar que una significativa
reestructuración de la economía de Puerto Rico como resultado de la eliminación
de la Sección 936 (i.e., el retorno a un sector manufacturero en que predominen
las industrias de mano de obra intensiva) implicaría un cambio drástico de las
necesidades de recursos humanos del más importante sector de la economía, que
en la actualidad se orientan a las destrezas intelectuales, técnicas y
administrativas asociadas con la alta tecnología de producción.
El presente debilitamiento de la
economía local, que por supuesto está acompañado por un alza en la tasa de
desempleo, puede de hecho convertirse en un factor que contribuya a aumentar la
demanda de estudios universitarios al reducir el costo de oportunidad de los
estudios. Como se sabe, las oportunidades de empleo de los jóvenes en Puerto
Rico son sumamente limitadas (particularmente ciando se trata de jóvenes que no
poseen las destrezas que demanda el mercado), de manera que la opción del
estudio universitario (siempre y cuando exista la adecuada ayuda para el
financiamiento del mismo) se torna más atractiva. Así al aumentar el volumen y
la tasa de desempleo entre los jóvenes, aumentan tanto la retención en colegios
y universidades como las solicitudes de admisión a éstos.
A más largo plazo, sin embargo, las
perspectivas de la educación superior en Puerto Rico, en especial las de los
colegios y universidades privadas, son tan inciertas y complejas como las de la
economía de la Isla en general. Por un lado, una depresión económica que se
desate en Puerto Rico como consecuencia del colapso de la actual estructura
industrial se traduciría en un severo deterioro del atractivo de la educación
universitaria como medio de igualación de oportunidades sociales y económicas.
Por otro lado, aun cuando no ocurriera tal colapso del orden productivo,
existen al menos dos tendencias que sin duda constituyen amenazas para la
estabilidad de la demanda de estudios universitarios, a saber, los propuestos
cambios a aspectos substanciales de los programas de ayuida federal a
estudiantes universitarios y los patrones demográficos de la Isla que apuntan
hacia una marcada reducción del ritmo de crecimiento de los grupos de edad
universitaria (un rasgo que podría acentuarse si las circunstancias económicas
precipitan una nueva ola emigratoria hacia Estados Unidos). Una expresión de
esto último es el lento crecimiento de los graduados de escuela superior.
A continuación se presenta un análisis
detallados de las anteriores observaciones generales y se acompañan las
evidencias estadísticas que sustentan las mismas. En la primera se discuten las
tendencias receientes de la economía norteamericana, que constituyen la más
significativa influencia sobre la economía local. En la segunda parte, se
analizan las tendencias recientes y las proyecciones de la economía de Puerto
Rico y se discuten los factores que más contribuyen a forjar las mismas. En la
tercera parte, se examina el impacto que tales tendencias económicas pueden
tener, a corto y largo plazo, sobre la demanda de educación superior en la Isla
y se discuten, dentro del marco de un escenario que se considera plausible, algunas
estrategias que podrían utilizar las instituciones de educación superior de la
Isla para afrontar que planteará el nuevo orden de realidades económicas.
La economía de Estados Unidos
La economía norteamericana se halla en
la actualidad en una coyuntura muy extraña. Existe un manifiesto interés de las
autoridades federales por sostener la tendencia ascendente (aunque
fluctuaciones marcadas) que la economía viene mostrando desde fines de 1981, la
cual se ha visto amenazada durante los últimos meses por cambios imprevistos en
el comercio exterior. Así, las autoridades monetarias procuran estimular la
actividad económica mediante la expansión de la oferta de dinero y la reducción
de la tasa de descuento (ambas medidas dirigidas a reducir los costos de financiamiento
y a estimular la inversión y el consumo), una maniobra que es posible debido al
lento crecimiento de los precios (producto de la estabilidad de los precios del
petróleo y de la fortaleza internacional del dólar), pero se enfrentan con
dificultad de que la aumentada capacidad adquisitiva del dólar hace que crezca
la demanda de productos importados, particularmente de bienes manufacturados,
lo que constituye un freno a la expansión de la producción doméstica. En
consecuencia, la economía norteamericana ha experimentado recientemente
fluctuaciones muy abruptas: creció en 4.3 por ciento en el cuarto trimestre de
1984, aumentó en sólo 0.3 por ciento en el primer trimestre de 1995 y rebotó a
alzas de 1.9 por ciento en el segundo trimestre y de 3.3 por ciento en el
tercer trimestre del persente año. Peor aún: a pesar de la decidida política
estimultiva de la Reserva Federal y luego de un prolongado proceso de
expansión, del desempleo rehúsa bajar del nivel promedio de 7.0 por ciento que
se ha observado por más de un año.[5]
Ante una conducta tan errática de la
economía, no es sorprendente que los pronósticos con respecto a la trayectoria
de la misma más allá del presente año natural sean muy disímiles. En lo que
respecta al resto del presente año, el consenso de los economistas es que la
tasa de crecimiento del producto nacional bruto real en el próximo trimestre
fluctuará entre 2.5 por ciento y 3.0 por ciento, mientras que el desempleo se
mantendrá a un nivel de 7.1 por ciento, la inflación se mantendrá a un ritmo de
aproximadamante 3.0 por ciento y la tasa de interés preferncial se mantendrá
ligeramente por debajo de 10 por ciento.[6]
Ahora bien, a más largo plazo los
pronósticos de los economistas difieren marcadamante debido a interpretaciones
diversas que se le dá a un conjunto de problemas estructurales de la economía y
al efecto que éstos puedan tener sobre los niveles de producción y empleo.
En primer término, existe desde hace
varios años una seria peocupación acerca del impacto que el masivo déficit
presupuestario federal (que en el año fiscal ascendió a $211.9 billones) pueda
tener sobre las tasas de interés. Para evitar que la demanda de crédito del
gobierno federal, con miras a enjugar su déficit, ejerza una presión que lleve
a un alza en las tasas de interés, se hace necesario que el Presidente y el
Congreso hagan compromisos firmes para reducir el gasto del gobierno (los
candidatos a reducción son algunos programas de gasto militar, los ajuste por
costo de vida del Seguro Social y múltiples programas sociales y educativos) de
manera que el déficit se reduzca de un cinco por ciento a un tres por ciento
del producto nacional bruto.
En segundo lugar, existe la
posibilidad de que disminuya el considerable flujo de fondos externos que ha
estado recibiendo el mercado norteamericano durante los últimos años. La
confianza en la
capacidad productiva
de Estados Unidos, en conjunción con las altas tasas de interés y la relativa
lentitud del crecimiento de las economías europeas, producen este fenómeno sin
precedentes, que en buena medida ha contribuido a atenuar los problemas
financieros de Estados Unidos, particularmente los del gobierno federal.
La disminución de los fondos externos
podría venir como consecuencia del más grave problema que afronta la economía
norteamericana en la actualidad: el creciente déficit en la balanza comercial
de bienes y servicios, que se acerca a los $120 billones. Para conjurar el
potencial depresivo que tiene tal situación (que disminuye la producción
doméstica en aras de los productos manufacturados en el extranjero, cuyos
precios tienden a ser más atractivos) las autoridades monetarias se verán
obligadas a inducir alzas en las tasas de interés, las cuales, a su vez, darían
al traste con elñ proceso de expansión de la economía y generarían una
recesión. Aún más: la recesión contribuiría a disminuir el flujo de fondos
externos como consecuencia de un espiral de desconfianza en el futuro de la
producción norteamericana. En suma, según esta interpretación, los forjadores de
la política económica norteamericana se hallan en un dilema cuyas opciones son
igualmente negativas: si se mantiene la actual política de estímulo a la
economía se seguirá ampliando el déficit de comercio exterior y la economía
tarde o temprano sufrirá una recesión; si se introduce una política de
restricción del crédito para debilitar el dólar y reducir el déficit de
comercio exterior, el retorno a altas tasas de interés producirá la recesión y
contribuirá poco a la atracción de capital debido a la pérdida de confianza en
las posibilidades futuras de Estados Unidos. La reciente tendencia a adoptar
medidas proteccionistas constituye una admisión de la dificultad que tenido la
Administración Reagan para diseñar un política económica que le permita al país
mantener la competitividad en los mercados internacionales (vis-a-vis la enorme
pujanza de Japón)
sin recurrir a medidas artificiales como lo son las tarifas, las cuotas de
importación y las tasas de interés anormalmente altas.
Un pronóstico que luce razonable en
estos momentos es el que hace el Modelo de Chase Econometrics, que anticipa
para 1986nalzas de sólo 2.2 por ciento en el PNB real y de 1.3 por ciento en la
producción industrial, acompañadas por una ligera aceleración de la inflación
(una tasa de 5.2 por ciento) y la estabilización de la tasa de desempleo a un
nivel de 7.2 por ciento. Este pronóstico es menos optimista que el de los
economistas de la Administración Reagan, pero mucho menos pesimistas que el de
economistas como Fletcher Byron que, aunque no la ubican en un tiempo preciso,
consideran que la recesión ocurrirá más temprano que tarde.
Independientemente del proceso
cíclico, los retos de la economía internacional están obligando a Puerto Rico a
reevaluar el proceso de investigación, innovacion y desarrollo tecnológico, con
miras a aumentar la productividad y mantener los márgenes de ventaja que hasta
hace poco había tenido la Isla.
No es raro, pues, que haya surgido en
Estados Unidos una seria preocupación por el papel que univesidades deben jugar
en la formación de los recursos humanos y tecnológicos y por los vínculos que
se deben estrablecer entre éstas y la industria privada. No obstantre, como se
verá más adelante, la política de ayuda económica a la educación superior de la
Administración Reagan parece ir en contra de esa reconocida necesidad.
La economía de Puerto Rico
Durante el año fiscal 1983-84 la
economía de Puerto Rico experimentó una significativa recuperación luego de dos
años consecutivos de recesión. En ese año, creció el empleo, disminuyó el
desempleo, la inflación se mantuvo bajo control y, lo que es más importante, la
inversión real, que había declinado sistemáticamente por más de una década,
mostró un inesperado vigor. A juzgar por un índice confiable de actividad económica
general que prepara el Dr. Arthur Mann para el períodico de negocios Caribbean Business,
la recuperación
económica de la Isla comenzó a ganar fuerza a mediados de 1983 y mantuvo un
firme avance hasta fines de 1984. Durante la segunda mitad del año fiscal
1984-85, la economía local disminuyó considerablemente su ritmo de avance e
inclusive mostró debilidad en algunos de sus sectores más críticos,
particularmente en el mercado laboral. Los principales resultados económicos
del año fiscal 1983-84 fueron los siguientes:
1. El producto bruto aumentó en 8.5
por ciento a precios corrientes y en 4.8 por ciento a precios constantes, luego
de haber declinado en 2.2 por ciento en 1982-83 y en 3.6 por ciento en 1981-82.
Dentro del producto bruto real, los gastos de consumo crecieron en 5.0 por
ciento, esencialmente como consecuencia de un aumento en el consumo de bienes
duraderos, entre los cuales se destacó el alza en la demanda de automóviles;
los gastos del gobierno aumentaron en 8.8 por ciento; la inversión de capital
fijo tuvo un significativo aumento de 15.2 por ciento (mostrando casi igual
vigor la construcción y la compra de maquinaria y equipo), mientras que las
exportaciones tuvieron un alza de 3.0 por ciento (en comparación con un
crecimiento de 9.3 por ciento de las importaciones).
2. El empleo total aumentó en 5.5 por
ciento (de 703,000 en 1982-83 a 742,000 en 1983-84), mientras que la tasa de
desempleo declinó de 23.4 por ciento a 22.0 por ciento, lo cual detuvo la
tendencia ascendente del desempleo
que venía observándose desde 1980. El desempleo total se redujo de 215,000 a
209,000, una baja de 2.8 por ciento, lo cual detuvo la tendencia ascendente del
desempleo que venía observándose desde 1980. Si bien estas cifran indican una
mejoría notable, no se debe perder de vista que semejante volumen de desempleo
es 2.4 veces mayor que el que existía en 1971 (que ascendía a 88,000).
3. El índice implícito para
deflacionar el producto bruto, que da una buena idea del movimiento global de
los precios, aumentó sólo en 3.7 por ciento en comparación con un alza de 4.5
por ciento en el año fiscal anterior.
4. Otros desarrollos de interés fueron
los siguientes:
a) Un alza de 12.6 por ciento
en el ingreso generado por la manufactura, que se tradujo en 11,000 empleos
adicionales en este sector clave de la economía.
b) El ingreso neto de la
economía como un todo creció en 8.4 por ciento, viniendo el principal impulso
de la compensación a los empleados.
c) El ingreso personal mostró
un alza de 5.2 por ciento. Mientras que el ingreso generado en la producción
aumento en 6.5 por ciento, los pagos de transferencia a personas ascendieron en
sólo 2.2 por ciento, lo que significa que la mejoría en el ingreso personal fué
esencialmente el resultado de la capacidad productiva de la economía. Aún así,
en 1983-84 los pagos de transferencia (tres cuartas partes de los cuales
proceden del Gobierno Federal) constituyeron el 30.4 por ciento del ingreso
personal, un claro indicio del alto grado de dependencia de la economía local.
d) Los gastos en educación
crecieron en 7.8 por ciento a precios corrientes y en 3.7 por ciento a precios
constantes. Un 2.2 por ciento de los gastos de los consumidores se decicaron a
la educación en 1983-84.
Según cifras preliminares de la Junta
de Planificación, el producto bruto real de la Isla creció en 3.0 por ciento en
el año fiscal 1984-85. De igual modo, hubo un aumento de 2.1 por ciento en el
empleo total, que estuvo acompañado por una disminución de 1.6 por ciento en en
volumen de desempleo.[7]
No obstante, existe clara evidencia de
que la economía de la Isla se halla virtualmente estancada desde principios del
presente año natural. Comparaciones que se pueden hacer usando cifras recientes
señalan lo siguiente: durante el periodo de mayo a julio de 1985, en contraste
con igual periodo del año anterior, se observó un estancamiento del empleo
total (al nivel de 748,000), un aumento de 11.7 por ciento en el desempleo
total (de 196,000 a 219,000), una disminución de 3.0 por ciento en el empleo
manufacturero y una contracción de 10.0 por ciento en el consumo de energía
eléctrica en la manufactura.[8]
La lentitud mostrada por el sector
manufacturero está sin duda asociada con el clima de incertidumbre generado por
la controversia en torno a la Sección 936, pero tambíen hay que señalar que
desde principios del presente añno natural el sector de la manufactura en
Estados Unidos ha estado en dificultades debido a la intensa competencia de las
importaciones. Así, el Índice de Producción Industrial de Business Week muestra
un patrón esencialmente descendente desde
febrero de 1985,[9]mientras que el Índice de Utilización de la Capacidad Productiva montó
a
80.1 en junio, el nivel más bajo desde enero de 1985.[10] Más recientemente, el Índice de Producción
Industrial mostró una disminución de 0.1 por ciento en septiembre luego de
haber aumentado 0.6 por ciento en el mes anterior.[11]
Los pronósticos con respecto a la
actuación de la economía de la Isla en el año fiscal 1985-86 son, por supuesto,
poco optimistas. La Junta de Planificación anticipa un alza en el producto
bruto real que podría fluctuar entre un máximo de 1.5 por ciento y un mínimo de
0.95 por ciento, dependiendo de la decisión que se tome en cuanto a la Sección
936 y de la variación del flujo de fondos federales a la Isla.[12] En cambio, el modelo del Citibank
pronostica un alza de sólo 0.8 por ciento, que sería acompañada por leves
aumentos en la inflación y el desempleo.[13]
Aunque no se debe perder de vista el
hecho de que la economí de Puerto Rico sufre ciertas dificultades estructurales
que es necesario superar para encauzar de nuevo a la Isla hacia el camino del
crecimiento económico sostendido (altos costos de transportación marítima y
aérea, un sistema contributivo confiscatorio que penaliza el esfuerzo
productivo, altos costos e ineficiencia en la provisión de energía eléctrica,
deterioro de la infraestructura de capital social fijo--carreteras, puertos,
etc.--, bajos niveles de ahoroo familiar y otros), el futuro inmediato de la
economía de la Isla depende esencialmente de cuatro factores claves: la
decisión con respecto a la Sección 936, la trayectoria de la economía de
Estados Unidos, el volumen y composición de la ayuda federal y el impacto de la
Iniciativa del Caribe. Un quinto factor de peso--la probable reforma fiscal en
Estados Unidos--ha perdido vigencia durante los últimos meses, pero no se debe
subestimar su importancia para la Isla. Conviene discutir estos elementos en el
orden indicado.
Todo parece indicar que la
incertidumbre con respecto a la decisión que tome el Comité de Medios y Tarifas
de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prolongará hasta principios
de 1986 y quién sabe si más allá de esa fecha. Los términos de la controversia
son muy conocidos: el Departamento del Tesoro alega que las empresas 936
desarrollan en Puerto Rico prácticas que le permiten evadir el pago de cerca de
$1.7 billones de contribuciones federales, sin que se generen volúmenes de
empleo que ayuden a resolver efectivamente el masivo desempleo de la Isla, por
lo cual es necesario eliminar o reestructurar significativamente la Sección 936[14]. En cambio, el Gobierno de Puerto Rico,
con el apoyo de la comunidad industrial de la Isla, alega que los cambios
recientes en este particular, que obligan a las corporaciones acogidas a la
Sección 936 a pasar una prueba de presencia significativa y a hacer explícitas
las asignaciones de costo y beneficio asociadas con los llamados intangibles
(ingresos devengados de patentes, invenciones, etc.), constituyen una
corrección de esas anomalías o, a menos, merecen ser evaluados antes de
introducir nuevos cambios a la Sección 936.[15] Ante todo, se alegan que preservación
de la Sección 936 es fundamental para sostener el desarrollo industrial de la
Isla y que la introducción de un sistema de crédito contributivo basado en los
empleos y salarios generados colocaría a Puerto Rico en una posición
desventajosa con respecto a muchos países subdesarrollados que estarían em
condiciones de ofrecer salarios más bajos y menores exigencias ambientales.
Puerto Rico perdería una buena porción de las industrias de alta tecnología,
que no se beneficiarían grandemente de los créditos por salario, pero no podría
atraer efectivamente a las industrias de mano de obra intensiva por las razones
indicadas.[16] El pronóstico más vinculado con el
sentido común es que de esta situación ha de surgir algún tipo de compromiso
cuyos perfiles son muy difíciles de definir en este momento. Por lo pronto,se
observará una tendencia a que las empresas pospongan muchos de sus planes de
expansión y se reduzca la promoción de nuevas firmas manufactureras.
La discusión sobre la taryectoria
reciente y las proyecciones de la economía norteamericana no es desalantadora,
pero tampoco constituye una fuente de optimismo. Lo que más preocupa no es
tanto la actuación global de la economía, sino la debilidad del sector
manufacturero (que sufre el impacto de la competencia de las importaciones) y
ciertas señales recientes de carácter negativo como lo son la reducción de las
ventas al detal en junio (en 1.9 por ciento) que podrían acentuar tal
tendencia. No obstante, en junio hubo señales de que la economía en general
estaba respondiendo a los estímulos monetarios como lo demuestra el hecho de
que aumentaron el ingreso personal (0.5 por ciento) y la construcción de
viviendas (1.9 por ciento), así como los indicadores de confianza de la
economía: el promedio Dow Jones y el Indice de Confianza del Consumidor. La
amenaza de recesión parece estar conjurada por el momento, pero a más largo
plazo, tal vez a mediados de 1986 o a comienzos de 1987, la señaladas
contradicciones de la coyuntura económica norteamericana se podrían traducir en
una recesión lo suficientemente severa como para afectar adversamente a la
economía de Puerto Rico.
No se espera que ocurran cambios de
gran magnitud en el flujo de ayuda federal al Gobierno y a los ciudadanos de
Puerto Rico. Si la batalla que se libra en estos momentos en el Congreso con
respecto al presupuesto de 1986 resulta en un compromiso de reducción
balanceada de los gastos militares y de los gastos en programas sociales y
educativos, la Isla saldrá más beneficiada que si se inclina la balanza hacia
el sacrificio de los ajustes por costo de vida del Seguro Social o al recorte
de diversos programas sociales en aras de la expansión militar.
Existe controversia entre los
economistas acerca del impacto que el Plan de Caribe puede tener en la Isla.
Por un lado, se piensa que las ventajas comerciales concedidas por Estados
Unidos a determeinados países del Caribe (en esencia, la eliminación unilateral
de tarifas y la ayuda financiera por un periodo de 12 años) colocará a estos
países en una posición de exportar productos (mayormente agrícolas) al mercado
de Puerto Rico que compitan con la producción local, al mismo tiempo que atraen
industrias que pudieron haberse establecido en Puerto Rico. Una industria que
se entiende que está siendo seriamente amenazada por la competencia del Caribe
es la industria del ron, debido a que la porción del mercado norteamericanao
que dominan las empresas locales ha sido erosionada por los rones caribeños.
Por otro lado, se arguye que Puerto Rico podría superar las desventajas
señaladas si se decide a jugar un papel activo en el Plan del caribe no sólo
mediante la promoción del concepto de plantas gemelas, sino también por vía del
desarrollo de un centro de comercio internacional y de la exportación de
servicios profesionales y técnicos a los países de la región. De hecho, un
ángulo sumamente interesante en este aspecto es la vinculación que la
Administración de Hernández Colón ha hecho entre la preservación de la Sección
936 y el desarrollo del Plan del Caribe, que implica que Puerto Rico habrá de
contribuir al financiamiento de plantas gemelas y a la transferencia de
tecnología y conocimiento a cambio de que permenezcan inalteradas las ventajas
contributivas que tiene la Isla bajo la Sección 936.[17]Se trata de una propuesta de origen
local que no parece tener gran fuerza en los círculos de poder norteamericanos,
pero que constituye una opción crucial en el presente contexto. A fin de
cuentas, no existe en la actualidad una idea clara sobre el impacto que tendrá
a largo plazo el Plan del Caribe sobre Puerto Rico, especialmente en lo que se
refiere al balance neto de costos y beneficios. Hasta ahora, los efectos han
sido escasos debido a la lentitud con que los países del Caribe, la mayoría de
los cuales carecen de adecuada estructura económica y de experiencia de
mercadeo en el contextto norteamericano, han respondido a las nuevas
oportunidades de comercio que ha abierto el Plan.
Finalmente, la propuesta reforma
fiscal del Presidente Reagan, orientada a simplificar y hacer más equitativo el
sistema contributivo de Estados Unidos, podría afectar la Isla de varias
maneras, algunas positivas y otras negativas. Sería beneficioso, por ejemplo,
el atractivo que tendrían los bonos de Puerto Rico en caso de que se eliminen
muchos de los albergues contributivosm que existen en Estados Unidos. De igual
modo, el auge de las actividades productivas que induzcan la reducción de las
tasas contributivas de negocios y personas y la baja de las tasas de interés
habrá de beneficiar a la Isla. En cambio, la estructura contributiva de Puerto
Rico se tornaría aún más obsoleta e induciría en una mayor la fuga de recursos
humanos. Sería difícil que el Gobierno de Puerto Rico llevara a cabo una
reforma fiscal paralela a la de Estados Unidos en un momento tan crítico como
el presente.
En suma, la mezcla de factores
externos que influyen sobre lsa economía de Puerto Rico produce un ambiente de
tensión e incertidumbre cuyos efectos a corto plazo ya son palpables y que
cuando se les proyecta a un horizonte de tiempo más extenso constituyen fuentes
de profunda preocupación en lo que respecta a la capacidad de la economía de
Puerto Rico para conjurar esas múltiples amenazas.
Impacto de la situación económica
sobre la matrícula
universitaria
Es casi proverbial la hipótesis de que
la expansión de la matrícula universitaria, especialmente de la matrícula de
colegios y universidades privadas, es función directa del flujo de fondos
federales (becas y préstamos) a estudiantes universitarios. En efecto, durante
el periodo de 1973-74 a 1983-84 el coeficiente de correlación entre la
matrícula total y el monto de las becas federales fué 0.96 en el caso en de las
universidades privadas y 0.64 en el de las universidades públicas. Por la misma
vena, un modelo de regresión que intenta explicar la conducta de la matrícula
total de las universidades mediante la variación del monto de las becas
federales y la tasa de desempleo logra dar cuenta del 94.0 por ciento de la
variación de la variable dependiente, recayendo el mayor peso explicativo en
las becas federales.[18]
Los modos en que los cambios en la
actividad económica y, en especial, los niveles de empleo y desempleo, afectan
la matrícula universitaria son sumamente complejos. Por un lado, la mejoría de
la actividad económica y del mercado laboral refuerzan la demand de estudios
universitarios al hacer más evidentes los beneficios de la educación avanzada:
aumento en la probabilidad de obtener empleo, mayor remuneración, promoción más
acelerada, etc., y al aumentar la capacidad de financiamiento de la clientela
universitaria. No obstante, la expansión de las oportunidades de empleo puede
inducir a muchos estudiantes universitarios a abandonar los estudios e ingresar
al mercado laboral. O visto de otro modo, las situaciones de recesión económica
y de lentitud en el mercado laboral reducen el costo de oportunidad de los
estudios universitarios (la alternativa podría ser el desempleo o trabajos poco
remunerados), por lo cual pueden contribuir a aumentar la demanda de estudios
universitarios. Sin embargo, la crisis económica puede reducir el atractivo de
las carreras universitarias al generar la impresión de que las mismas no
aumentan significativamente las oportunidades económicas, aparte de la
reducción que causa en el poder adquisitivo de la clientela potencial. Lo que
ocurre en realidad es el balance neto entre estas tendencias históricas.
En el caso particular de Puerto Rico,
la magnitud del desemplo, particularmente entre los jóvenes, y el flujo de
fondos federales hacen que el atractivo de la educación universitaria sea más o
menos igual tanto en la prosperidad como en la recesión. Así, el la tasa de
desempleo entrev los jóvenes de edad universitaria es 50.8 por ciento en el
caso del grupo de 16 a 19 años y 36.1 por ciento en el grupo de 16 a 24 años.[19] Fluctuaciones en la actividad económica
contribuyen muy poco a resolver este grave problema estructural, ya que se
trata de una desarticulación entre las habilidades y capacidades del grueso de
las personas jóvenes y las exigencias del mercado de trabajo. Si a esto se le
une la disponibilidad de fondos federales hasta ahora abundantes, es fácil
explicar por qué la demandas de estudios universitarios ha crecido
aceleradamente durante los últimos doce años, aún cuando la economía ha
experimentado severas fluctuaciones cíclicas. No es extraño, pues, que exista
una relación tan estrecha entre el monto o valor total de las becas federales y
el volumen de la matrícula universitaria.
Ahora bien, existen razones para
pensar que en los próximos años la demanda de estudios universitarios sufrirá,
en el mejor de los casos, un significativo descenso en su tasa de crecimiento.
En efecto, los factores que a continuación se van a enumerar y discutir obligan
a pensar en escenarios alternativos de estancamiento o pero aun descenso de la
demanda de estudios universitarios. Conviene examinar cada uno de ellos:
1. Si bien el Congreso ha rechazado
los intentos de la Administración Reagan por reducir la ayuda financiera a
estudiantes universitarios (mediante la contracción de préstamos, la
introducción de un límite de $4,000 a la yuada total que un estudiante podría
recibir de fuentes federales y la eliminación de la ayuda a estudiantes que
provengan de familias con ingresos mayores de $32,000 al año), cabe esperar que
el imperativo de reducir el déficit presupuestario federal (que se haría más
dramático si se aprobara una legislación que el exige al Gobierno Federal un
presupuesto balanceado ya para 1991) obligue al Departamento de Educación
federal a continuar su batalla por introducir controles más estrictos en la
provisión de ayuda financiera a estudiantes universitarios. De hecho, en el
presupuesto para 1986 la asignación de dinero recomendada por la Oficina del
Presidente para el Departamento de Educación federal es $2.9 billones más baja
que la propuesta por el Senado y $2.1 billones menor que la sugerida por la
Cámara de Representantes. Ambos cuerpos legislativos asignan $3.5 billones al
Programa de Becas Pell, mientras que la Oficina del Presidente propone que la
cantidad sea $2.7 billones, es decir, $800 menos. Todo parece indicar que, por
el momento, predominará la orientación de los cuerpos legislativos, pero, a más
largo plazo, la exigencia de austeridad de Presidente podría ganar terreno en
la medida en que la batalla contra el déficit presupuestario se torne más
cruenta.
A estos efectos, recientemente el
Senado de Estados Unidos aprobó una medida que exigiría que el déficit federal
se recorte a un ritmo de $36 billones
por año por los próximos seis años, hasta alcanzxar un presupuesto balanceado
en 1991. Esto conllevaría lña eliminación o recorte significativo de los
principales programas de ayuda económica a estudiantes y podría llevar a que
los bancos, ante la incertidumbre que se generaría, le retiren su apoyo al
programa de préstamos estudiantiles. Se habla de reducciones o recortes de
cerca de 60 por ciento (comenzando en 1986) al Programa de Estudio y Trabajo y
de 15 por ciento al Programa de Becas Pell. Las reducciones se extenderían
también a todo tipo de apoyo federal a las actividades de investigación y
desarrollo en universidades.[20]
2. La propuesta reforma fiscal del
Presidente Reagan contiene cláusulas que limitarían las deducciones que el
Gobierno Federal le otorga a individuos y corporaciones por las aportaciones
que hacen a instituciones universitarias. Esto podría reducir el flujo de ayuda
privada de tales fuentes a las universidades, cuyo monto en 1983 fué de cerca
de $4.0 billones. Unido a otras propuestas para reducir la deducciones por
pagos contributivos realizados a los estados y a los gobiernos locales, tales cambios
desatarían una gran presión para que las legislaturas estatales y locales
reduzcan las tasas contributivas. Se estima que esto último, al reducir la base
de recaudación de los estados, le restaría fondos montantes a acerca de $1.5
billones a las universidades públicas de Estados Unidos. En semejantes
circunstancias, se desataría una gran batalla entre las universidades públicas
y privadas por obtener los fondos menguados que el sector público y los
individuos, corporaciones y fundaciones puedan proveer. Así las universidades y
colegios de Puerto Rico, que desde hace varios años vienen experimentando
dificultades para obtener fondos externos para financiar sus proyectos de
expansión de facilidades físicas, verían extendida esta situación a todo género
de ayuda, en la medida en que
las universidades norteamericanas tengan prioridad en la asignación de los
fondos disponibles.[21]
3. Al nivel doméstico, como
consecuencia de los cambios demográficos que acompañan la entrada de un país a
fases más avanzadas del desarrollo económico (reducción en la tasa de
natalidad, aumento de la mediana de edad, etc.) y del proceso mogratorio (que
se concentra en las personas jóvenes), los grupos de edad universitaria
tradicional (de 15 a 19 y de 20 a 24 años)están creciendo a un ritmo que es
apenas una tercera parte del ritmo de avance de la población en su totalidad.
