LA ECONOMÍA
DE PUERTO RICO: REALIDAD Y PERSPECTIVA
Por Santos Negrón Díaz
Desde hace muchos años los economistas, tanto
privados como del Gobierno, habíamos venido realizando un ejercicio que hasta
hace poco era bastante simple. Examinábamos los factores externos
principales—el crecimiento de la economía mundial, los precios del petróleo,
las fluctuaciones de la economía de Estados Unidos en general y del sector
manufacturero en particular y las variaciones en los flujos de ayuda federal—y
de ahí derivávamos, con cierto grado de
precisión, la trayectoria futura a corto y mediano plazo de la economía de
Puerto Rico.
Desde mediados de la década de los 1970, los
factores externos que más complicación le presentaron a la economía de Puerto
Rico fueron los periódos de simultánea crecimiento acelerado de los precios del
petróleo y reducción significativa en la economía de Estados Unidos, como
ocurrió a mediados de esa década de los 1970 , y en menor grado principios de
la decada de los 1990. Más drásticos aún fueron los efectos de la prolongada
recesión que Estados Unidos sufrió desde diciembre de 2007 hasta mediados de
2009.
Mientras Puerto Rico tuvo un sector
manufacturero fuerte, es decir, al menos hasta 1996, pudimos resistir los
embates externos, ya que se pudo conjugar una política anticíclica cuyos
puntales fueron la inversión pública en infraestructura, el avance de la inversión
privada en
construcción, complementada por el flujo de fondos federales y la capacidad del
sector manufacturero para reactivarse a medida que la economía de Estados
Unidos rebotaba de las recesiones.
El resquebrajamiento de la actividad
manufacturera de 1996 en adelante, debido a la pérdida de los créditos contributivos
bajo la Sección 936, y la subsecuente
salida de cientos de fábricas, la acelerada reducción de los niveles de
producción y empleo de la manufactura,
vulneraron la capacidad de la economía para sostener un crecimiento, aunque por
breve tiempo los niveles de inversión en obra pública, particularmente durante
la
Administración Rosselló, mantuvieron la economía en un sorprendente estado de
levitación.
Una vez que se agotó la capacidad del Gobierno
Central para impulsar la economía, que duró más menos hasta principios de la
decada pasada, no hubo manera alguna de combatir con efectividad el fuerte
impacto de la ultima recesión de Estados Unidos, que allá terminó en 2009, pero
aquí llegó para quedarse.
Lo más parecido a un
proceso de recuperación se observó desde principios de 2012 hasta principios de
2013, bajo el impacto del flujo masivo de los fondos ARRA, pero fue de corta
duración y la inversión lograda fue demasiado exigua como para iniciar una fase
de expansión de la economía. Durante lo que va de este cuatrienio, la actividad
económica, a juzgar por el Índice de Actividad Económica estuvo en franco
declive hasta fines de 2013 y ha mostrado cierto grado de reavivamiento desde
entonces, hasta mostrar un ínfimo avance de 0.1 por ciento con respecto al mes
anterior en abril de 1961. Por 26 meses la actividad económica estuvo en
declive con respecto al mismo mes de año anterior, y el nivel que mostró en
abril de 2015 es significativamente inferior al que se observó a mediados de 2012,
para no hablar del que existía antes del comienzo de la recesión a fines de
2006.
Basta examinar el cuadro de indicadores
mensuales más reciente, correspondiente a 2 de junio de 2015, para percatarnos
de que la situación sigue siendo siendo precaria.
Durante los primeros 10 meses del año fiscal en curso (de julio de 2014
a abril de 2015) se observan los siguientes cambios en los principales
indicadores: baja de 0.7 puntos porcentuales en la tasa de participación, bajas
de 2.3% en el empleo total y de 2.3% en el empleo asalariado, disminución del
desempleo y de la tasa de desempleo, esencialmente como resultado de la baja en
la tasa de partcipación, pérdida de 1,000 empleos en la manufactura, cuyo nivel
de empleo al presente (74,600) es un minimo histórico, reducción de 8.9% en la
producción y de 11.0% en las ventas de cemento, baja de 0.7% en las ventas al
detal (hasta febrero de 2016) y de 0.5% en los ingresos al Fondo General.
