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La economia de Puerto Rico: Realidad y perspectiva

Redactado unos días antes del aciago anuncio de que la deuda del País es impagable bajo los términos y condiciones vigentes.

LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO: REALIDAD Y PERSPECTIVA

 

Por Santos Negrón Díaz

 

Desde hace muchos años los economistas, tanto privados como del Gobierno, habíamos venido realizando un ejercicio que hasta hace poco era bastante simple. Examinábamos los factores externos principales—el crecimiento de la economía mundial, los precios del petróleo, las fluctuaciones de la economía de Estados Unidos en general y del sector manufacturero en particular y las variaciones en los flujos de ayuda federal—y de ahí derivávamos, con  cierto grado de precisión, la trayectoria futura a corto y mediano plazo de la economía de Puerto Rico.

Desde mediados de la década de los 1970, los factores externos que más complicación le presentaron a la economía de Puerto Rico fueron los periódos de simultánea crecimiento acelerado de los precios del petróleo y reducción significativa en la economía de Estados Unidos, como ocurrió a mediados de esa década de los 1970 , y en menor grado principios de la decada de los 1990. Más drásticos aún fueron los efectos de la prolongada recesión que Estados Unidos sufrió desde diciembre de 2007 hasta mediados de 2009.

Mientras Puerto Rico tuvo un sector manufacturero fuerte, es decir, al menos hasta 1996, pudimos resistir los embates externos, ya que se pudo conjugar una política anticíclica cuyos puntales fueron la inversión pública en infraestructura,  el avance de la inversión privada en construcción, complementada por el flujo de fondos federales y la capacidad del sector manufacturero para reactivarse a medida que la economía de Estados Unidos rebotaba de las recesiones.

El resquebrajamiento de la actividad manufacturera de 1996 en adelante, debido a la pérdida de los créditos contributivos bajo la Sección 936, y la subsecuente  salida de cientos de fábricas, la acelerada reducción de los niveles de producción y  empleo de la manufactura, vulneraron la capacidad de la economía para sostener un crecimiento, aunque por breve tiempo los niveles de inversión en  obra pública, particularmente durante la Administración Rosselló, mantuvieron la economía en un sorprendente estado de levitación.

Una vez que se agotó la capacidad del Gobierno Central para impulsar la economía, que duró más menos hasta principios de la decada pasada, no hubo manera alguna de combatir con efectividad el fuerte impacto de la ultima recesión de Estados Unidos, que allá terminó en 2009, pero aquí llegó para quedarse.

            Lo más parecido a un proceso de recuperación se observó desde principios de 2012 hasta principios de 2013, bajo el impacto del flujo masivo de los fondos ARRA, pero fue de corta duración y la inversión lograda fue demasiado exigua como para iniciar una fase de expansión de la economía. Durante lo que va de este cuatrienio, la actividad económica, a juzgar por el Índice de Actividad Económica estuvo en franco declive hasta fines de 2013 y ha mostrado cierto grado de reavivamiento desde entonces, hasta mostrar un ínfimo avance de 0.1 por ciento con respecto al mes anterior en abril de 1961. Por 26 meses la actividad económica estuvo en declive con respecto al mismo mes de año anterior, y el nivel que mostró en abril de 2015 es significativamente inferior al que se observó a mediados de 2012, para no hablar del que existía antes del comienzo de la recesión a fines de 2006.        

Basta examinar el cuadro de indicadores mensuales más reciente, correspondiente a 2 de junio de 2015, para percatarnos de que la situación sigue siendo siendo precaria.

Durante los primeros 10 meses del año fiscal en curso (de julio de 2014 a abril de 2015) se observan los siguientes cambios en los principales indicadores: baja de 0.7 puntos porcentuales en la tasa de participación, bajas de 2.3% en el empleo total y de 2.3% en el empleo asalariado, disminución del desempleo y de la tasa de desempleo, esencialmente como resultado de la baja en la tasa de partcipación, pérdida de 1,000 empleos en la manufactura, cuyo nivel de empleo al presente (74,600) es un minimo histórico, reducción de 8.9% en la producción y de 11.0% en las ventas de cemento, baja de 0.7% en las ventas al detal (hasta febrero de 2016) y de 0.5% en los ingresos al Fondo General.

