La función intermediadora del BGF

A mediados de febrero pasado les expresé a algunos  colegas mi idea de que el Banco Gubernamental de Fomento, al amparo del TARP, debiera acudir a la Reserva Federal  y  la Tesorería de los Estados Unidos  a proponerse como intermediario en la solución  crisis económica de Puerto Rico.

Con satisfacción constato que dos distinguidos y apreciados economistas, William Lockwood, vicepresidente ejecutivo del BGF, anunció la solicitud de un préstamo por $5,000 millones. El doctor Juan Lara, catedrático de economía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, fundamentó lo acertado de  dicha gestión y que su concesión  establecería un precedente en el enfoque de la política monetaria de  Estados Unidos.

El propósito expreso del BGF  sería financiar unas iniciativas para combatir la crisis presupuestaria del Gobierno, el sistema financiero local y el estimular la actividad inversionista  privada local.

Desde una perspectiva más amplia, visualizo un banco gubernamental con objetivos sociales y poderes oportunos, aunque limitados,  para cumplir sus funciones como agente fiscal, instrumentar una política crediticia estabilizadora del sistema financiero y promover el crecimiento económico en Puerto Rico. Observo además un sistema bancario debilitado por una prolongada crisis local en la construcción y complicado, con un nivel desconocido, de infección propagada por los activos tóxicos.

El BGF debe reconceptualizar su solicitud de fondos destacando el aspecto de ajuste al sistema financiero. Pudiera, a cambio, ofrecer una oportunidad única a las agencias de regulación financiera federal de asumir la  coordinación de una previsible operación en serie de salvamento y prevención al propagarse la crisis entre entidades financieras  en alto riesgo de contagio con la pandemia del sector.

Por su naturaleza, el BGF pudiera  cumplir más adecuadamente con la  aspiración frustrada de los programas de TARP  de canalizar su ayuda hacia actividades de estabilización de entidades insolventes e inducir estímulo  macroeconómico al sistema productivo.

En sus pasadas experiencias de salvamento, la Reserva Federal y la Tesorería  se ha confrontado con empresas asistidas que han desviado sus fondos  hacia actividades contrarias a los fines del TARP.

Con este acuerdo, el BGF recibiría una inyección de fondos que le permitiría ampliar  sus limitados recursos en su función como agente fiscal  gubernamental. Fortalecería también su rol de suplir crédito a proyectos públicos y privados de alta y urgente viabilidad socioeconómica.

Además debutaría en su función  de gerenciar deliberadamente una política monetaria local, prevista por su fundador Rexford G. Tugwell en 1942, la cual fue objeto de debate entre economistas a principio de 1962 y que actualmente constituye un reto creativo para aliviar los sacrificios del Plan Oficial de Reconstrucción.

Los fondos asignados al BGF atenderían sus propias necesidades y los consignados adicionalmente para los bancos comerciales subsidiados se les consideraría reservas legales saneadas que ampliarían su capacidad crediticia por un múltiplo de la cantidad otorgada.

En el desempeño de esta política monetaria, el BGF acordaría con Junta de Gobierno de la Reserva Federal y la Tesorería el diseñar, administrar y supervisar  el protocolo de las solicitudes y asignaciones de fondos inoculados a aquellas entidades financieras peticionarias de asistencia bajo el  programa TARP. Recientemente cada banco solicitante de asistencia  ha acudido, individualmente, sin mediar una evaluación sistémica.

El BGF aprovecharía su conocimiento panorámico para establecer criterios de evaluación relevantes a su impacto socioeconómico insular. Se responsabilizaría también de organizar procedimientos transparentes, eficaces y justos ante las agencias federales.