Es al sistema que describe Jorge Luis Borges en su genial cuento La lotería en  Babilonia.

Se reparten premios y castigos. Es una especie se juego suma-cero en el cual lo que unos ganan (las personas que reciben pensiones bajas) lo pierden otros (mayormente los empleados activos, especialmente los que están cerca del retiro) y en buena medida los contribuyentes en general que tendrán que nutrir las arcas del Fondo General para fortalecer la que aspira a ser la operación de salvamento del Sistema de Retiro.

Al igual que en la nefasta Ley 7, el gravamen mayor cae sobre los empleados públicos que verán, según sea el caso, incrementadas sus aportaciones, extendidos sus años de servicio, nublado su porvenir como pensionados, eliminada su protección por incapacidad y, en general, disminuidas sus expectativas como servidores públicos.

A todo esto, los empleados públicos sufrirán la frustación de haber sufrido una alteración drástica, radical, de sus perspectivas profesionales sin haber participado en forma activa en las deliberaciones que llevaron a lo que describe como una Reforma del Sistema de Retiro.

Al igual que el caso de la Ley 7, habrá costos políticos significativos para la administración de turno. Piquetes, huelgas, protestas, acciones de brazos caídos. marchas masivas, demandas judiciales individuales y de clase y reproches intensos de toda naturaleza, para no hablar de lo que pasará en noviembre de 2016.

Los planes de reestructuración de la economía y salida de la crisis que se trazó la administración encontrarán un gigantesco escollo en la resistencia de los empleados públicos y del movimiento obrero en general a una reforma que, en lo esencial, le es ajena, es vista como una imposición unilateral que no cuenta con su aval.

Ya el principal partido de posición comienza a pescar en el río revuelto al percibir una patente correlación entre esta coyuntura y la que surgió a principios de la gestión de Luis Fortuño.

Las ganadoras netas son las casas acreditadoras que contemplan con alegría una aparente solución que descabeza a los atribulados empleados públicos pero mejora los crueles cálculos actuariales del Sistema de Retiro y les permite reducir la intensidad de las amenazas de degradación de las condiciones crditicias de Puerto Rico.

En fin de cuentas, la carga de la solución, a mi juicio más aperente que real, la cruz más pesada, recae sobre los empleados públicos, los soldados que han sido enviados al frente para establizar el Sistema de Retiro y abrir la posibilidad de establizar la economía de país.

Extraña lotería que distribuye más castigos que premios y victora pírrica de una administración que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en la dirección que se había trazado y ahora tendrá medio mundo en contra.

Esa es la realidad surrealista que vive nuestro país.