Solo dos variables ofrecen un cuadro alentador: un incremento de 17.1% en las exportaciones  y un alza de 5.4% en el total de registro en hoteles (7% en el renglón de no residentes).

            Ante semajante cuadro, no es extraño que la proyecciones del curso de la economía a corto plazo sean esencialmente pesimistas. La Junta de Planificación, en su escenario base, pronostica cuatro años fiscales a la baja en el Producto Nacional Bruto a precios constantes, desde -0.9% en el año fiscal 2015 hasta -1.2% en 2016. Se esperan reducciones en los gastos de consumo personal y la inversión interna bruta de capital fijo. Las mejores perspectivas se observan en las exportaciones y en los gastos de consumo del Gobierno, que a la luz de las circunstancias más reciente de lentitud en los recaudos y cortes en lo presupuestos de las agencias, lucen poco probables.

            A pesar de que la configuración de los factores externos luce favorable en la actualidad—expansión moderada pero firme de la economía mundial, consolidación del avance de la economía de Estados Unidos, halada por un sector manufacturero fuerte—la debilidad estructural de la economía de Puerto Rico no da base para pensar que ésta tiene oportunidad de superar la crisis en la que halla inmersa.

Varios factores internos, entre ellos el impacto severo sobre la actividad económica inducido por la  introducción de docenas de nuevos impuestos, la pérdida de la capacidad del Gobierno, de las corporaciones públicas y de los municipios para acudir al mercado de bonos para financiar sus proyectos de capital, la incertidumbre generalizada en torno a la configuración final de la Reforma Contributiva, la gradual descapitalización y avance hacia la insolvencia no sólo del Banco Gubernamental de Fomento sino del Gobierno Central como un todo han generado un ambiente de expectativas negativas nunca visto desde Puerto Rico inicio su proceso de crecimiento y desarrollo económico a fines de la década de los 1940.

Como consecuencia de la prolongada recesión, el debilitamiento de los ingresos del Fondo General, la gigantesca acumulación de deuda pública y el correspondiente aumento en el servicio de la misma, un factor de carácter externo produjo un efecto desastroso, un círculo vicioso, inescapable: la degradación de la deuda. La caída acelerada hacia los escalafones más bajos de las clasificaciones de la deuda, hasta cruzar el umbral que ahora define toda nuestra deuda como altamente especulativa (chatarra en términos más hirientes) hizo inútiles todos los esfuerzos de la Administración García Padilla por cumplir con el plan de ajuste macroeconómico tipo Fondo Monetario Internacional que exigieron las casas acreditadoras y aplaudieron los accreedores: austeridad en el gasto público (que redujo la demanda agregada), impuestos de toda naturaleza (que estrangularon a los consumidores y agravaron las dificultades de los negocios, especialmente de los pequeños y medianos),  y modificación drástica de los Sistema de Retiro (que alteró severamente la perspectiva de cientos de miles de empleados y personas retiradas).  El dinero que logró obtener por vía de emisiones, hubo que usarlo para pagar deudas, no para estimular la actividad económica.

La degradación crediticia causó una disminución no solo de las expectativas económicas sino de la capacidad productiva y de  creación de empleos como tales. Al hacer más costoso al acceso a los mercados de capital—tasas de interés más altas y menor rendimiento del dinero neto que se pudiera utilizar en la inversión—ha hecho que no se pueda colocar en el momento justo y las condiciones crediticias más favorables, una emisión que pudo haberse utilizado para aliviar significativamente el problema de liquidez  del BGF y pagar la abultada deuda de la Autoridad de Carreteras (de más de $2,000 millones).