Así, según las proyecciones de la Junta de Planificación, de 1980 a 1990 el
grupo de 15 a 19 años crecerá a una tasa anual promedio de 0.1 por ciento, mientras
que el grupo de 20 a 24 a;os lo hará a una tasa de 0.15 por ciento. En cambio,
el grupo de 25a 44 años crecerá a una tasa de 0.9 por ciento.
Correspondientemente, el ritmo de crecimiento de los graduados de escuela
superior será apenas 0.48 por ciento durante el resto de la década. Dado que
las actuales tasas de retención escolar del primero al duodécimo grado parecen
haberse estabilizado al nivel de 45 por ciento, la demanda de estudios
universitarios proveniente de los estudiantes de edad universitaria tradicional
crecerá a un ritmi que impedirá a las universidades y colegios de Puerto Rico
mantener los ritmos de avance en matrícula que habían sostendido hasta hace
poco, a menos que recurran, de forma cada vez más intensa, al reclutamiento de
adultos y al diseño de ofertas académicas y técnicas que satisfagan las
necesidades de las clientelas no tradicionales. Basta señalar que cerca del 40
por ciento de las personas de 25 años o más han completado el cuarto año de
escuela superior para dar un idea del mercado potencial que tienen las
universidades y colegios de la Isla si se mueven en esa dirección.[22]
4. Aunque no existen datos precisos
para determinar los perfiles básicos del asunto, la educación universitaria,
tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, se enfrenta a la fuerte competencia
de los ofrecimientos técnicos y vocacionales que proliferado bajo el amparo de
las becas federales y en respuesta a las necesidades del mercado de trabajo,
particularmente del sector de servicios. Instituciones con ofrecimientos en
campos tan diversos como cosmetología y estilismo, banca, procesamiento
electrónico de textos y datos, estudios paralegales, tecnología de salud,
electrónica y otros, le ofrecen al estudiante, un muchas ocasiones, una
transición rápida y efectiva al mercado de trabajo y la posibilidad de obtener
niveles de remuneración que, a veces, compiten favorablemente con los que
logran los graduados de bachillerato. En un estudio que se llevó a cabo en los
estados del oeste de Estados Unidos se encontró que cerca del 17 por ciento de
la ayuda a estudiantes de estba orientando hacia el financiamiento de las
carreras técnicas.
De igual modo, un nuevo conjunto de
proveedores de servicios educativos--las grandes corporaciones privadas
(algunas de las cuales van camino a fundar sus propias universidades), las
ramas militares del gobierno norteamericano y diversas organizaciones sin fines
de lucro--están educando a gran parte de los adultos que hoy en día se hallan
en procesos de adiestramiento, readiestramiento o reorientación de carreras. Se
calcula que por cada adulto que está estudiando en colegios o universidades hay
tres en instituciones de esa natureleza.
Las implicaciones de estas
observaciones son evidentes: si el mercado de más promesa para las universidades
y colegios es la población adulta, dicha porción del mercado la ocupan con
mayor eficacia y dedicación los institutos técnicos y los proveedores de nuevo
cuño, mientras que las universidsdes y colegios sólo le dedican, en la mayoría
de los casos, recursos marginales y programas de segunda calidad a la educación
de dicho segmento de la población.
5. Un reto adicional que afrontan las
universidades y colegios de Puerto Rico, particularmente el Recinto de Río
Piedras y el Recinto de Mayaguez, cuyas normas de admisión son exigentes, son
las activas campañas de reclutamiento de estudiantes puertorriqueños altamente
cualificados que llevan a cabo las universidades norteamericanas, que han
comprobado que la Isla es una cantera de talento académico. Más aún: se da el
caso de que los estudiantes más aventajados de Puerto Rico, que son los que más
probabilidad tienen de ingresar a universidades norteamericanas de primer
calibre, ni siquiera solicitan admisión a las universidades locales, a las
cuales consideran opciones de última instancia. Si este patrón continúa, los
recintos mayores de la Universidad de Puerto Rico, con miras a lograr sus metas
de matrícula, se verán obligados a reducir sus requisitos de admisión, lo que
drenará el mercado de las universidades y colegios privados, y agravará los
problemas de inestabilidad de mercado que éstas afrontan en la actualidad y que
tenderán a acentuarse aún más en el futuro a medida que los patrones antes
identificados continúen mostrando su efecto.
Ahora bien, en términos inmediatos, la
más seria preocupación de las instituciones de educación superior en Puerto
Rico lo debe constituir la probabilidad de que, como consecuencia de la
eliminación (o neutralización) de las ventajas contributivas definidas por la
Sección 936 se produzca, no ya una crisis de natureleza cíclica de duración más
o menos predecible, sino un colapso industrial de grandes proporciones que
transforme significativamente la estructura productiva de la Isla y reduzca
marcadamente la demanda de recursos humanos de formación universitaria en la
medida en que se retorne a una matriz ocupacional más orientada a las
habilidades asociadas con industrias más intensivas en mano de obra y de menor
desarrollo tecnológico. No se trata tanto de que las firmas establecidas hoy en
día en Puerto Rico que emplean alta tecnología generen una gran demanda de
recursos de preparación universitaria, sino que las industrias de servicios
técnicos y profesionales asociados con las mismas emplean un gran número de
profesionales --contadores, abogados, expertos en sistemas de información,
ingenieros, etc.--cuyos empleos se verían amenazados por dicha transformación
estructural.
A la luz de las consideraciones
anteriores, se puede definir un escenario plausible para la educación superior
en Puerto Rico durante el resto de la década como el siguiente:
1. Lento crecimiento del producto
bruto reall (un promedio de menos de 3.0 por ciento por año), acompañado por
una tasa de desempleo que se mantendrá por encima de 20 por ciento. La entrada
en recesión de la economía de Estados Unidos como resultado de las fuerzas
identificadas en este trabajo, obligaría a pensar en declinaciones de los
niveles de producción real y empleo en la Isla. La decisión con respecto a la
Sección 936 será el principal factor en la trayectoria macroeconómica de Puerto
Rico durante el periodo..
2. El lento crecimiento de la demanda
generada por los estudiantes de edad tradicional obligará a las universidades y
colegios a darle mayor peso a los programas de educación, reentrenamiento y
orientación productiva del tiempo libre de la población adulta. Debido a la
mayor flexibilidad de sus programas académicos y a su estilo gerencial más
pragmático (en buena parte determinado por la necesidad de sobrevivencia económica)
las universidades privadas se moverán con mayor celeridad hacia el aumento del
componente de educación técnico-vocacional a costa de los programas de artes
liberales. En la Universidad de Puerto Rico, particularmente en el Recinto de
Río Piedras, se acentuará en conflicto entre la tradición de artes liberales,
que le da gran peso a la dimensión crítica del pensamiento humanístico y
social, y la tendencia a orientar los programas académicos hacia las exigencias
prácticas del merrcado de trabajo.
3. Atada a uan fórmula presupuestaria
que depende de la capacidad del recaudación del Gobierno de Puerto Rico, cuyo
crecimento será muy bajo o nulo, y limitada por una creceinte dificultad para
obtener fondos federales, la Universidad de Puerto Rico se verá obligada no
sólo a formar consorcios y desarrollar programas de intercambio de información
y recursos con la empresa privada, sino que como UCLA y otras universidades
públicas norteamericanas, implantará sistemas para la recaudación de fondos
privados, con miras a mentener la calidad y variedad de sus ofertas académicas.
4. Los colegios y universidades
privadas de Puerto Rico, cuyos estudiantes dependen casi en un 100 por ciento
de las becas, préstamos y otras ayudas financieras para financiar sus estudios,
sufrirán en forma más aguda que la Universidad de Puerto Rico el impacto de las
reducciones de los programas federales de apoyo a la educación superior. La
feroz competencia por una porción declinante del mercado llevará al cierre de
muchas instituciones que surgieron al amparo del ¨boom¨de estos fondos y que
carecen de la solidez financiera y de la fortaleza académica y administrativa
que requerirán las nuevas condiciones de la educación superior. Igual suerte
correrán una innumerable cantidad de instituciones técnico-vocacionales de
escasa calidad que también se han aprovechado del hasta ahora creciente flujo
de ayuda federal a estudiantes. Sobrevivirán aquellas universidades, colegios e
instituciones técnicas del sector privado que sean capaces de combinar
políticas de puertas abiertas con ofrecimientos estrechamente vinculados con
las orientaciones del mercado de trabajo de Puerto Rico y Estados Unidos, que
serán de índole esencialmente tecnico-vocacional.
5. La limitación de recursos
económicos, los altos costos de operación y la incapacidad para renovar
adecuadamente las facilidades físicas, harán cada vez más competitivo el acceso
a carreras de alta preferencia profesional (medicina, arquitectura, derecho,
ingeniería, finanzas, etc.) y generarán una gran competencia entre los
candidatos a admisión y entre las universidades que ofrezcan tales programas.
6. Contra viento y marea, acosadas por
la falta de fondos y por costos crecientes de operación que le harán dificil la
renovación de prigramas, el reclutamiento y retención de personal docente de
alto calibre, en competencia con otros proveedores de servicios educativos,
limitadas por la reducida disponibilidad de ayuda financiera pública y privada
y por los recortes de ayuda federal a los estudiantes, perplejas ante la
incertidumbre económica, las universidades y colegios de Puerto Rico tendrán
que mejorar sus programas académicos, hacer inversiones en procesos de
investigación y desarrollo e introducir sistemas de gerencia avanzados y
efectivos para hacerse acreedoras del apoyo de los proveedores de fondos
(públicos y privados), del respaldo económico de la comunidad de negocios y del
reconocimiento y confianza de la clientela universitaria tradicional y no
tradicional.
Parafraseando al gran poeta mexicano
Octavio Paz: las universidades serán los olmos a los cuales se le pedirán peras
increíbles.
NOTA
Este
ensayo se publicó en la Revista de
Administración Pública (Volumen XVIII, Núm. 2, Marzo de 1986). Constituye
la revisión y expansión de una ponencia que al autor presentó en el Simposio Universidad,
Sociedad y Poder que
se celebró en el Recinto de Río Piedras a fines de 1985.
Deseo
agradecer al Dr. Manuel Ángel (¨Coco¨) Morales, incansable promotor de la
actividad intelectual en Puerto Rico
y científico social de primera línea, el reconocimiento que le dio a este
trabajo y el estímulo que siempre me ha brindado a lo largo de mi carrera
profesional.
IMPLICACIONES
ECONÓMICAS DE
LAS PROYECCIONES
DE
POBLACIÓN DE LA JUNTA DE
PLANIFICACIÓN:
1980 A 2000.
Introducción
En junio de 1986, la Junta de
Planificación publicó el documento Proyecciones
de población, por edad, sexo y municipio: Puerto Rico 1980-2005, que
constituye una excelente fuente de información para los estudiosos de la
realidad social puertorriqueña. Es, además, un contribución analítica cuya
importancia desde el punto de vista del desarrollo de la política pública aún
no ha sido apreciada a cabalidad. En el breve tiempo de que dispongo[23], trataré de presentar los perfiles
esenciales de ese cuadro de proyecciones y las implicaciones económicas básicas
que se derivan del mismo. Estoy completamente convencido de que este simple
ejercicio intelectual provocará en ustedes un grado de perplejidad y
preocupación idéntico al que generó en mí cuando lo abordé por primera vez.
Metodología
La Junta de Planificación utiliza el
método de sobrevivencia de cohortes en el desarrollo de sus proyecciones de
población. Este método consiste en exponer los grupos poblaciones de sexo y
edad (cohortes de cinco años) a las experiencias de las tres dimensiones o
componentes de la población: la natalidad, la mortalidad y la migración. A la
luz de la experiencia histórica, se establecen supuestos acerca de la
trayectoria futura de cada uno de esos componentes.
Por ejemplo, se sabe, por un lado, que
el grupo poblacional o cohorte integrado por las hembras de 15 a 19 años en 1980 tendrá de 25
a 29 años en 1990. De este grupo, morirá una proporción antes de llegar al
grupo de 25 a 29. Se hace necesario, pues, construir una tabla de vida—es
decir, una construcción estadístico’matemática hipotética que permita
determinar la esperanza o expectativa de vida de cada grupo de edad y sexo
partiendo de las condiciones de mortalidad existentes al momento de preparar la
tabla—para establecer la tasa de sobrevivencia esperada del cohorte.
Por otro lado, ese mismo grupo
poblacional mostrará determinados patrones migratorios, que será necesario
proyectar a base de la experiencia histórica acumulada. Dentro de éste, la
población femenina estará expuesta a ciertos riesgos de infecundidad. Es
necesario, pues, hacer una proyección de las tasas de fecundidad, también a la
luz de las tendencias seculares observadas en años anteriores.
Las proyecciones de la Junta de
Planificación consideran diferentes supuestos de fecundidad, mortalidad y
migración y desarrollan diferentes alternativas o escenarios a base de los
mismos. Finalmente, se selecciona una proyección que se considera la más
plausible o la que tiene la mayor probabilidad de realización. En vista de que
se trata esencialmente de un proceso de simulación, siempre queda abierta la
posibilidad de experimentar con supuestos alternativos y generar nuevos y
variados escenarios futuros de la población insular.
En la preparación de las proyecciones,
se utilizó como base o punto de partida la población distribuida por edad y
sexo según determinada por el Censo de Población de 1980.
La proyección de tasas específicas de
fecundidad por edad de la madre aparece en el Apéndice I del documento. En los
Apéndices II-A y II-B se presentan los factores de sobrevivencia utilizados en
la proyección de población (varones y hembras, respectivamente). En los
Apéndices III-A y III-B se presentan las tasas de migración neta utilizadas en
la proyección de población. Finalmente, en el Apéndice IV se hace un resumen de
las implicaciones generales de las proyecciones.
La metodología utilizada para la
proyección de la población por municipio es esencialmente la misma que se usa
para proyectar la población total. Dado que en Puerto Rico no se observan
diferencias significativas entre municipios en lo que respecta a la conducta de
la fecundidad y la mortalidad, en la proyección de la población por municipio
se utilizan los mismos supuestos de fecundidad y mortalidad que se usan para
proyectar la población total. En cambio, en vista de que sí hay variaciones
marcadas en los patrones de migración interna, se utilizan tasas de migración
neta por edad y sexo distintas para cada municipio. Dichas tasas se calculan
a base de la
experiencia observada en la década del ´70. En algunos casos se le hacen
ajustes a las tasas para tomar en cuenta factores tales como la disponibilidad
de terrenos, planes de desarrollo en perspectiva y variaciones en los niveles
de actividad económica al nivel regional. Ahora bien, una vez determinadas, las
tasas de migración se mantienen constantes a lo largo de la proyección. Como
paso final, el resultado de las cifras de población de todos los municipios se
ajusta a pro-rata a la proyección de población por edad y sexo de Puerto Rico
como un todo, que actúa como cifra control.
Supuestos
de la proyección
En la Tabla 1 se presentan los
supuestos básicos de las proyecciones de población de la Junta de Planificación.
Como puede apreciarse, se parte del
supuesto de que la tasa bruta de natalidad promedio continuará disminuyendo
lenta y sistemáticamente. En el año 2000 la tasa bruta de natalidad promedio
será de 18.29 por cada mil habitantes, en comparación con 22.80 en 1980. Lo
mismo ocurrirá con el promedio de hijos por mujer, que disminuirá de 2.79 a
2.38 en ese mismo periodo. En cambio, se observará una leve alza en la tasa
bruta de mortalidad promedio: esta subirá de 6.4 por cada mil en 1980 a 7.8 por
cada mil en el año 2000. Estos tres supuestos se basan en los patrones
históricos que se han observado durante las últimas décadas. Finalmente, se
supone que la migración neta anual seguirá teniendo un balance negativo, pero
el mismo será decreciente (en términos de valor absoluto).
Análisis
de los resultados
A grandes rasgos, los resultados de la
proyección son los siguientes:
·
La
población de
la Isla aumentará de 3,196,520 en 1980 a 3,614,001 en el año 2000, a una tasa
anual promedio de 0.6 por ciento. La población de 16 años y más aumentará de
2,114,076 a 2,647,676, a un ritmo promedio de 1.13 por ciento, mientras que la
población de edad escolar disminuirá de 876,827 a 776,611, a una tasa de
descenso anual promedio de 0.6 por ciento. Sobresale el pronóstico de que la
población envejeciente crecerá a una tasa mucho mayor que la de los otros tres
componentes: 2,17 por ciento en el caso del grupo de 60 años y más y 2.18 por
ciento cuando se considera el grupo de 65 años y más. En el año 2000 habrá 548,784
personas en el grupo de 65 años y más, en comparación con 357,504 en 1980.
(Tabla 2 y Gráfica 1).
·
Como por ciento de la población total, la población escolar
preuniversitaria—de 6 a 18 años—disminuirá de 27.4 en 1980 a 21.5 en el año
2000. De igual modo, la población de edad universitaria tradicional, que aquí
se toma de 19 a 24 años, se reducirá en este renglón de 10.5 a 9.1 por ciento.
En cambio, la población envejeciente (60 años y más) aumentará de 11.2 a 15.2
por ciento. (Tabla 2 y Gráfica 12).
·
El número de varones aumentará de 1,556,727 en 1980 a
1,696,210 en el año 2000, a una tasa anual promedio de 0.43 por ciento,
mientras que el número de hembras crecerá durante el mismo periodo de
1,639,7983 a 1,917,792, a un ritmo promedio de 0.79 por ciento. Es decir, el
crecimiento promedio de las mujeres será casi el doble del de los hombres. Como
por ciento de la población total, la mujeres aumentarán de 51.2 a 53.0 durante
el periodo. (Tabla 3 y Grafica 3).
·
La mediana de edad de la población aumentará de 24.6 años en
1980 a 31.8 años en el 2000. Entre las hembras, el incremento será mayor que
entre los hombres: de 25.5 a 33.6 años en el primer caso y de 23.6 a 29.7 años
en el segundo caso. (Tabla 4 y Gráfica 4). En efecto, el acelerado incremento
en la mediana de edad de la población puertorriqueña es un fenómeno que se
viene observando desde la década de los 60. En 1960 la mediana de edad de los
varones era 18.1 y la de las mujeres, 18.7. Durante las últimas décadas se ha
acentuado la tendencia a que la mediana de edad de las mujeres sea cada vez
mayor que la de los hombres. (Tabla 4 y Gráfica 5)..
·
La participación relativa de los diferentes grupos de edad
cambiará significativamente de 1980 al año 2000. Disminuirá la participación
relativa de los grupos de 0 a 34 años y aumentará la de los grupos de 40 años y
más. Entre los primeros, es notable la disminución en importancia relativa de
los grupos de 0 a 19 años y entre los segundos, el incremento en importancia
relativa de los grupos de 44 a 49 y de 50 a 54 años. Es significativa también,
el alza en participación del grupo de 75 años y más. La participación relativa
del grupo de 35 a 39 años parece servir de eje en la rotación en contra de las
manecillas del reloj de la línea que vincula las diferentes alturas del por
ciento de participación de los distintos grupos de edad. Es particularmente
interesante observar la disminución relativa de los grupos de edad escolar
avanzada o universitaria (de 10.55 a 8.30 por ciento en el grupo de 15 a 19
años; de 8.52 a 7.51 por ciento en el grupo de 20 a 24 años), el incremento de
4.06 a 6.59 por ciento del grupo de 50 a 54 años y al alza de 2.89 a 4.37 por
ciento en el grupo de 75 años y más. (Tabla 5 y Gráfica 6).
·
La distribución relativa por sexo de la población experimentará
una significativa transformación durante el periodo sujeto a proyección, si
bien no se anticipa que haya cambios grandes al respecto en los grupos de 0 a
24 años: en las edades de 0 a 14 años predominaron en 1980 los varones por un
margen cercano al dos por ciento, lo cual se extenderá al grupo de 15 a 19 años
en el año 2000. Ahora bien, a partir del grupo de 20 a 24 años comienza a
predominar el grupo femenino en ambos años. Por una variedad de factores, entre
los cuales se destaca el fenómeno migratorio (que afecta en mayor proporción a
los varones que a la hembras) de 1980 al año 2000 aumentará significativamente
la participación femenina en los grupos de 25 a 44 años. En el grupo de 45 a 49
años, se observará poco cambio, pero en edades más avanzadas comenzará a
observarse una creciente acentuación del predominio femenino (asociado en este
caso con la tendencia de la mujer a tener una expectativa de vida mayor), que
culminará con una polarizada distribución del grupo de 75 años y más en el año
2000: hembras, 58.8 por ciento; varones, 41.1 por ciento. Dicha distribución
fue 54.2 y 45.8 por ciento, respectivamente, en 1980. Según estas proyecciones,
la diferencia máxima en participación relativa se dará en los grupos de edad
avanzada, pero no deja de ser significativo el hecho de que las mujeres
predominarán marcadamente entre los adultos jóvenes (los grupos de 20 a 44
años), que se consideran los de más alta productividad económica. Colocado en
el contexto de un país en el cual la participación de la mujer en la fuerza de
trabajo es sumamente baja, esta proyección adquiere un relieve crítico desde el
punto de vista de la política pública (Tabla 6 y Gráfica 7).
·
Previo al análisis del cambio que la Junta de Planificación
anticipa en la pirámide poblacional de la Isla, conviene examinar
comparativamente las tasas de crecimiento anual promedio que se anticipa
tendrán los diferentes grupos de edad y sexo durante el periodo del 1980 al año
2000. En el caso de los varones, los seis grupos en el renglón de 0 a 34 años
experimentarán tasas negativas; en el renglón de 35 años y más, la tasa de
crecimiento más alta se observará en el grupo de 50 a 54 años (3.02 por
ciento); y será vigorosa el alza en el grupo de 75 años y más (2.17 por
ciento). En el caso de las hembras, se observarán tasa de crecimiento positivas
a partir del grupo de 25 a 29 años, las cuales serán, como cabría esperar a la
luz de las observaciones anteriores, desde ligera hasta acentuadamente más
altas que las de los varones. La diferencia mayor se observará en el grupo de
64 a 69 años, que aumentará a un ritmo promedio de 0.82 por ciento entre los
varones en comparación con 2.28 por ciento entre las mujeres. De todos los
cohortes de edad, el que experimentará el alza más acentuada será el de las mujeres
de 75 años y más, que tendrá un alza promedio de 3.13 por ciento, más de cinco
veces mayor que la de la población en su totalidad. (Tabla 7 y Gráfica 8).
·
Una forma mucho más simple de examinar el crecimiento esperado
de los diferentes grupos de edad es señalando el número de personas que habrá
en cada cohorte en el año 2000 por cada 100 que había en 1980. Así, entre los
varones, se observa que el número resultante es inferior a 100 en todos los
grupos en el renglón de 0 a 34 años y mayor que 100 en todos los demás grupos.
La mayor disminución ocurrirá en el grupo de 10 a 14 años, en el cual habrá 89
varones por cada 100 en 1980, mientras que el mayor aumento se observará en el
grupo de 50 a 54 años, en el cual habrá 181 varones por cada 100 en 1980. En el
caso de las hembras, el número resultante es inferior a 100 en los grupos en el
renglón de 0 a 24 años y superior a 100 en los todos los demás. Es
significativo el hecho de que la cohorte femenina de 75 años y más registrará
un crecimiento casi igual al de la cohorte de 50 a 54 años: en ambos grupos
habrá 185 hembras por cada 100 en 1980. (Tabla 8 y Gráfica 9).
·
Las observaciones anteriores nos preparan para entender la
transformación que se anticipa en la pirámide poblacional de Puerto Rico. En
ambos sexos se reducen las cohortes de 0 a 19 años. En el caso de los varones
hay poca variación en las cohortes de adultos jóvenes (los grupos desde 20 a 24
años hasta 35 a 39 años); se robustecen substancialmente los grupos de 40 a 44
años hasta 60 a 64 años; crecen levemente las cohortes de 64 a 69 años y de 70
a 74 años; y, finalmente, se observa una expansión bastante significativa en el
grupo de 75 años y más. En el caso de las mujeres, hay poca variación en las
cohortes desde 20 a 24 años hasta 30 a 34 años; y aumentos substanciales en
todos los grupos de más de 34 años. La baja en la natalidad, la concentración
de la emigración en las edades jóvenes (con predominio de la emigración de
varones), al mayor longevidad de la población debido al mejoramiento de los
sistemas de salud y de la nutrición harán que la pirámide poblacional de Puerto
Rico se parezca cada vez más a la de los países altamente desarrollados,
contrario a lo que ocurría hace 30 o 40 años, cuando nuestro patrón de
distribución de la población por edad se asemejaba al de los actuales países
subdesarrollados. (Tabla 6 y Gráfica 10).
·
Un análisis de la distribución regional del crecimiento
poblacional esperado llevaría este trabajo más allá de límite prescrito, pero
una simple incursión en dicho terreno nos ilustra la variedad de tendencias que
podrían observarse a nivel regional. En efecto, la pirámide poblacional de la
ciudad de San Juan, ya de por sí debilitada en su base y fortalecida en la
cúspide durante las últimas décadas, sufrirá, por un lado, una significativa
erosión en las cohortes jóvenes de ambos sexos (desde 0 a 4 años hasta 30 a 34
años) y una expansión en la cúspide, particularmente en el caso de las mujeres
de 75 años y más. (Gráfica 11). De igual modo, es posible comparar la tasa de
crecimiento por edad de diferentes municipios y detectar patrones sumamente
variados: crecimiento muy acentuado de los grupos de 60 años y más en Bayamón
(del orden del 4 por ciento o más); disminución de casi todos los grupos de
edad en San Juan; crecimiento robusto de los grupos de edad adulta en Ponce
(aunque no a un ritmo tan acelerado como en Bayamón); acentuado crecimiento del
grupo de 50 a 54 años en San Germán; estabilización de los grupos de 60 a 64
años y de 65 a 69 años en Orocovis; crecimientos desde moderados hasta
drásticos en el grupo de 75 años y más en todos los municipios. (Grafica 12).
Cuando de
analiza con
cierta profundidad histórica el cambio en la participación relativa de la
población envejeciente, se observa en crecimiento muy lento de 1910 a 1930, en
alza algo más acelerada de 1930 a 1960, y en avance muy acelerado de 1960 a
1980. De 1980 al año 2000 se espera un crecimiento aún más acelerado,
particularmente en el caso de las hembras. En 1980, el 7.9 por ciento de la
población tenía 65 años y más, lo cual se elevará a 10.7 por ciento en el año
2000. Por la misma vena, la participación relativa de la población de 75 años y
más aumentará de 3.8 por ciento a 4.4 por ciento en el periodo de proyección.
En ambos grupos de edad, como desprende de las observaciones anteriores, será
más acelerado el crecimiento de la participación femenina. (Gráfica 13).
·
El documento World
Population Profile: 1985, preparado por el Negociado del Censo federal,
señala que en el año 2005 la proporción de la población de 65 años y más será
13.1 por ciento en Estados Unidos, 16.5
por ciento en Japón, 5.8 por ciento en Brasil, 4.6 por ciento en México,
y 4.2 por ciento en Filipinas. Según las proyecciones de población de la Junta
de Planificación, en ese año la proporción equivalente en Puerto Rico será de
11.7 por ciento. Esto confirma nuestra contención de que la Isla avanza hacia
un patrón de distribución por edad de la población cada vez más semejante al de
las economías altamente industrializadas. (Gráfica 14).
Implicaciones
económicas
La apretada
síntesis que hemos
presentado de la proyecciones de población de la Junta de Planificación sólo
pretende ser una introducción al vasto y complejo cuadro que las mismas
describen, al mismo tiempo que una invitación a la reflexión sobre las
implicaciones económicas de dicha prospección demográfica. A modo de ejemplo,
creo que algunas de éstas son las siguientes:
·
La disminución de la población escolar reducirá, en cierta
medida, la presión que actualmente sufre el sistema escolar de la Isla
(particularmente su fase pública) y dará mayor margen para el desarrollo de
programas que incrementen tanto la calidad de la enseñanza como la condición de
las facilidades educativas.
·
Los colegios y universidades de Puerto Rico experimentarán
reducciones en la demanda de los grupos de edad universitaria tradicional y se
verán obligados a atraer, cada vez con mayor intensidad, clientelas adultas no
tradicionales. Las universidades deberán orientar buena parte de sus
ofrecimientos al readiestramiento de adultos, que verán sus empleos en peligro
debido al continuo avance de la tecnología y a la rápida obsolescencia del
conocimiento. En forma cada vez más acentuada, éstas hallarán lucrativa y
socialmente válida la expansión de los programas diseñados para darle uso
creativo al tiempo libre y para aprovechar el cúmulo de experiencias y
conocimientos de la población envejeciente, buena parte de la cual consistirá
en personas retiradas con altas destrezas intelectuales y técnicas.
