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El papel del gobierno en la economía (columna, junio 2005)

¿Es posible el logro de la racionalidad en el proceso legislativo de Puerto Rico? Los eventos recientes apuntan en otra dirección, pero no debemos perder la fe en el conocimiento como fundamento de la redención social. Presento estas sugerencias con cierto dejo de ironía, pero con la firme convicción de que buena parte de nuestras angustias colectivas se deben a la pobre formación intelectual de nuestros legisladores.

El papel del Gobierno en la economía
Martes, 7 de junio de 2005


El proceso de adiestramiento de los legisladores en Puerto Rico debería incluir como elemento esencial un breve curso sobre el uso del Informe Económico al Gobernador como fuente de información y guía para la toma de decisiones.
Una de las secciones de dicho curso podría ser una descripción del papel que juega el Gobierno en la economía de Puerto Rico. De este modo, los legisladores serían más conscientes de los costos asociados con la demora en la aprobación de legislación estratégica, de la reducción de expectativas que implica la vacilación con respecto al presupuesto que ha de regir en el año fiscal y de la incertidumbre que crea la postergación indefinida de la confirmación de nombramientos en el Gabinete.
A lo anterior habría que sumar el desarrollo de una mejor percepción del riesgo que implica en la evaluación del crédito de Puerto Rico la existencia de una situación de desasosiego respecto a las bases financieras del sector público.
Basta citar algunas cifras básicas que se pueden obtener en el apéndice estadístico del documento aludido para dar una idea de los beneficios potenciales de ese ejercicio.
En el año fiscal 2003, los gastos de consumo del gobierno central ascendieron a $7,268.2 millones, a precios corrientes, y fueron el 15.3% del producto bruto.
En ese año, del total de inversión interna bruta de capital fijo, que ascendió a $11,408.6 millones, el gobierno central y las corporaciones públicas generaron $6,325.9 millones, el 55.4%, en la forma de proyectos de construcción y adquisición de maquinaria y equipo que, a su vez, vino a ser el 13.4% del producto bruto.
Es decir, sin tomar en cuenta los municipios, el Gobierno del Estado Libre Asociado es responsable del 28.4% del producto bruto del país.
La compensación a empleados del gobierno central y los municipios en ese periodo ascendió a $7,146.8 millones, el 18% del ingreso neto total que ascendió a $38,229.1 millones.
Los pagos de transferencia del gobierno central y los municipios a las personas montaron a $3,117.6 millones, el 7.2% del ingreso personal, que fue de $43,638.8 millones.
La deuda pública bruta de Puerto Rico alcanzó un nivel de $30,781.2 millones y creció a una tasa anual promedio de 8% de 1994 a 2003, en comparación con un alza promedio de 6.5% del producto bruto nominal durante igual periodo.
Según la Encuesta de Viviendas, el empleo en el Gobierno en su totalidad ascendió a 274,000, el 22.3% del empleo total de la Isla.
Por la misma vena, no sería mala idea que al menos una vez al mes los legisladores recibieran un informe del estado de situación de la economía, para lo cual sería muy útil el enorme caudal de datos mensuales sobre el mercado de trabajo, la producción manufacturera, el turismo, la actividad de construcción, las operaciones de los bancos, las variaciones de los precios, el movimiento del comercio exterior y otras dimensiones igualmente importantes.
El resultado neto de estos esfuerzos podrían ser legisladores más sensitivos a las realidades y urgencias económicas significativas del país, más inclinados a utilizar productivamente la privilegiada oportunidad que tienen de ayudar a diseñar el marco legal que haga más efectivo el diseño e implantación de la política pública y menos propensos a tolerar que la visión partidista estrecha sea un obstáculo para servirle a plenitud a sus constituyentes.
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