Nos hemos colocado, pues, al borde del abismo. Sigue vigente la amenaza de cierre del Gobierno, que se perfila para el primer trimestre del ano fiscal entrante, se observan movimientos desperados a última hora para mejorar el flujo de efectivo del Gobierno en lo que se logra emitir los llamados TRANS y a corto plazo el Gobierno enfrenta obligaciones de pago ascendentes a $2,200 millones. Más de 230,000 empleados ven comprometida su estabilidad económica, riesgo que se extiende a cerca de 88,000 retirados que ven amenazado el flujo de sus beneficios si el Gobierno Central, en conjunción con las corporaciones públicas y los municipios, deja de aportar los $120 millones para mejorar el flujo de efectivo del Sistema de Retiro.

No es extraño que todos veamos asomarse en el horizonte una amenaza aún más grave: el impago. Una deuda de cerca de $72 billones y un servicio de la deuda montante a cerca de $4,800 millones (de los cuales $1,538 millones son deuda del Gobierno Central) son un lastre significativos para un país cuyo Producto Bruto Real ascendió a $69.2 billones y cuyos ingresos netos al Fondo General  montaron a apenas un poco más de $9.0 billones en el año fiscal 2014.

Es inevitable que el Gobierno recurra medidas de emergencia, algunas de las cuales ya han sido adelantadas por el BGF,     tales como moratoría en el pago de la deuda, un ajuste en el pago de la deuda, pagos de la deuda con impuestos u otros recaudos que iban orientados a corporaciones públicas.

En suma, el cuadro de descenso suave pero tolerable de la actividad económica de la Junta de Planificación luce en estos momentos como un escenario benóvolo en comparación con los riesgos inéditos, impensables en la lógica común de los negocios, que se asocian con la insolvencia simultánea del BGF, algunas de las corporaciones públicas y el Gobierno Central como un todo.

Surge pues, como contrapeso a la crisis, la necesidad de restructurar la deuda del país y de diseñar un plan de recuperación económica a mediano y largo plazo.

Luce ahora muy apretada y difícil la perspectiva de máxima prioridad que ha trazado la Administración García Padilla desde sus inicios: conjurar las graves situaciones de la economía en recesión y la estabilización de las finanzas como puntal para un esfuerzo de recuperación económica, pero sin recurrir al despido masivo de empleados públicos como lo hizo la Administración Fortuño.  

En cualquier proceso de restructuración que tenga en que entrar el Gobierno de Puerto Rico surgirán, con toda probabilidad, las mismas exigencias de los acreedores que se dieron en Grecia: reducción de los gastos del Gobierno, especialmente el recorte de la plantilla laboral y de las pensiones,  y la imposición de nuevas medidas de recaudo. De lado de Puerto Rico, habrá un resistencia al despido de empleados públicos y un intento de que los pensionados no sufran mas ajustes de sus beneficios. La ciudadanía ya perdió su tolerencia hacia nuevos impuestos y  ha llegado al punto de la revuelta en ese terreno. La batalla será ardua porque, como todos sabemos, el Gobierno de Puerto Rico, como en todas partes, la nómina de los empleados es un alto por ciento de los gastos del Gobierno  ya se an hecho ejercicios severos de reducción de gastos en todas las demás partidas.

En suma, nos enfrentamos a graves riesgos, navegamos por mares sin cartas de navegación y las posturas desesperantes que el Gobierno se ha visto obligado a adoptar tienen una causa económica en común el desmantelamiento de la manufactura, que indujo al Gobierno a lanzarse en una aventura quijotesca que brilló por un tiempo pero más temprano que tarde chocó con sus propios límites. De igual modo, la crisis económica ha sido agravada por el desgaste total del marco político en que opera nuestra economía: el Estado Libre Asociado, cuya limitado marco de acción ha sido una camisa de fuerza para los escfuerzos de recuperación.

La crisis económica a puesto al descubierto la crisis política y nos obliga a pensar que sin una transformación efectiva, que nos provea mejores y más amplios instrumentos de política económica y poder político, todo esfuerzo de recuperación económica está condenado al fracaso. No podemos seguir echando vino nuevo en odres viejos (Marcos 2:22). 

 



Gracias por su interés en este trabajo.