·
Un crecimiento menos acelerado de la población de 16 años y
más se traducirá en un menor crecimiento del grupo trabajador, lo que hará
menos penosa la ineludible prioridad del orden económico de Puerto Rico: la
reducción del desempleo. Sin ánimo de ser muy rigurosos, hemos desarrollado una
proyección del grupo trabajador, el empleo y el desempleo a base de las ya
discutidas proyecciones de población de la Junta de Planificación. Según este
ejercicio, para el año 2000, con una población 3,614,000 personas, la población
de 16 años y más será de 2,648,000, el grupo trabajador consistirá en 1,160,000
personas, de las cuales 1,044,000 estarán empleadas y 116,000 estarán
desempleadas. Es decir, el desempleo será de 10.0 por ciento y la participación
ascenderá 43.8 por ciento. Estas proyecciones se basan en la experiencia del
periodo de 1974 a 1987, durante el cual se han observado cuatro tendencias
seculares: alza en el empleo total y en la tasa de participación y disminución
en el desempleo total y en la tasa de desempleo. (Tabla 12). Evidentemente se
trata de una proyección optimista, en la cual predomina la impresión de la
firme expansión que ha experimentado nuestra economía en el último lustro.
·
Si bien por un lado la moderación del crecimiento del grupo
trabajador contribuirá a hacer menos angustiosa la lucha contra el desempleo
crónico, que en Puerto Rico golpea con más severidad a los jóvenes de escasas
destrezas técnicas o intelectuales, la considerable expansión de los adultos en
edades productivas, particularmente en las edades de 40 a 59 años, obligará a
los diseñadores de la política pública a desarrollar programas de
adiestramiento, readiestramiento y reorientación de carreras, ya que estos
grupos estarán más expuestos que las cohortes jóvenes al impacto del acelerado
cambio tecnológico. La competitividad internacional de Puerto Rico dependerá de
la capacidad que tengamos de renovar y ampliar el acervo de conocimiento de
nuestro grupo trabajador.
·
Una paradoja que plantea el mercado laboral de Puerto Rico es
la aún baja participación de la mujer en el grupo trabajador. Si en el futuro
se espera un crecimiento mucho más robusto de las cohortes femeninas y si
continúa el actual patrón que lleva a que predominen las mujeres en la
matrícula universitaria, cabe esperar que la tasa de participación femenina
comience a crecer aceleradamente. La disminución de la fertilidad, los
crecientes logros educativos de la mujer, la reducción de la brecha salarial
entre los hombres y las mujeres, y la gradual destrucción de las barreras sexistas
en el mercado de
trabajo son tendencias que se correlacionan, según lo demuestra la experiencia
de los países altamente industrializados, con un ascenso en la tasa de
participación laboral femenina. Aparentemente, existen aún en Puerto Rico fuertes
concepciones culturales (como la alta preferencia por el cuido maternal) que
han neutralizado el impacto de los factores económicos objetivos. Todavía en
1987 la tasa de participación femenina era de apenas 30 por ciento, en
comparación con 59.8 por ciento en el caso de los varones.
·
El diseño urbano, la
construcción de nuevas viviendas, los cambios en los sistemas de
transportación, el desarrollo de los centros comerciales e industriales tendrán
que responder eficazmente a la realidad de que una proporción creciente de la
población consistirá en personas de edad avanzada. Decididamente, la
infraestructura social, económica y tecnológica de Puerto Rico tendrá que
adaptarse a la realidad de una proporción cada vez más significativa de
personas de edad avanzada. No se tratará de una simple adaptación a un realidad
cambiante, sino de un fenómeno impulsado por el propio poder político y por la
considerable influencia en todos los planos de la sociedad del componente de
edad avanzada. Ya en Estados Unidos se ha observado un enorme impacto de las
organizaciones de retirados y envejecientes sobre el diseño de la política
pública.
·
Los patrones de gastos en bienes y servicios, el estilo de
consumo, las tendencias del ahorro y la inversión, es decir, toda la gama de
variables macroeconómicas, sufrirán el impacto del cambio en la composición por
edad de la población.
·
Los sistema de salud y los planes médicos tendrán que
reorientarse hacia la atención de una población cuyas necesidades de servicio
serán muy distintas a las de una población predominantemente joven.
En suma, una población
con una mayor
mediana de edad, con una expansión robusta de su componente de envejecientes,
le generará exigencias cada vez más intensas al sector público y, en
consecuencia, se vislumbrará como un problema potencial en muchos casos. Si
embargo, la prolongación de la esperanza de vida es el logro más grande que ha
alcanzado la sociedad puertorriqueña en este siglo. En la prolongación de la
vida de los ciudadanos se reflejan los logros educativos, económicos, sociales
y culturales alcanzados en la Isla. Se trata, pues, de un resultado que, al
mismo tiempo que confirma del éxito del desarrollo económico, constituye un
nuevo reto, tal vez más formidable que las enfermedades endémicas y la
desnutrición, para los forjadores de la política pública.
No menos formidable es el reto que
plantea el cambio tecnológico a un grupo trabajador altamente expuesto a la
dinámica de una economía abierta, que responde con gran elasticidad a las
transformaciones estructurales de la economía global. Será necesario renovar el
acervo de conocimiento de los trabajadores de edad madura, acelerar la
asimilación de tecnología nueva en los grupos de edad escolar y universitaria
(particularmente en lo que respecta al uso de las computadoras en los centros
de trabajo) e integrar a la población envejeciente al tejido social, de manera
que se aproveche el gran cúmulo de conocimiento de esta última.
No hay manera alguna de optimizar el
aprovechamiento del capital humano de Puerto Rico si no se integra el forma
acelerada y creciente a la mujer al grupo trabajador. Es inconcebible que una
sociedad invierta sumas inauditas de dinero en el desarrollo y formación de
capital humano y luego vea a una proporción considerable de dichas personas en
el ejercicio de tareas que son dignas desde el punto de vista de la integración
social, pero que de haber una adecuada provisión de sistemas de cuidado diurno
podrían ser realizadas por personas especializadas en dicho trato. Así, la mujer
podría desastar a plenitud el enorme potencial productivo que el sistema
educativo ha acumulado en ellas y que es tan necesario para incrementar la
productividad y la competitividad internacional de Puerto Rico.
En fin, la planificación económica y social
de Puerto Rico debe responder en forma cuidadosa y sistemática al poderoso reto
que plantea el anticipado cambio en la estructura de edad de la población. No
cabe la menor duda de que la Junta de Planificación ha iluminado el camino
hacia el futuro de Puerto Rico al desarrollar este cuadro de proyecciones
demográficas.
TABLA
NUM. 1
SUPUESTOS BÁSICOS DE LA
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DE LA JUNTA DE
PLANIFICACIÓN
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Tasa bruta de
natalidad
promedio
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Promedio de hijos
por
mujer
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Tasa bruta de
mortalidad
promedio
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Migración neta
promedio anual
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Las tasas y promedios son por cada mil
habitantes.
Fuente: Junta de Planificación, Junta
de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio:
1980-2005,
Apéndice IV, Pág. A-17.
GRÁFICA
1

TABLA
NÚM. 2
IMPLICACIONES
DE LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DE LA
JUNTA DE PLANIFICACIÓN
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Tasa de
crecimiento
real promedio
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Población
de 16 años
y más
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Población
de edad
escolar
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Los por
cientos son
respecto a la población total al final del periodo.
Fuente: Junta
de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio:
1980-2005,
Apéndice IV, Pág. A-17.
GRÁFICA
2

TABLA
NÚM. 3
PROYECCIÓN
DE POBLACIÓN POR SEXO
Fuente:
Junta de Planificación, Proyecciones de población por
edad, sexo y municipio: 1980-2005,
Apéndice IV, Pág. 11.
GRÁFICA
3
TABLA
NÚM. 4
MEDIANA
DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE PUERTO RICO
VARONES
Y HEMBRAS: 1960 A 1980 Y PROYECCIÓN AL 2000
Fuente:
Junta de
Planificación, Oficina del Censo, Carta
Informativa, Núm. 14, Agosto de 1987
GRÁFICA
4

TABLA
NÚM. 5
PARTICIPACIÓN
RELATIVA DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD
Fuente:
Junta de Planificación, Proyecciones de población por
edad, sexo y municipio: 1980-2005,
Apéndice IV, Pág. 11.
GRÁFICA
6

TABLA
NÚM. 6
DISTRIBUCIÓN
ABSOLUTA Y RELATIVA DE
LA POBLACIÓN
POR
SEXO
Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio: 1980-2005,
Apéndice IV, Pág. 11.
GRÁFICA
7

TABLA
NÚM. 7
TASAS
DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO
DE
LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD, POR SEXO
1980
A 2000
GRÁFICA
8

TABLA
NÚM. 8
PERSONAS
EN EL AÑO 2000 POR CADA 100 EN 1980
GRÁFICA
8

GRÁFICA
9

TABLA
NÚM. 9
TASAS
DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE UN CONJUNTO
DE
MUNICIPIOS SELECCIONADOS
AMBOS
SEXOS: 1980 A 2000
Fuente: Junta
de Planificación, Proyecciones de población por edad, sexo y municipio:
1980-2005
GRÁFICA
12

TABLA
NÚM. 10
PARTICIPACIÓN
RELATIVA DE LA POBLACIÓN ENVEJECIENTE
DE 65
AÑOS Y MÁS Y DE 75 AÑOS Y MÁS
VARONES
Y HEMBRAS, 1910-1980 Y PROYECCIÓN PAR 2000
Fuente:
Junta de
Planificación, Oficina del Censo, Carta
Informativa, Agosto de 1987, Págs. 6-7.
GRÁFICA
13

TABLA
NÚM. 11
PROPORCIÓN
DE LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS
PROYECTADA
AL 2005 EN VARIOS PAÍSES
|
PROPORCIÓN
DE 65 AÑOS Y MÁS
(%)
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Fuente:
Negociado del
Censo Federal, World Population Profile:
1985
GRÁFICA
14

TABLA
NÚM. 12
PROYECCIÓN
DEL GRUPO TRABAJADOR, EL EMPLEO TOTAL
Y EL
NÚMERO DE DESEMPLEADOS A BASE DE LAS
PROYECCIONES
DE POBLACIÓN
(En
miles)
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PROBLA-
CIÓN
16 AÑOS Y MÁS
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Fuente: Junta de
Planificación, Informe Económico al
Gobernador, 1987. Las proyecciones del grupo trabajador, el empleo y el
desempleo (que hoy en día lucen sumamente conservadoras si se comparan con la
realidad
histórica) se desarrollaron a base de los datos del periodo de 1974 a 1987.
BANCA
Y FINANZAS EN PUERTO
RICO:
PRIMER
TRIMESTRE DE 1991
Introducción
Por lo regular, la
actividad bancaria y financiera se mueve en la misma dirección que la actividad
macroeconómica o agregada. Tan pronto las instituciones financieras perciben
que la actividad económica está desacelerándose o va en declive comienzan a
restringir el crédito y a reorientar su cartera de activos hacia instrumentos
de alta calidad y bajo riesgo como lo son los bonos de largo plazo del Tesoro
de Estados Unidos. Se requieren grandes esfuerzos por parte de las autoridades
monetarias (reducción de los requisitos de reserva de la tasa de fondos
federales y operaciones de mercado abierto que inducen bajas en las tasas de
interés a corto plazo) para contrarrestar el carácter procíclico del sector
bancario. En vista de que la recesión tiende a contraer las expectativas de
ganancia de las empresas es necesario reducir los costos de financiamiento
(mediante tasas de interés más bajas) para inducir un flujo adecuado de
inversión que reactive la economía y la saque de la recesión.
Situación
actual de la economía
En vista de que desde
principios de agosto se están sintiendo en la Isla los impactos de la crisis
del Golfo Pérsico (por vía de mayores costos del petróleo, la energía
eléctrica, el gas licuado y la gasolina) tanto la situación económica general
como el desempeño del sector bancario y financiero en particular se ha
desempeñado mucho mejor de lo esperado durante el primer trimestre del año
fiscal 1991 (julio a septiembre de 1990).
En cuanto a la actividad económica
agregada los siguientes indicadores reflejan una panorama esencialmente
positivo:
·
El empleo total tuvo un promedio de 921,300, un alza de 1.2
por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Una comparación
similar revela los siguientes cambios en el mercado laboral: una reducción de
4.3 en el número de desempleados y de 0.7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo
(de 15.2 por ciento a 14.5 por ciento); y alzas en el empleo de todos los
sectores industriales, con la excepción de la agricultura y la administración
pública.
·
La producción de energía eléctrica aumentó 8.3 por ciento si
se compara con el mismo trimestre del año anterior (que por supuesto estuvo
afectado por el paso del Huracán Hugo) y 7.3 por ciento con respecto al primer
trimestre del año fiscal 1988. De hecho, la energía eléctrica producida durante
el trimestre constituyó un máximo o ¨peak¨histórico.
·
Los ingresos netos del Fondo General aumentaron 10.5 por
ciento. Dentro de éstos, se registraron sólidos aumentos en las contribuciones
de individuos (21.8 por ciento) y corporaciones (12.2 por ciento) y en la
recaudación por concepto de arbitrios (20.6 por ciento).
·
El Índice de Precios al Consumidor para Todas las Familias
aumentó 6.4 por ciento, un alza que vino a ser 2.4 puntos porcentuales mayor
que la observada durante el año fiscal 1990. Como cabría esperar, los
componentes que más incremento mostraron durante el trimestre fueron los de
transportación (11.2 por ciento) y comidas y bebidas (8.6 por ciento).
La
banca comercial
Durante
el año fiscal 1990 los activos de la banca comercial
tuvieron un alza muy modesta (2.7 por ciento) si bien el componente de
préstamos netos, el más importante desde el punto de vista de la dinámica de la
actividad económica, tuvo un alza algo mayor (8.5 por ciento). En cambio, el
aumento de la inversión en bonos y otros
instrumentos financieros fue de 23.8 por ciento. En ese año, dentro de los
pasivos totales, los depósitos aumentaron 6.6 por ciento, pero el componente de
depósitos 936, el más decisivo para la economía como un todo, tuvo una
reducción de 1.3 por ciento. La actividad prestataria registró incrementos en
los préstamos de bienes raíces (21.5 por ciento), comerciales e industriales
(12.0 por ciento) y agrícolas (12.4 por ciento) que sirvieron de contrapeso a
una baja de 2.3 por ciento en los préstamos a individuos. Como puede
apreciarse, con excepción del renglón de préstamos de bienes raíces, la
actividad prestataria sigue siendo significativa, pero creció mucho menos que
la inversión en instrumentos financieros de alta calidad.
Ahora
bien, si los bancos estuvieran anticipando una recesión, las estadísticas
correspondientes al primer trimestre del año fiscal 1991 deberían reflejar un
incremento aún mayor en la inversión en bonos y otros instrumentos financieros,
una desaceleración en los préstamos netos e incrementos mucho menores en el
volumen de la actividad prestataria sectorial. No obstante, la realidad es que
los activos totales crecieron 11.5 por ciento, impulsados por un alza de 24.5
por ciento en las inversiones en bonos y otros instrumentos financieros y por
un crecimiento de 15.5 por ciento en los préstamos netos. Dos desarrollos muy
alentadores fueron los aumentos de 13.5 por ciento en los depósitos totales y
de 5.8 por ciento en los depósitos de fondos 936 y la fortaleza de la actividad
prestataria sectorial, que registró las siguientes alzas: bienes raíces (40.3
por ciento), comerciales e industriales (12.8 por ciento), agrícolas (11.0 por
ciento) y a individuos (3.1 por ciento). A todas luces, la banca comercial
sigue mostrando gran fe en las perspectivas de crecimiento global y sectorial
de la economía de Puerto Rico, aunque sigue predominando el patrón de que las
inversiones de bonos y obligaciones de alta calidad y bajo riesgo crezcan más
que la actividad prestataria en general, con la notable excepción de los
préstamos de bienes raíces, que tuvieron un alza desproporcionada en el
trimestre bajo análisis.
El
mercado de fondos 936
Los
estudios que se han hecho del mercado de fondos 936, el
más riguroso de los cuales es el que realizó recientemente la firma Horst & Associates para
la Administración
de Fomento Económico y el banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
(BGF), titulado The Market for 936 Funds y publicado en mayo de 1990, describen
los efectos positivos que dicho mercado ha traído a la Isla, a saber:
·
La obtención de fondos 936 a tasas de interés entre uno y dos
puntos porcentuales más bajas que tasas de interés comparables en Estados
Unidos y Europa.
·
Los bancos que operan en la Isla han logrado transferir su
costo más bajo en lo que respecta a la obtención de fondos 936 a sus clientes
(consumidores y negocios).
·
Las instituciones de Puerto Rico cuyos bonos y otras
obligaciones son adquiridos directamente por las corporaciones 936 están
pagando tasas de interés también entre uno y dos puntos porcentuales más bajas
que las que afrontan instituciones similares en Estados Unidos.
Sin
duda, tales ventajas competitivas del mercado financiero de Puerto Rico podrían
contribuir a hacer menos severa y más corta una recesión en la Isla.
Ahora
bien, en vista de que el riesgo de recesión en Puerto Rico sigue aumentando,
máxime ahora que se entiende que la recesión ya se desató en Estados Unidos, es
pertinente discutir un informe que preparó recientemente la Oficina de Análisis
y Estudios Económicos del BGF, en el cual se llegó a las siguientes
conclusiones en lo que respecta a los impactos que tendría una recesión en
Estados Unidos y Puerto Rico sobre el mercado de fondos 936:
Se
reducirían los márgenes de ganancia de las corporaciones 936 debido a la
contracción de las ventas de éstas en los Estados Unidos y en los mercados
mundiales. Conviene señalar, no obstante, que el principal componente de las
firmas 936 ubicadas en Puerto Rico—la industria farmacéutica—es menos sensitiva
a los ciclos económicos que la industria manufacturera en general, ya que la
demanda de medicinas suele ser esencialmente inelástica con respecto a cambios
en los precios de éstas. Otro factor a favor de la industria farmacéutica es el
hecho de que sus gastos energéticos representan un bajo por ciento de sus
gastos totales.
El
nivel de inversión en la expansión de plantas de las firmas 936 tenderá a
decrecer. En consecuencia, la firmas 936 propenderán a aumentar su liquidez,
con miras a reducir el riesgo de inversión. En la medida en que el mercado de
fondos 936 es una de las mejores alternativas de inversión financiera de corto
plazo para los fondos líquidos, cabe esperar que aumente el volumen de fondos
936, particularmente el componente de depósitos en bancos comerciales. En la
actualidad la banca comercial tiene un volumen de depósitos 936 montante a $6.6
billones, que constituye más de la mitad de las inversiones financieras de las
corporaciones 936 en Puerto Rico.
La
contrapartida a la anterior tendencia podría ser que, como resultado de la
recesión, se reduzcan las tasas de interés a corto plazo (como base de una
política antirecesionaria de la Reserva Federal, aumente el incentivo a la
inversión directa en planta y equipo y por tanto se reduzca el atractivo para
colocar depósitos 936 en la banca comercial. El efecto neto de ambas tendencias
seguramente será favorable para el mercado de fondos 936 debido a que, en
promedio, se preferirá un rendimiento más bajo pero más seguro en inversiones
indirectas o financieras a un rendimiento probablemente más alto pero riesgoso
en inversiones directas.
Se
reducirá el volumen de actividad elegible—bonos AFICA, hipotecas GNMA,
obligaciones del gobierno de Puerto Rico, etc—generado por las instituciones y
cambiará la estructura de la actividad elegible. No obstante, los altos niveles
de actividad elegible excesiva que se observan en la actualidad evitarán que se
produzca una reducción en la demanda de fondos. Conviene recordar que la oferta
total de fondos 936 son las ganancias acumuladas no repatriadas de las
corporaciones 936, mientras que la demanda de fondos 936 proviene de los bancos
y otras instituciones financieras cuyos pagos de intereses cualifican para
exención de las contribuciones federales y estatales.
En
Puerto Rico, las instituciones de ahorro y préstamos están sintiendo la presión
de la nueva reglamentación federal (encabezada por la Ley Garn-St. German de
1982), que ha generado una
competencia feroz entre las instituciones bancarias, así como de una expansión
hasta cierto punto excesiva y poca planificada durante el periodo de 1984 a
1990. En cambio, como ya se ha señalado, la banca comercial está en mucho mejor
posición que las instituciones de ahorro y préstamos, las cuales a su vez, no
empece a sus dificultades al nivel local, no han tenido la desastrosa
experiencia de sus homólogas en Estados Unidos. Tal vez el punto más vulnerable
de las instituciones financieras de Puerto Rico sea el alto crecimiento que ha
experimentado durante los últimos años su cartera de préstamos de bienes raíces
y a individuos, lo cual ha incrementado el nivel de riesgo de la industria en
su conjunto. Como hemos visto, durante el último año fiscal y en lo que va del
año fiscal 1991, se acentuó el crecimiento de los préstamos de bienes raíces
realizados por la banca comercial, si bien se ha controlado la expansión del
crédito extendido a los consumidores.
Conclusión
La
situación actual de la banca y las finanzas de Puerto Rico es sólida y estable.
Los indicadores financieros correspondientes al primer trimestre del año fiscal
1991 reflejan que la banca comercial mantiene una actividad prestataria más
vigorosa que la que se observó, en promedio, durante el año fiscal 1990,
particularmente en lo que respecta a préstamos de bienes raíces. La existencia
del mercado de fondos 936 constituye una gran ventaja competitiva para los
inversionistas de Puerto Rico, ya que éstos pueden obtener fondos a tasas de
interés más bajas que en otras jurisdicciones de Estados Unidos y Europa. Tal
situación podría ser una factor que contribuyera a hacer menos severa y más
corta una recesión en la Isla. Si ocurriera una recesión en Estados Unidos y
Puerto Rico, las firmas 936 tenderían a moverse a una cartera de inversiones
más líquidas, lo cual significaría un aumento de volumen de fondos 936. No obstante,
como resultado de la recesión, podría reducirse el nivel de la actividad
elegible, si bien la existencia de actividad elegible excesiva evitaría una
reducción en la demanda de fondos 936.
NOTA
Este trabajo se sometió el 16 de noviembre
de 1990 al
Consejo de Desarrollo Estratégico del Gobernador, como parte de una evaluación
de la coyuntura general de la economía de Puerto Rico y de sus principales
sectores productivos.
LAS
BARRERAS TARIFARIAS: ÚLTIMA LÍNEA
DE DEFENSA DEL PROTECCIONISMO
Las Rondas Kennedy, las negociaciones maratónicas que se iniciaron en 1962, duraron
cerca de cinco años y llevaron a la reducción de las tarifas de cerca de 5,000
grupos de productos. Fué en esta ronda de negociaciones que se reconoció por
primera vez cuán amplias y significativas eran las barreras no tarifas como
elementos restrictivos del comercio internacional. Más tarde en las Rondas de
Tokio , celebradas en 1973, las negociaciones multilaterales lograron acuerdos
para reducir aún más las tarifas y se discutieron más a fondo estrategias para
reducir o eliminar las barreras no tarifarias y coordinar la liberalización
integral del comercio mundial.
Las tarifas son impuestos a las importaciones
con el
propósito de reducir éstas y proteger las industrias domésticas y los mercados
laborales de la competencia extranjera. En ocasiones, benefician a las
industrias protegidas a expensas del público en general. En otras ocasiones,
constituyen metodos legítimos para proteger a industrias incipientes o para
darle apoyo a industrias nacionales de alto valor estratégico y que se
consideran parte integral, imprescindible de la estructura económica nacional.
Las barreras no tarifarias consisten de
una diversidad de
prácticas orientadas al mismo propósito que las tarifas. Las variantes más
comunes son las siguientes : cuotas de importación, subsidios a las
exportaciones, procedimientos de aduana onerosos y restrictivos, requisitos de
colocación de etiquetas y otros medios de identificación de los productos ,
trato preferencial a los productos locales, sistemas de inspección sanitaria y
de seguridad de los productos excesivamente estrictos y otras formas de control
administrativo y burocrático del comercio exterior.
EL extraordinario auge que han tomado los
procesos de
integración económica en años recientes , encabezado por las complejas
negociaciones del proyecto Europa 1992 y cuya expresión más reciente son las
negociaciones para establecer el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte
(entre México , Estados Unidos y Canadá), ha puesto en evidencia cuan fuerte
sigue siendo la presencia de las barreras no tarifarias. En Europa las
negociaciones de integración económica han tenido que lidiar con una
multiplicidad de elementos no tarifarios : restricciones a la mobilidad de
factores de producción, ausencia de uniformidad en las normas que rigen la
producción y venta de productos, restricciones al paso de transporte en las
fronteras , y barreras jurídicas, fiscales y administrativas diversas. De igual
modo, en las negociaciones entre México,
Estados Unidos y Canadá se han discutido aspectos diversos de la
filosofía proteccionista que aún persiste en el país azteca : las licencias de
importación, cambios constantes en los requisitos de importación, cambios continuos
en los procedimientos de
compra de las empresas estatales y variaciones en las reglas de repartición de
ganancias.
El aumento en la eficiencia económica en
la producción de
bienes y servicios y el el fortalecimiento de la competitividad en el comercio
internacional son metas universalmente aceptadas, cuya hegemonía ha puesto en
un segundo plano a la vieja ideología proteccionista . No es extrano, pues, que
todos los países del mundo se hayan visto obligados a reevaluar el rol de las
barreras tarifarias y no tarifarias con miras a distinguir aquellas que son
auténticas medidas de protección de industrias de alto valor estratégico y de
interés fundamental para mantener la integridad económica del país y aquellas
que son esencialmente obstáculos físicos o administrativos al libre comercio .
En última instancia, la regulación del comercio
exterior, su
canalización hacia los mejores intereses de país que lo practica, es el arte
del balance entre los costos y los beneficos cuya práctica puede o no estar
regida por dogmas, ya sean proteccionistas o "librecambistas". La
cooperación económica, la agilización del movimiento internacional de recursos
humanos, capital y tecnología , el aumento de la eficiencia y la competencia y
el legítimo aprovechamiento de las ventajas competitivas dinámicas de cada país
son los estilos de convivencia en la nueva economía globalizada. Cada país
tiene que juzgar, a veces con penosa precisión, cuál debe ser el balance entre
el libre comercio y el sano desarollo del mercado doméstico.
REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL Y
COMPETITIVIDAD:
LOS TÉRMINOS DE UN DEBATE
Introducción
En la literatura sobre los aspectos
económicos de los recursos naturales y el ambiente predominaba hasta hace poco
la noción de que la reglamentación ambiental conlleva costos significativos,
reduce el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, restringe la
capacidad de las firmas nacionales para competir en los mercados
internacionales.
Según tal línea de argumentación,
la
pérdida de competitividad se refleja en la reducción de las exportaciones y
el aumento en las importaciones, e
induce la fuga de empresas nacionales hacia países en via de desarrollo, en los
cuales la reglamentación ambiental es más laxa.
En otras palabras, existe un
intercambio fijo e inherente entre la protección ambiental y la producción
económica: para lograr la primera es inevitable el deterioro de la
segunda.
No obstante, a principios de esta
década, un grupo de analistas lanzó un reto a la teoría vigente al postular que
la reglamentación ambiental puede tener un impacto favorable en la competividad
nacional. En la medida en que las firmas privadas y la economía como un todo,
bajo la obligación de cumplir con normas más estrictas, se tornan más
eficientes en el uso de los recursos (especialmente de los recursos naturales y
de la energía), se enriquece la productividad de los recursos y de las firmas
nacionales, y por ende el país como un todo mejora su capacidad para competir al
nivel internacional.
En este breve ensayo, se describe
el
perfil general del debate en torno a la relaci'on entre la reglamentacion
ambiental y la competitividad, con animo de sentar las bases para un analisis
futuro del tema al la luz de la experiencia particular de Puerto Rico.
La evidencia empírica
La prueba de fuego para una teoría
es
la confrontación con los hechos empíricos. Una teoría o hipótesis no sometida a
prueba puede sobrevivir en la sabiduría convencional o paradigma científico vigente
por mucho tiempo, siempre y cuando guarde correspondencia lógica con las
teorías ya sometidas al escrutinio de los datos, pero tarde o temprano tiene
que responder al reto de la realidad, particularmente cuando sus bases mismas
son desafiadas por hipótesis alternativas.
La realidad es que los exponentes
de
la teoría de intercambio entre la reglamentación ambiental y la competitividad
nunca lograron presentar evidencia sólida de que la reglamentación ambiental
tiene un efecto adverso significativo sobre la competitividad.
En un resumen de la literatura
empírica sobre el tema que se publicó en Journal
of Economic Literature[24], se llegó a las siguiente conclusión al
respecto:
"
Si bien los costos a largo plazo de la reglamentación ambiental pueden ser
significativos, incluyendo efectos adversos sobre la productividad, los
estudios que han intentado medir los efectos de la reglamentación ambiental
sobre las exportaciones netas, los flujos internacionales de mercancías y las
decisiones de localización de plantas han producido estimados que son ya sea
muy pequeños, estadísticamente no significativos o no lo suficientemente
robustos para verificar las especificaciones de los modelos".[25]
Hay razones para pensar que aún queda
mucho por hacer en esta investigación. Es necesario superar las limitaciones
cuantitativas y cualititativas de los datos, aumentar la proporción de las
compañías que informan sobre sus operaciones a las agencias reguladoras y
reconciliar las acentuadas diferencias internacionales respecto al alcance de
las normas de protección ambiental.
