La política contributiva no puede ser un instrumento de corto plazo porque su variación continua impide que las empresas y las personas tomen decisiones de gasto, inversión y ahorro sobre bases firmes, claramente identificadas, e introduce un factor de riesgo e incertidumbre que desalianta la inversión externa y perjudica la imagen institucional del país.

Ahora mismo está planteada una reforma contributiva basada en el concepto del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) y ya el partido principal de oposición, el único que tiene posibilidades reales de derrotar al incumbente, señala de manera extraoficial que derogará la nueva ley contributiva si adviene al poder en 2017.

El IVA ha demostrado su utilidad y eficacia en gran parte de los países del mundo y existe una amplia gama de experiencias de diseño e implantación a escala global que podrían servir de modelo para Puerto Rico. Sin duda se puede argumentar que el momento para implantarlo en Puerto Rico no es mejor ni el más óptimo porque se hace con prisa, con miras a resolver problemas a corto plazo, como la insuficiencia de los recaudos del Fondo General, la masividad del déficit presupuestario, la crítica situación de las principales corporaciones públicas y la pobre liquidez del BGF, y requiere grandes esfuerzos de educación de la ciudadanía y de la comunidad de negocios para entender el sentido y alcance del cambio propuesto.

Se trata de una verdadera revolución contributiva que reorienta significativamente los pesos relativos de la carga contribitutiva al aliviar en forma robusta a las empresas y los individuos del pago de contribuciones sobre ganancias e ingresos desplazarla en mayor proporcióm al consumo de bienes y servicios, bajo el principio de que el que más paga es que más consume. Lo ideal hubiera sido disponer de un periodo de ajuste y educación que indujera una absorción orgánica, ordenada y racional del cambio, pero al urgencia de resolver los problemas estructurales del Gobierno y de la economía ha dictado un calendario de inmplantación intempestivo.

La ola de oposición al cambio contributivo propuesto es la más grande, más intensa y mejor organizada que jamás se ha visto en Puerto Rico. Nunca en nuestra historia una acción de política económica había generado tal cúmulo de protestas ni alterado en forma tan radical el clima de discusión de asuntos públicos en el país. El IVA ha pasado a ser una obsesión nacional, que le da alimento substancial no sólo a la oposición política sino a todos los medios noticiosos, que reclamaban tener la capacidad de poder explicar en forma simple, “en arroz y habichuelas ” un asunto que los propios profesionales especializados–economistas, analistas financieros, contadores públicos autorizados–admiten que no entienden a cabalidad. Me refiero por supuesto al modo de implantación, a las formas de corregir la regresividad, a los imponderables de lo que quedará exento y otras intrigas que flotan en el aire sin respuestas claras y convincentes.

A estas alturas a cualquier observador objetivo, imparcial, se hace difícil predecir cuál será en balance neto entre la obstinación de la Administración García Padilla de impulsar la reforma contributivo con el mínimo de cambios, las aportaciones y modificaciones que puedan introducir la Cámara de Representantes y el Senado, las ideas que surjan de las vistas públicas y la intensa militancia de gran parte de la sociedad civil contra el IVA.

Como diría Joseph A. Schumpeter, el gran economista austriaco, hemos entrado en un mar sin cartas de navegación.