Solo dos variables ofrecen un cuadro alentador: un incremento de 17.1%
en las exportaciones y un alza de 5.4%
en el total de registro en hoteles (7% en el renglón de no residentes).
Ante semajante cuadro,
no es extraño que la proyecciones del curso de la economía a corto plazo sean
esencialmente pesimistas. La Junta de Planificación, en su escenario base,
pronostica cuatro años fiscales a la baja en el Producto Nacional Bruto a
precios constantes, desde -0.9% en el año fiscal 2015 hasta -1.2% en 2016. Se
esperan reducciones en los gastos de consumo personal y la inversión interna
bruta de capital fijo. Las mejores perspectivas se observan en las
exportaciones y en los gastos de consumo del Gobierno, que a la luz de las
circunstancias más reciente de lentitud en los recaudos y cortes en lo
presupuestos de las agencias, lucen poco probables.
A pesar de que la
configuración de los factores externos luce favorable en la
actualidad—expansión moderada pero firme de la economía mundial, consolidación
del avance de la economía de Estados Unidos, halada por un sector manufacturero
fuerte—la debilidad estructural de la economía de Puerto Rico no da base para
pensar que ésta tiene oportunidad de superar la crisis en la que halla inmersa.
Varios factores internos, entre ellos el
impacto severo sobre la actividad económica inducido por la introducción de
docenas de nuevos impuestos,
la pérdida de la capacidad del Gobierno, de las corporaciones públicas y de los
municipios para acudir al mercado de bonos para financiar sus proyectos de
capital, la incertidumbre generalizada en torno a la configuración final de la
Reforma Contributiva, la gradual descapitalización y avance hacia la
insolvencia no sólo del Banco Gubernamental de Fomento sino del Gobierno
Central como un todo han generado un ambiente de expectativas negativas nunca
visto desde Puerto Rico inicio su proceso de crecimiento y desarrollo económico
a fines de la década de los 1940.
Como consecuencia de la prolongada recesión, el
debilitamiento de los ingresos del Fondo General, la gigantesca acumulación de
deuda pública y el correspondiente aumento en el servicio de la misma, un
factor de carácter externo produjo un efecto desastroso, un círculo vicioso,
inescapable: la degradación de la deuda. La caída acelerada hacia los
escalafones más bajos de las clasificaciones de la deuda, hasta cruzar el
umbral que ahora define toda nuestra deuda como altamente especulativa (chatarra
en términos más hirientes) hizo inútiles todos los esfuerzos de la
Administración García Padilla por cumplir con el plan de ajuste macroeconómico
tipo Fondo Monetario Internacional que exigieron las casas acreditadoras y
aplaudieron los accreedores: austeridad en el gasto público (que redujo la
demanda agregada), impuestos de toda naturaleza (que estrangularon a los
consumidores y agravaron las dificultades de los negocios, especialmente de los
pequeños y medianos), y modificación
drástica de los Sistema de Retiro (que alteró severamente la perspectiva de
cientos de miles de empleados y personas retiradas). El dinero que logró obtener
por vía de emisiones,
hubo que usarlo para pagar deudas, no para estimular la actividad económica.
La degradación crediticia causó una disminución
no solo de las expectativas económicas sino de la capacidad productiva y de creación
de empleos como tales. Al hacer más
costoso al acceso a los mercados de capital—tasas de interés más altas y menor
rendimiento del dinero neto que se pudiera utilizar en la inversión—ha hecho
que no se pueda colocar en el momento justo y las condiciones crediticias más
favorables, una emisión que pudo haberse utilizado para aliviar
significativamente el problema de liquidez
del BGF y pagar la abultada deuda de la Autoridad de Carreteras (de más
de $2,000 millones).