De igual modo, es posible que, no
empece a las discrepancias en
reglamentación entre los países industrializados y los países en desarrollo,
las firmas multinacionales prefieran establecer operaciones de alta eficiencia
en cualquier sitio en que se establezcan, con miras a mantener una imagen de
excelencia y de compatibilidad con las plantas establecidas en los países
industrializados, al mismo tiempo que las firmas de los países en desarrollo
prefieran establecer criterios más estrictos que los requeridos en el país en
cuestión, con la idea de mejorar su potencial de exportación y evitar los
costos de cumplir con reglas que se puedan trazar en el futuro.
Así, la conjunción de las dos
tendencias anteriores podría explicar la ausencia de evidencia contundente
sobre la fuga de empresas hacia países con reglas ambientales menos estrictas.
La hipótesis de Porter
La implacable máxima de Aristóteles,
en el sentido de que la naturaleza odia el vacío, obró para que a principios de
esta década un grupo de analistas, encabezado por Michael Porter, adelantara la
hipótesis alternativa de que la reglamentación mas bien estimula el crecimiento
económico y la competitividad.
Los
argumentos centrales de esta nueva
hipótesis son los siguientes:
1. En la medida en que las compañías
operan en el mundo real, sujetas a una intensa competencia, se ven obligadas a
buscar soluciones innovadoras a los nuevos problemas que plantean los
competidores, los clientes y las agencias reguladoras.
2. Si las normas ambientales se
diseñan apropiadamente, como ha ocurrido en algunos países altamente
industrializados, éstas pueden inducir el desarrollo de innovaciones que
reduzcan los costos de producción. Se trata de innovaciones que lleven a usar
los recursos más productivamente-desde
las materias primas hasta la fuerza laboral y la energía-, lo cual puede
generar ahorros que sobrepasen con creces los costos de implantar las normas
ambientales.
3. A la larga, no sólo se logra una
mejora en la calidad del ambiente, sino que disminuyen los costos de
producción, aumenta la calidad de los productos y se fortalece la
competitividad global de las empresas y del país en general.
Desafortunadamente, hasta ahora la
evidencia empírica citada por los partidarios de la hipótesis alternativa es
predominantemente anecdótica. Se alude a tecnologías diversas como los
convertidores catalíticos, las técnicas de cultivo de la industria de flores
danesa, y a la relación directa entre el aumento en los costos de cumplir con
la reglamentación ambiental y el aumento en las patentes de tecnologías
orientadas a ese propósito.
El único caso que se conoce de un
estudio emprendido para corroborar la tesis de Porter no logró demostrar una
relación de causa y efecto entre la reglamentación y el desempeno económico,
aunque presentó evidencia de que hay una asociación moderada, y
consistentemente positiva, entre el ambientalismo y el crecimiento económico, y
de que la búsqueda de la calidad ambiental no es un obstáculo para el
crecimiento y el desarrollo económicos.[26]
Implicaciones del debate
Independientemente de cuál de las
dos
hipótesis en conflicto logre desarrollar las mejores evidencias empíricas en el
futuro, el debate sobre este tema ha ayudado a mirar desde un ángulo más
benévolo e imaginativo la función de reglamentación ambiental dentro del
contexto de una estrategia amplia para promover la competitividad nacional.
Se pueden enunciar varios postulados
que podrían ser apoyados sin mucha vacilación por los partidarios ambas
hipótesis en conflicto:
1. La reglamentacion debe ser
estricta, pero al mismo tiempo debe estimular el desarrollo de soluciones
creativas, obtenidas mediante la investigación y la experimentación con nuevas
tecnologías.
2. Las exigencias de calidad ambiental
(reducción de emisiones, control de ruido, tratamiento de desperdicios sólidos,
etc.) deben orientarse a la prevención, dar flexibilidad en lo que respecta a
las tecnologías para cumplir con ellas y establecer fechas de cumplimiento
realistas, amoldadas a la capacidad de financiamiento de las empresas.
3. Los grupos ambientalistas deben
ser
integrados a los esfuerzos para definir los fundamentos de la competitividad
nacional, de manera que no sólo contribuyan al diseño de reglas ambientales
correctas, sino que ayuden en los esfuerzos de comunicarle al público en
general la importancia de una política ambiental innovadora y dinámica.
4. Es imperativo desmontar el clima
de
tensión y antagonismo que suele caracterizar las relaciones entre los
reguladores gubernamentales, las empresas productivas y los grupos
ambientalistas, y reemplazarlo por un red de mutuo apoyo en la cual el
principio de la ventaja competitiva nacional sea la meta que oriente las
decisiones y acciones de dichos tres componentes.
Comentario final
Como bien señala Michael Porter[27], el nuevo paradigma de la economía
global, que afirma que las naciones y compañías más competitivas no son
aquellas que tienen acceso a los insumos productivos más baratos sino las que
emplean las tecnologías y métodos más avanzados en el aprovechamiento de sus
insumos, ha traído a una misma escena el mejoramiento ambiental y la
competitividad.
En la coyuntura histórica en que se
encuentra Puerto Rico en la actualidad, cuando las circunstancias externas
obligan a una evaluación del futuro de cada uno de los aspectos de la la
capacidad competitiva de la Isla (la educación, la infraestructura, el sistema
contributivo, las base tecnológica y el orden social) el estudio de la relación
entre la evolución y estructura actual de la reglamentación ambiental ( en sus
dos dimensiones: federal y estatal) y el desempeño de la economía,
especialmente del sector manufacturero, se torna imperativo.
Sin duda, del análisis cuidadoso del
debate
de la ecología vs. la economía, cuyos perfiles generales se han reseñado en
este trabajo, pueden surgir guías muy valiosas para evaluar las formas en que
Puerto Rico pueda lograr un desarrollo económico sustentable, es decir, que
armonice el avance de la producción y el empleo agregados con la protección
ambiental, en un marco en que se fortalezca la competitividad internacional de
la Isla.
LA
PRIVATIZACIÓN: CONCEPTOS Y
PERSPECTIVAS
Introducción
La
privatización es la transferencia de activos o de funciones
de servicio que son de propiedad pública o están bajo el control del sector
público al sector privado, con miras a satisfacer más plenamente las señales y
direcciones que emiten las fuerzas del mercado y reducir el alcance e
intensidad del papel del gobierno en la provisión y/o producción de bienes y servicios.
El
término privatización se usa para
catalogar una amplia variedad de políticas y estrategias que adquieren perfiles
y orientaciones distintas en cada país que son adoptadas. Las acciones de
privatización van desde la simple introducción de características competitivas
en la gestión pública hasta la venta de las empresas públicas. Estas políticas
se emplearon con intensidad creciente y a escala global durante la década de
los 80 y, según expresan John Naisbitt y Patricia Aburdene, en su reciente
libro Megatrends 2000, serán una de
las diez megatendencias de la década de los 90.
Objetivos
de la
privatización
Para
entender plenamente las diferentes estrategias de
privatización que se pueden emplear, es importante analizar los objetivos
particulares que buscan los gobiernos mediante esta política, algunos de los
cuales son los siguientes:
·
Mejorar el desempeño económico de los activos o funciones de
servicio concernidos. Se busca reducir los costos de producción, acelerar los
procesos de innovación y el tiempo de entrega de los bienes y servicios en
cuestión.
·
Mejorar la eficacia en la provisión y distribución de bienes y
servicios, de manera que se logren los objetivos perseguidos y se beneficie a
los grupos que realmente necesitan los bienes y servicios.
·
Reducir el gasto público, las contribuciones y los niveles de
endeudamiento del gobierno.
·
Generar ingresos para el financiamiento de programas de
infraestructura y para el mejoramiento del servicio público.
·
Promover el desarrollo de la actividad empresarial y la
iniciativa privada en la solución de los problemas sociales y económicos.
Bienes
públicos y
privados
En
la mayoría de los países, los bienes y servicios públicos o
colectivos, tales como la defensa nacional, la administración del orden y la
justicia y la iluminación de las vías públicas han sido siempre provistos por
el estado. Aquellos bienes y servicios que no pueden ser negados a un individuo
sin negárselos a toda la población deben
ser provistos colectivamente, ya que una empresa privada que los proveyera no
podría obligar a la comunidad como un todo a que le pagara, ni tampoco podría
evitar que alguien que no pague disfrute de los mismos.
Una
empresa privada, orientada al lucro, puede producir un bien o servicio público
si logra excluir a los beneficiarios potenciales del disfrute del mismo,
garantizando acceso al bien o servicio sólo a aquellos consumidores que estén
dispuestos a pagar un cargo o precio dado.
El problema
es que en muchos países los gobiernos han ido mucho más allá de la provisión de
bienes y servicios públicos y han invertido en la producción y distribución de
una gran variedad de bienes y servicios mediante la asignación de recursos
públicos y la creación de organizaciones bajo el auspicio del gobierno. Los
bienes privados son aquellos como los alimentos, la vestimenta y el cuidado
médico, cuyo consumo por una persona hace imposible que otra persona disfrute
de la misma unidad. Cuando tales bienes son provistos por el estado, existe la
posibilidad de que la calidad y la cantidad de los mismos puedan ser mejoradas
mediante el traspaso de dichas actividades productivas al sector privado.
Trasfondo
histórico
La
discusión sobre el concepto de privatización se remonta a
los tiempos de Adam Smith, quien en su obra clásica La riqueza de las naciones
usó el análisis económico para
justificar la privatización de las tierras que eran propiedad de la corona en
los países europeos. Smith observó que la productividad de dichas tierras era
sólo cerca del 25 por ciento de la que se obtenía en tierras privadas y
atribuyó tal diferencia a hecho de que los propietarios privados tenían más
incentivo que el soberano para enaltecer el valor de sus propiedades mediante el
cuidado y mantenimiento, la innovación y la eliminación de desperdicios. En
consecuencia, Smith recomendó la venta de las propiedades de la corona como
medida para mejorar la productividad de la tierra y para recaudar fondos para
reducir la deuda de los gobiernos monárquicos de Europa.
Métodos
o técnicas de
privatización
Los
métodos o técnicas de privatización son múltiples y variadas. Los principales
procesos que se usan en la actualidad son los siguientes:
·
Las forma más extrema de privatización es lo que en inglés se
conoce como ¨divestiture¨ o venta total y la liquidación, que eliminan o
reducen significativamente el papel del gobierno ya sea en la provisión o en
la producción, lo
cual deja las decisiones fundamentales en manos del sector privado. Usualmente,
lo que ocurre es un proceso de subasta en el que las empresas del sector
privado, bien sea locales o extranjeras, cotizan para la compra de los activos
tangibles e intangibles de alguna entidad estatal. Un alternativa es llevar a
cabo una venta parcial de la empresa, cuando por razones de interés público no
conviene transferir la totalidad de la empresa pública al sector privado. En
ocasiones se han ensayado la venta de acciones de la empresa público al público
en general y la venta de una organización o firma constituida por los empleados
de la propia empresa. Una alternativa a la venta es el arrendamiento o el uso
de contratos de gerencia privada para fortalecer empresas cuya operaciones
ineficiente. En casos en que la empresa tiene una posición monopolística, la
venta al sector privado obliga al gobierno a ejercer una función reglamentadora
para garantizar la protección del sector público en términos de las estructuras
tarifarias, la calidad y variedad del producto o servicio y los intereses de
los trabajadores de la empresa.
·
El gobierno puede contratar los servicios de firmas privadas
para producir determinados bienes y servicios. En este caso el gobierno retiene
la función de provisión pero transfiere la responsabilidad de producción a una
organización privada.
·
La institución del cobro por servicios (¨user´s fees¨) implica
esfuerzos para reducir la carga contributiva por ciertos servicios y hacer
rentables los ofrecimientos públicos o para racionar la distribución de dichos
servicios. El gobierno puede retener las funciones de provisión y producción,
pero reorientar al usuario la carga de refinanciar la actividad.
·
El uso de cupones o ¨vouchers¨. El gobierno retiene la función
de provisión, e inclusive puede retener algún grado de producción, del
servicio, pero permite que los cupones se usen para pagar por servicios
provistos por firmas privadas, que se convierten en competidoras del gobierno.
El usuario tiene la oportunidad de escoger la opción que más le convenga.
·
Otras dimensiones de la privatización incluyen la otorgación
de franquicias, la exclusividad en la producción de ciertos servicios en un
área en particular; incentivos contributivos para fomentar ciertos tipos de
inversión; diversas formas de seguro (para bancos, asociaciones de ahorro y
préstamos, y cooperativas de crédito) y garantías de préstamos. Todas estas
variantes le proveen incentivos a individuos o empresas privadas para que se
tomen iniciativas que sean deseables desde el punto de vista del interés
público sin que medie el financiamiento directo del gobierno.
En suma, el mensaje realmente nuevo de
la privatización es el esfuerzo explícito para aumentar sistemáticamente la
extensión y alcance de la producción privada de bienes y servicios públicos en
dominios en los cuales ésta tradicionalmente ha estado activa y expandir la
participación de la producción privada hacia áreas que tradicionalmente hasta
ahora habían sido provincia exclusiva del gobierno.
Experiencia
de privatización en
Puerto Rico
La provisión y/o
producción privada de determinados bienes y
servicios públicos ha existido en Puerto Rico desde épocas inmemoriales. De
hecho, la fase inicial del desarrollo económico de Puerto Rico tuvo en su raíz
un acto de privatización: la venta al sector privado de las fábricas de la
Compañía de Desarrollo Industrial en 1947. El dinero obtenido de esta venta se
utilizó para construir edificios para arrendamiento y venta y para desarrollar
una intensa y efectiva campaña de promoción de la Isla como centro para la
ubicación de empresas manufactureras norteamericanas y extranjeras.
Igualmente importante durante esa fase
fue el Programa Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, un modelo de acción comunal
mediante el cual el gobierno le proveía materiales de construcción y ayuda
técnica en la construcción de viviendas de interés social y en el desarrollo de
facilidades vecinales, mientras que las familias aportaban la mano de obra
necesaria.
Algunos ejemplos de privatización más
recientes son los siguientes:
·
En el desarrollo de infraestructura (carreteras, puertos y
aeropuertos, acueductos y plantas de tratamiento de aguas, etc.) las
corporaciones públicas gestionan el financiamiento de largo plazo y luego
subcontratan los servicios de compañías privadas de construcción para el diseño
y desarrollo de las obras.
·
En una gran variedad de proyectos residenciales, industriales
y comerciales, las empresas desarrolladoras construyen obras de infraestructura
(accesos, tramos de carretera, facilidades deportivas, etc.) cuyo control y
propiedad pasa a manos del gobierno.
·
La Autoridad para el Financiamiento de Facilidades
Industriales, Médicas, para la Educación y el Control de la Contaminación
Ambiental (AFICA), una afiliada del Banco Gubernamental de Fomento establecida
en 1977, provee financiamiento a mediano y largo plazo mediante la emisión de
obligaciones exentas del pago de contribuciones locales, estatales y federales.
Una gran variedad de proyectos privados—facilidades médicas, hospitales,
hoteles, colegios y universidades y empresas comerciales—se han desarrollado al
amparo de AFICA.
·
Recientemente se ha aprobado legislación orientada a que el
sector privado asuma la responsabilidad de construir puentes, carreteras y
otras facilidades viales, conservando como propiedad estatal aquellos terrenos que
sea necesario utilizar para construir dichas vías. El sector privado
administrará estas facilidades por cuenta propia, bajo la supervisión y
regulación del gobierno, con miras a recuperar mediante el cobro de peaje el
costo de la inversión y garantizar su mantenimiento más adecuado.
·
La provisión de servicios médicos por la Autoridad de
Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). Este es un caso de
responsabilidad compartida en el cual el aspecto de seguro del programa lo
administra la ACAA, mientras que la dimensión operacional de provisión de
servicios médicos y relacionados la ofrecen suplidores privados que el cliente
selecciona y compensa mediante cupones o ¨vouchers¨ que recibe de esa agencia
gubernamental.
·
Varias asociaciones recreativas administran facilidades
deportivas y recreativas bajo la supervisión del Departamento de Recreación y
Deportes.
·
Se están ultimando los detalles para establecer en San Juan
unas planta de generación de energía eléctrica mediante la incineración de
desperdicios sólidos. Se trata de un proyecto cuyo costo asciende a cerca de
$82 millones. La Autoridad de Energía Eléctrica comprará la energía generada
por la planta, cuya empresa desarrolladora y operadora será la Westinghouse
Electric Corporation. Esta empresa aportará el 20 por ciento del capital del
proyecto. El resto se financiará por medio de un emisión de AFICA.
·
Se observan varias manifestaciones de lo que se conoce como privatización
espontánea, es decir,
situaciones en las cuales servicios que provee el gobierno conviven con la
oferta privada de los mismos. La proliferación de escuelas, colegios y
universidades privados, la ampliación y fortalecimiento del tratamiento médico
y los de los hospitales y centros de salud privados (bajo el estímulo de la
demanda de servicios que alimenta la expansión de la industria de seguros de
salud) y el auge de los servicios privados de protección y seguridad son los
componentes más importantes del proceso de privatización espontánea en Puerto
Rico.
Propuesta
de privatización del
sistema de comunicaciones
Sin duda, la expresión concreta más
dramática y de más largo alcance del concepto de privatización en la Isla es el
movimiento hacia la venta al sector privado de los activos tangibles e
intangibles de la Autoridad de Teléfonos. El propósito de esta transacción es
crear, con el producto de la venta, un patrimonio nacional perpetuo de no menos
de $2,000 millones, el cual se desglosará en dos fondos permanentes, ya creados
por ley, con un mínimo de $1,000 millones cada uno.
En primer lugar, los ingresos o
réditos del Fondo Permanente para el Desarrollo de la Educación se utilizarán
para financiar desarrollos educativos de gran impacto (construcción y
mejoramiento de facilidades educativas y adquisición de tecnología de enseñanza)
que complementen los gastos e inversiones del Departamento de Instrucción
Pública, con miras a desarrollar los
recursos humanos de la Isla a nivel óptimo y competitivo a nivel mundial.
En segundo lugar, los ingresos del
Fondo Permanente para el Desarrollo de Infraestructura se utilizarán para
fortalecer los esfuerzos de Puerto Rico para ampliar y desarrollar a un nivel
óptimo la infraestructura económica de la Isla, que es un elemento clave para
competir en la compleja y cambiante economía global en la cual se inserta la
actividad productiva de Puerto Rico.
Observaciones
finales
Entre las diversas
y
variadas formas en que se pueden reducir el tamaño, el costo y la complejidad
del sector público y organizar más eficientemente la provisión y producción de
bienes y servicios públicos, la privatización se presenta en la actualidad como
una de las más atractivas e interesantes. No se trata de una panacea que
resuelve automáticamente todos los problemas ni menos aún de un proceso que
descarta otras iniciativas para mejorar la eficiencia y la calidad de los
servicios públicos. Antes bien, la privatización debe concebirse como una
estrategia que, valorada cuidadosamente mediante estudios de costo-beneficio y
comparaciones rigurosas con diseños y políticas alternativas de organización de
la gestión pública, puede ayudar a alcanzar la meta fundamental de la política
pública: el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar individual y
colectivo de los ciudadanos.
ÍNDICES DE
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Introducción
La teoría económica contemporánea la
asigna una gran importancia a las actitudes, expectativas y modos de sentir o
de pensar (juicios y dictámenes) de los consumidores. Las actitudes reflejan
las percepciones que tienen los consumidores acerca de la situación actual de
la economía; las expectativas son actitudes que se extrapolan o proyectan hacia
algún momento en el futuro. Tanto las actitudes como las expectativas son
componentes de una categoría más amplia que se ha dado en llamar la confianza o
modo de sentir del consumidor.
La confianza del consumidor se viene
midiendo sistemáticamente en Estados Unidos desde 1946 por el Survey Research
Center de la Universidad de Michigan, cuyo Índice del Modo de Sentir del Consumidor[28]
(IMSC) se calcula mensualmente y es reconocido por el Negociado Nacional de
Investigación Económica como un indicador adelantado[29]
de la actividad económica. De igual modo, desde 1969 el Conference Board, con
sede en la ciudad de Nueva York, comenzó a publicar el Índice de Confianza del
Consumidor (ICC), el cual también se informa mensualmente. Ambos índices son
observados con sumo cuidado por los medios noticiosos y por los analistas
económicos y financieros del gobierno, de las finanzas, de los negocios
privados y de las universidades.
En este trabajo se discuten tres
aspectos esenciales del tema: la base teórica para el estudio de las
percepciones de los consumidores, la metodología que se usa en la construcción
de ambos índices y la trayectoria reciente de ambos indicadores.
El rol de
las percepciones de los
consumidores
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la
psicología del consumidor no se consideraba como un determinante de las
variaciones en los gastos de consumo personal. John Maynard Keynes, por
ejemplo, tenía la teoría de que el gasto del consumidor es un factor
esencialmente pasivo que está influido mayormente por los cambios en el
ingreso. Las actitudes de los consumidores, sean positivas o negativas, tienen
una suma agregada igual a cero. De igual modo, Keynes sugiere que los cambios
en las expectativas acerca del futuro también tienen un promedio de cero para
la comunidad como un todo.
En un plano intuitivo, es obvio que la
confianza o la percepción es un factor causal importante en la conducta
adquisitiva de una persona. Así, por ejemplo, una persona que perciba que la
política económica del gobierno está llevando a que la economía entre en una
recesión, lo cual probablemente le haga perder su empleo, estaría menos
inclinada a comprar un automóvil nuevo o una vivienda que si tuviera una
actitud optimista acerca del futuro. La teoría de Keynes no niega esta
realidad, sino que simplemente postula que las actitudes de los consumidores
pesimistas tienden a cancelar las de los consumidores optimistas.
Luego de la terminación de la Segunda
Guerra Mundial, se acumuló una clara evidencia empírica que indica que la
hipótesis de Keynes es errónea. Varias investigaciones pioneras realizadas en
la Universidad de Michigan por George Katona, psicólogo y economista de origen
húngaro que emigró a Estados Unidos en 1940 huyendo de la persecución de los
nazis, indican que los consumidores contribuyen a las fluctuaciones económicas
en una proporción mucho más significativa que aquella que corresponde a las
variaciones en sus ingresos. Más específicamente, Katona demostró que las
medidas de confianza del consumidor proveen señales anticipadas de los cambios
en los gastos y en los patrones de ahorro del consumidor e identifican cambios
de importancia en el gasto de los consumidores en bienes duraderos.
Katona
midió las actitudes del consumidor por primera vez en los años 1945 y
1946, y encontró que el optimismo se extendía hasta 1948. A base de esta
observación, pronosticó con certeza que los gastos de los consumidores se
mantendrían fuertes a través de la recesión de 1948-49. Más importante aún:
desarrolló la teoría y la sustancia de la economía psicológica, prestándole
particular atención a los efectos de
eventos de orden nacional e internacional sobre la confianza, expectativas,
planes y, finalmente, la conducta de las masas de individuos. Partiendo de la
psicología Gestalt, observó que pueden haber reestructuraciones significativas
de la manera en que la gente interpreta su mundo y su futuro, lo cual lleva en
muchas ocasiones a cambios dramáticos en su conducta. Se trata de una
concepción teórica que coloca gran peso en la capacidad de la gente para
aprender y para ajustar sus metas, y en la idea de que la conducta es mucho más
que la simple reacción a estímulos externos.
La teoría de Katona afirmó que la
importancia de la psicología de masas estaba creciendo a medida que los
consumidores se tornaban más afluentes, usaban más el crédito y se veían
obligados a hacer compromisos financieros de largo plazo asociados con la
inversión en viviendas, automóviles y con el repago de préstamos personales. De
igual modo, Katona argumentó que el mundo se estaba volviendo cada vez más
volátil, menos predecible, de manera que se hacía imperativo que las personas generaran
alguna forma de interpretar los cambios. Los indicadores diseñados por Katona
en lo que respecta a la confianza del consumidor resultaron útiles para
desarrollar pronósticos a corto plazo, pero la meta de largo plazo de los
mismos era, y es, entender los cambios masivos en la actitudes y en la conducta
de los consumidores.
Tal vez Keynes estaba en lo correcto
al decir que el modo de sentir o percepción de los consumidores era bastante
estable para población general durante gran parte del periodo previo a 1936,
año en que se publicó su famoso libro The
General Theory of Money, Interest and Prices. Sin embargo, los grandes
avances en comunicaciones que se han observado desde entonces han producido
frecuentes y significativos cambios en el estado psicológico general de la
población. Las olas de optimismo y pesimismo tienen gran peso y modifican las
respuestas de los consumidores a variables puramente financieras tales como los
cambios en el ingreso personal o en las tasas de interés.
Lo que resulta particularmente
importante es que las percepciones de los consumidores constituyen un factor
explicativo neto, de alto valor estratégico, en el estudio de los cambios en
los patrones de gasto de los consumidores, esto es, proveen información única y
valiosa que no recogen adecuadamente otras variables macroeconómicas que la
teoría económica dominante señala que son determinantes del gasto tales como el
ingreso, las tasas de interés y los gustos y preferencias de los consumidores.
Medición
de la confianza del
consumidor
El IMSC se publicó en forma periódica
entre 1946 y 1962, en forma trimestral entre 1962 y 1977 y se ha venido
preparando mensualmente desde enero de 1978. Se calcula a base de las
respuestas a una encuesta que contiene las siguientes preguntas:
1.
Estamos interesados en
saber cómo las personas están afrontando su situación financiera en estos
momentos. ¿ Diría que usted y su familia están en mejor o en peor situación
financiera ahora que hace un año?
2. Mirando
ahora al futuro,
¿piensa que de aquí a un año usted y su familia estarán en mejor o en peor
condición financiera que en el presente?
3. En
lo que respecta a la
situación económica del país como un todo, ¿piensa usted que durante los
próximos doce meses tendremos buenos o malos tiempos (o algún otro
cualificativo que usted quiera usar) desde el punto de vista financiero?
4. Mirando
hacia el futuro,
¿Que usted diría que es más probable: que en el país como un todo tengamos una
buena y continua situación durante (más o menos) los próximos cinco años o que
tengamos periodos de desempleo o depresión, o cualquier otra tendencia o patrón
que crea usted que se observará?
5. En
cuanto a los
principales enseres que las personas compran para su hogar—tales como muebles,
neveras, estufas, televisores y cosas similares—y pensando en la gente en
general, ¿cree usted que éste es un buen o un mal momento para comprar un
producto de esa naturaleza?
Cada mes la Universidad de Michigan
lleva a cabo un muestreo de sección o corte transversal representativo de 700
viviendas. Las entrevistas se llevan a cabo por teléfono. Por lo regular, el
muestro para un mes dado toma cerca de cuatro semanas. Los entrevistadores son
empleados a sueldo que formulan las cinco preguntas que se usan para computar
el índice además de otras preguntas que están diseñadas para satisfacer los
intereses de los clientes que pagan por la encuesta. Si bien esas otras
prguntas (las cuales, por ejemplo, podrían inquirir sobre la actitud del
entrevistado ante un aumento contributivo) pueden variar, las cinco preguntas
básicas se mantienen intactas.
Las preguntas 1y 5 enfocan en las
actitudes, mientras que las preguntas 2, 3 y4 recalcan las expectativas. Aunque
la pregunta 4 se orienta a los próximos cinco años, el horizonte de tiempo al cual se
refieren los encuestados es, por lo general, un año. La encuesta también
pregunta acerca de si este en un buen o mal momento para hacer una compra. No
indaga acerca de la intención real o efectiva de comprar el artículo. Cada
pregunta tiene igual peso en el IMSC. Todas las respuesta positivas reciben un
peso de 2, las respuestas neutrales reciben un peso de 1 y a las respuestas
negativas se les asigna un peso de 0. De esta manera, si todos los
entrevistados en la encuesta dan respuestas positivas a todas las preguntas, el
IMSC tendría un valor de 200 (el promedio de 2 multiplicado por 100).
Alternativamente, se puede calcular el nivel del índice substrayendo el número
de respuestas negativas del número de respuestas positivas (100 menos cero en
nuestro caso) y añadiendo la constante 100. El periodo base del IMSC es enero
de 1967.
El Índice de Confianza del Consumidor
se publicó bimensualmente de 1967 a 1977 y se viene preparando mensualmente
desde enero de 1978. Este índice se calcula a base de las respuestas al siguiente
conjunto de preguntas:
1.
¿Cómo usted clasificaría
las condiciones económicas generales del área donde vive?
a.
Mejores
b.
Iguales
c.
Peores
2.
¿Qué opina usted acerca
de la disponibilidad de empleos en el área donde vive?
a.
Abundan
b.
No hay tantos
c.
Son difíciles de
conseguir
De aquí a seis meses, ¿qué cree usted
que pasará con los empleos?
a.
Habrá más
b.
Se quedarán iguales
c.
Habrá menos
3.
¿Qué cambio anticipa
usted en su ingreso familiar total de aquí a seis meses?
a.
Será más alto
b.
Se quedará igual
c.
Será más bajo
Como puede observarse, las preguntas
se dividen en dos fases o categorías: la situación actual y las expectativas de
los consumidores. El cuestionario que se usa en la encuesta también se orienta
a obtener información sobre planes efectivos de adquisición de hogares,
automóviles y otros bienes duraderos. Estos gastos se usan para calcular un
índice de planes de gasto del consumidor.
En cada pregunta, se le pide a la
persona entrevistada que seleccione una de tres alternativas. En el cómputo del
ICC, las respuestas neutrales se descartan, mientras que se suman las
respuestas positivas y las negativas. Las respuestas positivas se expresan
entonces como un por ciento del total de respuestas no neutrales para cada
pregunta. Luego cada pregunta es ajustada por estacionalidad. Se usan dos
conjuntos de factores de ajuste estacional: uno para las condiciones actuales y
otro para las condiciones futuras. En general, las actitudes de los
consumidores respecto a la situación actual están más sujetas a impactos
estacionales que las expectativas sobre el futuro. Se ha observado, por
ejemplo, que en Estados Unidos los consumidores tiene una actitud menos
optimista sobre el presente en el mes de febrero, si bien el optimismo crece
durante la primavera y el verano. Sobre una base estacional, el futuro se
percibe en forma más optimista en abril, pero la actitud optimista va
declinando durante el año hasta un alcanzar un punto mínimo en el otoño. El
índice total es un promedio aritmético de las respuestas estacionalmente
ajustadas a las cinco preguntas señaladas. El periodo base del índice,
arbitrariamente seleccionado es 1969-70. La situación actual y las preguntas
sobre las expectativas de los consumidores se presentan también como subíndices
del ICC.
Los datos para la encuesta del
Conference Board son recopilados por una firma de investigaciones de
mercado llamada National Family
Research, con sede en Toledo, Ohio. El universo de muestreo consiste en
aproximadamente 13,000 familias que han aceptado contestar cuestionarios enviados
por correo. Las familias son separadas en lo que se denominan paneles
balanceados de 5,000 familias para que cada panel sea una sección transversal
representativa desde el punto de vista demográfico. Los paneles son
reconstruidos cada dos años a base de los datos censales. Cada mes un
cuestionario de muestro es enviado a un panel diferente de 5,000 familias. La
tasa de respuesta se aproxima al 80 por ciento.
Trayectoria
de los índices de
confianza
La trayectoria reciente
del ICC y del IMSC demuestra cuán sensitivos son éstos índices a las
condiciones económicas reinantes y a eventos de trascendencia global.
Por un lado, desde agosto de 1990, mes
en que se inició la crisis del Golfo Pérsico, hasta febrero de 1991 el ICC
mostró su más precipitosa caída desde 1980. Desde los niveles cercanos a 120
que se observaron mediados de 1989 el ICC había venido en gradual descenso
hasta la región cercana a 100 en febrero de 1990. Las preocupaciones acerca de
la inminencia de la recesión, que hallaban confirmación en el alza continua de
la tasa de desempleo y en la lentitud del crecimiento del ingreso personal, y
que eran agravadas por la crisis de la instituciones federales y la
dificultades presupuestarias del Gobierno Federal, habían comenzado a minar la
confianza de los consumidores. Ya en julio de 1990 el ICC se hallaba en la
región de 85. Los eventos del Golfo Pérsico le dieron, pues, un rudo golpe a
las expectativas de los consumidores y, de acuerdo con la mayoría de los
economistas norteamericanos, hicieron que la economía se precipitara a la
recesión. A fines de 1990 el ICC apenas superaba los 60 puntos y llego a ser
tan bajo como 55 en enero de 1991.
El índice saltó a 59.4 en febrero y
luego a 81.0 en marzo, siendo ésta la ganancia más alta en un sólo mes desde
que se está computando este indicador. De abril a julio de 1991 se ha mantenido
en la región cercana a los 80: 76.4 en mayo, 78.0 en junio y 77.7 en julio, lo
que sin duda refleja las dudsas de los consumidores respecto a cuán vigorosa
pueda ser la actual recuperación.
La lectura de julio del ICC revela que
a pesar de las señales de reavivamiento que está emitiendo la economía, los
consumidores se mantiene tan escépticos como lo estaban en marzo. La mayoría de
los consumidores seguía considerando desfavorable la condición de la economía:
sólo 12 por ciento consideró que la economía estaba bien, mientras que 38 por
ciento indicó que se hacía muy difícil encontrar un trabajo en la presente
coyuntura.
La trayectoria reciente del IMSC no
difiere mucho de la del ICC. Luego de alcanzar un máximo reciente de 95.8 en
septiembre de 1989, declina gradualmente hasta un nivel de 89.5 en febrero de
1990, se recupera durante los meses de marzo y abril, declina algo más
acentuadamente de mayo a julio, y cae precipitadamente en agosto, septiembre y
octubre. En ese último mes baja a un mínimo histórico de 63.9 puntos.
Se confirma, pues, que la crisis del
Golfo Pérsico cambió drásticamente las expectativas de los consumidores
norteamericanos. De noviembre de 1990 en adelante el IMSC comienza un periodo
de recuperación que lo lleva hasta un nivel de 87.7 en marzo de 1991, el
registro más alto desde julio de 1990. Durante el segundo trimestre de 1991 los
valores observados fueron algo menores: abril, 81.8; mayo, 78.3; y junio, 82.1,
lo cual evidentemente obedece a la misma causa antes señalada: las dudas de los
consumidores acerca de la fortaleza del proceso de recuperación económica en el
cual se halla la economía norteamericana en la actualidad.
La diferencia entre la percepción que
tienen los consumidores de las condiciones actuales y su opinión acerca del
curso futuro de la economía se hace patente al observar la trayectoria reciente
del los dos componentes del IMSC, según se ilustra en la siguiente tabla:
ÍNDICE DEL
MODO DE SENTIR DEL CONSUMIDOR
AÑ0
|
MES
|
IMSC
|
ACTUAL
|
ESPERADO
|
1990
|
Agosto
|
88.2
|
105.1
|
77.3
|
|
Septiembre
|
76.4
|
97.5
|
62.9
|
|
Octubre
|
72.8
|
94.7
|
58.8
|
|
Noviembre
|
63.9
|
84.2
|
50.9
|
|
Diciembre
|
65.5
|
84
|
53.7
|
1991
|
Enero
|
66.8
|
84.9
|
55.2
|
|
Febrero
|
70.4
|
83.7
|
62
|
|
Marzo
|
87.7
|
92.7
|
84.5
|
|
Abril
|
81.8
|
92.8
|
74.7
|
|
Mayo
|
78.3
|
89
|
71.5
|
|
Junio
|
82.1
|
91.9
|
75.9
|
A todas luces, el componente del IMSC
que ausculta la opinión de los consumidores acerca de la condición futura de la
economía es el que sufre la contracción más significativa durante el periodo
bajo análisis.
Análisis
crítico
Una cautela importante
que hay que observar cuando se interpretan los resultados de los índices de
confianza del consumidor es que puede existir cierto grado de incompatibilidad
entre la impresión que las personas tienen con respecto a su situación
financiera particular y sus expectativas sobre la economía como un todo. En
meses recientes, es especial desde el estallido de la crisis del Golfo Pérsico,
las personas que respondieron a las encuestas de la Universidad de Michigan y
del Conference Board señalaron por lo general que su situación financiera se
había debilitado algo, pero tendieron a ofrecer visiones mucho más pesimistas
respecto a la trayectoria futura de la economía en general. Esa segunda
dimensión hizo que la caída de los índices de confianza fuera más precipitada
de lo habitual. En la medida en que los gastos de los consumidores respondieron
más a la expectativa general que a su situación económica real, la reducción en
los gastos de éstos que se observó a fines de 1990, unida a la contracción del
empleo total y de la inversión que rigió en el sector de los negocios,
convirtieron la recesión en una realidad mucho más temprano de lo anticipado
por los economistas.
Ahora bien, la recuperación actual de
la confianza de los consumidores responde esencialmente a una visión más
positiva de la orientación general de la economía que de la situación
financiera particular de las familias. De ahí que se piense que la recuperación
de la economía será algo más lenta, ya que las alzas en el desempleo y cierto
patrón de alza en el endeudamiento de los consumidores hará que éstos tarden un
poco en retornar a un ritmo de gasto que guarde proporción con una economía en
franco rebote.
Observaciones
finales
Si
duda, el campo o área de investigación de los cambios en los niveles de
confianza de los consumidores es fascinante tanto desde el punto de vista
teórico o intelectual como desde la perspectiva práctica.
Estas notas han estado orientadas a
iniciar un diálogo que nos ayude a identificar la viabilidad institucional, los
costos y modos específicos de diseño e implantación, y la utilidad práctica de
desarrollar un índice de esta naturaleza en Puerto Rico.
La celebración de la Semana del
Economista constituye una magnífica ocasión para pensar en la creación de
nuevos instrumentos que nos ayuden a entender mejor la compleja y cambiante
relación entre las actitudes y percepciones de las familias y la trayectoria
histórica y anticipada del orden económico.
NOTA
Este
trabajo de basa en las notas de
una conferencia que el autor dictó el 29 de abril de 1991, en la Junta de
Planificación, en ocasión de celebrarse la Semana del Economista.
BIBLIOGRAFÍA
Eatwell, John, Murray
Milgate y Peter Newman (Editores), The
New Palgrave, A Dictionary of Economics, The Macmillan Press, 1987, Volumen
3, págs. 15-16.
Kelly, David, ¨The Plunge in Confidence Will Hit
Spending—But How Hard?¨, en DRI/MacGraw-Hill, Review of the U.S. Economy,
Septiembre de 1990, p’ags. 17-21
Nathanson, Phillip D., “ Consumer Confidence”, en
Fabozzi, Frank J. y Harry I. Greenfield, The Handbook of Economic and Financial
Measures, Dow-Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1984, págs. 397-407.
LA LIMITACIÓN DEL CRÉDITO CONTRIBUTIVO DE
LAS COMPAÑIAS 936 Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO
En su afán por reducir el déficit
presupuestario federal, la
Administración
Clinton ha propuesto reemplazar la Sección 936 con un sistema de créditos por
salario: las subsidiarias de empresas norteamericanas perderían el derecho a
repatriar ganancias a Estados Unidos sin pagar contribuciones federales, pero
recibirían un crédito contributivo igual al 60 por ciento de los salarios
pagados a sus empleados (lo cual no incluye beneficios marginales ni
aportaciones al Seguro Social), hasta un máximo de $60,000 por empleado.
El ingreso pasivo de las compañías 936
sería limitado de tal manera que la cantidad de activos en que se puede
invertir para ganar ingreso pasivo no podría exceder el 80 por ciento de los
activos tangibles ajustados de la empresa en la Isla.
La teoría detrás de esta acción
presidencial parece ser que de esta manera la firmas se verán obligadas a
reinvertir sus ganancias en la Isla y aumentar sus volúmenes de empleo de recursos
humanos y de inversión en activos productivos (no financieros).[30]
En cierto sentido se trata de la
culminación de un proceso que se venía gestando desde hace varios lustros,
orientado a exigirle a las firmas 936 una presencia real más efectiva, más vinculada
con actividades de producción y menos relacionada con la derivación de
ganancias por vía de inversiones financieras de poco o ningún riesgo.
No obstante, el carácter abrupto de la
medida, la escasa atención que la Administración Clinton le ha prestado a los
impactos macroeconómicos de ésta, indican que ha predominado el deseo de
reducir el déficit presupuestario a como de lugar, obligando a Puerto Rico a
hacer un sacrificio más allá de sus capacidades y poniendo en peligro las bases
mismas de nuestro programa de desarrollo económico. De ahí que la exigencia de
la Administración Clinton—producir tanto dinero en tanto tiempo—se presente
como una acción descarnada de cobro, como si fuera el reclamo de una deuda
antigua, ante la cual la Isla, exenta de poderes efectivos en el Congreso, sólo
puede reaccionar mediante el cabildeo desesperado y la persuasión para se tomen
en cuenta las necesidades locales en la redacción de la versión final de la
medida.
Otras dos influencias poderosas
contribuyeron a justificar el ataque frontal contra la Sección 936. Por un
lado, la acción concertada del movimiento laboral norteamericano, que desde
hace tiempo viene haciendo presión para que se legisle contra la supuesta fuga
de empresas de Estados Unidos a Puerto Rico[31],
y, por otro lado, el feudo del Senador David Pryor contra las políticas de
precios de la industria farmacéutica y contra la alegada fuga de éstas hacia
áreas como Puerto Rico para obtener—según él---grandes créditos contributivos y
márgenes de ganancia excesivos que no se traducen en precios más bajos para los
consumidores norteamericanos.[32]
La propuesta del Presidente Clinton
fue aprobada el jueves 13 de marzo de 1993 por la Comisión de Medios y
Arbitrios de la Cámara de Representantes, que le añadió una enmienda dirigida a
controlar la alegada fuga ilegal de empresas de Estados Unidos a Puerto Rico,
lo que se conoce en inglés como ¨runaway plants¨.
El viernes 28 de mayo de 1993 la
Cámara de Representantes de Estados Unidos en pleno aprobó por un margen
estrecho y partidista el Plan Presupuestario del Presidente Clinton, que está
orientado a restarle $500 billones al déficit federal en un periodo de cinco
años, el cual incluye como uno de sus componentes la señalada propuesta para
reducir el crédito contributivo de las compañías 936. La idea es que la
reducción del crédito 936 aportará al fisco federal no menos de $7 billones en
un periodo de cinco años. Semejante cifra vendría a ser un por ciento ínfimo
dentro del plan global de reducción del déficit presupuestario en Estados
Unidos, pero representaría una pérdida substancial de ingreso para las
compañías norteamericanas que operan en la Isla acogidas a la Sección 936,
particularmente para las empresas farmacéuticas.
El asunto pasó a la consideración de
la Comisión de Finanzas del Senado, donde existe la esperanza de que el Senador
Patrick Moynihan introduzca enmiendas a la medida relacionada con la Sección
936 que respondan mejor a los intereses de Puerto Rico y atenúen el impacto que
pueda tener sobre la economía de la Isla el cambio propuesto. La especulación
general es que Moynihan se inclina a un plan de créditos a las compañías 936
basado en el concepto de valor añadido, es decir, que otorgue los créditos
contributivos a base de la suma de los salarios, las inversiones, la
depreciación y otras variables asociadas con la aportación productiva de la
empresa, es decir, con la actividad económica que real y efectivamente
constituye valor añadido realizado en la Isla. Se cree que el objetivo de recaudación
de la Comisión de Finanzas del Senado está en el recorrido de $4 billones a
$5,000 billones, un punto intermedio entre los $7 billones que busca la
Administración Clinton y los $3 billones que surgirían de la propuesta de la
Administración Rosselló, cuyos detalles se discuten más adelante en este
trabajo.
De paso, conviene señalar que el plan
presupuestario del Presidente Clinton podría afrontar graves problemas en el
Senado, ya que existe un fuerte bloque de senadores – particularmente aquellos
que provienen de estados productores de petróleo y de los estados del Oeste en
general – que se oponen al impuesto sobre la energía. Se cree que el Presidente
Clinton tendrá que proponer más recortes de gasto y limitar el alcance del
impuesto a la energía para lograr que su plan de reducción del déficit se
apruebe en el Senado.
El 27 de abril de 1993, el
Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro Rosselló, presentó una ponencia ante
la Comisión de Finanzas del Senado en la cual propuso alternativas a la actual
estructura contributiva 936 mucho más razonables en lo que respecta a su
impacto a corto, mediano y largo plazo sobre Puerto Rico. El plan del
Gobernador Rosselló consiste en los siguientes elementos:
Cada empresa tendría dos opciones. La
primera estaría basada en las compensaciones que ésta genere. La firma que
elija esta alternativa no podría tomar un crédito 936 que exceda la suma de: el
100 por ciento de los salarios, los beneficios marginales y las aportaciones a
sistemas de seguridad social atribuibles a sus empleados en Puerto Rico; más un
crédito por inversión de 10 por ciento respecto a la nueva inversión en planta,
equipo y maquinaria; más los impuestos pagados en la Isla (hasta un máximo de
9%) por concepto de los ingresos del negocio que disfruta de los beneficios 936
al nivel local. Se retendría la exención contributiva del ingreso pasivo.
La segunda opción se basaría en el
ingreso de la empresa, según la cual la firma disfrutaría del 90 por ciento del
crédito 936 en 1994 y de 80 por ciento de dicho crédito de 1995 en adelante,
además de retener la exención contributiva por el ingreso pasivo.
Se calcula que la propuesta del
Gobernador Rosselló le rendiría al fisco federal un total de $3 billones y
constituiría una carga más viable para las empresas 936, para el sistema
financiero y para la economía de la Isla como un todo.
A principios de junio se anunció que
la Administración Rosselló tiene planes de modificar su contrapropuesta para
vincular los créditos contributivos sobre las ganancias generadas por la firmas
936 en la Isla con los empleos que éstas generan. Se trata de una nueva fórmula
que combina los salarios y el ingreso de la corporación 936. La tasa
contributiva al fisco federal de cada compañía dependería de cuánta ganancia genere
por empleado. Mientras más alta la ganancia por empleado, más alta será la tasa
contributiva. De esta manera se proveería la oportunidad de que las empresas de
alta tecnología, que se perjudican con el crédito por salarios, sufran un
impacto menor y retengan incentivos para quedarse en Puerto Rico y para
expandir su inversión fija.
Independientemente de cual sea la
estructura final de la Sección 936, que sigue siendo una incógnita—aunque la
probabilidad se inclina hacia su desaparición y la adopción de una alternativa
basada en el crédito salarial y la posible, pero menos probable, inclusión de
algún tipo de incentivo para la inversión productiva y algún grado de
protección del alivio contributivo relacionado con el ingreso pasivo— las
empresas que operan en Puerto Rico viven momentos de gran incertidumbre.
Así, no es necesario señalar que desde
que se anunciaron los planes de la Administración Clinton orientados a
modificar el crédito salarial, lo cual ocurrió a mediados de febrero en el
discurso sobre el Estado de la Nación, se desató en la Isla una aguda crisis de
expectativas.
Un análisis de impactos económicos que
se llevó a cabo en el Banco Gubernamental de Fomento, tomando el año fiscal
1989 como base—ya que es el año que se usa como referencia en los informes de
Tesoro de Estados Unidos y el periodo para el cual existe la más completa y
confiable base de datos, llegó a las siguientes conclusiones:
El total de crédito contributivo de
las corporaciones 936, que son más de 500 y emplean a cerca de 105,000
personas, monta a $2,757 millones al año. La más reciente propuesta de la
Administración Clinton reduciría ese crédito a $1,068 millones, un recorte de
61.2 por ciento, mientras que la contrapropuesta del Gobernador Rosselló lo
llevaría a $2,416 millones, una baja de sólo 12.3 por ciento. El total de
$1,068 millones que se desprende de la propuesta Clinton se desglosaría como
sigue: crédito salarial, $827 millones; crédito por ingreso pasivo, $99
millones; e impuestos pagados al nivel local, $142 millones. En el caso de la
propuesta Rosselló, el desglose sería el siguiente: crédito por salarios, $720
millones; crédito por ingreso pasivo, $335 millones (exento); impuestos
locales, $23 millones; crédito 936, $1,325 millones; y crédito por inversión,
$13 millones.
En la propuesta de la Administración
Clinton las industrias que verían substancialmente reducido su crédito
contributivo federal serían las farmacéuticas ($1,025 millones) y la de
alimentos ($237 millones), esta últimas mayormente debido a la pérdida de
crédito contributivo que sufriría la industria de bebidas refrescantes. También
recibirían impactos de cuidado la industria de productos eléctricos ($172
millones) y la de instrumentos científicos y de precisión ($94 millones). En
general, la introducción de un crédito a base de salarios sería contraria a los
intereses de las empresas de alta tecnología, que son intensivas en el uso de
capital y cuyo componente salarial es por definición más bajo que el del resto
de las industrias manufactureras.
En el caso de la propuesta más
reciente de la Administración Clinton, las industrias cuyos beneficios se
reducirían en más de 50 por ciento empleaban en 1989 a 32,427 personas, el 30.7
por ciento de todo el empleo de las firmas 936. En cambio, aquellas cuyos
beneficios se quedarían intactos empleaban en 1989 a 27,543 personas, el 26.2
por ciento del todo el empleo 936.
De 1994 a 1998 la propuesta de Clinton
produciría un rendimiento de $7.2 billones al fisco federal, en comparación con
$2.8 billones en el caso de la propuesta del Gobernador Rosselló.
En el plano local, el único otro
estudio reciente con buena base empírica lo realizó la firma de consultoría
económica Estudios Técnicos, Inc. para la Asociación General de Contratistas de
América, Capítulo de Puerto Rico, el cual fue sometido en abril de 1993.[33]
Según este análisis la propuesta de la Administración Clinton produciría los
siguientes resultados:
Estancaría la actividad económica,
golpeando con mayor fuerza a la manufactura y a la construcción. En vez de
crecer a una tasa de 3.0 por ciento, según se anticipaba antes de la crisis
936, el producto bruto desacelerará a una tasa anual de apenas 0.03 por ciento,
es decir, permanecerá estancando.
La reducción en la producción
manufacturera y en la inversión llevará a una pérdida de 85,803 empleos,
atribuibles a una reducción en la actividad financiera que subsiga a la
contracción de la actividad económica, para una pérdida total de 101,247
empleos. La tasa de desempleo aumentará de 16.5 por ciento en la actualidad a
22.0 por ciento en 1995.
Las enmiendas a la Sección 936
propuestas por la Administración Clinton cambiarán dramáticamente el desempeño
de la manufactura: un vez de una tasa de crecimiento de 0.5 por ciento, se
observará una contracción anual de 7.0 por ciento en 1995. La resultante
reducción de la actividad económica reducirá la actividad de construcción, de
un esperado avance anual de 3.0 por ciento a un crecimiento anual casi nulo de
0.1 por ciento para los años venideros.
En lo que respecta al futuro, existe
unanimidad entre los economistas de la Isla en cuanto a se observará un periodo
de virtual parálisis de la actividad económica parecido al que se observó
durante prácticamente todo el año natural 1985, cuando se contempló por primera
vez la posibilidad de modificar la Sección 936 mediante un sistema de créditos
por salarios. Se trata de una reacción en cadena que incluye fases como las
siguientes:
Se detiene el flujo de nuevas empresas
a la Isla. Se reducen
drásticamente
las promociones de la Administración de Fomento Económico. Así, aun antes de
comenzar la crisis 936—y como consecuencia de la especulación asociada con la
discusión sobre la consulta plebiscitaria que se propuso bajo la última
administración de Hernández Colón—las promociones ya se estaban moviendo a un
ritmo extremadamente lento. Más concretamente: después de alcanzar un máximo
reciente de 3,154 en el año fiscal 1989, el empleo en las plantas de Fomento
que comenzaron operaciones en la Isla, disminuyó 30.6 por ciento en 1990, 29.3
por ciento en 1991 y 14.5 por ciento en 1992, hasta llegar a sólo 1,322 en
dicho último año fiscal. De julio de 1992 a marzo de 1993, el empleo a
comienzos de operaciones mostraba un total de 909, 9.5 por ciento menos que en
igual periodo del año anterior, y el más bajo para dichos meses en más de 13
años.
Las empresas 936, tanto como una
estrategia para ejercer presión sobre el Gobierno de Puerto Rico (con la
esperanza de que la Administración Rosselló asuma una defensa más activa de la
Sección 936) como por razones de calculo de riesgo de inversión, congelan sus
planes de expansión de operaciones y de reclutamiento de nuevo personal. En el
trabajo de Estudios Técnicos arriba citado se señala que una encuesta realizada
por la empresa identificó inversiones montantes a $200 millones que se hallan
detenidas debido a la incertidumbre actual. Más específicamente, esto incluye
$25 millones que American Cyanamid´s Lederle, una farmacéutica, pensaba
invertir en su planta de Carolina; $14 millones que Medtronics, que produce
equipo médico, planeaba invertir en Humacao; y $10 millones que Owens Illinois,
que opera en la línea de plásticos, iba a invertir en Juncos.[34]
La especulación sobre el impacto
negativo del cambio se extiende a los bancos, que propenden a restringir su
actividad crediticia, a los consumidores, cuya confianza en la economía se
reduce, a los comerciantes, que también detienen sus planes de inversión, y a
los desarrolladores de proyectos de construcción, y, por esta vía, al resto de
la economía. Según cálculos de Dr. Jorge Freyre, la incertidumbre respecto al
futuro de la Sección 936 puede haberle restado hasta dos décimas de punto
porcentual al crecimiento de la economía en el año fiscal 1993 y otras cinco
décimas en el presente año fiscal.[35]
Se reduce (o torna negativa) la tasa
de crecimiento de las ventas al detal, se congela o reduce el crecimiento del
empleo total, aumenta el desempleo, se contraen las recaudaciones del Fondo
General y se produce, a escala macroeconómica, ya sea un estancamiento general
o una recesión leve, que podría transformarse en una aguda crisis recesionaria
si el resultado de la discusión actual desemboca en una estructura contributiva
que sea onerosa para el grueso de las corporaciones 936 que operan en la Isla.
Ante un cuadro de expectativas tan
desconcertantes, no es extraño que se haya desarrollado en la Isla una intensa
discusión acerca de las alternativas a la Sección 936—más específicamente al
crédito contributivo que reciben las empresas manufactureras norteamericanas
que operan exentas de contribución federal y exportan su producción al mercado
de Estados Unidos—que hasta ahora ha sido el núcleo en torno al cual gira el
desarrollo económico de Puerto Rico.
Entre las alternativas propuestas que
más interés han generado y mejores posibilidades de realización ofrecen están
las siguientes:
1. Los planes de la Administración
Rosselló que incluyen medidas como las siguientes:[36]
a. Ampliar el énfasis promocional
hacia las industrias pequeñas y medianas, que se orienten tanto al mercado
local como a la exportación y que tengan una razón de capital-trabajo baja o
medianamente alta.
b. Ampliar los incentivos que ofrece
la Compañía de Turismo y estimular la inversión local en la industria
turística. Se está elaborando un plan maestro para el desarrollo del turismo,
el cual propone la diversificación y mayor dispersión geográfica de la oferta
turística en la Isla, así como la diversificación de los mercados de
procedencia de los turistas, con énfasis en Europa y América Latina; la
participación más dinámica del Gobierno en el financiamiento de la construcción
de hoteles y paradores; y la captura de una mayor proporción de los gastos que
realizan en sus viajes los visitantes especiales (aquellos que viajan en barcos
cruceros). La meta es lograr que los gastos turísticos lleguen a constituir el
12 por ciento del producto bruto, en comparación con 6 por ciento en la
actualidad. En el presupuesto para el año fiscal 1993-94 se le añadirán $6 millones
a la Compañía de Turismo para apoyar iniciativas en el desarrollo y promoción
de la actividad turística y se le dará pleno endoso a la campaña para que
Puerto Rico logre la sede de los Juegos Olímpicos del 2004.
c. Agilización del gobierno y reducción
de la reglamentación y del papeleo burocrático en las agencias públicas, con
miras a acelerar los trámites relacionados con la incorporación de negocios, la
gestión de permisos de construcción y la tramitación de asuntos
administrativos.
d. Aumentar la capacidad de producir
riqueza y empleos en la Isla sin necesidad de depender tanto de fórmulas
temporeras, sujetas a alteraciones súbitas.
e. Incentivar la inversión productiva
al nivel local, privatizar áreas de acción del gobierno que puedan ser desempeñadas
a menor costo y con mayor eficiencia por el sector privado y mejorar la
condición de la infraestructura, especialmente en las áreas de recursos de
agua, producción de energía eléctrica, disposición de desperdicios sólidos y
carreteras.
2. Inducir el Gobierno
a que aumente
su apoyo a los esfuerzos de los negocios locales orientados a aumentar sus
exportaciones a Estados Unidos y a países extranjeros. En términos más
concretos la Cámara de Comercio de Puerto Rico recomendó recientemente las siguientes
acciones:
Ofrecer más cursos sobre comercio
exterior en las universidades y colegios de la Isla.
La creación de una Junta de Comercio
Internacional, compuesta por miembros del sector privado y del sector público,
para coordinar los esfuerzos de promoción del comercio internacional. Se
trataría de una acción conjunta de la Asociación de Industriales, la Cámara de
Comercio, Fomexport y el Departamento de Estado.
3. Una interesante línea de
argumentación sigue el siguiente curso:[37]
Si bien Puerto Rico se verá obligado a
seguir dependiendo de las corporaciones 936 como fuerza primaria para su
desarrollo económico, no importa cuánto se limite el crédito contributivo
federal, es necesario desarrollar alternativa que dependan menos de fuerzas
externas.
Es necesario aumentar el número de
empresas locales que orienten su producción hacia el mercado internacional.
Existe un gran número de empresarios locales y cantidades significativas de
capital—productivo y financiero—están en manos de residentes de Puerto Rico,
pero la mayoría de estas empresas y de este capital está en negocios de bienes
raíces, y en los sectores de servicios y distribución, con escasa inversión en
la manufactura y en negocios orientados a la exportación de servicios.
El paso lógico sería que las empresas
de capital local se aprovecharan del personal gerencial altamente cualificado
que existe en la Isla, que está a cargo de las operaciones de las compañías 936
y que corren riesgo de perder sus empleos en la presente crisis, para seguir
los pasos de Corea y Singapur en el desarrollo de compañías nativas para
manufacturar productos y proveer servicios exportables a Estados Unidos,
América Latina y el resto del mundo.
Sería interesante examinar casos
exitosos de empresas puertorriqueñas como MOVA Pharmaceutical Corporation y
Goya que ya están manufacturando para la exportación.
3. Finalmente, en el presente
contexto, que obliga a evaluar a fondo los mejores esfuerzos intelectuales que
se han hecho en el país para superar la triple dependencia de la economía de
Puerto Rico en la Sección 936, el flujo de fondos federales y la adquisición de
petróleo crudo importado, es importante evaluar la estrategia de desarrollo que
recomendó a principios de 1989 el Consejo de Desarrollo Estratégico, que
definió las siguientes prioridades estratégicas para la Isla:[38]
Reorientar el gasto público hacia la
inversión para aumentar la efectividad y la productividad del sector público.
Mejorar la calidad de la
infraestructura.
Establecer una cartera diversificada
de núcleos de excelencia industrial con capacidad de competir
internacionalmente y diversificar las fuentes de inversión externa.
Recalcar el desarrollo de la capacidad
de aprendizaje, las destrezas básicas y ocupacionales y la flexibilidad de la
fuerza trabajadora.
Promover un mercado dinámico de
capital de riesgo.
Aumentar
nuestra capacidad para generar, transferir y utilizar tecnología para
desarrollar mejores productos y procesos industriales.
Identificar y promover mercados en los
Estados Unidos e internacionalmente de gran potencial para los productos
locales.
Desarrollar a Puerto Rico como centro
de distribución y servicios de Caribe y América Latina, promoviendo
eslabonamientos regionales.