Nos hemos colocado, pues, al borde del abismo. Sigue
vigente la amenaza de cierre del Gobierno, que se perfila para el primer
trimestre del ano fiscal entrante, se observan movimientos desperados a última
hora para mejorar el flujo de efectivo del Gobierno en lo que se logra emitir
los llamados TRANS y a corto plazo el Gobierno enfrenta obligaciones de pago
ascendentes a $2,200 millones. Más de 230,000 empleados ven comprometida su estabilidad
económica, riesgo que se extiende a cerca de 88,000 retirados que ven amenazado
el flujo de sus beneficios si el Gobierno Central, en conjunción con las
corporaciones públicas y los municipios, deja de aportar los $120 millones para
mejorar el flujo de efectivo del Sistema de Retiro.
No es extraño que todos veamos asomarse en el
horizonte una amenaza aún más grave: el impago. Una deuda de cerca de $72 billones
y un servicio de la deuda montante a cerca de $4,800 millones (de los cuales
$1,538 millones son deuda del Gobierno Central) son un lastre significativos
para un país cuyo Producto Bruto Real ascendió a $69.2 billones y cuyos
ingresos netos al Fondo General montaron
a apenas un poco más de $9.0 billones en el año fiscal 2014.
Es inevitable que el Gobierno recurra medidas
de emergencia, algunas de las cuales ya han sido adelantadas por el BGF,
tales como moratoría en el pago de la deuda,
un ajuste en el pago de la deuda, pagos de la deuda con impuestos u otros
recaudos que iban orientados a corporaciones públicas.
En suma, el cuadro de descenso suave pero
tolerable de la actividad económica de la Junta de Planificación luce en estos
momentos como un escenario benóvolo en comparación con los riesgos inéditos,
impensables en la lógica común de los negocios, que se asocian con la
insolvencia simultánea del BGF, algunas de las corporaciones públicas y el
Gobierno Central como un todo.
Surge pues, como contrapeso a la crisis, la
necesidad de restructurar la deuda del país y de diseñar un plan de recuperación
económica a mediano y largo plazo.
Luce ahora muy apretada y difícil la
perspectiva de máxima prioridad que ha trazado la Administración García Padilla
desde sus inicios: conjurar las graves situaciones de la economía en recesión y
la estabilización de las finanzas como puntal para un esfuerzo de recuperación
económica, pero sin recurrir al despido masivo de empleados públicos como lo
hizo la Administración Fortuño.
En cualquier proceso de restructuración que
tenga en que entrar el Gobierno de Puerto Rico surgirán, con toda probabilidad,
las mismas exigencias de los acreedores que se dieron en Grecia: reducción de
los gastos del Gobierno, especialmente el recorte de la plantilla laboral y de
las pensiones, y la imposición de nuevas
medidas de recaudo. De lado de Puerto Rico, habrá un resistencia al despido de
empleados públicos y un intento de que los pensionados no sufran mas ajustes de
sus beneficios. La ciudadanía ya perdió su tolerencia hacia nuevos impuestos
y ha llegado al punto de la revuelta en
ese terreno. La batalla será ardua porque, como todos sabemos, el Gobierno de
Puerto Rico, como en todas partes, la nómina de los empleados es un alto por
ciento de los gastos del Gobierno ya se
an hecho ejercicios severos de reducción de gastos en todas las demás partidas.
En suma, nos enfrentamos a graves riesgos,
navegamos por mares sin cartas de navegación y las posturas desesperantes que
el Gobierno se ha visto obligado a adoptar tienen una causa económica en común
el desmantelamiento de la manufactura, que indujo al Gobierno a lanzarse en una
aventura quijotesca que brilló por un tiempo pero más temprano que tarde chocó
con sus propios límites. De igual modo, la crisis económica ha sido agravada
por el desgaste total del marco político en que opera nuestra economía: el
Estado Libre Asociado, cuya limitado marco de acción ha sido una camisa de
fuerza para los escfuerzos de recuperación.
La crisis económica a puesto al descubierto la
crisis política y nos obliga a pensar que sin una transformación efectiva, que
nos provea mejores y más amplios instrumentos de política económica y poder
político, todo esfuerzo de recuperación económica está condenado al fracaso. No
podemos seguir echando vino nuevo en odres viejos (Marcos 2:22).