Como bien señaló el gran filósofo Federico
Nietzsche: ¨En el lugar del peligro está la salvación.¨ El grave reto que afronta
la economía de
Puerto Rico en la actualidad hay que sortearlo con el ánimo y entereza que
están contenidos en esa famosa frase.
CUBA: LA ECONOMIA BIFURCADA
Daría todas las especulaciones de los
marxistas modernos sobre la dialéctica, el lenguaje, la estructura o la praxis
entre los lacandones, por un análisis concreto de las relaciones sociales de
producción en la Unión Soviética o en China.
...Octavio
Paz, Corriente Alterna, 1967
Raras
veces tenemos la oportunidad de leer un análisis objetivo, basado en
información de primera mano y con explicaciones válidas desde el punto de vista
científico sobre la realidad económica de Cuba.
Desde
mi perspectiva, algo que parecía ser un
conjunto vacío lo vino a llenar un
artículo, traducido del inglés, que
publicó en la Revista de la Cepal
(Diciembre de 1995) el profesor Archibald R.M. Ritter, del Departamento de
Ciencias Económicas y Escuela de Estudios Internacionales, de la Universidad de
Carleton, ubicada en Ottawa, Canadá.
El
artículo se titula “La dualidad del tipo de cambio en la economía cubana de los
noventa”. Este título sugiere que
abremos de enfrentarnos a un complicado e inexpugnable ensayo sobre teoría
monetaria aplicada al contexto de la
economía cubana.
Todo
lo contrario: se trata de un trabajo, que sin sacrificar rigor, es sumamente
claro y sencillo. De hecho, es tan rico en contenido y tiene tal grado de
densidad analítica que lo mejor sería imprimirlo en su totalidad, de manera que
cada lector disfrute a plenitud de esta aportación.
No
obstante, por razones de espacio, me veo obligado a hacer una apretada síntesis
del artículo, con la esperanza de que al menos la esencia de la discusión de
Ritter sea conocida por los lectores de Perspectivas.
Ritter
analiza la principal característica que se ha observado en la economía cubana
desde comienzos de la década de los 90: su bifurcación en un sector tradicional
regido por el peso cubano, y un sector basado en el dólar y regido por las reglas
del mercado.
Esta
división se debe, segun el autor, a los siguientes factores:
* La rápida expansión del turismo,
de la
participación extranjera en empresas mixtas y de las sociedades anónimas.
* Las políticas macroeconómicas
implantadas con anterioridad a 1994, que produjeron un enorme déficit fiscal,
un alza acentuada de la oferta monetaria, una aceleración de los precios
determinados por el mercado y, en consecuencia, una drástica pérdida de valor
de los antiguos pesos cubanos con respecto al dólar en los mercados paralelos
(a pesar de que la tasa oficial de cambio se mantuvo constante).
* La política cambiaria y la política
comercial del gobierno cubano dieron paso a una acentuada discriminación en lo
que atañe al acceso a las importaciones en beneficio del sector orientado a la
economía internacional, en particular las sociedades anónimas.
* El aflojamiento, la falta de confianza y la contracción de la
economía socialista tradicional.
A juicio de Ritter,
la bifurcación
señalada influye notablemente en el desempeño de la economía cubana y de la
sociedad en general.
A
grandes rasgos, los impactos que discute el autor son los siguientes:
* Ha causado una redistribución del
ingreso: debido al elevado valor del dólar en los mercados paralelos, las
personas con acceso a dólares logran ingresos más altos que los de los
integrantes de la economía socialista tradicional que ganan en pesos.
* La diferencia en remuneración atrae
poderosamente los recursos, sobre todo los recursos humanos, al sector
orientado a la economía internacional, sin que se pueda argüir que los ingresos
que derivan los que tienen la capacidad de ganar dólares corresponde al valor
real (o productividad) de su aportación a la estructura económica o social.
* Tal brecha propicia una búsqueda
generalizada de lucro, puesto que se puede ganar mucho dinero mediante la
intermediación: la venta en un sector de la economía de bienes y servicios
adquiridos en el otro, aprovechando la diferencia entre los precios fijos y los
determinados por la acción del mercado, por una parte, y entre el tipo de
cambio oficial y el cambio en el mercado paralelo, por otra.
En
respuesta a los crecientes dificultades que ha generado la bifurcación (entre
ellos la exacerbación de conductas sociales negativas), a partir de 1993 las
autoridades cubanas adoptaron varias políticas públicas con el propósito de
mitigar el problema:
* La legalización de las actividades
independientes y la apertura de mercados de productos agrícolas, industriales,
artesanales y de servicios, han fortalecido la economía de mercado,
parcialemente vinculada al sector orientado a la economía internacional.
* A partir de 1994 la política fiscal
ha contribuido
a desacelerar la bifurcación. Algunas medidas adoptadas son la reducción de los
subsidios a las empresas, alza de los precios en la tiendas que operan con
dólares, cobro de impuestos a los trabajadores por cuenta propia y cobro de
impuestos a ciudadanos que ganan en divisas.
Ahora
bien, según Ritter, para reunificar la economía
habría que llevar a cabo profundas
reformas institucionales y cambios significativos en la política económica.
Algunas
de las medidas que sugiere el autor son
las siguientes:]
*
Seguir liberalizando la pequeña y
mediana empresa.
*
Legalizar el mercado de la
vivienda, continuar el desarrollo de las empresas cooperativas, y privatizar
pequeñas y medianas empresas, especialmente en la prestación de servicios y en
el comercio al detal.
De
esta manera, según Ritter, se podría ampliar la economía de mercado y se
generarían impactos macroeconómicos positivos, que contribuirían a la reducción
del tipo de cambio en el mercado negro y a la creación gradual de una estructura
más adecuada de incentivos económicos.
Sin
embargo, señala Ritter, lo más
importante es mantener la política macroeconómica vigente, que aspira a reducir
el déficit
fiscal y controlar la oferta monetaria, unida a las políticas cambiaria y comercial
encaminadas a hacer uniformes los tipos de cambio vigentes en el mercado negro
y el oficial. De
igual mdo, habría que desregular los precios y transformar el sistema de
bienestar social, que en la actualidad otorga subsidios a toda la población ,mediante
la regulación de los precios de los productos racionados. Asi, se podría
generar un sistema de complementación del ingreso de las personas realmente
necesitadas.
Las
anteriores medidas estarían orientadas a aumentar y diversificar la producción
destinada al mercado interno y a la exportación, de manera que la recuperación
económica del país sea sostenible en el futuro.
Como
bien indica Ritter, la tarea de recuperación economica que afronta el gobierno
cubano es de proporciones gigantescas, dado que la situación actual se
caracteriza por un extremo deterioro de la infraestructura y de la base de
capital--instalaciones y maquinaria y equipo- del sector industrial, del sector
agrícola, y de la economía en general.
En
resumen, Ritter traza un cuadro realista, sumamente descriptivo de la coyuntura
actual de la economía cubana, y apunta a soluciones que parecen compatibles con
la necesidad de que Cuba, no importa cuál sea el futuro de su sistema político
y económico, logre alcanzar una posición
competitiva en la economía global
NOTA
Este artículo se publicó en Perspectivas,
revista mensual de la
firma Estudios Tecnicos, Inc. Agradezco el trabajo de edición del mismo que
realizaron los planificadores José Rivera Santana y Evelyn Otero y las ideas y sugerencias
del Dr. Juan Lara, todos compañeros de trabajo en la firma Estudios Técnicos,
Inc.
LOS INDICADORES ECONOMICOS Y
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS
Introducción
La
idea de que los ganadores de las elecciones presidenciales en Estados Unidos se
deciden a base de un puñado de factores económicos-la tasa de inflación, la
tasa de desempleo, el crecimiento promedio de la producción agregada, el grado
de confianza de los consumidores y otros-ha fascinado por mucho tiempo a los
economistas.
De
ahí que se hayan desarrollado varios modelos que, a pesar de su sorprendente
sencillez, logran pronosticar con bastante precisión los resultados de la
contienda electoral norteamericana.
En
vista de la enorme importancia que las elecciones presidenciales de este año
tienen para el futuro económico de Puerto Rico,
conviene discutir, a grandes rasgos, tres de esos modelos, de manera
que, a medida que se acerca el mes de noviembre, los lectores de Negocios
dispongan de barómetros estadísticos objetivos para calibrar las
probabilidades de reelección del Presidente Clinton y la fuerza del reto del
Senador Dole.
Modelo Fair
Ray
Fair es un econometrista de Yale que desde 1978 ha estado usando estadísticas
económicas para predecir el voto presidencial. Su modelo está basado en la
experiencia histórica de 1916 a 1992.
Según Fair en tiempos de paz los resultados de las elecciones son
determinados por tres variables económicas significativas:
*
La tasa de inflación durante los primeros 15 meses del periodo presidencial. En
términos estadísticos, cada punto porcentual de inflación reduce los votos por
el incumbente en 0.83 de punto porcentual.
*
La tasa de crecimiento económico durante los tres trimestres previos a la
elección. Cada punto porcentual del crecimiento promedio para los primeros tres
trimestres del año electoral aumenta los votos por el incumbente en 0.65 de
punto porcentual.
*
Una variable que Fair llama “ buenas noticias”, que se juzga a base de cuántas
veces la tasa de crecimiento-medida cada trimestre-excede de cuatro (4) por
ciento. Así, cada trimestre en que la tasa de crecimiento está por encima de
ese umbral le añade un punto porcentual completo al incumbente.
La
metodología de Fair explica los resultados históricos excepcionalmente bien.
Cuando falla en
pronosticar el ganador, el margen de error, en elecciones en las cuales
participan sólo dos candidatos principales, no excede de dos (2) por ciento. No
obstante, en la elecciones de 1992, debido al factor Perot, el Modelo Fair falló
por 3.4 puntos porcentuales, en buena
medida debido a que partió del supuesto erróneo de que el tercer candidato
habría de restarle un número igual de votos a George Bush y a Bill Clinton.
Ahora
bien, en las 21 elecciones que se registraron de 1916 a 1992, el Modelo Fair
pronosticó el resultado correcto en 13 ocasiones, y en las otras ocho ocasiones
declaró que el resultado habría de ser demasiado cerrado, por lo cual no se
podía hacer un pronóstico estadísticamente significativo.
En
lo que respecta a las elecciones de 1996,
Fair calculó a principios de este año que la inflación tendría un
promedio menor del tres (3) por ciento en los primeros tres trimestres de 1996,
lo que habría de estar acompañado por un crecimiento económico entre 2.0 y 2.5
por ciento, dos
factores que serían favorables al incumbente, pero la ausencia de “buenas
noticias” (crecimientos superiores al 4.0 por ciento) habría de ser un factor
perjudicial para éste. En balance, Fair predijo en esa ocasión que Clinton
habría de recibir el 49 por ciento del voto presidencial si la competencia
fuera sólo con el candidato del Partido
Republicano.
Según
los pronósticos de Blue Chip Economic
Indicators correspondientes a abril de 1996, durante los primeros tres trimestres
de 1996 la inflación tendrá un promedio de 2.9 por ciento y el alza promedio
del producto bruto doméstico real será del orden del 2.0 por ciento, lo cual
quiere decir que el pronóstico de Fair se sostendría al mismo nivel dada la
información más reciente.
Tal
predicción implicaría que las elecciones de 1996 son demasiado cerradas. En la
medida que la economía muestre mayor fortaleza durante el segundo y tercer
trimestres de 1996 y la inflación siga bajo control, las probabilidades de
reelección de Clinton, según el Modelo Fair, serán mayores.
Modelo
Alesina-Londregan-Rosenthal (ALR)
Alberto
Alesina, de Harvard, y John Londregan y Howard Rosenthal, de Princeton,
desarrollaron un modelo de predicción
del mismo fenómeno político que consiste en una mezcla de variables no
económicas y variables económicas.
Las
variables que capturan los factores no económicos que influyen en la elección
presidencial son la división del voto popular en las elecciones de mitad de
término para escoger los representantes y la proporción de asientos en la
Cámara de Representantes ganados en esas elecciones por el partido del
presidente incumbente.
La
primera variable refleja la popularidad del presidente incumbente; la segunda,
la inclinación de los votantes a balancear el impacto de las elecciones de
mitad de término mediante la elección del candidato de oposición.
A
todas luces, estos dos efectos tienden a cancelarse mutuamente, excepto en la
situación actual en que un avance modesto de los republicanos en la proporción
de votos en las elección de los representantes produjo un cambio en el control
del Congreso.
En
tal caso, los factores económicos se tornan aún más decisivos. El Modelo ALR
usa sólo una variable económica: la tasa de crecimiento en el año de las
elecciones presidenciales. Un aumento de uno (1) por ciento en la tasa de
crecimiento lleva a un alza de 1.45 puntos porcentuales en los votos por el
presidente incumbente.
Si
el crecimiento en el año natural 1996 fuera 2.5 por ciento, según se
vislumbraba a principios de este año,
Clinton lograría obtener el 49.97 por ciento de los votos en 1996. A
todas luces, en vista de la expectativa de
menor crecimiento que predomina en la actualidad, a juzgar por los más
recientes vaticinios de Blue Chip
Economic Indicators , el pronóstico del Modelo ALR habría que ajustarlo
para reducir el por ciento de votos favorables al incumbente.
Ahora
bien, aun tomando en cuenta la nueva evidencia, lo cierto es que , al igual que
el Modelo Fair, el Modelo ALR se inclina
a la conclusión de que mientras
más fuerte sea el desempeño de la
economía en el resto del año mayor será la probabilidad de reelección de
Clinton.
Modelo
Banco
Mitsubishi (BM)
El Modelo del Banco
Mitsubishi predice
los resultados del voto presidencial únicamente a base del Indice de Confianza
de los Consumidores.[39]
La
ecuación que usa este modelo es la siguiente:
VPI
= -20 + 0.79 * ICC (Octubre)
donde VPI= Por ciento del voto popular
que obtiene el incumbente; y ICC (Octubre) es el valor del Indice de Confianza
en el mes de octubre del año eleccionario.
El
ICC, que prepara el Conference Board,
mide el grado de confianza de los consumidores en la situación actual y
en las perspectivas de la economía y del mercado laboral. Demás está decir que
las tendencias recientes de la economía en general, la inflación y el empleo
total son determinantes de las actitudes y percepciones de los consumidores.
En
las 10 elecciones comprendidas entre 1954 y 1992, el Modelo BM pronóstico el
resultado correcto en ocho ocasiones. Se equivocó en 1960, cuando John F.
Kennedy derrotó a Richard Nixon por un
margen de apenas 0.8 de punto porcentual , ocasión en la cual el margen de
error del modelo fué de apenas 1.0 por ciento. En 1968, el Modelo BM pronosticó
un triunfo de Hubert H. Humphrey, el candidato del partido incumbente, pero
Nixon ganó por un sorpresivo amplio
margen, aun cuando los indicadores económicos parecían favorecer al candidato
demócrata.
Ahora
bien, en las elecciones de 1992, en las cuales
los dos modelos antes discutidos
fallaron, el Modelo BM no sólo predijo
la derrota del presidente incumbente , sino que hizo un pronóstico muy certero
del voto popular que obtuvo Bush. El modelo anticipó que éste habría de obtener
el 37.8 por ciento del voto popular, en comparación con el resultado histórico,
que fué 38.0 por ciento.
De
acuerdo con el Modelo BM si las elecciones se hubiesen celebrado en diciembre
de 1995, cuando el nivel del ICC era 91, el triunfo le hubiese correspondido a
Clinton, con el 52 por ciento del voto popular.
Según la ecuación antes señalada, el punto de
empate entre Clinton y Dole sería a un nivel del ICC de 88.6.
La
lectura más reciente del ICC fué 97.7 en marzo de este año, de manera que la
situación sigue favoreciendo al incumbente. Durante el año natural 1995 el
índice estuvo en el recorrido de 94-103, con un promedio de 100 y en el primer
trimestre de 1996 sólo estuvo por debajo del señalado punto de empate en enero
(88.4), pero luego rebotó a 98.0 en febrero y 97.7 en marzo, para un promedio
trimestral de 94.7.
Conclusión
El análisis de
los principales modelos
económicos que se usan para pronosticar los resultados de la elecciones
presidenciales en Estados Unidos sugiere que los resultados de las elecciones
de 1996 dependerán grandememente de la trayectoria de la economía en los
próximos meses. En la medida en que la única institución que posee poder estratégico
suficiente para
influir sobre la actividad económica a corto plazo es la Reserva Federal, las miradas
estarán enfocadas en lo que los norteamericanos llaman “El Templo”. Si la
Reserva Federal decide que la economía necesita un estímulo a corto plazo para
evitar la recesión, una política de reducción en las tasas de interés podría
generar la aceleración en el crecimiento de la economía que, según los modelos
examinados, Clinton necesita para lograr la reelección. En cambio, si la
política monetaria se orienta a mantener
( o tal vez a aumentar levemente) la estructura actual de tasas de interés con
miras a evitar una reactivación de la inflación, la experiencia de bajo
crecimiento económico podría perjudicar al incumbente.
Una
observación que hizo al respecto Peter Pasell, un destacado periodista del New York
Times no puede ser más
acertada: “ Se dice en ocasiones que Alan Greenspan, el presidente de la
Reserva Federal, es el hombre más poderoso en Estados Unidos. Este año, puede
que eso sea cierto.”
NOTA
Este ensayo se publicó en el periódico
en la revista Negocios, del periódico El
Nuevo Día, los días 14 y 21 de julio de 1996. Agradezco el interés por mis
opiniones sobre el tema que me expresó la distinguida periodista Meriemil
Rodríguez, Directora de la Sección de negocios de dicho periódico.
LA
PROGRESION Y RETROGRESION DE LA EDUCACION SUPERIOR, PUBLICA Y PRIVADA, A LA LUZ
DEL DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAL HACIA EL AÑO 2000
Introducción
Agradezco
profundamente la oportunidad que me brinda la Junta de Síndicos de la
Universidad Central de Bayamón de disertar sobre un tema a la vez complicado y
fascinante. Me entusiasma el hecho de que estoy ante un grupo de distinguidos
profesionales que respetan la opinión del economista y que piensan que la
disciplina económica tiene mucho que aportar al análisis de la situación actual
y perspectivas futuras de la educación superior.
En
vista de dispongo de poco tiempo para examinar un tema de tanta magnitud y me
interesa escuchar la reacción de ustedes a las ideas que les presentaré,
procuraré concentrar mi atención en sólo cuatro aspectos centrales del tema:
* Las tendencias de la economía global en la
cual está insertada la economía de Puerto Rico.
* Las exigencias que una inserción efectiva en
la economía global la plantea a la sociedad puertorriquena y en particular a la
educación superior, pública y privada.
* La importancia de que la educación
superior de Puerto Rico responda
los retos que implica tal inserción.
*
El escenario de crecimiento económico y de apoyo financiero a la educacion
superior que se vislumbra a corto y mediano plazo en Puerto Rico y el perfil
del escenario a largo plazo.
En
cada caso, discutiré las implicaciones de las tendencias y asuntos discutidos
para las instituciones de educación superior de la Isla.
La
economía global
Hace apenas una década la idea de que vivimos en una
"aldea global" pareció novedosa y revolucionaria; hoy, es un lugar
común. La globalización de las actividades económicas y la internacionalización
de la producción, el comercio y la tecnología son las tendencias dominantes en
la economía mundial.
Un
acuerdo de carácter mundial como GATT y la formación de bloques económicos
regionales como la Comunidad Económica Europea, NAFTA y MERCOSUR son elementos
esenciales del nuevo orden mundial.
Las
ventajas que la integración económica le brinda a todos los países
participantes han sido claramente identificadas en la literatura económica:
*
Ayudan a desarrollar las capacidades y ventajas competitivas por medio de las
economías de escala (es decir, menor costo promedio a largo plazo) generadas
por el comercio entre los países que participan en el acuerdo.
*
Se logran ventajas comparativas dinámicas por vía de la interacción de las
economías participantes: se comparten el conocimiento científico y tecnológico,
las destrezas gerenciales y la información.
*
Se acelera el acceso a nuevos mercados por medio de negociaciones
multilaterales.
*
Se generan economías de especialización y una mejor división del trabajo entre
los países dentro de un mercado expandido.
*
Se logra estabilidad macroecónomica y se aumenta el flujo de inversión directa
e indirecta como consecuencia de la coordinación de las políticas monetarias y
fiscales.
De
ahí que para alcanzar su potencial económico, cada país deba adoptar una
estrategia de desarrollo que promueva la competitividad (mejore las destrezas
de sus recursos humanos, la calidad de la infraestructura y el ambiente
social), lleve a la formación de ventajas competitivas dinámicas y expanda la
exportaciones hacia el mercado mundial.[40]
El
desarrollo de la infraestructura, entendida tanto en el sentido físico
tradicional (carreteras, puertos y aeropuertos, etc) como en el sentido más
amplio de infraestructura científica y tecnológica, redes de comunicaciones,
sistema de educación y de atencion médica, ordenamiento de la actividad
cultural y desarrollo de un clima político estable y propicio para el desempeño
de la actividad productiva, es un elemento central, una condición sine qua non,
para el logro de la
competitividad internacional. En el aspecto físico, se require infraestructura
altamente especializada, orientada a uso y asimilación de la tecnología
informática, que le sirva a los intereses de las empresas o grupos de empresas
que existen o que se quiere atraer al país, lo cual debe ir acompañado del
correspondiente desarrollo de la capacidad gerencial, la base de capital
(maquinaria, equipo y estructuras industriales y comerciales) y la base de
destrezas intelectuales y técnicas de la población.
La
existencia de centros de investigación y desarrollo en la universidades, que
interactúen con las empresas manufactureras, y el desarrollo y ampliación de
las ofertas programáticas de la educación superior en general, en
correspondencia con las orientaciones y necesidades de la industria, son parte
de lo que se conoce como la nueva infraestructura, que es tan importante como
la infraestructura física.
Los
sistemas expertos, la robótica, las redes de información y telecomunicaciones,
las máquinas, herramientas y procesos guiados por computadoras son los
elementos más visibles de lo que ha venido a llamarse la Revolución
Informática, que implica una considerable expansión del sector de servicios
profesionales y asigna un rol estratégico a las instituciones de educación superior
en la formacion e implantación de la política de desarrollo económico nacional
(o regional) y en la promoción de la investigación y el desarrollo científicos.
El
tendencia a mejorar la tecnología y la productividad en todas los sectores
económicos le genera una enorme presión al sistema educativo y amenaza con
dejar permanentemente fuera del mercado a aquellas personas que no respondan al
cambio. Entre las categorías de empleo que más aceleradamente crecen se
destacan las que requieren formación universitaria: científicos naturales,
profesionales y paraprofesionales de la salud, técnicos de computadoras y de
laboratorios, administradores y gerentes, ingenieros y arquitectos, empleados
de ventas y mercadeo, analistas financieros, maestros y secretarias ejecutivas.[41]En términos generales, las profesiones
vinculadas con la informática son las que muestran más dinamismo, lo cual es
una consecuencia del hecho de que el complejo de
computadoras-semiconductores-telecomunicaciones ya ha alcanzado suficiente masa
crítica para convertirse en el motor principal de la economía de Estados
Unidos y de la mayoría de los países
altamente industrializados.[42]
En
efecto, en este nuevo contexto, la educación superior juega un papel crucial en
el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas, que no se basan tanto en los
recursos naturales, la maquinaria y el equipo o la infraestructura física-cuya
importancia es por supuesto innegable-como en la flexibilidad, la capacidad de
respuesta rápida, la habilidad para resolver problemas nuevos, la calidad,
variedad y amplitud del proceso de enseñanza-aprendizaje y la creatividad.[43]
En otras palabras, el conocimiento, y su
aplicación a la producción de bienes y servicios y a la generación de nuevo conocimiento,
es la principal fuerza
productiva, el motor principal enla emergente economía global.
Requisitos
para una inserción efectiva en la economía global
La velocidad, amplitud e intensidad del cambio que
se observa a escala global obliga a todos los países a diseñar e implantar
políticas de desarrollo económico claras y explícitas y a actuar con premura en
lo que respecta a creación o fortalecimiento de los componentes básicos de la
competitividad: desarrollo de destrezas, acceso a la tecnología, disponibilidad
de capital, mejora de la infraestructura, cambio en el clima regulatorio y
contributivo. Se requiere también la introducción de programas que propendan a
mejorar la calidad del ambiente-agua, aire- y la calidad de vida en general:
reducción del desempleo, la pobreza y la criminalidad; mejora de las
facilidades de diversión y recreación; y fomento de las artes y la cultura.
Dada
la importancia estrategica del conocimiento en la nueva estructura económica
mundial, la reforma de los sistemas educativos y de los sistemas de
adiestramiento técnico-vocacional es también un imperativo para el logro de la
competitividad. Las comparaciones internacionales muestran que los países que
han alcanzado más desarrollo educativo, que han restructurado con más eficacia
las formas de diseminar el conocimiento y aplicarlo a la toma de decisiones y a
la producción de bienes y servicios, son los que más capacidad competitiva y
más éxito han logrado en el mercado internacional. Además de las destrezas
intelectuales y técnicas que exige la nueva economía global, la formación de
recursos humanos debe tener un alto componente de conocimiento sobre otras
culturas y filosofías de vida, es decir, necesita la visión universal e
integral que provee la cultura humanística.
La
respuesta de Puerto Rico ante el reto de la economía mundial no se hizo
esperar. En una primera etapa, se plasmó en el documento titulado Estrategia para
el desarrollo económico de
Puerto Rico: hacia la Segunda Trnasformación Económica, que preparó en 1989
en Consejo Asesor Económico del Gobernador.[44] Más recientemente, la Administración
Rosselló elaboró y adoptó como política pública lo que se denominó el Nuevo
Modelo de Desarrollo Economico.[45] Este último anuncia una nueva visión
para Puerto Rico que se funda en cuatro elementos básicos:
*
Un sector privado que responda a las necesidades del mercado.
*
Un gobierno ágil y dinámico responsable de proveer políticas generales, y leyes
y regulaciones que faciliten el crecimiento y desarrollo económicos.
* La restructuración del gobierno para hacerlo
más eficiente y el logro un contexto social adecuado.
Algunas
características del Nuevo Modelo que responden directamente al señalado reto
global son las siguientes:
*
Recalca los principios de la capacidad competitiva, incluyendo el pleno
desarrollo de los recursos humanos, la mejora de la infraestructura económica,
física y tecnológica, y la forja de un ambiente regulatorio adecuado.
*
Promueve nuevos vínculos y redes de apoyo entre los negocios.
*
Amplía la base promocional, que en la actualidad se centra en la manufactura,
para incorporar la exportación de servicios profesionales y promover las
exportaciones en general.
*
Provee una estructura de apoyo para promover el turismo, con énfasis en el lado
de la oferta (venta de hoteles propiedad del gobierno y apoyo financiero a
nuevos hoteles privados).
*
Provee una estructura de apoyo al capital local e identifica nuevos mercados de
exportación tanto para los productos manufactuados en la Isla como para los
servicios profesionales.
Expresiones
concretas de esta nueva política de desarrollo económico son la apertura de
oficinas de negocio en México, Panamá y Chile (planeada), la creación de la
Junta de Comercio Exterior (que realizó un plan estratégico para el fomento de
las exportaciones) y la creación de la Zona de Libre Comercio #61.
Aunque
no define claramente las accciones específicas que ello implicaría y se acepta
que no existe una política sobre la educación postsecundaria, su financiamiento
y su relación con las políticas de desarrollo económico, el Nuevo Modelo le
asigna un papel central a los esfuerzos por integrar a las universidades en los
programas de desarrollo de recursos humanos y sugiere la posibilidad de proveer
apoyo financiero y fomentar la competencia productiva en el sistema
universitario del país. De igual modo, se alienta la creación de alianzas entre
la empresa privada, las universidades y el Departamento de Educación para
desarrollar los programas requeridos en áreas tales como la ciencia y la tecnología,
el mejoramiento profesional de maestros, la educación contínua, el desarrollo
de la capacidad empresarial y otros.[46]
Los
retos a la educación superior
Tanto
en matrícula como en el número de instituciones, el sistema de educación
superior de Puerto Rico mostró un acelerado crecimiento desde 1974 hasta
mediados de la década de los 80, impulsado por tres factores principales: una
amplia base demográfica (estudiantes de edad universitaria tradicional, es
decir, entre 18 y 24 años), el creciente flujo de becas federales y la
existencia de altos niveles de desempleo como resultado de la severa crisis por
la cual atravesó la economía de Puerto Rico durante el periodo. El alza en matrícula
recayó mayormente en las
instituciones privadas, que ya para fines de la década de los 80 atendían el 63
por ciento de la matrícula total (que ya se acercaba a los 160,000), en
comparación con una participacion de 44.0 por ciento en 1974. Desde mediados de
la década de los 80 hasta el presente varios factores se combinaron para
producir una estabilización en la matricula total del sistema a pesar el
contínuo aumento del valor nominal total de las becas federales-que incrementó
de $154.7 millones en el año fiscal 1995 a $388.2 millones en el año fiscal
1994. Dichos factores fueron la recuperación de la actividad económica (que
llevó a una disminución significativa de la tasa de desempleo), el lento
crecimiento de los graduados de escuela superior y del cohorte de población
universitaria en general y el alza en los costos de la matrícula. Un factor de
compensación ha sido el alza en población universitaria no tradicional
(adultos), inducida en buena medida por las necesidades de formación académica
y adiestramiento de la fuerza trabajadora del gobierno y de los negocios.
A pesar de que el número de instituciones ya
sobrepasa el umbral de 35, en comparación con apenas cinco (5) en 1970, más del
80 por ciento de la matrícula se concentra en la principales cinco
instituciones (Universidad de Puerto
Rico, Universidad Interamericana, Sistema Universitario Ana G.Méndez,
Universidad Católica de Puerto Rico y Universidad del Sagrado Corazón) y las
oferta programática, a pesar de que ha ido en aumento, aún carece de suficiente
diferenciación. Así cerca de dos terceras partes de los egresados del sistema
se ubican en las áreas tradicionales de Administración de Empresas, Educación y
Artes Liberales, si bien se ha observado cierto grado de avance en el número de
graduados de ciencias naturales, ingenieria y ciencias de cómputos. Un poco más
dos terceras partes de los grados conferidos son de nivel de Bachillerato,
cerca de una tercera parte son grados asociados y una porción mínima, pero
cualitativamente importante, son grados de maestría y doctorados.
Según la Junta de Planificación, las concentraciones
de estudio de los univesitarios demuestran paridad con los datos de empleo por
grupo ocupacional, es decir, la demanda de estudios universitarios guarda
correspondencia estrecha con las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo.[47]
Un rasgo que llama la atencion es el marcado
predominio de la mujeres en la población universitaria- cerca del 60 por
ciento-, un sesgo que esencialmente se debe a la composición de los cohortes de
nuevo ingreso procedentes de la escuela superior, dada la mayor retención
escolar que registra la población femenina en el sistema primario y secundario,
especialmente en la dimensión pública de éste.
Conviene
recordar tambien que cerca del ocho (8) por ciento de los estudiantes que se
gradúan de escuela superior en Puerto Rico optan por estudiar en universidades
de Estados Unidos y, en mucho menor grado, del extranjero. En la medida en que
los costos de la educación superior en Estados Unidos sigan creciendo a un paso
acelerado, es probable que las universidades de la Isla, particularmente
aquellas que se mantengan sintonizadas con las necesidades del mercado laboral,
sean el destino de parte de los estudiantes cuya primera preferencia hubiera
sido estudiar en una institución norteamericana. En este contexto, no debe
subestimarse el tamaño del cohorte de estudiantes que luego de un experiencia
de estudios fallida en Estados Unidos (sea por razones académicas, personales,
culturales o económicas) regresan a terminar sus grados en el sistema
universitario de la Isla.
En
materia de financiamiento existe una diferencia abismal entre las instituciones
públicas (esencialmente el sistema de la Universidad de Puerto Rico) y
privadas. Las primeras dependen mayormente de asignaciones con cargo al Fondo
General del Gobierno de Puerto Rico, que por lo general se mueve en la misma
dirección que la economia en su totalidad, y afrontan una demanda menos
elástica debido a que pueden fijar costos de matrícula más bajos; las segundas,
que dependen esencialmente de los cargos por matrícula y en mucho menor grado
de fondos estatales y federales, afrontan una demanda altamente elástica debido
a que se ven obligadas a fijar costos de matrícula más elevados y compiten
fuertemente entre sí.
El
reciente episodio de expansión de la matrícula de la Universidad de Puerto
Rico-un alza entre 3,000 y 4,000-responde a los años de bonanza que ha
experimentado el Fondo General (alzas de 19.8 por ciento en el año fiscal 1994
y de al menos 10 por ciento en el pasado año fiscal) y representa un cambio
apreciable del equilibrio que había existido hasta hace poco en el mercado de
la educación superior. En la medida en que la Universidad de Puerto Rico, una
vez superados los problemas de presión sobre la infraestructura física e
institucional que representa tal expansión súbita, sostenga a más largo plazo
la estrategia de capturar una porción mayor del mercado (a lo cual ayuda su
ventaja competitiva en precio) las universidades privadas verán reducida su
matrícula y tendrán que reevaluar sus estrategias a largo plazo para incorporar
este nuevo y decisivo factor externo.
A
juzgar por lo anterior, las instituciones del sistema universitario de Puerto
Rico, especialmente las del sector privado, tendrán que hacer ajustes
significativos para responder a los retos que les plantea el ambiente externo
local e internacional:
*
Diversificar los ofrecimientos, incrementar los programas graduados
especializados, formar alianzas estratégicas con la industria y el gobierno,
fortalecer los programas de educación de adultos, aumentar el componente de
investigación y desarrollo y variar la cartera de fuentes de financiamiento
para reducir la dependencia fondos federales y aprovechar la capacidad de
financiamiento de estudios superiores que tienen el gobierno y la empresa
privada.
*
Colocar mayor peso el desarrollo de conocimientos básicos en áreas tales como
electrónica y ciencias de computos, matemáticas, lenguajes y destrezas de
comunicación. Ante todo, se requiere un tipo de formación intelectual que induzca
en los estudiantes una actitud flexible para adaptarse a los cambios contínuos
y acelerados en la técnicas de producción, comunicación y mercadeo y al rol
creciente de la computadora y los sistemas de información computadorizad en los
centros de trabajo y en el propio ambiente académico.
*
Estudiar cuidadosamente la evolución de la estructura de empleo local así como
las variaciones en la estructura de empleo de Estados Unidos, de manera que los
programas académicos, a la vez que cumplan con el rigor y amplitud intelectual
que exige la educación universitaria, respondan a los patrones de demanda de
recursos humanos del mercado. Conviene recordar que en la economia global la
visión tecnocrática y especializada de la formación universitaria ha sido desplazada
por una visión integral de la formación de los recursos humanos, que recalca la
importancia de las destrezas básicas y de la formación técnica, pero a la vez
considera altamente deseable el conocimiento de otras culturas, de otros
idiomas y de otras visiones de mundo.
*
Ampliando el punto anterior, es necesario que las instituciones de educación
superior locales comiencen a pensar en la internacionalización de sus
programas, de manera que puedan aportar a la exportación de servicios
profesionales que tanto peso tendrá en el futuro económico de la Isla.
Escenarios
a corto, mediano y largo plazo
La
perspectiva a corto plazo de la economia de Puerto Rico tiene en la actualidad
un grado de complejidad e incertidumbre que se había observado desde principios
de 1993, es decir, desde principios de la gestión administrativa del Presidente
Clinton.
Tal
desasosiego no proviene de los dos factores que tradicionalmente tienen más
impacto tienen sobre la economía local-el crecimiento de la economía de Estados
Unidos y el precio del petróleo- sino de dos factores que se vinculan
directamente con la política fiscal de Estados Unidos: la incertidumbre
respecto a los cambios en la ayuda económica a la familias que implicará la
reforma del estado asistencialista en Estados Unidos[48] y la nueva presión sobre la Sección 936
que podrían generar los intentos por balancear el presupuesto federal.
Si
bien hay que admitir que todo pronóstico económico está sujeto a error (asi
como revisión sustancial poco después de ser emitido) existe consenso de que la
economía de Estados Unidos está pasando por un periodo de dificultad, pero está
encaminada a una moderada aceleración a principios de 1996. Así, Data
Resources, Inc. espera que el producto bruto doméstico (PBD) real crezca 1.6
por ciento tanto en este trimestre como en el cuarto trimestre pero acelere a
3.1 por ciento en el primer trimestre de 1996. La inflación se mantendrá en el
recorrido de 3.1-3.4 por ciento y las tasas de interés de corto plazo bajarán
un poco, en virtud de la política de moderado estímulo económico que seguirá la
Reserva Federal para evitar que la economía caiga en recesión.
Los
crecimientos que DRI anticipa para los anos naturales 1996 y 1997 son de 2.3
por ciento y 2.7 por ciento, respectivamente, lo que implica que a mediano
plazo, la economía de la Isla recibirá un estimulo positivo, si bien modesto,
de la economía de Estados Unidos.
En
lo que respecta a los precios del petróleo, DRI espera que el precio por barril
se mueva en el recorrido de $15.90-16.60 en los años naturales 1996 y 1997, lo
cual no representa una amenaza inflacionaria para Puerto Rico.
En
cambio, a estas alturas sólo se sabe que el futuro de los programas de
asistencia social en Estados Unidos serán una síntesis entre las aspiraciones
reduccionistas de la mayoría republicana en el Congreso y la filosofía
demócrata de la Administración Clinton. En la medida en que los ciudadanos de
Puerto Rico reciben una significativa cantidad de transferencias federales (el
balance neto de las mismas montó a $3,855.4 millones en el año fiscal 1994) el
resultado de la batalla presupuestaria en Estados Unidos sera un determinante
básico en la trayectoria futura de la economía de Puerto Rico.
En
su ejercicio más reciente de pronóstico la Junta de Planificacion anticipó un
alza de 2.7 por ciento en el producto bruto real para el año fiscal 1996. Se
estima que el año fiscal 1995 el crecimiento estuvo cerca del 3.0 por ciento.
Por lo general, los pronósticos de crecimiento económico hasta el año 2000
emitidos por los economistas del sector privado, particularmente por Applied
Research Inc., apuntan hacia un crecimiento promedio entre 2.0 y 2.5 por
ciento, en buena medida debido a la modestia del crecimiento económico en
Estados Unidos, a la reducción de los beneficios contributivos de las
corporaciones 936 y al impacto de los recortes en los programas de ayuda
federal.
Por
fortuna, tal incertidumbre a corto y mediano plazo no se asocia con los
programas de apoyo económico a la educación superior. A juzgar por las noticias
que han aparecido recientemente en el periódico The Chronicle of Higher Education
los "issues" dominantes
en la educación superior en Estados Unidos se relacionan más bien con el futuro
de los Programas de Acción Afirmativa y con el Programa de Préstamos Directos,
dos desarrollos que sólo tendrán un impacto menor en Puerto Rico (en la medida
en que influyan sobre las decisiones de estudiar en Estados Unidos de
estudiantes residentes en la Isla o que tengan impacto sobre las oportunidades
educativas de los estudiantes de origen puertorriqueño que residen en Estados
Unidos), ya que no se anticipan recortes significativos en los programas de
ayuda económica a los estudiantes.
En
cuanto a lo primero, la decisión de la Corte Suprema, tomada el 12 de junio de
1995 en el caso Adarand Constructors Inc. v. Pena representa un fuerte revés
para el Programa de Acción Afirmativa (PAA) y podría tener un impacto
considerable sobre la educación superior. En el futuro se podria emitir un fallo
similar relacionado con la educación superior, la salud, el reclutamiento de
personas y otras áreas similares.
El
fallo fue que los PAA federales, que involucran el uso de la raza como base del
trato preferencial, son legales si pueden pasar el estricto escrutinio de las
cortes federales. Este prueba tiene dos elementos: la razón para usar una
clasificación racial debe ser convincente ("compelling"); y los
medios adoptados deben ser cuidadosamente diseñados y adaptados a cada
caso("narrowly tailored") para implantar la misma.
El
Presidente Clinton señaló que su administración no abandonará los PAA, pero
está claro que las cortes tendrán la ultima palabra, ya que se trata de un
"issue" constitucional.
Hasta
que la cortes federales no provean guías más definidas, se debe hacer un uso
cauteloso en los PAA en los colegios y universidades.
Si
las instituciones han de lograr diversidad en la matrícula, y promoverla por
medio de programas de asistencia orientados a estudiantes de minorías étnicas,
así como promover el reclutamiento de profesores y personas de grupos
minoritarios, éstas han de estar preparadas para proveer evidencia detallada,
enfocada y convincente de la necesidad de tales programas, es decir, evidencia
que pueda sobrevivir el escrutinio de las cortes federales.
Por
otra parte, el proyecto de presupuesto de la Departamento de
Educación-el cual el Comité de
Apropiaciones de la Cámara estaba considerando a fines de julio- colocará
varias restricciones a la expansión y promoción del programa de préstamos
directos (PPD), con el cual la Administración Clinton aspira a reemplazar el
programa de garantía de prestamos (PGP). El PPD emite fondos federales
prestables vía los colegios, esquivando los bancos y las agencias
garantizadoras que operan el PGP.
Entre
los contenidos del proyecto se hallan los siguientes:
**
Prohibir al Departamento de Educación que le requiera a las agencias que
garantizan préstamos que devuelvan sus fondos de reserva.
**
Limitar los fondos administrativos para el PPD a $320 millones, $25 millones
menos que el año fiscal 1995.
**
Prohibir el gasto en anuncios, promoción o mercadeo del PPD.
**
Prohibir el reclutamiento de personal adicional para el programa.
También
se anticipa que el Comité de Oportunidades Económicas y Educativas de la Cámara
envíe un proyecto que le asigne un máximo ("cap") al crecimiento del
PPD. Dicho máximo se fijaría al nivel de 40 por ciento del volumen nacional de
préstamos.
Las
acciones respecto a los programas de apoyo financiero a los estudiantes son
bastante auspiciosas. Los paneles de
apropiaciones de la Camara que redactan los proyectos básicos de apropiación de
fondos para la educación superior terminaron sus trabajos a mediados de junio,
con resultados mixtos para las universidades y colegios:
**
Un aumento de 5.7 por ciento para los Institutos Nacionales de Salud.
**
Para la educación, el panel proveyó dinero para un aumento de $100 en el tamaño
maximo de la Beca Pell, pero pagó por ello reduciendo el número total de becas
a ser provistas y cortando otros programas educativos, incluyendo los esfuerzos
de reforma educativa de la Administración Clinton y pagos a Howard University.
**
Espefícificamente, la asignación para las becas Pell montó a $5.697 billones
(según aprobado por un subcomité de la Cámara) en comparación con un nivel de
gasto de $6.178 billones en este año fiscal. Aún así, se espera que la Beca
Pell aumente de $2,300 a $2,340 por estudiante.
**
La Administración Clinton requirió una Beca Pell maxima de $2,500. Lo que
propone el panel es menos, pero sorprendió el hecho de que se propusiera un
aumento en este vital programa de becas dado el afán reduccionista de la
mayoría republicana.
**
El proyecto también se orienta a detener las contribuciones de capital al
"revolving fund" de $6 billones que financia el Programa de Préstamos
Perkins, en el cual los administradores de las universidades toman decisiones
de asignación. El programa continuará, pero el insumo anual de efectivo, que
totalizó $158 billones en el AF 1995, terminará.
Se
teme que estas medidas tengan impacto negativo sobre los estudiantes de clase
media, que no cualifican para una Beca Pell.
Otro
panel de la Cámara, que redacta el presupuesto de la NSF (National Science
Foundation), trazó un plan que cortaría el presupuesto de investigación de la
agencia por uno (1) por ciento. Esta sería la primera reducción del presupuesto
de investigación de la NSF en diez años.
En
lo que respecta a nuevos cambios en la Seccion 936, que se anadirían a la
reducción de beneficios que implicó la Ley de Presupuesto del Gobierno Federal
aprobada el 10 de agosto de 1993, no se ha radicado ninguna propuesta
específica en el Congreso, pero la cadena de especulaciones y rumores sobre el
asunto es suficiente para inducir expectativas negativas que reduzcan el ya
amenguado flujo de nuevas inversiones industriales y pospongan gran parte de
las expansiones que tienen planeadas algunas firmas manufactureras establecidas
en la Isla.
A
más largo plazo, el principal problema que afronta la economía de Puerto Rico
es la búsqueda de alternativas de crecimiento más acelerado de cara a la
anticipada lentitud de la economía de Estados Unidos[49], la atenuación del crecimiento de la
industria farmacéutica (que genera cerca de la tercera parte de la
exportaciones de la Isla)[50], el reto de GATT y NAFTA, y el
inevitable desvanecimiento (sea por la vía gradual o por un golpe súbito e
inapelable) de la Sección 936.
En la etapa actual tal vez la mejor
alternativa es utilizar a plenitud las ventajas que aún ofrece la Sección 936
para promover estructuras, tales como las plantas gemelas, estimular
inversiones que se sostengan aún cuando se elimine la Sección 936 y resaltar el
rol de Puerto Rico como centro de transferencia de tecnología hacia América
Latina y el Caribe en áreas como la transportación, las telecomunicaciones, el
procesamiento de datos, las finanzas y la construcción.
Como
bien sugiere el informe del grupo de investigación de Princeton University que
examinó el futuro de Puerto Rico, además de mejorar la eficiencia del gobierno,
la calidad de la infraestructura y la variedad de las ofertas educativas y de
adiestramiento técnico-vocacional, la Isla debe incrementar su rol mundial
mediante la mejora y promoción de sus capacidades de trasbordo, expandiendo la
iniciativa de las plantas gemelas, estimulando el turismo y procurando obtener
la capacidad para ofrecerle incentivos contributivos (alivio de pagos al
Gobierno Federal) a empresas extranjeras que se establezcan en la Isla.
No
menos importantes son los señalamientos que hace un estudio reciente de la
Asociación de Industriales respecto a la posibilidad de promover el desarrollo
de grupos ("clusters") industriales con el objetivo de aumentar las
economías de escala e imprimir un mayor grado de permanencia a la producción
manufacturera y la promoción de "trading companies" en Estados Unidos
para distribuir productos de Puerto Rico.
Ante
todo, Puerto Rico afronta el reto de lograr un crecimiento económico significativamente
mayor que la economía de Estados Unidos en general, ya que la Isla aún tiene
mucho que avanzar en lo respecta al ingreso per capita, la mejora de la calidad
de vida y la ampliación de las oportunidades de desarrollo personal y
colectivo. En este sentido los esfuerzos por diversificar las fuentes de
crecimiento económico, con el turismo como principal complemento a la
producción industrial, y la búsqueda de nuevos mercados para la producción
manufacturera local se presentan como las mejores opciones.
En un ambiente tan cambiante y complejo
las estrategias de desarrollo institucional de las universidades deben estar
orientadas a lograr ventajas únicas, obtenidas a base de la especialización y
del aprovechamiento de las fortalezas internas, pero al mismo deben dejar
margen para la adaptación a variaciones súbitas en el ambiente externo.
A
grandes rasgos, he trazado un cuadro que implica significativos retos y
oportunidades para las instituciones de educación públicas y privadas de la
Isla. Espero que en la sección de preguntas podamos ahondar en algunos de estos
temas y tal vez trazar una agenda de análisis e investigación que responda más
específicamente a las realidades académicas, institucionales, administrativas y
financieras de la Universidad Central de Bayamón.
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Undecima Asamblea
Anual de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, págs. 65-104
NOTA
Conferencia dictada en el Retiro Anual 1995
de la Junta de Síndicos de la
Universidad Central de Bayamón.
LA
SITUACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS GUBERNAMENTALES EN PUERTO RICO
“Siempre ha de haber
recurso a la
mejoría y apelación a más”
...Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia,
1647
Don
Miguel Echenique, insigne economista y maestro de varias generaciones de
analistas tanto en la Junta de Planificación como en el Banco Gubernamental de
Fomento, me habló en una ocasión acerca de la importancia de que las personas a
cargo de los procesos de producción de estadísticas “vibren con los datos y
sientan pasión por el trabajo que realizan”. Entendí esa frase no sólo
como un reclamo de excelencia
profesional en la ejecución de las diversas fases del proceso
estadístico-recopilación, procesamiento y análisis- sino también como una
exigencia de preocupación y orgullo profesional por la calidad del producto
final y por la valoración que éste recibe de la comunidad de usuarios.
En
estos días en que, con justificada razón en algunos casos, la crítica de las
estadísticas gubernamentales, particularmente de aquellas relacionadas con el
desempeño de la economía, se ha convertido en una agenda extendida, conviene
reflexionar sobre los factores que han llevado a la progresivo pérdida de
calidad de nuestro sistema estadístico y evaluar algunas de las estrategias que
podrían ayudar a resolver el problema.
En
vista de que cada conjunto de series tiene una estructura particular y requiere
una evaluación específica, me limitaré a señalar los perfiles generales del
asunto y dejar para discusión futura los detalles del mismo. Admito que mi
campo de experiencia se circunscribe a las estadísticas económicas, aunque creo
que la situación de las estadísticas
sociales, demográficas, y de criminalidad y salud, no ofrece gran oportunidad
para hallar excepciones a la regla.
Conviene
aclarar que no se trata de un problema reciente. El debilitamiento de la
calidad, variedad y precisión de los datos económicos ha sido una tendencia
gradual, pero sistemática, que viene desarrollándose desde mediados de la década
de los 70, y que ha
alcanzado su punto más crítico en la etapa actual.
En
efecto, la agudización del problema, a mi juicio, es resultado de un mecanismo
deficiente de traspaso de conocimiento y
destrezas técnicas o simplemente secuela de la ausencia de diálogo o
consulta constructiva entre los oficiales de la anterior administración y los
de la presente, algo que a mi juicio ocurrió en la mayoría de las agencias que
producen información económica y que ha tenido un efecto devastador sobre
algunas de las series económicas principales.
La
crisis de confianza o credibilidad en la que ha desembocado el gradual
empobrecimiento de la producción de estadísticas obedece, esencialmente , a
varios factores objetivos claramente identificables, que varían de una agencia
a otra, y dentro de las agencias, de una serie o grupo de series estadísticas a
otra (s):
*
Obsolencia de gran parte de las metodologías de recopilación y estimación, así
como de las bases comparativas
(“benchmarks”) de las encuestas y
procesos de estimación principales. Ejemplos: la base de para la deflación de
las cuentas nacionales se remonta a 1954; la canasta de bienes que se usa en
los índices de precios al consumidor se basa en investigaciones realizadas en
1977.
* Severa restricción de los recursos
presupuestarios dedicados al trabajo de
campo y excesiva dependencia de estimaciones de escritorio y cálculos
especulativos. El presupuesto propuesto para
el año fiscal 1997 no provee para remediar esta carencia.
*
Ausencia de una visión amplia, integradora, del proceso de diseño, implantación
y evaluación de la política económica y del papel de los sistemas de
información como instrumentos de investigación científica. De hecho, en la
actualidad no existe una entidad pública que haga análisis de política
económica.
*
Rezago en el adiestramiento del personal en lo que respecta al dominio de fundamentos
teóricos de la
economía, la econometría y las estadísticas, lenta asimilación de nuevas
técnicas de recopilación y análisis de
datos y pobre noción de los métodos de investigación científica. No hay
programas de readiestramiento del personal suficientemente abarcadores para
superar esta deficiencia,
*
Envejecimiento relativo del personal con más conocimiento teórico y práctico y
ausencia de mecanismos efectivos de transmisión
del conocimiento de éstos a los
economistas y estadísticos más jóvenes.
*
Carencia o insuficiencia de equipo de
computadoras y programación avanzados y amplia necesidad de adiestramiento del
personal en el uso de la computadora como instrumento de trabajo.
*
Predominio de niveles salariales relativamente bajos, que actúan como factor de
desaliento e inducen la fuga de personal hacia el sector privado, con pérdida
de inversión en recursos humanos para el sector público.
*
Escasa colaboración de las empresas en la provisión de información fidedigna y
al día sobre sus operaciones, niveles de venta, márgenes de ganancia y otras
variables básicas. Hace una falta una nueva legislación que le otorgue carácter
mandatorio a las peticiones de
información de las agencias públicas.
*
Limitada coordinación interagencial en la producción de estadísticas, lo que
lleva a la duplicación de esfuerzos y a la falta de coherencia de series que
están obligatoriamente encadenadas y deben guardar una correspondencia lógica.
No
es una coincidencia que la crisis del sistema estadístico haya estallado
precisamente en el momento en que
se había estado invirtiendo más dinero que nunca no en la atención de los
problemas antes señalados- aunque debemos admitir que se ha hecho bastante al
respecto- sino en la utilización de los resultados del proceso estadístico para
resaltar los logros de la presente administración.
Al
llamar la atención en forma poderosa hacia la información económica, se puso en
evidencia en mucho mayor grado las debilidades estructurales de la misma y
salieron a relucir las extrañas variaciones que han mostrado recientemente algunas
de las principales series estadísticas.
Ahora
bien, como una vez señaló Nietzsche, “En
el lugar del peligro está la salvación”. Del propio listado de factores
limitantes que acabamos de presentar, que sin duda luce formidable a primera
vista, surge el conjunto de posibles soluciones al problema. Todo es cuestión
de traducir en un plan de acción tales observaciones, lo cual implica una clara
conciencia, por parte del ejecutivo y del legislativo, de que es necesario
invertir en la mejora de la información económica en vista de que ésta juega un
papel estratégico en los esfuerzos por aumentar la competitividad de la Isla.
En
la base del sistema estadístico, trabajando por los mejores intereses de
nuestro país, hay un conjunto de excelentes recursos humanos que me educaron en
mi peregrinar por las agencias del gobierno, que poseen un profundo
conocimiento sobre la realidad económica de la Isla y que pueden aportar
grandemente a la reforma de nuestro sistema de estadísticas. Todo es cuestión
de combinar esfuerzos con la
comunidad académica y con los economistas de sector privado para tomar acción
antes de que se haga demasiado tarde.
A
la vanguardia del proceso, dentro y fuera del gobierno, deben estar aquellos
que sienten la pasión por los datos, que han hecho girar su vida en torno a la
producción de información económica de alta calidad. No creo que sea necesario
utilizar técnicas detectivescas para saber de quienes se trata.
NOTA
Una versión algo abreviada de este
artículo se publicó en la revista Negocios,
del periódico El Nuevo Día.
PRODUCTIVIDAD
Y DESARROLLO ECONÓMICO
EN PUERTO RICO
Introducción
En la ciencia económica, la
productividad es una medida de eficiencia que se calcula como la proporción de
lo producido respecto a los insumos que se requieren para producirlo. Los
insumos que se consideran como parte del denominador son los factores
tradicionales de producción--recursos naturales, mano de obra y
capital--tomados individualmente o en forma agregada.
La productividad del trabajo o de la
mano de obra de un país o de un sector económico o industria en específico es
un indicador particularmente sensitivo de la eficiencia productiva y es, sin
duda, la principal medida que se usa a nivel mundial para juzgar el grado de
avance económico.
Más aún: hay consenso entre los
economistas en cuanto a que la mejor medida de progreso económico es el
crecimiento a largo plazo de la productividad.
La productividad--definida como el
valor de los bienes y servicios producidos por hora de trabajo o por
trabajador--crece esencialmente por medio de innovaciones tecnológicas, mejor y
mayor equipo de producción, mayor conocimiento, aumento en las destrezas de los
gerentes y los trabajadores de la producción, mejoras en la infraestructura
económica y organizaciones más eficientes en las esferas del gobierno, las
instituciones no gubernamentales y la empresa privada en general.
A pesar de que los economistas
difieren en cuanto a la formas de aumentar la productividad, existe consenso
entre éstos en cuanto a que el alza en la productividad es esencial para
aumentar el empleo, los salarios y los ingresos y el nivel de vida en general
de la población. Una economía en la cual la productividad permanezca estancada
por largo tiempo se convierte en lo que Lester Thurow llama una sociedad de
suma cero, en la cual los bienes y servicios que disfrutan un grupo de personas
requiere que otros se vean excluidos de los mismos. Solo mediante una
productividad creciente se logra que los incrementos en la producción total se
distribuyan en forma más holgada y equitativa.
De igual modo, la literatura reciente
sobre el concepto de competitividad en la economía global resalta la
importancia de que tanto al nivel de las empresas como de la economía como un
todo se logren avances significativos en las tasas de productividad como
elemento fundamental
para reducir el desempleo y mantener a raya la inflación.
En este trabajo se hace una análisis
de las tendencias de la productividad total y por sector económico en Puerto
Rico durante el periodo de 1986-1995, lo cual sirve de fundamento para la
identificación de diversas políticas económicas que podrían ayudar a la Isla a
mejorar su actuación en este vital aspecto de su desempeño económico.
Productividad
y crecimiento económico
La productividad puede verse ya sea como
una medida de eficiencia aislada en un momento dado o como un indicador de
desarrollo económico, esto es, como un índice de crecimiento. Esta última
posibilidad procede del hecho de que en el transcurso del desenvolvimiento de
la economía desde la fase extractiva, en la cual predominan la agricultura y
las actividades mineras, hasta la etapa industrial avanzada (ya en camino a lo
que se ha dado en llamar la sociedad postindustrial) en que el grueso de la
producción es generada por industrias de alta tecnología--como es fundamentalmente
el caso de Puerto Rico-- y las industrias vinculadas con el conocimiento juegan
un papel sumamente importante, la productividad aumenta en la economía como un
todo, particularmente en los sectores económicos más dinámicos.
En la práctica, rara vez se hacen
cálculos sobre la productividad de los recursos naturales o del capital, tanto
por razones prácticas como teóricas. Por ejemplo, la productividad de un
máquina depende de la valoración que se le de a ésta. Tal valoración, sin
embargo, es difícil de determinar, aun en comparación con otras máquinas de
capacidad claramente diferente. El costo no sería un factor a considerar, ya
que una mejora radical en la tecnología pudo haber rendido mayor capacidad
productiva al mismo costo. No obstante, la capacidad productiva como tal no es
suficiente, ya que hay que tomar en cuenta el costo de la máquina, la tasa de
interés, la depreciación y otros factores.
En cambio, la mano de obra es más
fácil de cuantificar, mediante el simple
conteo de los trabajadores involucrados en una tarea y del número de horas que
cada uno de ellos le ha dedicado a la misma.
En años recientes se ha puesto de moda
hablar de un concepto más general llamado productividad total de los factores
(PTF), definida como la producción por unidad de insumo total, incluyendo no
sólo la mano de obra sino también el capital, la energía, y los materiales
intermedios. En este caso, los cambios en PTF reflejan los ahorros netos por
unidad de producto y por tanto los aumentos en la eficiencia de la producción.
Por lo general, la productividad crece
a un paso lento, interrumpido de vez en cuando por súbitas aceleraciones que se
asocian con la introducción de nuevas tecnologías.
En la medida en que el crecimiento a
largo plazo de la productividad esté acompañado por un alza similar en los
salarios reales (ajustados por la inflación) el índice de precios tiende a
crecer a un ritmo no inflacionario. En cambio, si los salarios reales crecen a
una tasa más alta que la productividad, los precios tenderán a aumentar.
Una de las tendencias más preocupantes
en la actualidad en los países altamente industrializados--en vista de sus
consecuencias macroeconómicas a largo plazo--es la substitución del capital por
mano de obra en respuesta al alza en los costos de la mano de obra. En cambio,
es igualmente preocupante el hecho de que muchos países en desarrollo el bajo
costo de la mano de obra desalienta la inversión en bienes de capital que
aumenten la productividad, lo cual puede contribuir al estancamiento económico.
Literatura
reciente sobre el concepto de productividad
Cualquier intento de resumir la
literatura reciente sobre el concepto de productividad rebasaría por mucho los
límites de este trabajo, pero no se puede pasar por alto dos aportaciones que
se reconocen como las más significativas en la presente década.
La primera es el libro Convergence on Productivity: Cross-National
Studies and Historical Evidence, un estudio abarcador sobre el estado de
conocimiento de lo que se conoce como la hipótesis de la convergencia. Esta
hipótesis afirma que al menos desde la Segunda Guerra Mundial, y tal vez por un
periodo extenso antes de ese evento global, un grupo de países industrializados
estaba creciendo en forma cada vez más homogénea en términos de los niveles de
productividad, tecnología e ingreso per
capita. Gran parte de la
evidencia que se presenta en este volumen tiende a confirmar la validez de la
hipótesis de la convergencia, aunque por supuesto la polémica en torno al tema
sigue siendo sumamente intensa. Ahora bien, el consenso que surge de la
discusión es que el aumento en la productividad es la clave para aumentar los
niveles de vida en la economía global.
La segunda es el libro Productivity and American Leadership: The
Long View, en el cual se examina la actuación a largo plazo de la
productividad en Estados Unidos, en comparación con la de otras naciones
industrializadas. La principal conclusión de este volumen es que el expediente
de productividad a largo plazo en Estados Unidos es mejor de lo que
generalmente se reconoce, pero se hace imperativo mejorar la misma con miras a
que el país mantenga el liderato económico a nivel mundial y continúe
sosteniendo o mejor aún mejorando sus altos
niveles de ingreso y de calidad de vida.
En lo que respecta al análisis de las
tendencias a largo plazo de la productividad en
Puerto Rico, es imprescindible mencionar un trabajo de gran trascendencia
que se preparó
a fines de la década de los 70. Se trata del informe La medición de la productividad
del factor trabajo en la economía de
Puerto Rico, desarrollado por los economistas Fernando Zalacaín y Angel
Ruiz a petición del Consejo Asesor del Gobernador sobre Política Laboral. La
principal conclusión de este
trabajo fue que la productividad del factor trabajo a nivel agregado mantuvo un
ritmo de crecimiento muy rápido hasta mediados de los años setenta, pero de ahí
en adelante se observó una reducción del ritmo de crecimiento. Más
específicamente, el producto bruto doméstico por empleado aumentó a una tasa
anual promedio de 6.5 por ciento de 1947 a 1966, pero para el periodo de
1967-74 al alza fue de 3.8 por ciento.
Metodología
de medición
Para los propósitos de este trabajo la
productividad de la economía se define como el producto bruto domestico real
dividido por empleo total. Lo ideal sería dividir por el número total de horas
trabajadas en la economía, pero en ausencia de información confiable sobre esta
última variable, se ha preferido usar la primera definición. La disponibilidad
de datos sobre la producción bruta doméstica y el empleo por sector económico
permite calcular la productividad promedio por empleado de cada sector de la
economía.
El Indice para Deflacionar el Producto
Bruto Doméstico se usa también para deflacionar las series de producción bruta
doméstica por sector económico.
Ante la imposibilidad de distinguir
entre lo que es auténtico avance de la producción en el sector manufacturero y
lo que es tan solo una ilusión de crecimiento debido a complejos sistemas de
transferencia de precios entre las firmas ubicadas en la Isla y sus casas
matrices en Estados Unidos, inducidos por las ventajas contributivas que
proveía en alto grado la Sección 936 durante su periodo de esplendor, se opta
por aceptar los datos que desarrolla la Junta de Planificación como válidos.
Como se verá más adelante, la conclusión del trabajo sería esencialmente la
misma en un escenario de plena información sobre tal distinción.
Observaciones
específicas
En lo que respecta al periodo bajo
análisis, se observaron los siguientes cambios:
1. A precios constantes , la
productividad
por empleado en la economía como un todo aumentó de $6,814.3 a $7,631.9, a una
tasa anual promedio de 1.27 por ciento.
2. El producto bruto doméstico real
aumentó a una tasa anual promedio de 4.41 por ciento, en comparación con un
crecimiento anual promedio de 3.11 por ciento en el empleo total, lo que
explica el avance en la productividad por empleado.
3. Examinado e año a año, el
crecimiento de la productividad fue negativo o muy lento desde 1986 hasta 1989,
se aceleró de 1990 a 1992 (año en que se logró un alza de 4.52 por ciento) y
luego entro en desaceleración, con un avance de apenas 0.28 por ciento en 1995.
4. En el año fiscal 1995, la
productividad por empleado más alta se registró en el sector de finanzas,
seguros y bienes raíces ($28,670.2), seguido de cerca por la manufactura
($19,504.9). La menor productividad por empleado fue la de la agricultura
($2,036.0). (Tabla 3).
5. De1986 a 1995, la productividad promedio
por sector económico mostró un patrón de crecimiento muy variado. Los sectores
que registraron tasas de crecimiento anual promedio superiores a las de la
economía como un todo (1.27 %) fueron la construcción (4.13 por ciento), la
manufactura (3.20 por ciento) y los servicios (1.35 por ciento). Sólo en la
agricultura y el comercio se observaron declinaciones en la productividad.
(Tabla 3).
6. Durante el periodo bajo análisis,
el sector que más aumento registró en lo que se refiere a la participación en
el producto bruto doméstico fue la manufactura (2.91 puntos porcentuales), cuyo
avance en productividad promedio sólo fue superado por la construcción. (Tabla
4).
7. En lo que se refiere a
participación en el empleo total, el mayor avance se observó en el sector
servicios (3.52 puntos porcentuales), pero, como ya se señaló, el avance en
productividad promedio en este sector fue sólo marginalmente superior al de la
economía en su totalidad. (Tabla 4).
Observaciones generales
La breve incursión que se ha realizado
en este trabajo en el complejo y cambiante territorio de la productividad nos
permite concluir que el mejoramiento a largo plazo de esta vital dimensión de
la actuación económica es vital para el
éxito en la economía global.
Puerto Rico, al igual que Estados
Unidos y buena parte de los países industrializados, afronta el reto de
acelerar el crecimiento de la productividad como requisito indispensable para
mantenerse competitivo en la economía mundial y sostener el avance en los
niveles de salarios e ingresos que es necesario para cerrar la brecha entre el
nivel de vida que se ha logrado y el que han alcanzado los principales países
industrializados.
A la luz de la literatura que se ha
consultado para redactar este breve ensayo, se pueden señalar varias
estrategias para la promocíon de la productividad en la Isla. Sin duda, cada
una de estas estrategias habría que examinarla con todo rigor, para determinar
su viabilidad económica e institucional en el contexto de lo que ya algunos
llaman la era post-936 de Puerto Rico, cuando las opciones macroeconómicas son
limitadas y los costos de oportunidad de cualquier decisión estratégica de
largo plazo son muy altos.
Sin duda, el punto de partida debe ser
el desarrollo de un plan estratégico diseñado específicamente para el
incremento de la productividad general y por sector económico de la Isla, como
puntal para mejorar la capacidad competitiva de la Isla.
Los elementos centrales de dicho plan
podrían ser los siguientes:
1. Fijación de metas realistas para
los 20 años venideros, basadas en investigaciones rigurosas sobre la evolución
y perspectivas de la estructura productiva de la isla, en lo que respecta a la
productividad por empleado, tanto a nivel de la economía como un todo como al nivel
sectorial y por industria.
2. Un programa para el fortalecimiento
de y la inversión en la capacidad productiva de la economía, que recalque los
siguientes aspectos:
(a) Incremento cuantitativo y
cualitativo--incluyendo el mantenimiento--de la infraestructura económica
tradicional, recalcando la prioridad de la infraestructura de comunicaciones.
(b) Inventario de la infraestructura
tecnólógica existente en la Isla (laboratorios, centros de investigación
científica, sistemas de información computadorizados en campos científicos ,
geográficos y ecológicos, etc.) y diseño de un plan de inversión para expandir
este tipo de facilidades.
(c) Fortalecimiento de las actividades
de investigación y desarrollo, las
cuales le den tanto peso a la investigación científica pura como a la
investigación aplicada a los procesos de producción: desarrollo de nuevos
productos, nuevos materiales y de formas de aprovechar la biodiversidad
existente en Puerto Rico, especialmente en los bosques, para el avance de la investigación
farmacológica.
(d) Fortalecimiento de los centros
para del desarrollo de empresarios tanto en las propias empresas como en la
uinversidades privadas y públicas del país y de las bases institucionales para
la transferencia de tecnológia (desde
los países más avanzados hacia Puerto Rico y desde la Isla hacia los países del
Caribe y América Latina en general).
(e) Reestructuración de la educacion
superior en todas sus fases, incremento en la diversidad de programas
académicos, con mayor énfasis en los programas de ciencias naturales,
ingeniería, ciencias cibernéticas, gerencia, economía y finanzas y menor
participación de los programas humanísticos tradicionales. Reorientación de los
programas humanísticos hacia los estudios sobre otras culturales y estilos de
vida, con énfasis en la enseñanza de idiomas extranjeros y de la historia
cultural de otros países.
(e) Modificación de la estructura
contributiva de tal forma que se aliente la inversión y el ahorro. La
preferencia explícita del sistema contributivo debe ser el estímulo del ahorro
familiar y de la acquisición de equipo productivo que se puede usar en el hogar
(especialmente computadoras y equipo de telecomunicaciones, la inversión de las
empresas en maquinaria y equipo que aumente la productividad laboral y la
reducción de la tributación sobre las ganancias y dividendos que retienen a
largo plazo las corporaciones.
(f) Las uniones del sector privado y
del gobierno deben tener plena participación en esfuerzos intregrados con el
gobierno, las instituciones no gubernamentales y el sector privado, en el
fomento, desarrollo, diseño e implantación de una nueva cultura de trabajo
basada en el obtetivo
común de aumentar la productividad y fortelecer la competitividad del páis.
(g)
Los grupos ambientalistas deben ser integrados a los esfuerzos para definir los
fundamentos de la competitividad, de manera que no sólo contribuyan al diseño
de reglas ambientales correctas, sino que ayuden en los esfuerzos de
comunicarle al público en general la importancia de una política ambiental
innovadora y dinámica.
(3)
El desarrollo en la Junta de Planificación de una unidad de análisis, monitoreo
y medición de la productividad tanto al nivel agregado como sectorial y por
industrias, que utilice la base estadística de las cuentas de ingreso y
producto, la información relacionada con las investigación de insumo-producto y
los indicadores económicos mensuales para desarrollar índices de productividad
y sistema de proyección de las tendencias a corto, mrediano y largo plazo de la
productividad en la Isla.
PRODUCTIVIDAD POR
EMPLEADO
EN
PUERTO RICO
|
PRODUCTO
BRUTO
DOMÉSTICO
REAL
(Millones
de $)
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PRODUCTO
PROMEDIO
POR
EMPLEADO
(Dolares
de 1954)
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TCAP:
Tasa de crecimiento anual promedio
Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico
al Gobernador, 1995,
Apéndice Estadístic
Tabla
2
PRODUCTIVIDAD EN PUERTO RICO
(Dólares de 1954)
Fuente: Junta de Planificación,
Informe Económico al Gobernador, 1995,
Apéndice Estadístico
Tabla
3
PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO
POR SECTOR ECONÓMICO
(Dólares de 1954)
Fuente: Junta de Planificación,
Informe Económico al Gobernador, 1995,
Apéndice Estadístico
Tabla
4
CAMBIO EN LA PARTICIPACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN Y EN EL EMPLEO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS
1985 A 1995
(PUNTOS PORCENTUALES)
Fuente: Junta de Planificación,
Informe Económico al Gobernador, 1995,
Apéndice Estadístico
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Baumol, William J., Sue Anne Batey Blackman y Edward
Wolff (Editores), Productivity and
American Leadership: The Long View, Oxford University
Press, Nueva York, 1994.
Baumol, William J., Richard R. Nelson y Edward Wolff
(Editores), Convergence of Productivity:
Cross-National Studies and Historical Evidence, Oxford University
Press, Nueva York, 1994.
Consejo Asesor del
Gobernador sobre Política Laboral, La
medición de la productividad del factor trabajo en la economía de Puerto Rico,
San Juan, Puerto Rico, Mayo de 1979.
Gordon, Robert J., Macroeconomics,
Harper Collins, Nueva
York, Sexta edición, 1993.
Junta de
Planificación, Informe Económico al
Gobernador, 1995.
Roach, Stephen, ¨Productivity Revival¨, Harvard Business Review,
Noviembre-Diciembre de 1996, págs. 82-89
Taylor, John B., ¨The Path to Growth¨, The Wall Street Journal,
18 de octubre
de 1996
EL
MERCADO MUNDIAL DE PETRÓLEO:
DESARROLLOS
RECIENTES Y PROYECCIONES
Introducción
La
publicación World Economic Outlook,
preparada por el equipo de investigación del Fondo Monetario Internacional
(FMI), es una de las fuentes de análisis e información más confiables sobre
la situación actual y
las perspectivas de la economía mundial.
El
volumen correspondiente a octubre de 1996 alcanza un nivel de excelencia tan
alto que me costó trabajo escoger el capítulo o tema que habría de reseñar para
los lectores de Perspectivas. Luego
de ponderar cuidadosamente el asunto, me decidí finalmente por el Anejo II,
titulado World Oil Market: Recent
Developments Outlook, ya que se trata un tema que es de vital importancia
para Puerto Rico--uno de los países más dependientes del petróleo del mundo--y
que raras veces se discute en nuestro ámbito intelectual.
Dicho
anejo provee un resumen de los desarrollos recientes del precio de petróleo y
de los movimientos subyacentes en la demanda y oferta de petróleo.
Los
precios del petróleo
A
pesar de que el precio del petróleo[51] ha mostrado una alta volatilidad
durante periodos cortos de tiempo desde la terminación del conflicto de Iraq y
Kuwait, también conocido como la Guerra del Golfo Pérsico, el grado de
variación ha sido mucho menor que durante el periodo que transcurrió desde la
primera sacudida de los precios del petróleo en 1973 hasta el estallido de
dicho conflicto. En la actualidad el precio se halla a un nivel de $22.07 por
barril, en comparación con $24.33 hace un año.[52] En los últimos doce meses ha fluctuado
desde un mínimo de $19.63 hasta un máximo de $28.10.
La
demanda mundial
La
demanda mundial de petróleo todavía está determinada esencialmente por los
desarrollos en los países industrializados, que ya éstos aún consumen la mayor
parte de la producción mundial de petróleo. Ahora bien dicha proporción ha
venido en descenso: a principios de la década de los 70 era 71.7%; a fines de
1995 se había reducido a 57.7 por ciento y se espera que baje a 55.1% en el año
2000.
En
cambio ha habido un aumento en la demanda de los países en desarrollo[53], cuya participación en el mercado
aumentó de 15.2.% en 1971 a 33.6% por ciento en 1995 y se espera que llegue a
36.5% en el año 2000.
En
1995, el consumo mundial de petróleo ascendió a 69.8 millones de barriles
diarios (mbd), en comparación con 49.4 mbd en 1971, lo que implica que creció a
una tasa anual promedio de 1.5 por ciento durante ese periodo. En los países
industrializados el alza anual promedio fue de apenas 0.5%, mientras que en los
países en desarrollo fue de 4.9%.
La
oferta mundial
La
producción mundial de petróleo creció de 66.9 mbd en 1990 a 70.0 mbd en 1995, a
una tasa anual promedio de 0.9 por ciento, y se espera que alcance un nivel de
79.9 mbd en el año 2000. [54] En igual periodo la demanda mundial de
petroleo avanzó a una tasa promedio de 1.0%, lo cual explica el hecho de que el
precio del petróleo experimentó variaciones relativamente suaves durante el
periodo.
La
proporción del mercado que controlan los países de la OPEP aumentó de 37.4.0%
en 1990 a 39.8% en 1995 y se mantendrá a ese nivel hasta el año 2000. En el
mismo periodo, la
proporción controlada por otros páises declinó de 62.6% a 60.2%, y dentro del
grupo hubo una
transformación significativa: declinó la producción tanto en los países
Bálticos, Rusia y otros países de la antigua URSS como en Estados Unidos, y
aumentó en fuentes como el Mar del Norte y en América Latina. La principal
razón que explica el súbito avance de estas dos regiones es el mejoramiento de
la tecnología de extracción, las reformas fiscales en Noruega y el Reino Unido,
y la privatización y el flujo de capital externo hacia la producción petrolera
en América Latina.
Perspectiva
a mediano plazo
El
FMI pronostica que la demanda
mundial de petróleo crecerá a un tasa anual promedio de 2.0% durante el periodo
de 1995-2000, la cual será menor que el alza promedio de 2.6% que se espera
tenga la producción mundial del crudo.
En
el caso de los páises industralizados, la demanda crecerá durante ese periodo a
una tasa anual promedio de 1.0 por ciento, en comparación con un alza anual
promedio de 1.1 por ciento en el periodo de 1990-95.
En cambio, la demanda de los países en desarrollo crecerá a
una tasa promedio de 3.7 por ciento, en comparación con 5.1% en el lustro
anterior. Esta desaceleración se deberá en buena medida al desarrollo de otras
fuentes de energía y a una mayor eficiencia en el uso del petróleo.
Sin duda, el hecho de que el FMI anticipe que, en conjunto,
el producto bruto doméstico real de los países en desarrollo, seguirá creciendo
a una tasa más acelerada que el de los países industrializados explica la
diferencia en el crecimiento de la demanda de petróleo de los primeros en
comparación la de los segundos.
Del lado de la oferta, la perspectiva a mediano es
prometedora en vista de que las reservas de petróleo crudo son adecuadas y
existe un alto potencial para aumentar substancialmente las reservas
comprobadas a base de los yacimientos que se están explotando en la actualidad.
El FMI anticipa que la producción en los países que no
pertenecen a la OPEP, particularmente en la caso de Rusia y los países
bálticos, mejorará a medida que fluya hacia ellos inversión externa que acelere
la exploración y desarrollo de yacimientos petrolíferos.
Conclusión
La conclusión a que llega el análisis del FMI es sumamente
favorable para Puerto Rico: aun cuando
el mercado de petróleo está sujeto a sacudidas fuertes, particularmente del
lado de la oferta debido a cambios políticos, en balance, la perspectiva a
mediano plazo para los precios del petróleo es que no habrá variaciones
significativas en los mismos que procedan de los fiundamentos del mercado, es
decir, de la interacción entre la demanda y la oferta globales del crudo. No
obstante, dado que el crecimiento de la
producción y del consumo son prácticamente idénticos, lo que lleva a que los
inventarios de petróleo se mantengan a niveles bajos, siempre se observará a
corto plazo cierta volatilidad de precios.
[1] Del año fiscal 1974 al año fiscal
1977, las transferencias federales a individuos aumentaron de $606.8 millones a
$1,882.7 millones, a un ritmo anual promedio de 45.8 por ciento.
[2] En los años fiscales 1981-82 y
1982-83 hubo reducciones en el producto bruto real y en el nivel de empleo
total.
[3] La recesión de principios de la
década en Estados Unidos, que coincidió con el inicio del primer término del
Presidente Reagan, se considera la peor desde la Gran Depresión.
[4] Uno de los estudios lo llevó a
cabo el destacado economistas norteamericano Norman Ture para el Institute for
Research on the Economics of Taxation. Otro fué relaizado por la firma
Booz-Allen and Hamilton, Inc. bajo el titítulo de Impact of the Rereal of
Section 936 on Puerto Rico´s Economy, preparado para la Asociación de
Industriales de Puerto Rico.
[5] Información obtenida del banco de
datos que publioca el periódico The New
York Times en su edición dominical.
[6] Estos son esencialmente los
pronósticos del Consejo Asesor en Economía de la revista Time.
[7] Los datos de empleo aparecen en
la publicación Indicadores Económicos
Mensuales de Puerto Rico, que produce el Banco Gubernamental de Fomento.
Véase el número de agosto de 1985.
[9] Business Week, 14
de octubre de
1985, pág. 4
[10] Banco de datos del New York Times.
[12] Pronóstico enunciado en una
ponencia de la Ing. Patria
Custodio, Presidente de la Junta
de Planificación, ante la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico.
[13]
Calero, Heidi, ¨Economic Challenges Facing Puerto Rico¨, Puerto Rico Business Review.
[14] Una idea completa del planteamiento del
Tesoro federal se puede obtener de la lectura del documento The Operation and Effect
of the Possessions
Corporation System of taxation: Fifth Annual Report.
[15]
Véase del autor el ensayo The Amendments
to Section 936 of the U.S. Internal Revenue Code and their Impact on the
Economy of Puerto Rico, Oficina de Planificación y Desarrollo, Recinto de
Río Piedras, Septiembre de 1982.
[16] La posición oficial del Gobierno
la presentó el Gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, en un discurso
que pronunció ante la 12nda. Conferencia Anual del Citibank sobre la Sección
936. Véase Puerto Rico Business Review,
Abril de 1985, págs. 1-4.
[17]
Caribbean Business, ¨Governor´s
Message to the Caribbean¨, 29 de junio de 1985, pág. 13.
[18] Trabajos estadísticos realizados
por el autor utilizando datos obtenidos del Informe Económico al Gobernador, 1984.
[19] Datos correspondientes a junio de
1985.
[20] Los datos que aparecen en este
inciso fueron obtenidos de diversas ediciones recientes del periódico The Chronicle
of Higher Education.
[22] Esta información fué obtenida de
tablas no publicadas preparadas por la Junta de Planificación.
[23] Se trata de una ponencia
presentada en la Primera Sesión de la Quinta Asamblea Anual de la Asociación de
Economistas de Puerto Rico, celebrada el 6 de mayo en el Hotel Mayaguez Hilton.
,
[24]
Jaffe, Adam B., et.al., "Environmental Regulation and the Competitiveness
of U.S. Manufacturing", Journal of
Economic Literature, Vol. XXXIII, Marzo de 1995, pags. 132-163.
[25]
Ibid, pag. 57. Traduccion del autor.
[26]
Meyer, Stephen M., "Environmentalism and Economic Prosperity: Testing the
Environment Impact Hypothesis", M.I.T. Mimeo, 1992, Cambridge, MA.
[27]
Porter, Michael y Claas van der Linde, "Green and Competitive: Ending the
Stalemate", Harvard Business Review,
Septiembre-Octubre de 1995, pag. 133
[28] Según el Diccionario Internacional Simon
and Schuster, la palabra sentiment,
una de las más complejas
desde el punto de vista semántico en ese idioma, puede traducirse al español ya
sea como sentimiento o como sentir, modo de pensar, juicio, opinión o concepto.
Estas últimas cuatro acepciones parecen acercarse más a lo quiere medir el
IMSC. A mi juicio, la variante modo de sentir tiene la ventaja de que alude al elemento
inevitablemente subjetivo que hay
las opiniones que expresan los consumidores en este tipo de encuesta.
[29] Un indicador que experimenta
cambios en dirección (¨túrning points¨) que preceden los cambios en dirección
de la economía como un todo.
[30] Sessions, Samuel Y.,
¨Treasury
gives its side on 936¨, The San Juan
Star, 28 de abril de 1993, Ponencia presentada el 27 de abril de 1993 ante
la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos..
[31]
¨Labor flexes muscle in 936 debate¨, The
San Juan Star, 17 de mayo de 1993.
[32]
The Drug Manufacturing Industry: A
Prescription for Profits, Staff Report of the Special Committee on Aging,
United States Senate, Septiembre de 1991.
[33]
Estudios Técnicos, Inc., The Impact of
Section 936 on Puerto Rico´s Economy and the Construction Sector, Abril de
1992.
[34]
The San Juan Star, ¨Uncertainty about 936 Causes Economic Slowdown¨, 3 de mayo
de 1993.
[36] Hon. Pedro Rosselló, Puerto Rico 1993: El Estado de la Isla,
Mensaje a la Asamblea Legislativa, 23 de marzo de 1993 y Partido Nuevo
Progresista, Programa de Gobierno, 1993-1996, Resumen.
[37]
José A. Martí, ¨936: Friend or Foe? The Only Hope for Our Economy¨, Business Puerto
Rico
[38] Consejo Asesor Económico,
Estrategia para el Desarrollo Económico de
Puerto Rico: Hacia la Segunda Transformación, Enero de 1989.
[39] Véase el artículo sobre los
índices de confianza del cosnumidor que se incluye en este volumen.
[40] ] Está próximo
a publicarse un estudio que el autor preparó para el
Capítulo Puertorriqueño del Club de Roma, bajo el título Análisis de la literatura
sobre la situación del postcapitalismo,
donde se evalúan, entre otras cosas, las aportaciones al tema del desarrollo de
la política económica nacional realizadas por autores de la talla de Paul
Kennedy, Michael Porter, Robert Reich, Lester Thurow, y Hasmish McRae. En este
contexto, debo señalar que uso la palabras "competitividad" y
"competitivo" consciente de que son anglicismos, ya que no hay
sustitutos cercanos (desde el punto de vista semántico) en español.
[41] Vease Business
Week, Human
Capital: The Decline of America's Work Force, Informe Especial, Septiembre
de 1988, pag. 108, asi como Velez Alicea, Rolando, Realidades de empleo en Puerto
Rico para el AÑo 2000, Septiembre de
1991, 16 págs.
[42] ] Según datos de
la Reserva Federal, desde 1986 la participación de la
industria de equipo de procesameniento de información en la producción
industrial total supera la de la industria de vehículos de motor. En el año
natural 1994 la proporciones fueron 8.1 por ciento en el caso de la primera y
5.6 por ciento en el caso de la segunda.
Véase Steinberg, Bruce, Economic & Financial Outlook, Merrill Lynch
& Co., Enero de 1995
[43] Este punto lo elabora
con sumo cuidado Spyros G. Makridakis en su
libro Forecasting and Strategy for the
21st. Century,
Cap. 6, pags. 103-120.
[44] Véase Consejo de
Desarrollo Estratégico, Estrategia para el desarrollo económico de Puerto Rico: Hacia
la
Segunda Transformación, Enero de 1989
[45] Véase Consejo de
Productividad Económica, Oficina del Gobernador, Nuevo Modelo de Desarrollo Económico,
Febrero de 1994
[47] Véase Junta de
Planificación, "Estructura de empleo, desempleo y grupo trabajador", Informe Económico
al Gobernador 1993,
Marzo de 1994, 14 págs.
[48] Lo que se conoce como el
Nuevo Contrato con América, promulgado por la mayoría republicana en el
Congreso de Estados Unidos, es un intento de redefinir el rol del estado y la
fílosofía asistencialista. Los elementos básicos este programa son los
siguientes:
*Fortalecer
la ética de trabajo. Se le requerirá a los recipiendarios del sistema de
bienestar y a los prisioneros que trabajen; se obligará a los desempleados a
que entren en programas de adiestramiento como una condición para mantener los
beneficios.
*
Mejorar la competitividad internacional. Esto requerirá cambiar las leyes
ambientales, laborales y contributivas que inducen a los manufactureros a
exportar puestos de trabajo (establecerse en otras jurisdicciones) y ofrecer a
las compañías incentivos para aumentar la productividad.
*
Acelerar la entrada del país en la era de la informática, lo que incluye la
desregulacion de las telecomunicaciones.
*
Descentralizar el gobierno. Darle a los estados y a los gobiernos locales
amplios poderes sobre lo que hoy son funciones federales, incluyendo la
transportación, almuerzos en las escuelas, Medicaid y el apoyo a las artes.
*.
Traer la excelencia al gobierno. Acelerar la adquisición de tecnología y
reformar las leyes de servicio civil.
*
Balancear el presupuesto federal. Hacerle recortes a los programas federales, transferir
otros a los gobiernos estatales, descelerar el crecimiento de otros. Hallar
nuevas opciones para reestructurar los
fondos en fideicomiso de Medicare y del Seguro Social.
*
Detener los crímenes violentos. Construir prisiones seguras, exigirle a los
prisioneros que asistan a clases y aprendan destrezas productivas y aumentar
las penalidades en los casos de crímenes que involucren armas de fuego.
*.
Convertir a Estados Unidos en líder del planeta. Aumentar la preparación
militar, fortalecer el poderío norteamericano en todo el mundo, y esquivar las
alianzas multilaterales que restrinjan la soberanía norteamericana.
Véase
al efecto, Business Week, "Newt's New Contract", 12 de junio de 1995,
págs. 32-33
[49] Según DRI, el PBD
real de Estados Unidos crecera a una tasa anual
promedio de 2.7 por ciento en el periodo de 1995-1997 y luego descelerara a 2.3
por ciento de 1998 al 2005.
[50] Véase Velez Cardona,
Waldemiro, "La industria farmacéutica
moderna: desarrollo, caracteristicas y perspectivas futuras", en Ensayos Económicos,
Undécima Asamblea
Anual de la Asociación de Economistas de Puerto Rico
[51]El FMI usa como su indicador
del
precio del petróleo un promedio de los precios del crudo intermedio del Oeste
de Texas, el crudo Brent de Inglaterra y el crudo de Dubai.
[52] Se refiere al crudo
intermedio
del Oeste de Texas, según citado en 19 de marzo de 1996 por The Wall Street Journal.
[53] Se refiere a China,
los páises
en transición en Asia central, algunos países del Mediano Oriente, y otros
países en desarrollo del Hemisferio Occidental, del Mediano Oriente y de
África.
[54] El artículo reseñado
no tiene
una serie histórica de la producción mundial de petróleo equivalente a la que
tiene de la demanda.